El gobierno maniobra intensamente para propiciar una bancarización de las operaciones mercantiles, a fin de capturar flujos de dinero que parecen huir hacia un mercado informal.
Los flujos de dinero se reorientan en la economía cubana hacia un mercado informal alimentado con divisas y sobre el cual la banca ejerce poco control.
La política de bancarización que ha emprendido el gobierno cubano se propuso subir otro escalón este mes. El 2 de diciembre entró en vigor la Resolución 93 del Ministerio de Comercio Interior, que estipula la obligatoriedad de adoptar en todas las entidades de comercio canales electrónicos de pago para uso de los consumidores.
Cualquier actor económico -estatal, privado o cooperativo- con ofertas comerciales en Cuba, tendrá que contar con terminales de punto de venta (TPV), más conocidos como POS, o al menos con un código QR para que los consumidores puedan acceder a las pasarelas de pago de Transfermóvil o Enzona, las dos plataformas con mayor expansión en Cuba en estos momentos.
Por implicar menos costo, lo más probable es que la mayoría se incline por las transferencias mediante los códigos QR, a fin de cumplir con la exigencia de 60 días naturales que les otorga la Resolución. “Transcurrido este plazo –precisa la norma- se procede a la suspensión de la actividad que realizan”, si continúan carentes de algún canal electrónico para la comercialización de bienes y la prestación de servicios al consumidor.
La Resolución 93 que se suma a otras medidas en marcha este año para acelerar la bancarización, alcanza a más de 286 000 establecimientos, cuya inscripción es obligatoria en el Registro Central Comercial de acuerdo con otras normas legales.
El grupo abarca a las empresas estatales, las unidades presupuestadas, las micro, pequeñas y medianas empresas privadas, las compañías de inversión extranjera que comienzan a incursionar en el comercio mayorista y minorista, las cooperativas, los proyectos de desarrollo local y los trabajadores por cuenta propia.
Solo quedan excluidos de la Resolución los establecimientos afincados en zonas de silencio certificados por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (Etecsa).
Innovación polémica
Los 60 días naturales legislados como plazo en la Resolución 93 coinciden con la recta final en los seis meses que la Resolución 111 del Banco Central de Cuba (BCC) previó en agosto para la bancarización obligatoria en Cuba. Es evidente la intención de acelerar un proceso, a la par innovador y contradictorio.
La transformación facilitará el pago de los consumidores y de agentes del comercio mediante transferencias bancarias. Sería un progreso evidente. ¿Por qué ha encontrado resistencia entre los actores de la economía, entonces?
Como la reforma monetaria, la bancarización llegó en un momento poco afortunado tanto en lo económico como en lo social. El escenario, signado por la inflación, graves desequilibrios monetarios y debilidades profundas de la economía y del comercio en particular, resulta poco favorable.
Como alternativa, las autoridades acuden a la imposición fiscal para bancarizar la economía. El recurso resulta contradictorio, si las transformaciones en marcha responden a una lógica de “facilidades de pago electrónico”, como se les conoce globalmente a las fórmulas de la bancarización.
Con el alejamiento de los flujos de dinero hacia el mercado informal se debilita la capacidad de la banca estatal para financiar y controlar la economía.
Con el alejamiento de los flujos de dinero hacia el mercado informal se debilita la capacidad de la banca estatal para financiar y controlar la economía.Alejamiento de la banca
Los canales para hacer pagos mediante transferencias electrónicas –con tarjetas electrónicas, cajeros automáticos y pasarelas de pagos- suelen conquistar seguidores en cualquier lugar del mundo. En Cuba también marchaban al alza hasta que experimentaron un frenazo en 2023.
Desde el 2019, las operaciones sin efectivo crecieron de manera sostenida. Si en 2020 representaban el 42,2 por ciento del total de operaciones controladas por la banca, al cierre del 2022 abarcaban ya el 78,6 por ciento, según datos del BCC. Sin embargo, al concluir el primer semestre del actual año retrocedieron al 75,9 por ciento, mientras las operaciones con efectivo aumentaron del 21,4 por ciento en 2022 al 24,1 por ciento del total en el primer semestre del 2023.
En noviembre, tres meses después de la emisión de la Resolución 111, el Presidente del BCC, Joaquín Alonso Vázquez, acreditó en un programa televisivo cierta recuperación de las operaciones sin crédito. “Esperamos –dijo- cerrar el año con un crecimiento de casi el 30 por ciento en las operaciones por canales electrónicos de pago”.
Alonso reconoció, sin embargo, que el entorno no resulta propicio todavía. “Faltan por crear determinados escenarios en la economía para que los nuevos actores se desarrollen plenamente, sin necesidad de retener efectivo; fenómeno relacionado con la reducción de ofertas, y el propio incremento de actores”.
Entre las distorsiones económicas y comerciales del modelo económico cubano, una en particular diezma al sistema bancario, monetario y cambiario: en el mercado conviven hasta tres tasas de cambio, bien distantes entre sí. La tasa en el mercado informal ofrece a las operaciones con divisas extranjeras rendimientos que duplican o decuplican el cambio de 120 o 24 pesos por dólar en las tarimas estatales. El control de la banca es casi nulo sobre ese mercado.
Esta relación, confusa y poca atractiva para los negocios, estimula los flujos de dinero fuera de la banca. Entretanto, crece la presencia del dólar en el comercio, en espuria convivencia con el peso cubano y la fórmula de tiendas abiertas solo al oscuro sistema de cuentas en MLC.
Con la Resolución 111 del BCC primero y ahora con la Resolución 93 el gobierno ha concentrado esfuerzos para evitar la fuga de efectivo hacia los márgenes del sistema bancario. Le apuran, entre otras razones, el temor a que con el alejamiento de los flujos de dinero hacia los márgenes de la banca se desangre el fondo de préstamos para apalancar y financiar la actividad económica privada y estatal, pierdan transparencia las transacciones financieras y se debilite, consecuentemente, la capacidad gubernamental para interpretar la economía y conducir las reformas que le urgen al modelo.(2023).
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