Acosado por el recrudecimiento del embargo estadounidense, el gobierno cubano intenta remontar las tensiones económicas que se concentran en las finanzas externas, debido al incumplimiento de los ingresos planificados por exportaciones, el turismo y la producción azucarera.
Un cliente recibe arroz en una bodega estatal, que suministra los alimentos a precios subsidiados incluidos en la libreta de racionamiento, cuya eliminación se aleja ante el recrudecimiento de la crisis económica en Cuba.
Foto: Jorge Luis Baños/ IPS
– Si bien el objetivo se mantiene dentro del programa de reformas, la eliminación del antiguo sistema de distribución racionada de productos en Cuba parece alejarse de las posibilidades del país, obligado a reducir sus importaciones de alimentos por iliquidez financiera.
En su versión para el período 2016-2021, el plan de transformaciones de esta nación insular caribeña establece “dar continuidad a la eliminación ordenada y gradual de los productos de la libreta de abastecimiento, como forma de distribución normada, igualitaria y a precios subsidiados”.
Este año comenzó para los 11, 2 millones de cubanos con escasez de productos de alta demanda como huevos, carnes de ave, aceite o leche en polvo. Aunque la recaída económica se inició en 2016, con la reducción del aporte petrolero de Venezuela, la situación empeoró al materializarse el recrudecimiento del embargo estadounidense.
Interrogadas por IPS sobre el tema, varias personas coincidieron en que la situación actual no aconseja eliminar la libreta de abastecimiento que asegura a toda familia cubana algunos alimentos a precios subsidiados. “Son muchas las familias que solo disponen de esa canasta básica para comer”, alertó la emprendedora Maricel Ponvert.
En tanto, otros testimonios pusieron acento en que bajo el principio de igualdad se esconde el “igualitarismo” pues la canasta básica subsidiada beneficia lo mismo a quien la necesita o no. “Es bueno que este tema, del que no se habla, salga a la luz pública, se analice”, dijo la filósofa y profesora universitaria Teresa Díaz Canals.
Las libretas de abastecimiento se mantienen en Cuba desde 1962 para la venta racionada de alimentos a precios subsidiados por el Estado, a fin de asegurar parte del consumo de la población. Su gradual eliminación estaba incluida en el programa de reformas, pero la crisis financiera aleja la meta del gobierno socialista.
Foto: Jorge Luis Baños/ IPS
A su vez, la socióloga Reina Fleitas cree que la libreta debe eliminarse y solo mantenerse para aquel grupo más vulnerable que debido a sus bajos ingresos carecen de otras opciones. “Pero eso solo puede ser posible cuando mejore la situación crítica que hay con la distribución de los alimentos”, consideró.
Para Eugenio Martínez, jubilado del transporte residente en la occidental ciudad de Pinar del Río, sería “un desastre” carecer de un día para otro de sus “mandados”, como llama a sus cuotas de arroz, huevo, pollo, picadillo de carne mezclado con soja, fiambre de jamón cocido, aceite, azúcar y café que adquiere cada mes.
En su casa, dijo, son cinco personas y lo que “nos toca por la libreta” nos alcanza para una semana o un poquito más. Aseguró que en esas compras no gasta más de 80 pesos (algo más de tres dólares), aunque esa cantidad equivale a un tercio de su pensión. “Mi hija y mi nieta trabajan y algo podemos comprar en los agromercados, donde todo es más caro”, comentó.
Economistas han alertado que actualmente hace falta un salario medio de 2.800 pesos (equivalentes a unos 112 dólares) mensuales solo para atender las necesidades alimenticias, pues las familias deben recurrir a las tiendas que venden en divisas y al mercado paralelo debido a que la canasta básica subsidiada solo cubre un tercio del mes.
Este sistema de distribución nació mediante la Ley 1.015 del 12 marzo de 1962 para sortear la escasez generada, entre otros factores, por la postura de Estados Unidos, principal abastecedor del país entonces, que descontento con el rumbo de la Revolución Cubana interrumpió sus relaciones de todo tipo con este país.
También se adujeron como razones, el crecimiento del poder adquisitivo de la población a un ritmo mayor que la producción de bienes de consumo y la capacidad estatal para importarlos. Mediante la libreta se podían garantizar cuotas mínimas para todo el pueblo a precios subsidiados, a veces inferiores al costo de producción.
“Es cierto que este sistema se ha prolongado más allá de lo inicialmente concebido” y existe consenso en cuanto a su eliminación, pero de forma “gradual”, con una garantía o respaldo sobre todo de la producción nacional y reducción de las importaciones, comentó el economista Armando Nova.
El especialista añadió que ese objetivo se mantiene, pero no se puede ignorar “las complejas condiciones actuales por las que transita la economía cubana, la insuficiente producción de alimentos, dependencia de las importaciones y restricciones externas recrudecidas por la creciente hostilidad del actual gobierno de Estados Unidos”.
“Sinceramente pienso que en estos momentos de crisis económica la solución de la canasta racionada es vital para obtener un respiro en la garantía de un grupo de productos básicos necesarios para la familia, que, si bien no alcanza para todo el mes, al menos da un alivio, a precios bajos”, confió Lourdes de los Santos.
En un local para el expendio de alimentos, un trabajador por cuenta propia, como se llaman en Cuba a quienes tienen emprendimientos autónomos o privados, aguarda la llegada de clientes en un mercado agropecuario de La Habana.
Foto: Jorge Luis Baños/ IPS
Mauricio de Miranda, economista cubano residente en Colombia, consideró en cambio una necesidad, la eliminación de este sistema, cuya “sola existencia significa una distorsión en los precios de alimentos de primera necesidad, lo cual a su vez, no permite calcular adecuadamente el valor de bienes necesarios para la subsistencia de los cubanos”.
“Para la economía cubana y para la vida de los cubanos es urgente una reforma profunda que incluya un incremento de los ingresos que tome en cuenta una mayor productividad”, recalcó De Miranda, profesor titular del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali.
En su opinión, “la asistencia social debería subsidiar a los que tienen menos, a las personas que se encuentren en la pobreza (partiendo del necesario reconocimiento de su existencia en la realidad cubana actual) y no a productos”.
Sobre este punto, la socióloga Fleitas acotó que se requiere un estudio sobre a quienes proteger con este mecanismo distributivo.
Según la especialista, más de 70 por ciento de lo que la familia gasta corresponde a alimentos y todos acceden a la libreta de abastecimiento, la cual, si bien ha reducido la cantidad de productos que distribuye en comparación con décadas anteriores, aún mantiene algunos que son esenciales para la seguridad alimentaria de cubanos y cubanas.
Acosado por el recrudecimiento del embargo estadounidense, el gobierno cubano intenta remontar las tensiones económicas que se concentran en las finanzas externas, debido al incumplimiento de los ingresos planificados por exportaciones, el turismo y la producción azucarera.
A ese panorama se sumó el impacto de una prolongada sequía, seguida por el huracán Irma que en 2017 causó daños evaluados en 13.000 millones de dólares, lo cual condicionó aun en 2018 reducciones en los arribos de materias primas, equipos e insumos.
El déficit financiero obligó a reducir las compras externas, incluidas las de alimentos. No obstante, las autoridades aseguraron que se protegerá la canasta básica. Ante la escasez de huevos, en abril se elevó la distribución de ese producto de 10 a 15 unidades por persona.
Sobre el tema, el abogado y sociólogo Fernando Romeu definió el racionamiento alimenticio como un instrumento adecuado para épocas de crisis y “eventos de fuerza mayor”, lo cual asegura que en casos de catástrofes a cada familia le llegue puntualmente el avituallamiento necesario.
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