Libro " Empresas estatales cubanas, situación y propuesta de Transformación" (I)

Por Humberto Herrera Carlés

A continuación se comparte la Presentación e Introducción del Libro "Empresas estatales cubanas situación y propuesta de Transformación", que fue presentado meses atras por el Centro de Estudio de la Economía Cubana (CEEC), coordinado por la Dra Ileana Diaz y el Profesor Leandro Zipitria.

El mismo, se publicará por capítulo en este Blog, todos los domingos , hasta agotar los IX que lo conforman.

Es una contribución  mas a la necesaria restructuración del modelo económico nuestro, que debe estudiarse  por todos aquellos que de una forma u otra tienen que ver con ello, y otros como en mi caso, para constatar las potencialidades por ejecutar que tenemos y la hoja de ruta que debemos explorar y adecuar, para aplicar lo mas compatible a nuestro modelo socialista en un mundo de economía de mercado esencialmente capitalista, al cual debemos integrarnos.

No se publica en esta ocasión el Prólogo del libro por el Dr Julio Carranza , ya que fue publicado en este sitio el pasado mes de octubre del 2024, pero sugiero que se vuelva a leer, para que se conozca de que se trata y sirva de hilo conductor de las siguientes lecturas.  Aqui les comparto el link del mismo. https://cubayeconomia.blogspot.com/2024/10/presentacion-del-libro-empresa.html

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Por José Antonio Alonso Catedrático de Economía Aplicada Universidad Complutense de Madrid

PRESENTACIÓN

Cuba: el inacabable proceso de reformas

Desde hace ya tres décadas largas, la economía cubana atraviesa una prolongada y compleja etapa de sucesivas, y a veces titubeantes, reformas. Una senda que se inicia de forma abrupta por el colapso del ecosistema internacional que hacía posible la sostenibilidad del modelo económico previo en la isla. El impacto que sobre la economía cubana tuvo el desmoronamiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y la consiguiente crisis y transformación del bloque socialista fue mayúsculo, y obligó a Cuba a buscar una nueva lógica desde la que asentar su dinamismo económico y un nuevo marco para su sistema de alianzas internacionales. Es lo cierto que, en una primera etapa, esas reformas fueron interpretadas por la dirigencia cubana como un recurso tan obligado como provisional, un mal necesario para la supervivencia que debía revertirse en cuanto las condiciones lo permitiesen. Pero, pasado el tiempo, se asumió que era completamente imposible retornar al pasado y que la economía cubana debía definir unas nuevas bases de funcionamiento desde las que plantear su futuro. Y ello obligaba a una reforma profunda de su sistema económico.

No era fácil la tarea: había pocos referentes en el exterior de los que extraer lecciones exitosas y el contexto internacional ha añadido, con frecuencia, dificultades adicionales a las que ya suponía el empeño. Entre esas dificultades, la más permanente y reconocida es la que deriva del bloqueo económico que la administración estadounidense ha venido ejerciendo sobre Cuba desde los inicios de la experiencia revolucionaria. Otros acontecimientos imprevistos, entre ellos algunos ciclones especialmente dañinos, como los habidos en 2005 o el más reciente Irma, en 2017, dejaron también su huella destructora sobre la economía de la isla. Entre estos fenómenos adversos sobrevenidos merece una mención especial la pandemia COVID-19, que no solo tuvo efectos dañinos (felizmente atenuados) sobre la salud y la vida de las personas, sino que también desarticuló el funcionamiento de la economía cubana, al bloquear una de sus fuentes básicas de financiación internacional: el turismo. Reiteremos: el proceso de reformas ha tenido que desplegarse en medio de numerosas dificultades, que se mantienen hasta el presente.

Lo que sorprende, en todo caso, es la ausencia por parte del gobierno cubano de una definición creíble del modelo por el que se opta para el futuro, una meta precisa y pública a la que encaminar las reformas, un escenario de llegada conocido y compartido por la sociedad cubana hacia el que alinear los esfuerzos reformadores y frente al cual dar seguimiento a los avances y justificar los sacrificios del presente. Sería injusto no reconocer que algunos intentos de este tipo se acometieron en el pasado reciente: los más importantes tomaron cuerpo en los documentos, Los lineamientos de política económica y social del partido y la revolución para el período 2016-2021, el Plan nacional de desarrollo económico y social 2030 de Cuba y la Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista. Pero reconozcamos, también, que los documentos citados tienen un tono más bien discursivo y están orientados a acoger formulaciones políticas y metas aspiracionales, con limitado esfuerzo en el ámbito de la fundamentación técnica de las propuestas, de concreción de objetivos y de análisis de inconsistencias y restricciones.

Paradójicamente para un gobierno adiestrado en la planificación, pareciera que la reforma económica se ha dejado a la lógica propia de un proceso abierto a la incertidumbre, construido a través de la acumulación de medidas parciales y proclive al ensayo tentativo, a las vueltas imprevistas y a la reformulación sobrevenida. Puede pensarse que esa forma de proceder es la más adecuada para un proceso que resulta en buena medida inédito y que ha de desplegarse en un entorno complejo. Es conocida la revalorización que la doctrina sobre gestión empresarial ha hecho de la capacidad que los buenos gestores tienen para adaptarse y responder a las cambiantes condiciones del entorno, de su habilidad para enfrentarse a lo desconocido, improvisar soluciones y crear alternativas. Navigating complexity es el término que se utiliza para describir esta forma de enfocar el comportamiento estratégico. Pero, lo cierto, es que para que este método conduzca a buenos resultados es necesario que los gestores dispongan de la máxima libertad para adaptarse al flujo de novedades del entorno, pero también la máxima claridad en cuanto al puerto final al que se quiere arribar. Firme determinación en la meta y flexibilidad (casi, diríamos “benéfico oportunismo”) en la forma de pilotar el proceso: tal es lo que se sugiere.

Trasladar esta interpretación al liderazgo de la reforma económica en Cuba y convertir su pilotaje en un ejemplo de navegación en la complejidad resulta, sin embargo, problemático, porque lo que se percibe como carencia, en este caso, es justamente la determinación de la meta, la formulación expresa y convincente de los objetivos que se persiguen a medio y largo plazo, o, por decirlo de una manera quizá más tenue, las alusiones que se han hecho hasta el momento a ese escenario de llegada aparecen cargadas de sombras no desveladas, de incertidumbres por aclarar o de aspectos directamente contradictorios. La ausencia de un plan explícito de cambios, proyectado en el tiempo y con metas precisas, está teniendo cuando menos tres costes. Por una parte, dificulta que el conjunto de la sociedad pueda interiorizar los objetivos de las reformas, adaptarse a los cambios y anticipar las medidas subsiguientes, lo que contribuiría a hacer realidad lo que toda reforma se propone, que es cambiar los comportamientos sociales. En segundo lugar, lastra el ejercicio de liderazgo de los gestores (en este caso, las autoridades cubanas), en la medida en que les impide proyectar una visión estratégica de medio plazo, limitando sus propuestas a un encabalgado de medidas fragmentarias, algunas de limitado aliento y durabilidad, poco conectadas entre sí e, incluso, potencialmente contradictorias. Por último, la ausencia de un plan de reformas coherente y ambicioso daña la propia eficacia de los cambios, en la medida en que dificulta contemplar la complementariedad y lagunas entre las diversas medidas o identificar la secuencia temporal más provechosa para aplicarlas, además de impedir el seguimiento y corrección de lo avanzado en función del camino que queda por recorrer.

Reconozcamos que los resultados hasta el momento obtenidos a través del enfoque fragmentario de las reformas no han sido los apetecidos por quienes los impulsaron. El capítulo 5 de este volumen, escrito por Carlos Lage, ofrece un excelente panorama de alguno de los logros, pero también de muchos de los desequilibrios y frustraciones que ha acumulado el proceso de reformas. ¿Cuántos de esos fallos se hubiesen podido evitar si se hubiese trabajado desde el inicio en una propuesta integral y comprehensiva de reformas, con una identificación precisa y realista del escenario de llegada y de las principales etapas del proceso? ¿Se está todavía a tiempo de acometer esa tarea? Son preguntas que no admiten una respuesta inequívoca.

No nos engañemos, el paso de una economía planificada y, en buena medida subvencionada, como era la cubana en el pasado, a otra con mayor espacio para el funcionamiento de los mercados, abierta a las transacciones internacionales, expuesta a los vientos de la competencia y guiada en mayor medida por las señales que emiten los precios, comporta un proceso doloroso de ajuste y transformación, al menos en el corto plazo. Nunca será una senda plácida, porque obliga a reconvertir industrias, reformar instituciones, cambiar procedimientos y corregir desequilibrios. El problema es que, por ser secuencial, fragmentario e incompleto, ese tránsito se ha prolongado en Cuba mucho más de lo debido; y, como consecuencia de la parcialidad de las medidas, el proceso ha acumulado desequilibrios sobrevenidos a aquellos otros que se querían corregir. La consecuencia es que lo que debía haber sido una crisis coyuntural, producto de un tránsito dotado de fecha de caducidad, se ha transformado en Cuba en una crisis estructural prolongada a lo largo de tres décadas. Como he tenido oportunidad de comentar en otro lugar, Cuba se ha quedado estancada en el proceso de cambio: trapped in the middle.1

Este reconocimiento de los costes que comporta el proceso de cambio se complementa con el panorama más luminoso, inspirado en la intuición económica, que alude a los logros y beneficios que se derivarían del final del proceso. Todo sugiere que una Cuba reformada, abierta al mercado, tendría mayor capacidad de recuperación y en un plazo más breve que muchas otras economías de su entorno. A ello apuntan, entre otros factores, la disponibilidad de un sector turístico de rápida capacidad de expansión, la dotación de un capital humano valioso, la existencia de una comunidad externa económicamente próspera y un innegable atractivo para el capital internacional, si se le ofrece un marco jurídico reconocible, que aporte seguridad y autonomía económica a los inversores. Todo ese proceso de cambio podría ser, además, compatible con la preservación de un Estado protector, que garantice la provisión de servicios básicos, la protección social y la acción redistributiva, siempre que se despliegue un adecuado sistema fiscal que le dote de recursos.

La clave, por tanto, está en cómo gestionar esa compleja, pero obligada, transición entre un corto plazo difícil y doloroso y un medio plazo promisorio. Esa transición es tanto más ardua cuanto duradero es el tránsito: de ahí que tenga sentido proceder a través de un paquete de reformas integral y relativamente simultáneo en el tiempo. Lo contrario, por tanto, de la vía hasta ahora emprendida, de sucesión de reformas parciales y fragmentarias. Para aliviar ese tránsito, sería muy deseable que la economía cubana pudiese disfrutar del acceso a la financiación internacional en condiciones ventajosas. Esa posibilidad choca, sin embargo, con rocosas posiciones políticas muy bien afincadas, tanto en la isla como en el exterior, de rechazo a la integración de Cuba en las instituciones financieras internacionales. Remover esas restricciones debería ser parte de ese plan integral de reformas que se sugiere.

Aun cuando se emprendiesen las reformas de ese modo integral y coherente como se sugiere, el proceso estará cargado de dificultades. Por ello, es importante realizar una intensa tarea pedagógica, de explicación de lo que se trata de conseguir y de los sacrificios que son necesarios para ello, con el objetivo de contar con el máximo respaldo social. La última palabra, al fin, le corresponde al pueblo cubano, que es quien debe decidir con libertad sobre su futuro.

El papel de la empresa

Cualquiera que sea la opción que se siga -a través de cambios dosificados o mediante una reforma más integral-, lo que es claro que la senda necesariamente conduce a ampliar el espacio de funcionamiento de los mercados. Sustituir en mayor medida las disposiciones administrativas por las decisiones de los agentes económicos, en respuesta a las señales que emiten los precios y a los incentivos (y penalizaciones) con los que las instituciones modulan la conducta social. Ello comporta, a su vez, otorgar un creciente protagonismo a la empresa en el seno de la economía cubana. No es concebible la existencia de mercados dinámicos y vigorosos sin la presencia de empresas con autonomía para decidir y asumir riesgos; del mismo modo que no es concebible la empresa en su sentido pleno si no existen mercados en los que puedan competir y rentabilizar sus operaciones.

Hasta el momento, esa ampliación (parcial y controlada) del espacio atribuido a los mercados ha tenido como protagonista estelar al sector privado, en la forma de una expansión del sector cuentapropista y de las pequeñas empresas de servicios. Aunque se trate de un sector muy dinámico, que encierra amplias potencialidades, no cabe desconocer que es sobre el rol de la empresa pública donde descansa el grueso de la estructura productiva de la economía cubana. Es, pues, un sector crucial que -como el presente libro sugiere- necesita de pro- fundas reformas.

Aquí conviene deshacer lo que entiendo supone un equívoco relativo a la empresa en economías planificadas. Para ello, despojémonos en primer término de un prejuicio ideológico bastante generalizado: lo que caracteriza a la empresa como categoría económica no es la titularidad (pública o privada) del capital, sino su lógica de funcionamiento. La realidad internacional nos confirma que existen numerosas empresas públicas que operan con similar eficiencia y capacidad competitiva que las privadas, respondiendo ambas a una lógica compartida orientada a buscar una rentabilización de las oportunidades que brindan los mercados. La condena que el pensamiento neoliberal proyectó sobre todo aquello que sonase a titularidad pública, ha hecho pensar a algunos que solo cabe hablar de empresas cuando se refieren a las de naturaleza privada. Se trata, digámoslo claramente, de un error que emana de un presupuesto ideológico.

Amparado en ese postulado, fueron muchos los gobiernos (no solo en América Latina) que asumieron en las décadas de los años ochenta y noventa del silgo xx procesos generalizados de privatización de los activos públicos, sin advertir los costes que algunas de esas decisiones podían comportar para el futuro. Porque, es lo cierto, que el mantenimiento en el seno de una economía de algunas empresas con parte (o la totalidad) del capital de titularidad pública en sectores estratégicos (incluidos el bancario) se ha demostrado para los países que lo han hecho un activo valioso para impulsar procesos inversores y de transformación tecnológica; y ha sido también un resorte importante de política pública desde el que afrontar crisis sobrevenidas. Definitivamente, la propiedad del capital no es lo relevante para definir a una empresa como agente económico. Dicho esto, hemos de convenir en que, dadas las limitadas capacidades inversoras de los Estados, se espera que el grueso del capital de las empresas que operan en una economía abierta y dinámica sea de titularidad privada.

Si no es la titularidad del capital, ¿qué es lo que resulta consustancial a una empresa? El capítulo 1 del presente libro, escrito por Leandro Zipitría, hace un recorrido muy completo y clarificador por los distintos enfoques doctrinales con los que se ha pretendido caracterizar la función económica de una empresa: el panorama es amplio, pero a todas las corrientes es común entender a la empresa como un agente decisor autónomo, una unidad a la que se atribuye una conducta maximizadora en el ámbito de la producción y distribución de los bienes y servicios.

Lo que parece importante, por tanto, para que una empresa cumpla su función como agente económico es que tenga autonomía para definir su función de producción, a partir de la gama de opciones tecnológicas y de los precios disponibles, para trazar su estrategia competitiva de selección de productos y mercados y para asumir los riesgos y recompensas que esas decisiones comporten en el ejercicio competitivo. Para que el mercado opere debidamente y la empresa cumpla su función, es necesario que exista una reciprocidad entre la responsabilidad que asume la dirección empresarial a través de sus decisiones y los réditos (o pérdidas) privativos que de esas decisiones se deriven para la empresa. Por ello, en puridad, no cabría denominar como empresa a la unidad productiva a la que se le hurtan las decisiones competitivas relevantes, porque le vengan dadas, ni a aquella que esté plenamente cubierta de las consecuencias de sus decisiones, porque sean otros los que arrostren con los resultados. En estos casos se puede decir que existe una unidad productiva, pero no una empresa, porque no disfruta de la autonomía decisora y del retorno correspondiente a su ejercicio competitivo en el mercado.

Estas observaciones me hacen confirmar que, en su sentido más estricto, no es compatible la empresa, como categoría económica, con la planificación. En un sistema centralmente planificado pueden existir, por supuesto, unidades productivas, encargadas de combinar los input primarios (capital, trabajo y tecnología) y generar, con ello, los bienes y servicios que se les reclamen. Pero, en puridad, esas unidas productivas no son empresas, porque no son agentes decisores, carecen de la autonomía requerida para decidir acerca de los insumos que contratan, de la inversión que realizan y de la estrategia que adoptan. Y, en correspondencia, tampoco existe una apropiación de los réditos que generen sus decisiones.

Dos capítulos del libro servirían para fundamentar esta posición, aun cuando sus autores no necesariamente lleven sus argumentos a este punto. En el capítulo 3, Leandro Zipitría, hace una presentación de las potencialidades y limitaciones de la planificación, como mecanismo central de coordinación económica y social en Cuba. Su planteamiento está en línea con los párrafos anteriores, al advertir que la planificación conlleva un control general de la economía, que transforma a las empresas públicas en monopolios en sus respectivos mercados, les impone objetivos productivos a través de vías ajenas al automatismo de los precios, anula la competencia al restringir su acceso directo a los mercados y destruye los incentivos sobre los que tradicionalmente se construye la función decisora de la empresa. Es posible que en situaciones de escasez la planificación presente ventajas respecto al funcionamiento de los mercados, pero prolongado en el tiempo ese proceso de decisión centralizada supone retirar a las unidades productivas aquello que es específico de su función como empresa: la autonomía decisora. Algo similar apunta el capítulo 4, escrito por Ricardo Torres, Ileana Díaz y Alejandro Moya, que hace una clarificadora presentación del papel de la empresa pública en la economía cubana. La completa descripción que el capítulo hace del funcionamiento económico de la empresa pública en Cuba confirma que la mayor parte de las decisiones relevantes para el ejercicio competitivo: la provisión de inputs, la contratación laboral, la decisión respecto al tamaño, la política financiera o la estrategia competitiva son ajenas a la propia empresa y resueltas a través de decisiones administrativas jerárquicamente adoptadas. La empresa, como unidad de decisión, queda virtualmente anulada.

A cambio, ese esquema de decisión centralizada es fuente de numerosos incentivos perversos. Entre ellos el que motiva que los actores económicos eludan los rendimientos más elevados, ante el riesgo de que ello comporte mayores exigencias productivas en el futuro (el llamado “efecto trinquete”, muy bien analizado en varios capítulos del libro). De forma adicional, en el caso cubano se produce una de las peores combinaciones posibles en los procesos de decisión empresarial, ya que si, por una parte, la empresa carece de la autonomía para fijar su estrategia empresarial y hacerse responsable de los resultados obtenidos, por otra, participa junto con los responsables públicos en la determinación de las condiciones (precios y financiación) en que ejerce su actividad. Esta combinación es lo que explica que la empresa opere en el marco de una “restricción presupuestaria débil”, que es poco alentadora para preservar el clima de competitividad. No hace falta ser un experto en teoría de la agencia para advertir que contraviene un principio básico asentado en esa doctrina el hecho de que el regulado participe en el proceso de regulación que le afecta.

Se ha defendido en los párrafos anteriores que es característico de una empresa el constituirse en un agente decisor autónomo que busca maximizar su función de preferencias. No conviene, sin embargo, hacer una lectura simple de ese planteamiento. Ni la autonomía es nunca plena, ni la función de preferencias es simple. En primer lugar, condiciona la autonomía de las decisiones empresariales no solo el universo de las opciones tecnológicas posibles, sino también el marco normativo y regulador que imponen los poderes públicos. Las empresas no operan en el vacío, sino en un entorno institucional que establece restricciones y define incentivos y penalizaciones. Lo relevante es que, en el seno de ese marco condicionante, las decisiones son responsabilidad de la empresa como parte sustancial de su función económica y como justificación final de sus resultados competitivos.

Un segundo elemento a considerar es el que se refiere a los objetivos de la empresa, que suelen ser múltiples y diversos. La idea de imputar a la empresa el propósito exclusivo de maximizar beneficios, como airadamente reclamó Milton Friedman hace años, constituye una mayúscula simplificación. La función de preferencias que la empresa maximiza tiene muchos argumentos, no siempre compatibles, entre los que es obligado encontrar equilibrios. Por ello, es posible que una empresa renuncie al beneficio máximo y asuma, a cambio, un beneficio aceptable si con ello logra preservar la paz social en el seno de la corporación, atendiendo a una demanda de los trabajadores; si persigue financiar una ampliación de la escala en la que opera o abrir nuevas líneas de producción para mejorar su posición competitiva; si eso contribuye a mejorar su imagen y reputación social corporativa o, en fin, si permite asentar una más sólida capitalización. Todos estos y otros más son argumentos propios de la función de decisión de las empresas.

Esta pluralidad de propósitos se entiende mejor si se advierte la diversidad de actores implicados en el proyecto empresarial: inversores, gestores, trabajadores, proveedores y clientes. El capítulo 2 que ha escrito Jorge Ponce, sobre el gobierno corporativo da cuenta de esta complejidad en la estructura de decisión de la empresa moderna. Y cada uno de los actores considerados es portador de intereses y propósitos diferenciados, siendo la estructura de gobierno corporativo la encargada de procesar esa pluralidad de visiones y preferencias en el marco de una función integrada. No cabe desconocer que esa complejidad se torna mayor cuando se alude a las empresas públicas ya que, sobre ellas, además de los objetivos propios del rendimiento empresarial, se ciernen aquellos otros propósitos que son trasladados desde la política pública y que se supone que están relacionados con la defensa del bien común a la que debe responder el Estado.

Ahora bien, más allá de los condicionantes externos y de la pluraldad de objetivos que guían la conducta empresarial, lo esencial es que la empresa -para que sea tal- debe ser un agente decisor que trata de maximizar una función de preferencias que es, al menos de forma parcial, endógenamente determinada. Por ello, si Cuba quiere desarrollar un sector empresarial genuino, tanto en el ámbito privado como público, debe estar en condiciones de aceptar que las empresas (también las públicas) se conviertan en agentes autónomos que operan en los mercados, tratando de definir su estrategia en respuesta a las señales que fijan los precios. Se puede definir un marco de incentivos que ayude a propiciar unas determinadas conductas (y penalizar otras), pero la decisión sobre los ámbitos más relevantes de la estrategia competitiva debe quedar en manos de la empresa, potenciando, en paralelo, el dinamismo de aquellos mercados (laboral, financiero, de insumos y de bienes finales) en los que esa estrategia se debe desplegar. La economía cubana está muy distante hoy de esa situación; y las restricciones son máximas en el caso de las empresas públicas.

El capítulo 6, a cargo de Ileana Díaz, Ricardo González Águila y Leandro Zipitría, ofrece un clarificador panorama de las razones que explican por qué los tímidos ensayos de otorgar autonomía a las empresas públicas cubanas han tenido tan limitado éxito. Ese diagnóstico no hace sino confirmar la interpretación formulada en el primer epígrafe: la limitada eficacia de una reforma que se concibe desde sus inicios como parcial y fragmentaria. Trasladado ese juicio al ámbito de la empresa, implica asumir que la autonomía concedida, por su carácter parcial, no ha permitido que la empresa se convierta en un genuino agente decisor, porque se le hurtan de su control la mayor parte de los elementos clave de su estrategia competitiva: el libre recurso al capital y al trabajo, la libre contratación de insumos, la búsqueda de mercados para sus producciones y la asunción de responsabilidades sobre sus decisiones. Los tres capítulos finales insisten en esta línea, con una perspectiva mucho más prescriptiva, de formulación de propuestas con la mirada puesta en el futuro de la economía cubana. El capítulo 7, escrito por Ricardo Torres, Oscar Fernández y Leandro Zipitría, sugiere una clasificación clarificadora del aparato empresarial público en Cuba, como paso previo para orientar una política de reformas más ambiciosa y precisa. Una reforma que anule esa dualidad perversa en la que se mueve la empresa pública cubana: se le niega la capacidad de decidir sobre aspectos relevantes de su estrategia competitiva y se le permite, al tiempo, formar parte de la definición del marco regulador en el que la empresa opera. El capítulo 8, Ileana Díaz y Leandro Zipitría, se detienen a discutir de manera muy detallada las reformas que sería necesario acometer para, como ellos mismos sugieren, dotar a la empresa pública cubana de un marco adecuado de incentivos, para que ello le permita desplegar sus capacidades competitivas. Y, en fin, en el capítulo 9, de Joel Marill Domenech, se centra en la reforma que debe acometerse en las estructuras de gobernanza de las empresas públicas, debatiendo las implicaciones que se derivan de la teoría de agencia: un elemento que otorga un hilo conductor a una buena parte de los capítulos.

Empresas, empresarios y sociedad

El tema central que convoca a las colaboraciones en este volumen es, no hace falta enfatizarlo, muy oportuno y relevante. Como los propios autores reconocen en diversos capítulos, aunque la empresa privada gane terreno en Cuba, el presente y previsiblemente el futuro de la economía de la isla dependerá de lo que ocurra con las empresas públicas, que hoy son soporte de los sectores más centrales de la estructura productiva cubana y cumplen, además, otros propósitos en la articulación del tejido social y político de la isla. El estudio de las características de estas empresas, de sus limitaciones para exhibir mejores resultados en términos de productividad y eficiencia y de las reformas que se deberían realizar para mejorar su desempeño constituye, por tanto, un tema que debiera ocupar un lugar central en la investigación económica en Cuba.

Si el tema es relevante, las perspectivas analíticas adoptadas en los diversos capítulos parecen muy adecuadas. Aun cuando hay capítulos más analíticos, otros más descriptivos y finalmente algunos claramente prescriptivos, a todos es común el manejo cuidadoso por parte de los autores de las categorías económicas para fundamentar el análisis y el conocimiento profundo de la realidad sobre la que se opina: dos requisitos obligados para una pieza valiosa de la investigación económica.

Hay algunas referencias doctrinales comunes que atraviesan diversos capítulos del libro. Entre ellas, tienen un papel muy central algunas categorías derivadas de la literatura especializada en el estudio de las economías planificadas (como el “efecto trinquete” o las “restricción presupuestaria blanda”) que afectan a las empresas públicas en ese tipo de modelos económicos, pero es también común a muchos capítulos la referencia a algunos cuerpos de la doctrina microeonómica más convencional. Muy en particular, son frecuentes las referencias a la teoría de la agencia, que sirve a los autores para explicar las deficiencias en el comportamiento de las empresas públicas, apelando para ello al desalineamiento de incentivos que generan las asimetrías de información. La opción es absolutamente pertinente, dado que en la jerarquía que se establece entre decisores públicos y gestores empresariales hay una relación que responde a los parámetros habituales de principal-agente al que alude ese cuerpo de doctrina. No obstante, y es uno de los dos aspectos a los que se quiere aludir en este epígrafe, ese marco doctrinal impone restricciones para captar adecuadamente un aspecto que es importante para el futuro de la empresa (privada y, sobre todo, pública) en Cuba: el papel del empresario.

Como es sabido, la teoría de la agencia presupone la existencia de agentes racionales, que tratan de desplegar una conducta maximizadora en un entorno de información asimétrica: ello hace que, con frecuencia, la conducta del agente se distancie de aquella prevista por el principal, dando lugar a ineficiencias agregadas. El problema de este esquema es que no recoge lo que es fundamental en la figura del empresario (o del gerente empresarial): la capacidad para definir mercados a través de las holguras decisoras que toman cuerpo e su estrategia competitiva. Por ello, para captar adecuadamente lo que el mercado valora en la figura del empresario hemos de abandonar el marco doctrinal que nos sugiere la microeconomía convencional y ser más sensibles, a cambio, a algunas de las intuiciones (no siempre bien fundamentadas analíticamente, pero bien asentadas en la experien- cia) que provienen de la literatura de las Escuelas de Negocio sobre gestión empresarial.

Lo específico de un empresario no es la conducta predecible que deriva de un ejercicio simple de maximización: si este fuese el caso, el empresario podría ser sustituido por un robot convenientemente pro- gramado. O, complementariamente, en ese caso nada podría justificar el éxito de una empresa respecto a otra que opere en el mismos sector y bajos las mismas condiciones. Si hay heterogeneidad empresarial en el seno de los mercados es porque existe un factor subjetivo, encarnado en la alta dirección empresarial, distinta en cada unidad empresarial, que aprovecha las holguras estratégicas de la empresa de manera diferente en cada caso. Lo específico de ese factor subjetivo es su capacidad creativa, su disposición al riesgo, su resolución en la búsqueda de nuevos espacios para la competencia. Lo sabía muy bien Schumpeter que hizo de esta figura del empresario innovador una de las claves del progreso asociado al desarrollo del capitalismo. La lectura simple de las señales del mercado (los precios) y su procesamiento a través de las condiciones de una función de decisión óptima, tal como sugieren los manuales de microeconomía, no nos dice nada (o muy poco) de las oportunidades que se encierran en aquello que está por venir, porque los precios son incapaces de acoger una información solvente acerca del futuro. El buen empresario sabe leer las tendencias del mercado y traducirlas en un empeño de futuro, en una especie de apuesta fundada, pero sujeta a riesgo. Su acierto está en anticiparse a lo posible.

Como resultado de lo dicho se asumirá que el buen empresario, con esas características que se acaban de señalar, es un bien escaso en cualquier economía, incluso en las más modernas y dinámicas. Para cumplir adecuadamente esa función se requieren no solo unas aptitudes exigibles, en materia de conocimiento del mercado y de familiaridad con las claves de la gestión empresarial, sino también actitudes adecuadas: disposición a la innovación, tolerancia al riesgo, confianza en su mirada de futuro. Solo con esas actitudes el empresario es capaz de ver holguras estratégicas para su empresa en un entorno que el resto de los gestores perciben como cerrado. Esas aptitudes y actitudes de la dirección empresarial se pueden cultivar, pero para ello es importante reparar en su existencia y crear el entorno adecuado para que prosperen. No es, desde luego, el mejor camino para ello anular la competencia, privar al empresario de ámbitos de decisión relevantes o eximirle de la responsabilidad de los resultados de su gestión.

Una parte de la reforma del modelo económico en Cuba debiera ir orientado a fomentar la existencia de este tipo de empresarios, como variable clave en el adecuado funcionamiento del sistema empresarial (tanto público como privado). Ello supone dinamizar la demografía empresarial, permitiendo que haya una mayor fluidez en la creación y destrucción de empresas, propiciar un mayor clima de competencia en los mercados y potenciar que haya una mayor libertad y responsabilidad de los decisores y una mayor tolerancia a la prueba y al error, como vía obligada para el aprendizaje.

Además de reparar en la crucial figura del empresario, la literatura sobre la gestión empresarial apunta a otro aspecto que es hoy mucho más valorado que antaño: la responsabilidad social de las empresas. Tampoco en este campo ayuda en exceso la microeconomía más convencional, ya que tiende a concebir a la empresa como un agente aislado (las robinsonadas de las que hablaba con sorna Marx), con un único argumento en su función de decisión: la maximización del beneficio. En una sociedad compleja, se entiende que la empresa conforma un eco sistema de relaciones sociales; y es ese marco de relaciones el que condiciona el rendimiento y la sostenibilidad del proyecto emprendedor. Forman parte de ese ecosistema no solo el empresario y los accionistas, sino también los trabajadores, los proveedores y clientes de la empresa y el entorno social de la comunidad donde la empresa se instala y opera.

Por este motivo, debe ser objetivo de un buen empresario saber tejer un marco de relaciones que se supongan mutuamente provechosas en el seno de ese ecosistema. Esto supone que la empresa debe saber crear con su actividad no solo valor privado, que nutra su cuenta de beneficios, sino también valor social, que permee al conjunto de la sociedad. La responsabilidad social corporativa es ese vector de la estrategia empresarial que trata de apuntar hacia la creación de ese valor social como parte del núcleo central de la estrategia empresarial. Una buena política en este ámbito aminora los costes potenciales que puedan derivarse de la actividad y externalidades de la empresa, de los conflictos entre los actores con los que se relaciona, al tiempo que repercute sobre la reputación corporativa, facilitando la penetración de mercados y la sostenibilidad y rendimiento empresarial. Digamos que, desde esta perspectiva, a la responsabilidad social corporativa cabría concebirla como tributaria de un enfoque de, llamémosle así, egoísmo ilustrado: hacer aquello que socialmente es conveniente termina por derivar réditos para quien lo hace, aunque no sea ese su propósito inicial.

Se ha aludido a estos dos temas -la figura del empresario y la responsabilidad social de la empresa- porque no están desarrollados en el libro, pero otros muchos aspectos los podrá encontrar el lector muy adecuadamente tratados en este volumen. Un libro, ya se ha dicho, que, a su oportunidad indiscutible por el tema elegido, añade la solvencia del tratamiento que ofrecen los autores. Un libro, pues, que me animo a señalar será referencia obligada para todos cuantos se acerquen al estudio de la realidad económica de Cuba y a la indagación de las reformas que son necesarias para construir un futuro mejor en la isla.

1 Alonso, J. A. y Vidal, P. (2023. Why is Cuba´s economic reform progressing so slowly. Third World Quarterly, 24 (1), 115-133.

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Por Dra Ileana Díaz Fernández

INTRODUCCIÓN

El libro que se pone a su disposición es el resultado de largas jornadas de trabajo en el Macroprograma Institucionalidad, Gobierno y Macroeconomía, específicamente en el Programa de Regulación Económica. Este programa estuvo encargado de trabajar en los proyectos de Ley de Empresas y Transformación de las Empresas Estatales.

La mayoría de los autores fueron parte de eso trabajos. Ante la incertidumbre de la aplicación práctica de algunos de los enfoques aquí expuestos, se decidió escribir este libro para que quedara como constancia de las propuestas realizadas. Es un aporte más a los otros que han sido elaborados a lo largo del camino de reformulaciones para alcanzar logros sostenidos en nuestra economía.

La propuesta se enmarca en nuestro modelo de sociedad socialista. Modelo que no está exento de errores y de las necesarias reformas que permitan potenciar las fuerzas productivas, para poder desarrollarnos en medio de agudas situaciones de bloqueo.

La imperiosa necesidad de una reforma sistémica del modelo, que debe incluir otros elementos no tratados en este libro no permite más tiempo de espera e inmovilismo. Las conquistas sociales están en juego, y sostenerlas requiere adoptar cambios audaces, pero no novedosos. Otras economías socialistas han implementado reformas que les han permitido desarrollarse sin con ello resignar su concepción de la sociedad. Las demoras en introducir reformas ni combaten el bloqueo ni satisfacen las necesidades sociales.

Continuará