Por Joseph Stiglizt
LA SOLUCIÓN DE «SER EGOÍSTA»
Muchos estadounidenses, quizá la mayoría, entienden mal el carácter de las desigualdades en nuestra sociedad. Saben que algo va mal, pero no valoran lo suficiente el daño que hace esa desigualdad y valoran demasiado el costo de tomar medidas. Estas ideas equivocadas, que se refuerzan gracias a una retórica ideológica, están teniendo consecuencias desastrosas para la política y las políticas económicas.
No tiene justificación que el 1 por ciento, con su buena formación, sus ejércitos de asesores y su cacareado olfato para los negocios, esté tan mal informado. Los miembros del 1 por ciento de las generaciones anteriores solían ser más listos. Sabían que la pirámide no podía tener una cima si no tenía una base sólida, que su posición era precaria si la sociedad estaba enferma. Henry Ford, que no es precisamente una figura histórica blandengue, sabía que lo mejor que podía hacer por sí mismo y por su empresa era pagar un salario digno a sus empleados, porque quería que trabajaran duro y pudieran comprar sus coches. Franklin D. Roosevelt, patricio de pura sangre, comprendió que la única forma de salvar a un país esencialmente capitalista era no sólo repartir la riqueza, a través de los impuestos y los programas sociales, sino poner restricciones al propio capitalismo, mediante regulaciones. Roosevelt y el economista John Maynard Keynes, detestados por los capitalistas, lograron salvar el capitalismo a pesar de ellos. Richard Nixon, famoso todavía hoy por ser un cínico manipulador, llegó a la conclusión de que la mejor manera de asegurar la paz social y la estabilidad económica era invertir, de modo que hizo grandes inversiones en programas como Medicare y Head Start, en la Seguridad Social y en los esfuerzos para preservar el medio ambiente. Incluso llegó a proponer la idea de una renta anual garantizada.
Por consiguiente, el consejo que daría hoy al 1 por ciento es: endureced el corazón. Cuando os inviten a examinar propuestas para reducir las desigualdades —mediante subidas de impuestos e inversiones en educación, obras públicas, sanidad y ciencia—, dejad de lado cualquier noción latente de altruismo y pensad sólo en vuestro propio interés. No aceptéis una idea porque ayuda a otras personas. Aceptadla por vuestro bien.
EL CRECIMIENTO LENTO Y LA DESIGUALDAD SON DECISIONES POLÍTICAS.
PODEMOS ESCOGER OTRA COSA[7*]
Un país rico con millones de pobres. Un país que se enorgullece de ser la tierra de las oportunidades, pero en la que el futuro de un niño depende de las rentas y la educación de sus padres más que en otros países avanzados. Un país que cree en el juego limpio, pero en el que es habitual que los ricos paguen impuestos en una proporción menor de sus rentas que los menos ricos. Un país en el que los niños juran cada día lealtad a la bandera y dicen que hay «justicia para todos», pero en el que, cada vez más, sólo hay justicia para quienes pueden pagarla. Estas son las contradicciones que Estados Unidos, poco a poco y muy a su pesar, está empezando a asumir con el descubrimiento de las enormes desigualdades que caracterizan a su sociedad, unas desigualdades mayores que en cualquier otro país avanzado.
Los que se esfuerzan para no pensar en ello insinúan que todo consiste en la «política de la envidia». A los que hablan del problema se les acusa de fomentar la lucha de clases. Pero a medida que hemos logrado comprender las causas y las consecuencias de estas desigualdades, hemos logrado comprender que no es una cuestión de envidia. El desmesurado aumento de las desigualdades en Estados Unidos y su manera de surgir debilitan nuestra economía. Una parte excesiva de la riqueza en la parte superior de la escala procede de la explotación: del ejercicio de un poder monopolístico, de aprovechar los defectos de las leyes sobre gestión empresarial para dedicar grandes cantidades de los ingresos de una empresa a pagar las primas descabelladas de sus directivos sin que guarden ninguna relación con su rendimiento, o de un sector financiero dedicado a la manipulación del mercado, los préstamos abusivos y discriminatorios y las malas prácticas en tarjetas de crédito. Una parte excesiva de la pobreza en la parte inferior de la escala de rentas se debe a la discriminación económica y la falta de una educación y una sanidad adecuadas para los niños —casi uno de cada cinco— que crecen en un entorno pobre.
El creciente debate sobre las desigualdades actuales en Estados Unidos toca, sobre todo, la naturaleza de nuestra sociedad, nuestra visión de nosotros mismos y la visión que otros tienen de nosotros. Antes pensábamos que éramos una sociedad de clase media, en la que cada generación vivía mejor que la anterior. Nuestra democracia tenía como fundamento a esa clase, la versión moderna del pequeño agricultor, dueño de un terreno, al que Thomas Jefferson consideraba la columna vertebral del país. Se daba por sentado que la mejor forma de crecer era partir del centro, no filtrar desde arriba. Esta perspectiva tan sensata la han confirmado varios estudios del Fondo Monetario Internacional que demuestran que a los países con más igualdad les va mejor y tienen más desarrollo y más estabilidad. Ese era uno de los mensajes principales de mi libro El precio de la desigualdad. Nuestra tolerancia ante las desigualdades ha demostrado que incluso el sueño americano por excelencia es mentira: Estados Unidos es menos tierra de oportunidades que la mayoría de los países de la «vieja Europa».
Los artículos incluidos en esta edición especial del Washington Monthly describen cómo se plasma la desigualdad que sufre Estados Unidos en cada etapa de nuestras vidas; varios artículos se centran especialmente en la educación. Ya sabemos que existen enormes diferencias desde que los niños entran en el jardín de infancia. Van creciendo con el tiempo, porque los hijos de los ricos, que viven en zonas acomodadas, reciben mejor educación que los que asisten a escuelas de zonas pobres. La segregación económica está a la orden del día, hasta tal punto que incluso las universidades ricas y bienintencionadas que crearon programas de discriminación positiva —con la intención explícita de aumentar la proporción de estudiantes procedentes de grupos socioeconómicos más pobres— han tenido dificultades para hacerlo. Los hijos de los pobres no pueden permitirse ni los títulos superiores cada vez más necesarios para encontrar trabajo ni las prácticas no remuneradas que ofrecen una vía alternativa de entrada al empleo «de calidad».
Parecidas historias podrían contarse sobre cada aspecto de la desmesurada desigualdad que sufre Estados Unidos. Pensemos en la sanidad. Estados Unidos es el único país avanzado que no reconoce el acceso a la sanidad como un derecho humano básico. Y eso significa que un estadounidense pobre tiene peores posibilidades de obtener asistencia médica digna, y no digamos buena, que en otros países equivalentes. Incluso tras la aprobación de la Ley de Atención Sanitaria Asequible (ACA, por sus siglas en inglés), casi dos docenas de estados se niegan a ampliar la tan necesaria cobertura de Medicaid, y a principios de 2014 aún había más de 40 millones de ciudadanos sin seguro de salud. Son bien conocidas las desoladoras estadísticas relativas al sistema de salud de este país: a pesar de que gastamos más —mucho más— que otros países en sanidad (per cápita y como porcentaje del PIB), los resultados son peores. En Australia, por ejemplo, el gasto sanitario per cápita es algo más de dos tercios del de Estados Unidos, pero obtienen resultados mucho mejores, como una esperanza de vida de tres años más.
Dos de los motivos para que tengamos estos datos tan malos tienen que ver con las desigualdades en lo alto y lo bajo de nuestra sociedad: los beneficios monopolísticos que obtienen las compañías farmacéuticas, los fabricantes de dispositivos médicos, las aseguradoras y unas redes proveedoras de servicios muy concentradas hacen que suban los precios y las desigualdades, mientras que la falta de acceso de los pobres a la atención temprana y la medicina preventiva hace que la población esté más enferma y sea más caro tratarla. La ACA es positiva en los dos sentidos. Los intercambios de seguros de salud tienen el objetivo de fomentar la competencia. Y toda la ley está diseñada para facilitar el acceso. Las cifras indican que está funcionando. En cuanto a los costes, las predicciones generalizadas de que Obamacare iba a provocar una enorme inflación en la asistencia sanitaria han resultado equivocadas, porque el aumento de los precios de la sanidad ha sido relativamente moderado en los últimos años, una nueva prueba de que la eficiencia y la equidad no son incompatibles. El primer año del ACA hubo un importante incremento de la cobertura, mucho mayor en los estados que habían implantado la ampliación de Medicaid que en los que se negaron a hacerlo. Pero la ley de Obama estaba llena de concesiones y dejó fuera los cuidados dentales y los de larga duración.
Las desigualdades sanitarias existen todavía, por tanto, incluso desde antes de nacer. Los pobres tienen más probabilidades de sufrir riesgos medioambientales, y las madres tienen menor acceso a una buena atención prenatal. Como consecuencia, las tasas de mortalidad en los recién nacidos de los entornos menos favorecidos son comparables a las de algunos países en vías de desarrollo, además de más casos de bajo peso al nacer (que está sistemáticamente relacionado con peores perspectivas de futuro) que en otros países avanzados. La falta de acceso a una atención sanitaria global para el 20 por ciento de los niños estadounidenses que crecen en la pobreza y la ausencia de una nutrición adecuada hacen que salir adelante en la escuela sea todavía más difícil. Dado que los alimentos más baratos suelen ser hidratos de carbono, es frecuente que los pobres tengan más problemas de obesidad y diabetes infantil. Las disparidades continúan durante toda la vida y culminan en unas estadísticas drásticamente distintas sobre la esperanza de vida.
Todo eso está muy bien, podrían decir; sería estupendo que pudiéramos ofrecer sanidad gratis a todos, educación universitaria gratis a todos, pero eso es un sueño que hay que confrontar con la dura realidad de lo que nos podemos permitir. El país tiene ya un inmenso déficit —prosigue este argumento—, y las propuestas para crear una sociedad más igualitaria lo agrandarían todavía más. Estados Unidos tiene límites especialmente estrictos porque ha asumido la costosa misión de garantizar la paz y la seguridad en todo el mundo.
Estos argumentos son tonterías, y por diversas razones.
La verdadera fuerza de Estados Unidos deriva de su «poder blando», no del militar. Pero el aumento de las desigualdades está minando nuestro prestigio en el mundo desde dentro. ¿Acaso un sistema económico que ofrece tan pocas oportunidades, en el que la renta media de los hogares (la mitad arriba, la mitad abajo, después del ajuste por la inflación) es hoy inferior a la de hace un cuarto de siglo, puede ser un modelo que otros quieran emular, aunque a unos pocos que están en lo alto de la escala les vaya muy bien?
Además, lo que podemos permitirnos depende, entre otras cosas, de fijar prioridades. Otros países, como los escandinavos, han logrado ofrecer buena sanidad para todos, educación universitaria prácticamente gratis para todos y buen transporte público, y al mismo tiempo estar tan bien o mejor, de acuerdo con los parámetros normales de comportamiento económico: las rentas per cápita y el crecimiento son comparables, por lo menos. Incluso varios países que son mucho más pobres que Estados Unidos (como Isla Mauricio, frente a la costa oriental de África) son capaces de proporcionar educación universitaria gratuita y mejor acceso a la sanidad. Un país debe elegir, y estos países han elegido otras cosas: quizá tienen menos gasto militar, quizá dedican menos dinero a las prisiones, quizá cobran más impuestos.
Muchos de los problemas de distribución no derivan de cuánto gastamos sino de en quién lo gastamos. Si en nuestros gastos incluimos los «gastos fiscales» enterrados en nuestro sistema tributario, acabamos gastando mucho más de lo que se suele reconocer en la vivienda de los ricos. El interés deducible de una gran mansión puede fácilmente ser 25 000 dólares al año. Y Estados Unidos es la única de las economías avanzadas que suele invertir más en escuelas con un alumnado más rico que en las que tienen sobre todo estudiantes pobres, debido a que los distritos escolares logran su financiación dependiendo de la base tributaria local. Es interesante que, según algunos cálculos, todo el déficit se puede atribuir a nuestro injusto e ineficaz sistema de salud: si tuviéramos una sanidad mejor —que ofreciera más igualdad de servicios a un coste inferior, como en tantos países europeos—, es posible que nuestro presupuesto federal ni siquiera fuera hoy deficitario.
Otro ejemplo: si diéramos más oportunidades a los pobres, mejor educación y un sistema económico que garantizara el acceso a puestos de trabajo con salarios dignos, tal vez no gastaríamos tanto en prisiones; en algunos estados, este gasto es a veces superior al invertido en universidades. Los pobres tendrían más posibilidades de aprovechar oportunidades de empleo, y eso haría que nuestra economía fuera más productiva. Y, si tuviéramos unos sistemas de transporte público con los que las personas de pocos ingresos tuvieran más fácil y barato acudir a las zonas en las que está el empleo, habría más gente trabajando y pagando impuestos. Si, como en los países escandinavos, tuviéramos mejores guarderías y unas políticas más activas de mercado de trabajo que ayudaran a la gente a pasar de un empleo a otro, habría una mayor participación de la población activa, y el crecimiento logrado derivaría en más ingresos por impuestos. Invertir en las personas es rentable.
Todo ello me lleva al aspecto más importante: podríamos establecer un sistema fiscal justo, recaudar más dinero, mejorar la igualdad e impulsar el crecimiento económico y al mismo tiempo reducir las distorsiones en nuestra economía y nuestra sociedad. (Esa fue la conclusión fundamental de mi ponencia de 2014 para el Roosevelt Institute, «Reforming Taxation to Promote Growth and Equity»). Por ejemplo, si graváramos las rentas del capital con los mismos impuestos que pagan las rentas del trabajo, podríamos recaudar alrededor de dos billones de dólares en diez años. Los fallos de nuestro sistema tributario no son meros «resquicios»; son auténticos agujeros, y si los cerráramos podríamos dejar de oír a los más ricos revelar con orgullo que los impuestos que pagan por sus ingresos conocidos responden a un tipo que es la mitad del tipo que pagan otros con rentas inferiores, y que guardan su dinero en paraísos fiscales como las Islas Caimán. Nadie puede decir que los habitantes de esas pequeñas islas sepan más de finanzas que los magos de Wall Street, pero es como si el dinero creciera más bajo el sol de las playas caribeñas.
Una de las pocas ventajas de que haya tanto dinero en lo alto de la escala de rentas y el 1 por ciento absorba casi la cuarta parte de todos los ingresos es que unos ligeros aumentos de impuestos en esa franja permiten recaudar un montón de dinero. Y, como tanta parte de ese dinero procede de la explotación (o, como prefieren decir los economistas, de la «captación de rentas», es decir, de quedarse con la porción más grande de la tarta nacional en vez de agrandar la tarta), no parece que subir los impuestos a los ricos tenga consecuencias negativas para el comportamiento económico.
Y luego está nuestro impuesto de sociedades. Si obligáramos a las empresas a pagar lo que se supone que deben pagar y elimináramos los vacíos legales, recaudaríamos cientos de miles de millones de dólares. Con un rediseño adecuado, podríamos aumentar el empleo y las inversiones en Estados Unidos. En teoría, las empresas de nuestro país tienen unos de los impuestos de sociedades más altos de los países avanzados; pero la realidad es otra: la proporción de los ingresos corporativos pagados en todo el mundo que representan nuestros impuestos de sociedades a nivel federal no es más que el 13 por ciento. Todo parece indicar que los impuestos verdaderamente pagados no suman (como porcentaje de los beneficios) más que la media de otros países avanzados. Apple, Google y General Electric se han convertido en modelos del talento estadounidense y fabrican productos que son la envidia del resto del mundo. Pero utilizan una parte excesiva de ese talento para descubrir formas de no pagar los impuestos que les corresponden. Sin embargo, tanto estas como otras empresas utilizan ideas e innovaciones logradas gracias al dinero del Gobierno, empezando por el propio Internet, trabajan con los cerebros salidos de las primeras universidades del país, que reciben amplias subvenciones del Gobierno federal, e incluso apelan a él para recibir mejor trato de nuestros socios comerciales.
Las empresas afirman que no se dedicarían tanto a la despreciable evasión de impuestos si la fiscalidad fuera más baja. Pero existe una solución mucho mejor, que ya han descubierto algunos estados de nuestro país: hacer que las empresas paguen unos impuestos basados en la actividad económica que llevan a cabo en Estados Unidos, de acuerdo con una sencilla fórmula que refleje sus ventas, su producción y sus actividades investigadoras, y gravar a las empresas que inviertan en el país con impuestos más bajos que a las que no lo hacen. Así podríamos aumentar las inversiones y el empleo dentro de Estados Unidos, un sistema muy distinto al actual, que en la práctica empuja a las empresas estadounidenses a producir en el extranjero. (Aunque los impuestos de Estados Unidos no superan la media, existen algunos paraísos fiscales, como Irlanda, que están en una auténtica competencia a la baja para intentar conseguir que empresas de otros países se domicilien allí a efectos fiscales). Esta reforma acabaría con la estampida empresarial para cambiar de domicilio con el fin de no pagar impuestos. El domicilio que declaren importaría poco; sólo importaría dónde operan.
Tener otras fuentes de ingresos sería beneficioso para nuestra economía y nuestra sociedad. Dos principios básicos de la política fiscal son que es mejor gravar con impuestos las cosas malas que las buenas y que es mejor gravar los factores de lo que los economistas llaman la «oferta inelástica», que significa que las cantidades producidas y vendidas no cambian cuando se gravan con impuestos. Por ejemplo, si cobráramos un impuesto por la contaminación en todas sus formas —incluidas las emisiones de carbono—, podríamos recaudar cientos de miles de millones de dólares cada año y tener un medio ambiente más limpio. Del mismo modo, unos impuestos bien diseñados sobre el sector financiero no sólo recaudarían un dinero considerable sino que disuadirían a los bancos de hacer recaer los costes sobre otros, como cuando contaminaron la economía mundial con sus hipotecas tóxicas.
Los 700 000 millones de dólares del rescate bancario palidecen en comparación con lo que ha costado la irresponsabilidad de los banqueros a nuestra economía y nuestra sociedad: billones de dólares de PIB perdidos, millones de estadounidenses sin hogar y sin empleo. Sin embargo, en el sector financiero se han pedido pocas cuentas.
Si exigiéramos a los bancos que pagaran una mínima parte de los costes que han impuesto a los demás, tendríamos más dinero para remediar parte del daño que han causado con sus préstamos abusivos y discriminatorios, que quitaron dinero de la parte baja de la pirámide económica para llevarlo a la cima. Y, si graváramos mínimamente las actividades especuladoras de Wall Street mediante un impuesto de transacciones financieras, recaudaríamos unos ingresos muy necesarios, reduciríamos la especulación (con lo que aumentaría la estabilidad económica) y fomentaríamos un uso más productivo de nuestros escasos recursos, empezando por el más valioso: el talento de los jóvenes estadounidenses.
Del mismo modo, si graváramos más las tierras, el petróleo y los minerales, y si obligáramos a los que extraen recursos de las tierras públicas a pagar el valor total de esos recursos, que, en justicia, pertenecen a toda la población, podríamos gastar esos ingresos en inversiones públicas —por ejemplo en educación, tecnología e infraestructuras— sin quedarnos con menos tierras, menos petróleo ni menos minerales (aunque se aumenten los impuestos, los recursos no se declaran en huelga ni van a abandonar el país). El resultado serían más inversiones a largo plazo en nuestra economía que pagarían unos dividendos futuros considerables en forma de más productividad y crecimiento; y, si el dinero se gastara bien, podríamos tener más prosperidad para todos. La duda no es si podemos permitirnos hacer más para remediar nuestras desigualdades; es si podemos permitirnos el lujo de no hacer más. No es un debate sobre eliminar las desigualdades. Es sobre moderarlas y restablecer el sueño americano.
LA DESIGUALDAD SE GLOBALIZA[8*]
La reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos ha perdido parte del glamur que tenía antes de la crisis. Al fin y al cabo, antes del colapso de 2008, los jefes de las finanzas y de la industria podían presumir de las virtudes de la globalización, la tecnología y la liberalización financiera, que en teoría eran el inicio de una nueva era de crecimiento sin fin. Los beneficios se repartirían entre todos si hacían «lo que debían».
Esos tiempos han pasado. No obstante, Davos sigue siendo un buen sitio para obtener una impresión de qué ánimo hay en el mundo.
Ni que decir tiene que los países en vías de desarrollo y emergentes ya no tienen la mirada puesta en los países avanzados como antes. Pero un directivo de una compañía minera en un país en vías de desarrollo hizo un comentario que captó el espíritu de cambio. Ante la sincera desesperación de un experto en desarrollo por el hecho de que los tratados injustos y las promesas de ayuda no satisfechas han despojado a los países avanzados de su autoridad moral, el ejecutivo respondió: «Occidente nunca tuvo ninguna autoridad moral». El colonialismo, la esclavitud, la división de África en multitud de países pequeños y la larga historia de explotación de los recursos pueden ser cuestiones de un pasado lejano para los autores de todos esos actos, pero no para quienes sufrieron sus consecuencias.
Si hay algo que preocupó a los dirigentes reunidos por encima de todo fueron las desigualdades económicas. El giro respecto al debate de hace sólo un año parece drástico: nadie se atreve ya a mencionar la idea de la economía de goteo, y pocos están dispuestos a defender que hay una clara coherencia entre las contribuciones sociales y las recompensas privadas.
Aunque el descubrimiento de que Estados Unidos no es la tierra de oportunidades que siempre ha asegurado ser es tan desconcertante para los extranjeros como para los estadounidenses, la falta de igualdad de posibilidades a escala mundial es aún mayor. No se puede decir que el mundo es «plano» cuando un africano normal y corriente ve cómo invierten unos cuantos cientos de dólares en su capital humano y, al mismo tiempo, los estadounidenses ricos reciben de sus padres y la sociedad un regalo de más de medio millón de dólares.
Un momento importante de la asamblea fue el discurso de Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional, que subrayó los cambios introducidos en su institución, por lo menos en las altas esferas: una profunda preocupación por los derechos de la mujer; un nuevo énfasis en la relación entre desigualdad e inestabilidad; y el reconocimiento de que la negociación colectiva y los salarios mínimos pueden contribuir de manera importante a reducir las desigualdades. ¡Ojalá los programas del FMI en Grecia y otros países reflejaran de verdad estos sentimientos!
Associated Press organizó una sesión aleccionadora sobre tecnología y desempleo: ¿pueden los países (sobre todo en el mundo desarrollado) crear nuevos puestos de trabajo —especialmente buenos puestos de trabajo— ante una tecnología moderna que ha sustituido a los trabajadores por robots y otras máquinas en cualquier tarea rutinaria?
En conjunto, el sector privado en Europa y Estados Unidos ha sido incapaz de crear un gran número de puestos de trabajo de calidad desde principios de este siglo. Incluso en China y otros países con sectores de manufacturación en pleno desarrollo, la mayor parte del aumento de la producción se debe a las mejoras en la productividad, a menudo relacionadas con los procesos automatizados que están destruyendo empleo. Los más afectados son los jóvenes, cuyas perspectivas se verán perjudicadas toda su vida por los extensos periodos de desempleo que están padeciendo hoy.
Aun así, la mayoría de los asistentes a Davos apartaron estos problemas para celebrar la supervivencia del euro. La nota dominante fue de satisfacción e incluso optimismo. La «opción Draghi» —la idea de que el Banco Central Europeo, con sus grandes reservas, podría hacer lo que fuera necesario para salvar el euro y a cada uno de los países en crisis— parecía haber funcionado, al menos durante un tiempo. La calma provisional daba cierto respaldo a quienes aseguraban que lo que hacía falta, por encima de todo, era restablecer la confianza. Esperaban que las promesas de Draghi fueran una manera gratuita de dar esa confianza porque nunca fuera necesario satisfacerlas.
Los críticos señalaron una y otra vez que no se habían resuelto las contradicciones fundamentales y que, para que el euro sobreviviera a largo plazo, sería necesaria una unión fiscal y bancaria, que exigiría más unificación política de la que los europeos, en su mayoría, están dispuestos a aceptar. Muchas de las cosas que se dijeron en las reuniones y en los pasillos revelaron una grave falta de solidaridad. Un alto funcionario de un país del norte de Europa no hizo ni ademán de dejar el tenedor durante una cena cuando otro comensal le dijo, con toda seriedad, que hay muchos españoles que buscan comida en los cubos de basura. «Deberían haber hecho las reformas antes», respondió, y siguió comiéndose su filete.
Las previsiones de crecimiento del FMI publicadas en Davos durante la reunión ponen de relieve hasta qué punto se ha dividido el mundo: se espera que el crecimiento del PIB en los países industrializados avanzados sea del 1,4 por ciento este año, mientras que los países en vías de desarrollo siguen creciendo a un sólido 5,5 por ciento anual.
Los líderes occidentales hablaron de dar nueva importancia al crecimiento y el empleo, pero no propusieron políticas concretas en las que apoyar tales aspiraciones. En Europa siguieron haciendo hincapié en las medidas de austeridad, se mostraron satisfechos de los avances conseguidos hasta ahora y reafirmaron su empeño de mantener un rumbo que ha sumido al continente en la recesión y al Reino Unido en una crisis con dos recaídas.
La nota más optimista llegó tal vez de los mercados emergentes: aunque el riesgo de la globalización era que entrañaba una nueva interdependencia, por lo que las políticas fallidas en Estados Unidos y Europa podían hacer daño a las economías de los países en vías de desarrollo, los países emergentes que más han prosperado han sabido manejar la globalización para mantener el crecimiento pese a las caídas de Occidente.
Con la política estadounidense paralizada por las rabietas infantiles de los republicanos y con Europa obsesionada por asegurar la supervivencia del desafortunado proyecto del euro, la falta de liderazgo global fue un gran motivo de queja en Davos. En los últimos veinticinco años hemos pasado de un mundo dominado por dos superpotencias a otro dominado por una sola y de ahí a un mundo multipolar y sin líderes. Hablamos del G-7, el G-8, el G-20, pero es más apropiado hablar del G-0. Y vamos a tener que aprender a vivir y salir adelante en este nuevo mundo.
LA DESIGUALDAD ES UNA OPCIÓN[9*]
Es bien sabido a estas alturas que la desigualdad de rentas y riqueza en la mayoría de los países avanzados, sobre todo en Estados Unidos, ha aumentado de forma increíble en los últimos decenios y, por desgracia, se ha agravado aún más desde la Gran Recesión. Pero ¿qué sucede en el resto del mundo? ¿Se está cerrando la brecha entre unos países y otros, en la medida en que algunas potencias emergentes como China y la India han sacado a cientos de millones de personas de la pobreza? Y en los países de rentas bajas y medias, ¿las desigualdades están empeorando o mejorando? ¿Vamos hacia un mundo más justo o más injusto?
Son preguntas complejas, y las investigaciones recientes de un economista del Banco Mundial llamado Branko Milanovic y otros expertos apuntan varias respuestas.
La Revolución Industrial, que comenzó en el siglo XVIII, produjo una riqueza inmensa en Europa y Norteamérica. Desde luego, las desigualdades en estos países eran espantosas —piensen en las plantas textiles de Liverpool y Manchester, en Inglaterra, durante la década de 1820, o los sórdidos edificios de apartamentos en el Lower East Side de Manhattan y el South Side de Chicago hacia 1890—, pero la brecha mundial entre los ricos y todos los demás fue ensanchándose cada vez más hasta la Segunda Guerra Mundial. Todavía hoy, la desigualdad entre países es mucho mayor que la desigualdad dentro de los países.
Sin embargo, en la época de la caída del comunismo, a finales de la década de 1980, la globalización económica se aceleró y las diferencias entre unos países y otros empezaron a disminuir. En el periodo entre 1988 y 2008, «tal vez se produjo el primer descenso de las desigualdades globales entre los ciudadanos del mundo desde la Revolución Industrial», explicaba en un ensayo publicado en noviembre Branko Milanovic, nacido en la antigua Yugoslavia y autor de Los que tienen y los que no tienen. Una breve y singular historia de la desigualdad global. Es cierto que la brecha entre ciertas regiones se ha estrechado de forma considerable —en particular, entre Asia y las economías avanzadas de Occidente—, pero sigue habiendo otras enormes. Las rentas medias mundiales, por país, se han aproximado en los últimos decenios, sobre todo gracias al crecimiento de China y la India. Pero la igualdad entre los seres humanos, entre las personas, ha mejorado muy poco (el coeficiente de Gini, un criterio para medir las desigualdades, mejoró sólo 1,4 puntos entre 2002 y 2008).
Es decir, aunque hay países de Asia, Oriente Próximo y Latinoamérica que, en conjunto, quizá estén poniéndose a la altura de Occidente, los pobres siguen quedándose atrás en todas partes, incluso en lugares como China, donde les ha beneficiado hasta cierto punto la mejora del nivel de vida.
De acuerdo con Milanovic, entre 1988 y 2008, los miembros del 1 por ciento más rico del mundo incrementaron sus rentas en un 60 por ciento, mientras que los que componen el 5 por ciento más pobre no mejoraron nada. Y a pesar de que las rentas medias han aumentado enormemente en las últimas décadas, todavía existen grandes desequilibrios: el 8 por ciento de la humanidad obtiene el 50 por ciento de las rentas mundiales; el 1 por ciento más rico obtiene el 15 por ciento. Los mayores incrementos de rentas se han producido entre la élite mundial —los directivos financieros y empresariales de los países ricos— y las vastas «clases medias emergentes» de China, la India, Indonesia y Brasil. ¿Quién ha perdido más? Los africanos, algunos latinoamericanos y los habitantes de la Europa del Este poscomunista y la antigua Unión Soviética, descubrió Milanovic.
Estados Unidos es un ejemplo especialmente desalentador. Y dado que suele «dirigir al mundo» en tantos aspectos, la posibilidad de que otros países sigan su ejemplo no presagia nada bueno para el futuro.
Por un lado, el aumento de las desigualdades de rentas y riqueza en Estados Unidos forma parte de una tendencia que se observa en todo el mundo occidental. Un estudio realizado en 2011 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos llegó a la conclusión de que la desigualdad de rentas empezó a aumentar a finales de los años setenta y principios de los ochenta en Estados Unidos y Gran Bretaña (y también en Israel). Esta tendencia se extendió a finales de los ochenta. En el último decenio, la desigualdad de rentas ha crecido incluso en países tradicionalmente igualitarios como Alemania, Suecia y Dinamarca. Con unas cuantas excepciones —Francia, Japón, España—, el 10 por ciento de los que más ganan en la mayoría de las economías avanzadas progresó a toda velocidad mientras que el 10 por ciento más pobre se quedaba atrás.
Pero la tendencia no era universal ni inevitable. En esos mismos años, países como Chile, México, Grecia, Turquía y Hungría consiguieron reducir la desigualdad de rentas (en algunos casos, inmensa), lo cual indica que la desigualdad es el resultado de la acción de fuerzas políticas, no sólo macroeconómicas. No es verdad que la desigualdad sea una consecuencia inevitable de la globalización, de la libre circulación de trabajadores, capital, bienes y servicios y de los cambios tecnológicos, que dan preferencia a empleados más formados y cualificados.
Entre las economías avanzadas, Estados Unidos tiene una de las mayores desigualdades de rentas y oportunidades, con devastadoras repercusiones macroeconómicas. El PIB estadounidense se ha multiplicado por más de cuatro en los últimos cuarenta años y casi por dos en los últimos veinticinco, pero, como ya sabemos, los beneficios han ido a parar a lo alto de la escala social y sobre todo, cada vez más, a lo más alto de lo alto.
El año pasado, el 1 por ciento más rico de los estadounidenses se embolsó el 22 por ciento de los ingresos del país; el 0,1 por ciento más rico, el 11 por ciento. El 95 por ciento de todos los ingresos desde 2009 ha ido a parar al 1 por ciento. Las cifras del censo hechas públicas recientemente muestran que la renta media en Estados Unidos es la misma desde hace casi veinticinco años. El varón estadounidense medio gana menos de lo que ganaba hace 45 años (después del ajuste por inflación); los varones que tienen el bachillerato pero no un título universitario superior ganan casi un 40 por ciento menos que hace cuarenta años.
Las desigualdades empezaron a aumentar en Estados Unidos hace treinta años, al mismo tiempo que las rebajas de impuestos a los ricos y la relajación de las reglas del sector financiero. No es una coincidencia. La situación ha empeorado a medida que han disminuido las inversiones en infraestructuras, educación, sanidad y las redes de protección social. La desigualdad, cuando crece, se refuerza a sí misma mediante la corrosión de nuestro sistema político y nuestro sistema democrático de gobierno.
Europa parece muy dispuesta a seguir el mal ejemplo de Estados Unidos. Las medidas de austeridad, desde el Reino Unido hasta Alemania, están provocando el aumento del desempleo, la caída de los salarios y unas desigualdades cada vez mayores. Autoridades como Angela Merkel, la recién reelegida canciller alemana, y Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, alegan que los problemas de Europa son consecuencia de un gasto en bienestar excesivo. Pero esa línea de pensamiento ha llevado a Europa a la recesión (e incluso a la depresión). El hecho de que quizá la situación haya tocado fondo —que quizá la recesión se haya terminado «oficialmente»— es magro consuelo para los 27 millones de personas en paro en la UE. A ambos lados del Atlántico, los fanáticos de la austeridad dicen que hay que seguir adelante, que son unas píldoras amargas necesarias para alcanzar la prosperidad. Pero ¿la prosperidad para quién?
El exceso de financiarización —que ayuda a explicar el dudoso honor de Gran Bretaña por ser el segundo país con más desigualdades entre las economías más avanzadas del mundo, después de Estados Unidos— ayuda a explicar asimismo por qué se ha agrandado tanto la brecha. En muchos países, el mal gobierno corporativo y el deterioro de la cohesión social han producido diferencias cada vez mayores entre el sueldo de los altos directivos y el de los empleados normales; todavía no se acercan al nivel de la proporción en las grandes empresas estadounidenses, 500 a 1 (según cálculos de la Organización Internacional del Trabajo), pero son mayores que antes de la recesión (Japón, que ha puesto un límite a la remuneración de los ejecutivos, es una notable excepción). Las innovaciones estadounidenses en la captación de rentas —enriquecerse no a base de aumentar el tamaño de la tarta económica sino manipulando el sistema para quedarse con una porción más grande— se han extendido a todo el mundo.
La globalización asimétrica también se ha cobrado un precio en todo el mundo. La movilidad del capital exige que los trabajadores hagan concesiones salariales y los Gobiernos, concesiones fiscales. El resultado es una competición a la baja. Los salarios y las condiciones de trabajo están en peligro. Empresas innovadoras como Apple, que basa su éxito en enormes avances en ciencia y tecnología —muchos de ellos financiados con dinero público—, han mostrado un talento increíble para eludir el pago de impuestos. Están dispuestos a recibir, pero no a dar.
La desigualdad y la pobreza infantiles son un escándalo moral especialmente grave. Refutan las insinuaciones de la derecha de que la pobreza es consecuencia de la vagancia y las malas decisiones, porque los niños no pueden escoger a sus padres. En Estados Unidos, casi uno de cada cuatro niños vive en la pobreza; en España y Grecia, uno de cada seis; en Australia, Gran Bretaña y Canadá, más de uno de cada diez. Y no son cosas inevitables. Algunos países han decidido crear economías más equitativas: Corea del Sur, donde hace medio siglo sólo una de cada diez personas completaba sus estudios en la universidad, tiene hoy una de las mayores cifras de titulados universitarios del mundo.
Estos factores me hacen pensar que entramos en un mundo dividido no sólo entre ricos y pobres, sino también entre los países que no hacen nada para remediarlo y los que sí. Algunos conseguirán construir una prosperidad colectiva, el único tipo de prosperidad, en mi opinión, que es verdaderamente sostenible. Otros dejarán que las desigualdades crezcan sin control. En estas sociedades divididas, los ricos se atrincherarán en urbanizaciones cerradas, separados casi por completo de los pobres, cuyas vidas les resultarán casi imposibles de imaginar, y viceversa. He visitado sociedades que parecen haber escogido este camino. No son sitios en los que nos gustaría vivir en general a nosotros, ni en los enclaves protegidos ni en los desesperados barrios de chabolas.
LA DEMOCRACIA EN EL SIGLO XXI[10*]
La acogida que ha tenido en Estados Unidos y en otras economías avanzadas el reciente libro de Thomas Piketty El capital en el sigloXXI da fe de la creciente preocupación por el aumento de las desigualdades. Su obra otorga más peso a las ya abundantes pruebas de cómo se han disparado las rentas y la riqueza en lo alto de la escala social.
El libro de Piketty, además, ofrece una perspectiva diferente sobre los treinta años aproximadamente que siguieron a la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial: considera ese periodo una anomalía histórica, debida tal vez a la extraordinaria cohesión social que un cataclismo es capaz de fomentar. En aquella era de rápido crecimiento, la prosperidad estaba muy extendida y todos los grupos sociales progresaron, pero los que más ganaron fueron, proporcionalmente, los de la franja inferior.
Piketty también arroja nueva luz sobre las «reformas» que Ronald Reagan y Margaret Thatcher vendieron en los años ochenta como elementos que iban a estimular el crecimiento y beneficiar a todo el mundo. Tras sus reformas llegaron un crecimiento más lento y una mayor inestabilidad mundial, y el escaso crecimiento que hubo benefició sobre todo a los más ricos.
Pero el libro de Piketty plantea unas cuestiones fundamentales sobre la teoría económica y el futuro del capitalismo. Muestra con pruebas documentales que hubo grandes incrementos de la proporción entre riqueza y producción. En la teoría clásica, esos incrementos irían asociados a un descenso de los rendimientos del capital y un aumento de los salarios. Sin embargo, hoy no parece que los rendimientos del capital hayan disminuido, mientras que los salarios, sí. (En Estados Unidos, por ejemplo, los salarios medios se encuentran estancados desde hace cuatro décadas).
La explicación más obvia es que el aumento del patrimonio declarado no se corresponde con un aumento del capital productivo, y los datos parecen confirmar esta interpretación. Gran parte del aumento de la riqueza procede del incremento en el valor de las propiedades inmobiliarias. Antes de la crisis financiera de 2008 era evidente que había una burbuja inmobiliaria en muchos países; todavía ahora, es posible que no se haya «corregido» del todo. El aumento del valor también puede deberse a la competencia entre los ricos por tener bienes que exhiban su «posición»: una casa en la playa o un apartamento en la Quinta Avenida de Nueva York.
A veces, un incremento de la riqueza financiera computada corresponde a poco más que un traspaso del patrimonio «no declarado» al patrimonio declarado, y esos traspasos pueden reflejar, en realidad, un deterioro del comportamiento económico total. Si aumenta el poder monopolístico o las empresas (como los bancos) desarrollan mejores métodos para aprovecharse de los consumidores normales, el resultado aparecerá en forma de unos beneficios más altos y, al capitalizarlo, como un incremento del patrimonio financiero.
Cuando ocurre eso, por supuesto, el bienestar social y la eficiencia económica disminuyen, aunque la riqueza oficial aumente. Sencillamente, no tenemos en cuenta la disminución correspondiente del valor del capital humano, que es la riqueza de los trabajadores.
Además, si los bancos consiguen utilizar su influencia política para socializar las pérdidas y conservar cada vez más ganancias obtenidas por medios dudosos, la riqueza declarada del sector financiero crece. No medimos la correspondiente disminución de la riqueza de los contribuyentes. Del mismo modo, si las empresas convencen al Gobierno de que pague un precio excesivo por sus productos (como han logrado hacer las farmacéuticas), o se les da acceso a los recursos públicos a precios inferiores a los del mercado (como han conseguido las compañías mineras), el patrimonio financiero declarado aumenta, aunque la riqueza de los ciudadanos corrientes no lo haga.
Lo que hemos visto —el estancamiento de los salarios y el aumento de las desigualdades mientras se incrementaba la riqueza— no corresponde al funcionamiento de una economía normal de mercado, sino a lo que yo llamo «capitalismo de imitación». El problema no está tal vez en cómo funcionan o deberían funcionar los mercados, sino en nuestro sistema político, que no ha sido capaz de garantizar unos mercados competitivos y ha elaborado normas que sostienen unos mercados distorsionados, en los que las empresas y los ricos pueden explotar (y por desgracia explotan) a todos los demás.
Los mercados, desde luego, no existen en el vacío. Debe haber unas reglas del juego, que se establecen mediante procesos políticos. Las grandes desigualdades económicas en países como Estados Unidos y, cada vez más, los que han seguido su modelo económico, conducen a la desigualdad política. En un sistema así, las oportunidades de progreso económico también se vuelven desiguales, y refuerzan los obstáculos a la movilidad social.
Por consiguiente, la predicción que hace Thomas Piketty de unos niveles aún mayores de desigualdad en el futuro no reflejan unas leyes inexorables de la economía. Unos simples cambios —más impuestos sobre la plusvalía y las transmisiones, más gasto para asegurar el acceso a la educación, una imposición más estricta de las leyes antimonopolio, reformas en el gobierno corporativo que limiten la remuneración de los directivos y regulaciones financieras que restrinjan la capacidad de los bancos de explotar al resto de la sociedad— reducirían las desigualdades y aumentarían notablemente la igualdad de oportunidades.
Si aplicamos las reglas del juego apropiadas, quizá podamos hasta restablecer el crecimiento económico rápido y colectivo que caracterizó a las sociedades burguesas a mediados del siglo XX. La principal pregunta que debemos hacernos hoy no es sobre el capital en el siglo XXI, sino sobre la democracia en el siglo XXI.
CAPITALISMO DE PACOTILLA[11*]
Los estadounidenses están empezando a comprender por fin el grado de desigualdad de rentas y riqueza que caracteriza a nuestra sociedad. En los últimos tiempos, han tenido una ayuda inesperada para entenderlo: el economista francés Thomas Piketty, cuya obra El capital en el siglo XXI ha sido el sorprendente éxito de ventas del año. Piketty ha reunido todas las pruebas disponibles sobre el aumento de las desigualdades económicas y la riqueza heredada en los últimos cuarenta años, que está creando una nueva plutocracia. Pero aunque Piketty tiene razón sobre la gravedad del problema, no la tiene del todo sobre su causa ni sobre cómo arreglarlo. Si los estadounidenses sacan conclusiones erróneas de su trabajo, quizá no podamos hacer los cambios necesarios para abordar la cuestión de la desigualdad.
Dicho sin rodeos, Piketty dice que la desigualdad es la consecuencia natural del capitalismo. En su opinión, el largo periodo de prosperidad colectiva que caracterizó la parte central del siglo XX fue una anomalía histórica, y las diferencias de finales del XIX y de nuestra época son lo normal. Pero la mejor forma de calificar lo que se practica hoy en Estados Unidos es llamarlo «capitalismo de imitación», concebido para crear desigualdades. Esta realidad quedó muy clara durante la crisis financiera, cuando socializamos las pérdidas pero dejamos que los bancos privatizaran los beneficios, fuimos generosos con los abusadores pero hicimos poco para ayudar a las víctimas que estaban perdiendo sus hogares y sus puestos de trabajo.
No existe ningún sistema «puramente» capitalista, desde luego. Siempre hemos tenido una economía mixta, con inversiones del Gobierno en educación, tecnología e infraestructuras. Los sectores más innovadores y triunfadores de la economía estadounidense (tecnología y biotecnología) se sostienen sobre unas bases creadas por la investigación pública. Una economía que funcione bien necesita el equilibrio entre los sectores público y privado, con inversiones públicas esenciales y un sistema de protección social debidamente financiado. Para todo ello son necesarios los impuestos.
Un sistema tributario bien pensado no se limita a recaudar dinero, sino que puede ayudar a mejorar la eficiencia económica y reducir las desigualdades. Nuestro sistema actual hace todo lo contrario. La propuesta de Piketty para remediar las desigualdades mediante los impuestos —con un impuesto mundial sobre el patrimonio— es una propuesta políticamente imposible, por muchos méritos que tenga. Pero hay medidas que Estados Unidos —que presenta las peores desigualdades entre los países avanzados— puede adoptar por su cuenta. Con una reforma sensata de nuestro código tributario, podemos al mismo tiempo recaudar dinero, mejorar el comportamiento de nuestra economía y abordar algunos de nuestros mayores problemas sociales, no sólo las desigualdades sino también el desempleo y la catástrofe medioambiental que se nos viene encima.
La primera preocupación de la lista al valorar cualquier propuesta fiscal debería ser su repercusión en el reparto de rentas. Pero debemos regirnos por tres principios generales. En primer lugar, es mejor gravar con impuestos las cosas malas que las buenas, la contaminación y la especulación, por ejemplo, que el trabajo y el ahorro. Segundo, es mejor gravar cosas como la tierra, el petróleo y otros recursos naturales, que no desaparecen cuando tienen que pagar impuestos (son factores en oferta inelástica, dicen los economistas). Y estos dos principios reflejan un tercero más general: los incentivos son importantes. Los impuestos deben estimular actividades que benefician a todos y disuadir de otras que le salen muy caras a nuestra sociedad. Existen muchas reformas que nos ayudarían a tener más igualdad respetando estos principios.
Para empezar, el impuesto de sociedades debe animar a las empresas a invertir y crear empleo en Estados Unidos, para lo cual debe gravar menos a las que lo hagan que a las que no. Si los impuestos exigidos a las compañías multinacionales se calcularan en función de sus ingresos mundiales, sería posible sortear el resquicio legal que podríamos llamar Apple-Google. La globalización ha dado a estas empresas nuevas oportunidades de evadir impuestos cuando afirman que sus inmensos beneficios no se deben al talento de sus investigadores estadounidenses ni a la demanda aparentemente infinita de los consumidores nacionales, sino a unos cuantos empleados repartidos por jurisdicciones con baja imposición, como Irlanda. Si se gravara a todas las empresas en función de su producción y sus ventas en el país, podríamos recaudar dinero suficiente para crear empleo y estimular el crecimiento.
Además debería haber una serie de impuestos especiales para el sector financiero. Dado el papel que el sector desempeñó en la crisis, es natural que paguen parte de los costes. Unos impuestos debidamente diseñados incrementarían la eficiencia del sector y serían un incentivo para hacer mejor lo que se supone que debe hacer.
Si bien Piketty dice que el capitalismo de mercado crea unos niveles de desigualdad escandalosos de forma natural, yo creo que nuestro problema es distinto: nuestros mercados no actúan de forma competitiva. En los cursos más elementales de economía aprendemos que los mercados competitivos, que promueven la eficiencia y la innovación, reducen los beneficios. La riqueza acaba en manos de unos cuantos multimillonarios porque no tenemos una economía verdaderamente competitiva. Los «emprendedores» de más éxito han descubierto cómo crear obstáculos a la competencia, que les permiten obtener unos beneficios inmensos. No es extraño que la persona más rica del mundo, Bill Gates, haya adquirido su fortuna gracias a una empresa que se ha visto envuelta en prácticas anticompetitivas en Europa, América y Asia. Ni que el segundo más rico, Carlos Slim, construyera su fortuna aprovechando un proceso de privatización muy mal concebido, creando un monopolio de facto en el sector de las telecomunicaciones en México y cobrando unos precios muy superiores a los que habría en un mercado competitivo.
Puesto que no hemos logrado que nuestros mercados sean verdaderamente competitivos, deberíamos gravar los beneficios de esos monopolios, que son una variante de lo que los economistas denominan rentas. Así como el cobro de impuestos sobre las tierras no hace que haya menos tierras, tampoco lo haría un impuesto sobre las rentas obtenidas. Otras fuentes posibles son los ingresos que reciben los dueños de los recursos naturales. En muchos casos, las empresas de petróleo, gas y minerales no son las auténticas dueñas de esos recursos; se limitan a extraerlos de tierras de propiedad pública y no pagan más que una parte de su valor real. La mejor solución para esta injusticia sería una subasta limpia y eficiente, que garantice que la población obtiene todos los rendimientos de esos bienes. En los casos en que las empresas ya han conseguido apoderarse de los recursos y no han pagado más que una mínima parte de su valor, necesitamos recobrar ese dinero gravando los beneficios resultantes con arreglo a un tipo más alto.
Si pasamos del impuesto de sociedades a la tributación individual, debemos implantar un impuesto sobre la renta equitativo para que quienes viven de su trabajo no se vean obligados a pagar una parte mayor de sus ingresos en impuestos que los que disfrutan de los frutos de una riqueza heredada o administran fondos de capital privado. Aunque los estadounidenses, en su mayoría, aceptan el principio de que los ricos deben pagar una proporción mayor de sus ingresos en impuestos, en la práctica nuestro sistema no respeta este principio. Los más ricos de todos pagan un porcentaje menor de sus ingresos declarados que los que son simplemente ricos, y sus ingresos declarados suelen ser sólo una parte de su patrimonio real.
Muchas de las propuestas habituales para reformar el código tributario se centran en eliminar las cláusulas diseñadas para ayudar a la clase media, en especial las deducciones por los intereses de las hipotecas y la exención por los seguros de salud a cargo del empleador. Esas disposiciones reducen la base impositiva y hacen que la economía sea menos eficiente, de modo que tiene cierto sentido eliminarlas, si se hace con cuidado. En la práctica, la deducción por el interés de la hipoteca ayuda más a los propietarios de viviendas acomodados que a la clase media; de hecho, según algunos cálculos, el Gobierno ofrece más ayuda de vivienda a los ricos a través del sistema fiscal que a los pobres mediante las viviendas de protección. La deducción estimula un gasto en vivienda y un endeudamiento excesivos (lógico, si se tiene en cuenta la influencia política de los bancos). Pero nuestro sector inmobiliario está aún en dificultades tras el estallido de la burbuja, cuando millones de estadounidenses perdieron una parte importante de su patrimonio. Eliminar todos los subsidios en estos momentos empeoraría aún más las cosas. La desaparición de la deducción debería ser gradual, y tendríamos que emplear parte de los ahorros para promover la equidad en la política de vivienda; por ejemplo, mediante la provisión de una ayuda prolongada a los que compran una casa por primera vez.
Con el asedio que sufre la clase media —las rentas, calculadas tras el ajuste correspondiente a la inflación, apenas han variado desde hace decenios—, no deberíamos considerar que las reformas de las deducciones son formas de recaudar dinero. Por el contrario, deberían devolverse los ahorros así obtenidos en forma de una reducción de las tasas marginales de impuesto sobre la renta que afectan a la franja media de la población. Algunos dirán que no hay manera de reducir de forma significativa el déficit si sólo se suben los impuestos a los ricos: no tienen tanto dinero. Eso era verdad en otro tiempo, pero ya no. Una ventaja del aumento de las desigualdades es que podemos reunir enormes cantidades de dinero aumentando las cargas fiscales sólo en el extremo superior de la escala.
Gravar las emisiones de carbono es otra forma de poder recaudar cantidades importantes de dinero al tiempo que mejoramos el comportamiento general de nuestra economía. El principio más básico en economía es que las empresas deben pagar los costes en los que incurren durante sus procesos de producción. Eso es lo que permite que el sistema de precios guíe a la economía hacia la eficiencia. Cuando la producción está subvencionada, surgen distorsiones del mercado. El medio ambiente es uno de nuestros recursos más escasos, y los que causan daños en él con la contaminación nos imponen costes muy serios. Obligar a las empresas que producen muchas emisiones de carbono a pagar esos costes hará que la economía sea más eficiente y al mismo tiempo recaudará dinero.
Juntas, estas propuestas nos permitirían avanzar de verdad hacia la reducción de la desigualdad y la vuelta a una economía más similar a la de la posguerra. Esa es la época en la que Estados Unidos estaba convirtiéndose en la sociedad de clase media que siempre había afirmado ser, con décadas de crecimiento rápido y prosperidad muy repartida, cuando las rentas de los que estaban en la parte inferior de la escala crecían más deprisa que las de los de arriba. También es la época que Thomas Piketty considera una anomalía en la historia del capitalismo. Pero para regresar a aquella época no es necesario eliminar el capitalismo; es necesario eliminar las distorsiones de mercado del capitalismo de pacotilla que se practica hoy en este país. Más que una cuestión de economía, es una cuestión de política. No tenemos que escoger entre capitalismo y justicia. Tenemos que escoger los dos.
Continuará
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