Por: Ovidio D'Angelo y Pedro Monreal González. Cuba Posible
¿Considera Ud. que los tres documentos básicos que delinean la estrategia económica oficial (Lineamientos, Conceptualización, y Plan hasta 2030), definen bien la función diferenciada de un “sector público” y de un “sector privado” en Cuba?
En el importante plano de las definiciones de los documentos rectores mencionados, se requerirían precisiones y, en mi opinión, una visión de alcance mayor.
Con respecto a lo primero, ¿resulta idéntica la referencia al “sector público” y al “sector estatal”? Habría que establecer matices, porque puede parecer lo mismo y no lo es. La referencia más general es al sector estatal como equivalente de lo público, que es un campo, en mi opinión, mucho más abarcador y complejo.
Lo mismo ocurre con el denominado sector privado. Existen confusiones respecto a su significación, dada la noción al uso de “formas de gestión no estatal”, que abarca la propiedad colectiva, privada, arrendada, etc. De igual forma, la denominación genérica de “privado” abarcaría actividades de muy diverso orden: cuentapropistas (personales y familiares), micro-empresas, PYMES, empresas privadas extranjeras, etc.
Por otra parte, con relación a una visión de su “alcance”, no creo que esté elaborada una perspectiva clara ni del sector estatal, ni del privado o colectivo, o del mixto, ya que sus funciones sociales permanecen bastante difusas o inespecíficas en una serie de puntos principales como: la responsabilidad social, la participación de sus miembros en la toma de decisiones o en la distribución de ingresos, etc., así como el carácter de los vínculos de colaboración entre los diversos sectores con vistas a la promoción del desarrollo socioeconómico territorial o de mayor amplitud.
Tomando en cuenta la relevancia que le conceden los especialistas al mercado laboral en materia de inclusión social, ¿cómo debería evaluarse integralmente la expansión de la actividad privada, la cual es frecuentemente asociada con procesos de desigualdad social?
El punto puede ser muy polémico, en dependencia de la posición de que se parta. Desde mi punto de vista, la proyección debería ser hacia una “economía de carácter social”, lo que no excluiría la aportación –expansiva‒ de la actividad cooperativa y privada en sus diferentes formas; sobre todo, bajo la perspectiva de aplicación de los principios que se mencionaron al final de la respuesta a la pregunta anterior.
La actividad privada puede ser un importante aporte a la generación de iniciativas y oportunidades de satisfacción de demandas crecientes, así como de movilización de recursos financieros o de otro tipo –incluido un potencial de inversión desde las familias en el exterior y otras asociaciones‒ y generación de fuentes de ingreso de sectores importantes de la población.
Esto no se ha previsto de esa manera, por lo que permanecen limitaciones extremas que impiden los logros que pudieran obtenerse en sus diversas modalidades.
De la misma manera, se pudiera asumir, en sentido contrario, que la propiedad privada puede generar desigualdad social si se mantiene en los esquemas algo generalizados de obtención de ganancia sin atención al beneficio social (de sus trabajadores y de sectores sociales vulnerables).
Esto se hace más pronunciado, probablemente, si se carece de recursos asociativos para la gestión de los problemas y necesidades de los grupos-clases involucrados, lo que no favorece la formación de consensos apropiados; por ejemplo, se requeriría la organización de sindicatos y asociaciones gremiales de diferente tipo, con carácter de identidad y pro-actividad reconocidas.
Creo que la cuestión se complica en nuestro caso por la ineficiencia, atraso tecnológico y política laboral en cuanto al sector estatal de la economía, que tampoco aplica, en general, los principios mencionados de justicia distributiva, participación en las decisiones, autonomía y responsabilidad social. A tal punto que los trabajadores de este sector resultan –salvo excepciones‒ los de menor ingreso en la actualidad.
En un escenario donde un alto por ciento del empleo y de los ingresos familiares se originaría en el sector privado, ¿qué tipo de nuevas funciones debería asumir el sector público para garantizar la equidad social?
Es un escenario hipotético, no creo que el único. Quizás se pueda optar por un balance entre sector privado, colectivo, estatal-cogestionario, mixto-cogestionario, etc., en relaciones más complejas que las actuales. Cogestionario aquí significaría, de un lado, participación activa de los miembros de los emprendimientos –independientemente del tipo de propiedad‒ en su gestión y resultados; por otro, un tipo de relacionamiento diverso como empresas mixtas: colectivas-estatales, privadas-colectivas, privadas-estatales, bajo formas de arrendamiento, propiedad compartida, corporaciones o conglomerados de cadenas productivas y de servicios diversos, etc.
Al sector público, en una sociedad de economía “enredada” (entramados complejos de formas económicas) de ese tipo, le correspondería una función jurídica-reguladora y proyectiva, que debería basarse en una amplia democratización de la gestión económica y social, con el menor aparato burocrático posible y con potenciación de las autonomías de los diversos actores sociales, bajo normas consensuadas.
Usualmente se aborda lo político en relación con el sector privado desde la perspectiva del eventual “impacto” de este sobre la vida política. ¿Habría necesidad de considerar algún “impacto” en sentido inverso –de la política hacia la economía‒ para asegurar que el sector privado pudiese cumplir su función en un modelo socialista “actualizado”?
Seguramente. Una renovación social socialista (quizás un “nuevo socialismo”) requeriría el fomento, en mi opinión, de una cultura participativa social, con justicia distributiva y un sentido de la solidaridad y altruismo novedosos.
Si partimos de los “intereses de clase” que se pueden generar ‒no cabe duda‒, tanto desde el sector privado como desde la burocracia estatal, ello puede tener impactos considerables en la expresión política de esos intereses y generar contradicciones y desigualdades sociales que lleven a lo que sucede en algunos países desarrollados: la concentración de la riqueza en manos de sectores privilegiados y una cada vez mayor capa de población –relativa o absolutamente‒ más empobrecida.
De aquí, la relación con la pregunta anterior, en el sentido de cuál debería ser el papel del Estado y de la ciudadanía organizada como sociedad civil activa para la conformación de una nueva cultura política y económica basada en nociones del compartir y del progreso personal-social como polos no necesariamente contrapuestos.
Una sociedad de desarrollo humano material y espiritual no tiene que ser una sociedad de exclusión, ni de consumismo arbitrario, pero las normas deben ser consensuadas desde la intención humanista-solidaria de una ética emancipatoria de progreso humano. Cómo lograrlo constituye un desafío cosmovisivo y cultural de grandes proporciones. Estamos en el plano de las “utopías posibles”.
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