Las 63 medidas presentadas por el gobierno intentan corregir desventajas en que quedaron los productores agropecuarios cuando comenzó el ordenamiento monetario.
Era un paquete de medidas muy esperado por los agricultores y ganaderos de Cuba y, por extensión, por millones de consumidores. Las decisiones presentadas el 13 de abril por el gobierno para levantar la producción nacional de alimentos llegan con un enfoque más abarcador que los programas precedentes. Y hasta traen respuesta para viejas demandas en relación con la carne de res y la leche.
Las 63 disposiciones aprobadas combinan una flexibilización del comercio agropecuario mayorista con una reducción de cargas fiscales, el abaratamiento de insumos de producción y la introducción de precios al productor más atractivos, para alimentos básicos en la dieta cubana y en las cuentas nacionales.
Las medidas responden a insatisfacciones
El programa da respuesta, además, a insatisfacciones de los agricultores que subieron de tono cuando la reforma monetaria implementada el primero de enero dejó en franca desventaja los precios de sus insumos y costos de producción frente a los precios que les pagaban las empresas estatales de acopio o en el mercado minorista.
La incomodidad de agricultores y ganaderos apareció en reportajes de periódicos y radioemisoras de varias provincias, después del Día Cero de la unificación monetaria y cambiaria. Un caso crítico, el del arroz, lo analizó el periódico Adelante, de la provincia de Camagüey.
El paquete de medidas corrige el tiro al reducir las tarifas de electricidad y de agua, dos servicios esenciales para la agricultura y la ganadería, y reduce precios de insumos, como los piensos nacionales. También eleva precios para las cosechas de arroz y la producción de leche, entre otros. Los productores de ganado menor han recibido luz verde para vender sus producciones directamente en la red minorista tanto en moneda nacional como en divisas.
Las tarifas eléctricas disminuyen un promedio de 28.50 por ciento, con mayores rebajas en horario de la madrugada para estimular el gasto de electricidad en el momento del día de menor consumo en el país.
En el caso del agua, la depreciación es mayor, del 32 por ciento, para el cultivo de arroz y de un 22 por ciento para el resto de las actividades agropecuarias.
Pero pocas medidas tuvieron mayor repercusión pública que la autorización para que los ganaderos sacrifiquen reses con destino al consumo o la comercialización, cuando cumplan las producciones contratadas con el Estado. La venta de carne vacuna había adquirido carácter icónico en la cultura popular por la imposibilidad de adquirirla de manera legal desde hace décadas.
Metas de corto plazo
En encuentro que sostuvo el martes 13 mediante videoconferencia con productores agropecuarios, científicos y decisores, el Presidente Miguel Díaz-Canel insistió en la urgencia de producir alimentos, definió las metas como de corto plazo, y defendió abrir todo lo que favorezca a los campesinos, estimule la producción, elimine trabas y que el pueblo vea los beneficios.
Este paquete de medidas también enmienda insatisfacciones que dejó la Estrategia Económica para la recuperación de la pandemia, presentada por el gobierno en julio del año pasado. El capítulo agropecuario resultó uno de los más largos y menos concretos de ese programa: aportó más metas y cifras que decisiones concretas acerca de cómo hacerlo.
Poco pudo hacer el discurso político para impedir que el 2020 fuera uno de los peores años de la actividad agropecuaria en mucho tiempo. La producción de viandas cayó un 39,6 por ciento y un 64 por ciento la de hortalizas, mientras los molinos entregaron un 47 por ciento menos de arroz y los sembrados de frijoles, arrasados por una plaga, solo aportaron 9.400 toneladas, apenas un 13 por ciento de la demanda. La leche entregada a la industria bajó un 38,2 por ciento y la producción de huevos, habitualmente resistente, perdió un 24 por ciento.
Problemas que lastran el sector agropecuario
Al presentar las medidas en el programa televisivo Mesa Redonda, el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia, reconoció entre los problemas que lastran al sector agropecuario el exceso de estructuras que abandonaron funciones de producir para fungir como intermediarios, con el consiguiente encarecimiento de la cadena entre el productor directo y el cliente final. La incapacidad del sector para separar funciones estatales de las empresariales también fue criticada por Tapia.
Como consecuencia, persiste una baja productividad, limitada aplicación de resultados científicos y de la innovación y demora para buscar soluciones.
A pesar de los esfuerzos por distribuir tierras ociosas entre los productores, del total de tierras agrícolas en el país, 6.400.755 hectáreas, menos de la mitad están cultivadas: 3.120.926 hectáreas. Tapia admitió que existe un exceso de trámites burocráticos para entregar esas tierras.
Solo el 7 por ciento del área cultivada dispone de riego, una expresión clásica de la limitada disponibilidad de recursos que enfrenta la agricultura.
El nuevo paquete intenta enmendar también los conflictos financieros que golpean a los productores como los impagos por empresas estatales deudoras. Tapia insistió en la implementación por la banca de un crédito de comercialización a las bases productivas para “pagarle de inmediato al productor”. Anunció que dentro de las medidas se estipula que “al que no pague, no se le vende el producto”.
La ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños, informó en esa emisión de la Mesa Redonda que “dentro del Presupuesto Estatal para el 2021, hay 1.800 millones de pesos para fomentar las producciones agrícolas a través del otorgamiento de créditos y servicios bancarios, que le abaraten los costos de esos préstamos a los productores”.
Como parte de la flexibilización en marcha, las cooperativas con capacidad financiera podrán crear fondos en la banca para darles capital de trabajo y otros financiamientos para el desarrollo a sus asociados.
Un día después de presentar el paquete de medidas, el gobierno liberó del cargo al ministro de Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, y designó a Ydael Pérez Brito, quien oficiaba como viceministro primero de ese organismo estatal.
¿Conseguirán estimular estas medidas las producciones? Muy temprano para responder. La reacción dependerá mucho de la velocidad y eficiencia con que sean implementadas por los gobiernos locales y las bases productivas –empresas, cooperativas y productores privados-. En una situación tensa por la crisis de la pandemia y el ordenamiento monetario, es clave la capacidad para articular estas medidas entre sí, en un escenario rural crónicamente lastrado por la escasez de recursos y el castigo de sequías y huracanes. (2021)
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