Por Dr.C Juan Triana Cordoví
octubre 5, 2022
en Contrapesos
La Habana, enero 2022. Foto: Kaloian.
octubre 5, 2022
en Contrapesos
La Habana, enero 2022. Foto: Kaloian.
En Cuba, durante mucho tiempo, entendiendo “mucho” por el significado literal de la palabra, las pequeñas y medianas empresas estuvieron detenidas en el tiempo. Aquel modelo económico que empezó a tomar cuerpo a inicios de los sesenta, consolidó la idea, a finales de esos mismos sesenta, de que el desarrollo desde un modelo de economía socialista no tenía, como necesidad, propiciar la existencia de otras formas de propiedad y tipos de empresas que no fuera, la propiedad estatal y la empresa estatal socialista.1 Muy rápido se entendió que no era posible, pero ha demorado todo este tiempo, convertir aquella certeza en hechos.
Diez años después de la “ofensiva revolucionaria” se promulgaba un decreto-ley que abría un espacio mínimo a lo “no estatal” en la figura de los trabajadores por cuenta propia. El “vía crucis” del trabajo por cuenta propia y de los “cuentapropistas” ha sido más que bien documentado en muchos artículos, algunos de corte académico y otros no, pero la mayoría coincidentes en que se necesitaba una concepción y una política pública (o varias políticas públicas) que permitieran desplegar, para beneficio de los ciudadanos del país las potencialidades que, mirando las carencias de nuestra economía —por cierto no nacieron con la pandemia— el sector podía desplegar.
Hubo a finales de la primera década del siglo XXI y debido a algunas ideas expresadas por el entonces presidente del país, el General de Ejército Raúl Castro en varios discursos, cierta esperanza de que en un futuro cercano se producirían cambios que abrirían un espacio formal y sobre todo legal para los pequeños negocios. Pero sólo sucedió a medias, y hubo que esperar hasta 2021 para la ampliación de la lista positiva de actividades a desarrollar “por cuenta propia”. Otros documentos esperanzadores fueron los Lineamientos (2011, 2017), la Conceptualización, el Plan de Desarrollo 2030 (2021). Ejes estratégicos, y la Constitución de la República del 2019. Todos estos documentos fueron desbrozando el matorral de zarzas y espinas que encerraban a este sector, el cual era reconocido ya como una necesidad de la dinámica de la economía nacional.
Solo en el verano del 2021 —doce años después de aquellas ideas expresadas por Raúl— fue promulgado el decreto-ley que le daba espacio legal a las mipymes, convertía a muchas pequeñas y medianas empresas en “personas jurídicas” y materializaba lo que la nueva Constitución de la Republica refrendaba, el reconocimiento de la propiedad privada, quizás lo más polémico de toda la polémica, lo más resistido de toda la resistencia.
ARTÍCULO 22. Se reconocen como formas de propiedad, las siguientes:a) socialista de todo el pueblo: en la que el Estado actúa en representación y beneficio de aquel como propietario.
b) cooperativa: la sustentada en el trabajo colectivo de sus socios propietarios y en el ejercicio efectivo de los principios del cooperativismo.
c) de las organizaciones políticas, de masas y sociales: la que ejercen estos sujetos sobre los bienes destinados al cumplimiento de sus fines.
d) privada: la que se ejerce sobre determinados medios de producción por personas naturales o jurídicas cubanas o extranjeras; con un papel complementario en la economía.
e) mixta: la formada por la combinación de dos o más formas de propiedad.
f) de instituciones y formas asociativas: la que ejercen estos sujetos sobre sus bienes para el cumplimiento de fines de carácter no lucrativo.
g) personal: la que se ejerce sobre los bienes que, sin constituir medios de producción, contribuyen a la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales de su titular.
Todas las formas de propiedad sobre los medios de producción interactúan en similares condiciones; el Estado regula y controla el modo en que contribuyen al desarrollo económico y social.
La ley regula lo relativo al ejercicio y alcance de las formas de propiedad.
Constitución de la República de Cuba pág. 3
Su cantidad, que duplica al número de empresas estatales que actualmente “funcionan”, es quizás lo primero que ha motivado preguntas como las que abren este artículo. Ciertamente, en cuanto al número de empresas, ellas son cerca del 70% de todas las empresas del país. ¿Son muchas realmente? Diría que en términos de las necesidades de la economía nacional, resulta muy difícil saber si estas que existen hoy son todas las que hacen falta. En mi opinión, hacen falta muchas más, porque los espacios vacíos que las empresas estatales no alcanzan a cubrir o cubren de forma deficiente sobreabundan y todos los días pueden ser constatados, desde cafeterías vacías y sin productos las cuales siguen pagando costos fijos y salarios, hasta importantes industrias productoras que no tienen como “volver a echar a andar”, por falta de algún insumo o alguna pieza.
Fuente: ONEI
Es cierto que son el 70% de todas las empresas del país, es cierto que ya hoy generan empleo directo para cerca de cien mil personas, innegable que muchas familias cubanas dependen de esos negocios y esos empleos. Su peso en la estructura del producto interno no creo que pueda ser bien calculado aún, pero cualquiera sea este, lo cierto es que hoy son los actores más dinámicos de nuestro sistema empresarial.
También es real que todos los que han emprendido el camino de las mipymes han apostado por Cuba, por desarrollar aquí, en nuestro país, sus habilidades, por invertir aquí, en nuestra economía sus recursos —o los del primo que está “afuera”—, por crear aquí, en esta tierra, bienes y servicios para una población urgida de ver crecer la oferta, por tomar el riesgo de vincularse, asociarse, armar modelos de negocios con empresas estatales, algunas de ellas en una situación bien comprometida. Todos han sido capaces de sobrevivir en la limboesfera y de sobreponerse al escepticismo de otros muchos y a la corrupción de no pocos. Todos han optado por crear riqueza en Cuba, aunque es cierto que ello también significa que se apropian de una buena parte de ella, lo cual no sólo es lógico, sino también necesario para la propia existencia del “negocio”. ¿O acaso es preferible que abandonen el país y pongan sus esfuerzos emprendedores en otras economías y creen riquezas para esas otras economías? ¿Qué es mas costoso para nuestro país?
¿Y donde queda lo estatal? Desde mi perspectiva lo estatal queda para los medios de producción fundamentales, entendidos como se definieran en la primera versión de la Conceptualización “el carácter fundamental de un medio de producción radica en su papel estratégico en el desarrollo económico y social, la vitalidad, sostenibilidad del país y la seguridad nacional”. Todas esas 1 867 empresas estatales y todas sus correspondientes UEBs y “establecimientos” ¿son estratégicas para el desarrollo económico y social, para la vitalidad, sostenibilidad y seguridad del país? ¿y las más de 500 con pérdidas sostenidas, contribuyen a la sostenibilidad o a la insostenibilidad?
En el 2021 el presupuesto del Estado cerró con un elevado déficit fiscal, ascendente a 63 696 millones 700 000 pesos. El sector empresarial demandó de las arcas públicas más de 16 000 millones, asociado al impacto de la TO. Algo necesario, pero insostenible en aras de recuperar el apremiante equilibrio macroeconómico.
El pasado año, 504 empresas cerraron con pérdidas sus operaciones, de estas 320 habían planificado utilidades por un valor de 3 mil 77 millones de pesos. Una parte de ese monto dejó de distribuirse a los trabajadores y provocó una afectación al erario público de 1 943 millones de pesos, aproximadamente.
Para el actual año, la subvención a las pérdidas empresariales es cero. No obstante, el presupuesto del Estado prevé una reserva de 3 000 millones de pesos con miras al apoyo del sistema empresarial. De ese total, 1 000 millones serán dirigidos al rescate de la marchitada Agroindustria Azucarera. El resto financiará pérdidas justificadas y, en ningún caso, respaldará deudas por insuficiente gestión, robos y desvíos.
De acuerdo a esta información la cuarta parte del déficit fiscal del 2021, tuvo que ser transferido a aquellos que son los que deben generar riqueza para todos. Esos 16 000 millones representan el 31% del presupuesto ejecutado en educación y el 20% del ejecutado en Salud Pública. ¿Cuántas escuelas más y cuántas salas de hospitales se hubieran podido reparar con ese dinero, de emplearse bien? ¿Cuánto se hubiera podido mejorar el salario de los profesores de primaria? Vaya paradoja de la distribución de la riqueza.
Pero lo cierto es que tenemos un nuevo marco legal, que se sustenta en la Constitución de la República y en documentos aprobados por el Partido Comunista de Cuba, en otras palabras, existe tanto el sustento constitucional como político para el desarrollo, crecimiento y cambio cualitativo de las mipymes. Falta sin dudas mejorar la coherencia de las políticas públicas con ese propósito, se necesita cambiar y hacerlo ya, en especial en nuestro sistema impositivo que arrastra una concepción que respondía a otras realidades.
De hecho, que se puedan crear empresas mixtas entre nacionales —empresas estatales y mipymes— es ya una posibilidad a punto de convertirse en realidad. Algo nuevo que viene a llenar un espacio que antes solo era ocupado por empresas extranjeras.
Hace treinta años, apenas iniciado lo que nosotros llamamos eufemísticamente “Periodo Especial”, Fidel explicaba sus ideas sobre la relación con el capital extranjero:
“Nosotros estamos analizando todas las formas de colaboración con el capital extranjero en muchos campos. Debe regir un principio: si tenemos fábricas, tenemos fuerza de trabajo y no tenemos materias primas, tenemos que hacer producir esa fábrica. Lo peor es que las fábricas estén paradas. Si aparece un socio que nos dice: «Oye, te pongo la materia prima y entre los dos comercializamos el producto y yo me cobro mi materia prima y obtengo una ganancia», inmediatamente expresamos nuestra disposición a hacer los acuerdos pertinentes”
Tres décadas después nuestra realidad ha cambiado y en la economía, no exactamente para bien. Una parte de nuestro sistema productivo está en peores condiciones tecnológicas y financieras, los flujos de inversión extranjera directa (IED) siguen distando de lo que necesitamos, el turismo, que fuera en los noventa decisivo en recuperación, hoy es un producto maduro y sus indicadores post COVID están por debajo de los de la región del Caribe, la deuda externa renació, una oleada migratoria que desangra al país y que compromete el futuro se ha hecho cotidiana, el “post- ordenamiento” ha resultado en una disfuncionalidad difícil de manejar y sobre todo, un gobierno demócrata en los Estados Unidos compite con su antecesor republicano en ese propósito secular nunca logrado de convertirnos en su patio trasero.
Pero también hay otras realidades. Hoy no hay que esperar por el socio extranjero, bienvenido si llega, y sobre todo si logra concretar un proyecto. Hoy existen algunos centenares de socios potenciales, todos cubanos, quizás con mucho menos capital, es cierto, pero no por ello, menos necesarios.
No basta con exhortar a unos y otros. Hacen falta políticas públicas que incentiven esas nuevas alianzas, que faciliten con ese mismo carácter inmediato esa colaboración, procedimientos que lo hagan casi expedito, donde evitemos los contrasentidos que aun quedan en los que norman los negocios con IED.
Pero también hace falta que “los perseguidores de cualquier nacimiento” y los adoradores del statu-quo entiendan que para avanzar hay que mutar.
Nota:
1 Es cierto que en la agricultura y en un pequeño sector del transporte quedaron sobrevivientes de lo “no estatal”, siempre con un grado de subordinación muy alto a las organizaciones estatales que dirigían la actividad.
***
Nota del autor: Aprovecho esta Columna para solidarizarme con quienes han sufrido los estragos del paso del huracán Ian. Especialmente con el pueblo de Pinar del Río, que recibió la peor parte, y agradecer a todas las personas que ayudan en la recuperación.
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