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Fecha: 16 de Abril de 2019
A Cuba le urge mayor participación de la universidad en el acontecer nacional. La academia posee los saberes necesarios y debe intervenir mejor en los destinos del país. ¿Puede?
Nadie lo duda, pero no es tan sencillo. Entre el dicho y el hecho, media un largo trayecto ―demasiado largo a veces―, que comienza por organizar los modos de conseguirlo, para que la academia no sea solo representación simbólica o entelequia.
Y por otro lado, el sistema empresarial ―por definición y por esencia―, no se convierta en dueño del guante, el bate y la pelota.
Las perspectivas se han planteado. Están en las novedades de la Política para la actividad de la Ciencia, Tecnología e Innovación que la nación se ha propuesto como estrategia y que fueron presentadas a los diputados en las sesiones previas a la Tercera Sesión Extraordinaria de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), recientemente desarrollada en La Habana.
Dos comisiones permanentes de la ANPP se han dado a la tarea de exponer juicios y configuraciones: una de ellas sobre las políticas para fomentar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, y otra para perfilar la participación imprescindible en el desarrollo local. En ambas, la universidad cubana actúa como protagonista, o cuando menos, como importante factor de intervención.
En una de las comisiones, la ministra del CITMA, Elba Rosa Pérez Montoya, expuso ante los diputados tres bases fundamentales de las estrategias, con el punto de partida en la política para la reorganización de este sector en el país.
Esto presupone, entre otras vertientes, programas de becas doctorales para jóvenes seleccionados, incluidos recién graduados con las mejores aptitudes, para “establecer un plan de formación en el exterior”. Como otra alternativa, “perfeccionar el sistema más amplio de categorías científicas y tecnológicas y establecer la categoría de investigador consultante”.
Ambas prevén incluir un componente en la retribución personal basado en el impacto económico, científico, social y ambiental, en las diferentes fases de los proyectos.
Junto a la política para establecer fundamentos, conceptos y creación de los Parques Científicos Tecnológicos, es necesario, según insistió la ministra Pérez Montoya, entender la obligación de completar los vínculos entre las universidades y las entidades de ciencia, tecnología e innovación; y a su vez, de estas con las instituciones productivas y de servicios.
Todo armónico, fluido y ventajoso para las partes. Y esta es, tal vez, la más compleja de las barreras por saltar. Ideas como encargo social, destinos, perspectivas y proyectos andan “encontrados”, a veces perdidos, en el cruce por donde debían converger investigación, desarrollo, innovación, financiamiento y mercado, cada cual halando para su mano.
Un cambio de políticas necesita la Agenda/País. El Ministerio de Educación Superior (MES) desarrolla su perfeccionamiento, pero anda lejos de llegar a la meta. Los centros de investigación proceden en su encargo; el sistema empresarial anda demasiado lejos y necesita arreos y sobre todo de bridas.
La tercera de las políticas para la actividad científica prevé la definición y creación de Empresas de Alta Tecnología (EAT). Propone los mecanismos y la posibilidad de establecer formas de financiamiento externo que puedan instaurar ―¿de conjunto?―, las empresas vinculadas al tema y las universidades.
Para todos los presuntos implicados, urge incrementar la cultura de la innovación y la competitividad, la estimulación y gestión en el flujo del conocimiento y tecnología entre universidades, instituciones de investigación y el imprescindible mercado.
Las políticas elaboradas reconocen el papel de las empresas de interface en la conexión entre universidades, entidades científico tecnológicas y el sector productivo y de servicio.
La definición de prioridades está planteada: las empresas de alta tecnología en el mundo andan asociadas a sectores intensivos en el conocimiento: tecnología de informática y las comunicaciones, biotecnología e industria farmacéutica, industria electrónica, automatización industrial, nuevos materiales, nanotecnología y energías renovables.
En Cuba, las EAT deberán mostrar altas capacidades e intensa actividad en la investigación, el desarrollo e innovación; pero también elevados estándares tecnológicos, ciclos cerrados que “cierren” con producción y comercialización de productos y servicios de alto valor agregado, con énfasis en el mercado exterior.
Las políticas no bastan, es cierto. Ni la buena voluntad. Pero si en verdad la praxis es criterio de la verdad, nada hay mejor para la práctica que una buena teoría.
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