De las 127 actividades que estaban permitidas para el trabajo por cuenta propia se pasa a más de 2 000 recogidas en el Clasificador Nacional de Actividades Económicas de Cuba.
Por Dr.C Juan Triana Cordoví, OnCuba
en Contrapesos
Aunque parecía que el listado sobre las actividades no permitidas como modalidad de Trabajo por Cuenta Propia (TCP) en Cuba se asemejaba al horizonte, hoy prácticamente lo podemos alcanzar con un toque. En breve, cuando se publiquen las normas a su respecto, se sabrá cuánto podrá diversificarse y enriquecerse efectivamente el tejido empresarial cubano en las actuales condiciones.
La historia del TCP nos acompaña desde finales de la década de 1970, cuando se emitió la primera resolución que permitía dicha actividad como parte de la “rectificación de errores” anunciada en la Plataforma Programática del Partido Comunista de Cuba (PCC). Este documento constituyó la base que anticipó el primero de todos los congresos del PCC.
Esa historia ha sido contada una y otra vez durante décadas, en especial a partir los años 90, desde múltiples perspectivas1, con mayor o menor profundidad, desde posiciones políticas e ideológicas bien diferentes y a veces irreconciliables: desde la ingenuidad casi absoluta de entender el suceso como “la solución” a los problemas del país hasta aquella otra que lo ha identificado como parte de los problemas y los peligros, e incluso como la confirmación del alejamiento de la política oficial de los fundamentos esenciales de la Revolución.
El TCP también ha sido encuadrado por las administraciones norteamericanas, en especial a partir de Clinton, como el recurso para subvertir y minar desde dentro el socialismo cubano y derrocar la “dictadura de Castro”.
Por ser un asunto económico, siempre ha sido también un asunto político sensible. De ahí lo complejo de su tratamiento y los vaivenes que han definido su historia más reciente.
Insertarlo en el modelo económico, social y político cubano, así como demostrar su necesidad y legitimidad ha sido tarea de la Economía Política y otros ámbitos de la Ciencias Sociales y Políticas en múltiples ocasiones. También se ha intentado explicar su incompatibilidad y su carácter antagónico con los propósitos del socialismo cubano en igual cantidad de artículos e intervenciones.
En 2013 Raúl Castro defendió públicamente la necesidad de cambiar la “visión política” que existía sobre el TCP y llamó a eliminar los prejuicios hacia esta modalidad.
El TCP fue, como la Inversión Extranjera (IED), aceptado en los 90 como un “mal necesario” y recientemente reconocido como parte indispensable de las necesidades de crecimiento y desarrollo de Cuba. Ampliarlo ahora en la magnitud anunciada confirma definitivamente que, si se desea avanzar hacia el futuro, el TCP debe ser considerado como parte imprescindible de la estrategia, como un actor, agente y forma de propiedad que es más que un “compañero de viaje” y que estará entre nosotros por muchos años. Habría que preguntarse entonces si, al igual que la IED, el TCP es “estratégico” en nuestras aspiraciones de desarrollo económico.
También es cierto que en los últimos tres años, estimulado —al menos en parte— por lo que aparece en los documentos oficiales que guían la reforma económica en Cuba, y en otra buena parte por lo que la propia realidad de nuestra economía constataba, se publicaron trabajos con propuestas concretas de cómo incorporar el sector a la estrategia de desarrollo. Algunos de estos trabajos fueron señalados por el economista Pedro Monreal en un reciente comentario sobre la flexibilización del Trabajo por Cuenta Propia.
Pues bien, tendremos lista negativa. Sin dudas aun es temprano para hacer un análisis de su alcance y profundidad en toda su magnitud pues aun no ha sido publicada, pero de lo informado por la prensa pueden anticiparse algunas ideas:
– La medida confirma la voluntad del gobierno de seguir adelante en el proceso de transformación de nuestra economía.
– Reconoce que el sector privado debe desempeñar un rol positivo, que rebasa lo meramente coyuntural asociado a la necesidad de enfrentar la crisis actual.
– Corrobora y reafirma su carácter estructural, no sólo en cuanto al empleo, sino también en cuanto a su aporte al crecimiento y a la eficiencia de la economía nacional en su conjunto.
– Reconoce que las definiciones de límites específicos y homogéneos existentes han constituido y aún constituyen trabas al desarrollo de las fuerzas productivas.
– Subraya su carácter oportuno y positivo para un mejor desenvolvimiento de la Tarea Ordenamiento.
– Pone de manifiesto el rol decisivo de las instancias municipales en la dinámica y consolidación de esta tarea.
Profundizar la reforma pasa por ampliar, por hacer más diverso y complejo el tejido empresarial cubano. Para tal propósito, lo más inmediato es ampliar, hasta donde el modelo actual admite, ese sector privado que durante más de treinta años ha estado atado a prejuicios ideo-políticos, procedimientos y restricciones burocráticas.
Si para entonces las estadísticas cubanas ya lo permiten, en un año podremos saber cuál es el real y verdadero aporte del TCP al crecimiento cubano.
Ciertamente será un período muy difícil para los nuevos TCPs, en lo fundamental por la situación actual que atraviesan la economía nacional e internacional, pero en el año 2020 este sector dio muestra de una significativa capacidad de adaptación y de innovación. De hecho, no son pocos los nuevos negocios surgidos en plena pandemia de la COVID-19.
Su peso en el empleo tampoco es insignificante. Si bien es cierto que con relación al empleo total esos 617.000 trabajadores por cuenta propia representan solo el 13 %, si lo comparamos con los trabajadores empleados en el sector empresarial (1.600.300 en el 2018), entonces su proporción alcanza el 38 % del empleo que produce bienes y servicios comercializables en Cuba. En otras palabras, durante todos estos años y aun cuando solo se permitían 127 formas de ocupación privada, los TCPs llegaron a constituir cerca del 40 % del empleo que produce bienes y servicios, una figura para nada marginal o poco significativa.
Otra cosa, sin embargo, serán los temas asociados a la calidad de los nuevos negocios, su complejidad tecnológica y capacidad para agregar valor y crear redes y encadenamientos, que dependerá en lo fundamental del entorno institucional ya existente en Cuba —que sin dudas ha creado nuevos espacios de actuación—, así como de aquel que deba crearse si se desea aprovechar en toda su riqueza y potencialidad al sector.
Sin dudas una buena parte de la dinámica del TCP recaerá en los gobiernos municipales, en la comprensión que los “servidores públicos” tengan de los beneficios que esta modalidad tiene para sus territorios: más empleo, mejora del ingreso de las familias, mayor oferta de bienes y servicios a escala local, más ingreso fiscal, mayores posibilidades de generar alianzas que beneficien a los territorios, etc. De su habilidad e inteligencia para “facilitar” los procesos de creación de nuevos TCPs dependerá en parte la prosperidad de sus territorios y la sustentabilidad de esa prosperidad.
En este panorama permanece, sin embargo, la prohibición del ejercicio de un grupo de profesiones, lo cual se debe en lo fundamental a la calificación de las mismas. Es este un tema tremendamente sensible para Cuba y para su modelo económico. Propiciar un mejor aprovechamiento del capital humano es uno de los ejes definidos en la estrategia de desarrollo del país.
Sin dudas abrir el TCP a esas profesiones supondría el peligro real de que sectores y empresas estatales pierdan aún más fuerza de trabajo de alta calificación. Sin embargo, también es cierto que ya hemos vivido esos procesos de descapitalización de industrias y servicios, sobre todo desde los años 90.
También es cierto que hoy en día nuestra economía padece de una inadecuada asignación de la fuerza de trabajo, de una parte; así como de de una insuficiente generación de puestos de trabajo de alta calificación en los sectores más importantes, junto al aprovechamiento insuficiente de la fuerza de trabajo de alta calificación, de otra.
Cuba enfrenta además otro problema aún mayor: el de la emigración de la fuerza de trabajo de alta calificación hacia otros países, en busca de mejores retribuciones. Valdría la pena poner en una balanza qué es más costoso para el país: facilitar que también esas personas puedan ejercer sus profesiones de forma privada con determinadas regulaciones o seguir soportando aquella emigración que nos hace perder tres veces, primero porque perdemos a un profesional de alta calificación, segundo, porque perdemos los recursos empleados en su formación y, tercero, porque el valor agregado que genera ese profesional emigrado lo aprovecha otro país sin haber contribuido en nada a esa formación. Este será un equilibrio difícil de encontrar, pero no imposible.
Como afirmara el colega Juan Valdés Paz en el prólogo a la edición de “Miradas a la Economía Cubana. Análisis del sector no estatal”:
“En todo caso, el nuevo “modelo económico socialista” deberá partir del hecho de que la economía transita hacia una economía mixta, asentada en un sector público, uno de capital mixto y otro privado, básicamente MPYMES, con predomino de la autogestión. A esta nueva estructura de la propiedad y de la tenencia de los medios de producción, así como diversificación de los agentes económicos deberán adecuarse la estrategia de desarrollo, la planificación, el mercado y el ordenamiento institucional del país” .
Hoy el horizonte parece más cerca.
Notas:
1 En el año 2015 el Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC) publicaba un nuevo número de su colección “Miradas a la Economía Cubana. Análisis del sector no estatal” con doce capítulos dedicados a este sector, con trabajos que recorrían el sector desde su lugar en el modelo de desarrollo hasta aquellos temas asociados a los enfoques de género. Pero incluso mucho antes, en los primeros años de la década del 90, el CEEC había publicado trabajos al respecto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario