Más de 800 ofertas tiene la gastronomía en sus cuatro categorías y cada vez que la carne de cerdo, por ejemplo, cambia de precio, tiene que modificarse el precio de venta de cientos de productos, por “efecto dominó”. Foto: Alejandro García Sánchez
En Ciego de Ávila pudiera ponerse en duda “el orden de las cosas” si decimos, por ejemplo, que en poco más de un mes, la Gastronomía modificó sus precios seis veces.
Después del anuncio del 10 de diciembre los economistas y contadores comenzaron a correr porque tendrían, apenas, tres semanas para ordenar sus cuentas y comenzar enero desde “el cero”. Y aunque ese mismo día la Resolución 324, del Ministerio de Finanzas y Precios, estableció cómo formar los nuevos precios, ni siquiera así las cuentas estuvieron del todo claras.
Incluso hoy, si coincidieran varios en una oficina, podrían contradecirse sus criterios y terminar imponiendo su propio orden que parte, en primer lugar, de la interpretación. Porque de lo regulado a lo implementado siempre ha habido un trecho. Y el de ahora parece muy grande.
No lo dice literalmente Victor Limia de la Rosa, asesor principal de precios en la dirección provincial de Finanzas y Precios en Ciego de Ávila, pero sus criterios sostienen esa creencia y “el mejor ejemplo”, comienza por él: solo participó en una de las videoconferencias que se impartieron mientras se preparaba la Tarea Ordenamiento.
“Todo era tan secreto que solo asistían los directores de los organismos. Y los directivos pueden ser políticamente muy confiables, sin embargo, no son quienes se fajan con los números y sacan las cuentas. En esos espacios hubiera sido muy provechoso que los especialistas participaran y comprendieran cómo debía hacerse, y realizaran los primeros cálculos y fichas”, confiesa.
A esa falta se unió otra que complejizó el panorama aún más: no todos los precios mayoristas, que definen los minoristas, fueron fijados en tiempo por las instancias nacionales y ello generó incertidumbres en las entidades provinciales que no debían de paralizar servicios a la población y no sabían, al mismo tiempo, cómo se les irían moviendo sus indicadores cuando el precio mayorista aterrizara.
“Hoy, por ejemplo, todavía no sabemos el precio del chícharo, y eso no influye tanto porque no ofertas ese plato en la gastronomía, y ya está. Pero hay otras materias primas que te definen cientos de productos, y lo que no hagas y no vendas en un mes…” , sugiere, y la sugerencia la convertimos en pregunta: ¿Por ahí podría entenderse el hecho de que las empresas impusieran precios máximos a sus productos para si luego resultaban afectadas por los costos…?
“No”, dice Limia sin escuchar el resto de la interrogante, porque para él se ha tratado, sobre todo, de un proceso muy violento en el que muchos tuvieron que acudir o acudieron a la manera más fácil y rápida. “En otras entidades sin demoras en los precios mayoristas también se notó un alza en sus minoristas”, recalca.
La razón más clara de esa tendencia o, al menos la oficial, está contenida en la propia Resolución 324, del 2020. Allí, el método de formación de precios deja claro que el costo del producto se multiplica por un índice de conversión que, en la mayoría de los casos, excedía de multiplicar por tres.
La gente se quedó con aquello explicado en la Mesa Redonda de que si el fondo del salario crecía 4,9 veces y los precios (del sector no estatal) se multiplicaban por tres, pues la cuenta daría, y podríamos contener la inflación, rememora Limia.”No obstante, para las empresas eso no fue así”, dice.
El ejemplo del gorro de tela, que llegó a comercializarse en Ciego de Ávila (y no sabemos si alguien lo compró) en 102.00 pesos, podría ser la muestra de un índice de conversión que para fijar el precio de los productos textiles debía multiplicarse por 12 (si bien esa rama definió tres índices para tres tipos de producciones)
Tal normativa hizo que la gente comenzara a juzgar con encono los precios estatales. Al punto de que las palabras de Yainet Vidal Sardiñas, directora provincial de Finanzas y Precios, casi quedaron “sin vigencia”. Al cierre del año llamaba a “controlar los productos del sector no estatal para que el salario tenga capacidad de compra y la medida tenga un impacto positivo en toda la población”. Y un mes después la balanza parecía inclinarse del otro lado.
La realidad ha mostrado a un sector estatal con incrementos tan elevados que Yainet admite que para muchos trabajadores hasta el almuerzo en el comedor obrero de sus entidades se le hacía impagable o muy caro.
Aun así confiesa que al cierre del primer mes de la Tarea Ordenamiento todas las empresas avileñas concluyeron enero con sus indicadores económicos deteriorados. En paralelo, las inspecciones de esa instancia, a la que se suman especialistas de la Universidad y expertos de la Asociación Nacional de Economistas (ANEC) han ido a hurgar, específicamente, en los precios. Y si bien muchas los han bajado, hacia lo interno tal descenso podría no verse con buenos augurios. (Esperemos al cierre del primer trimestre)
Según Yainet en ningún caso se han detectado fichas de costos “infladas”. “Las cuentas están bien, cuando se comprueba el cálculo dentro de una oficina no hay error, por eso el análisis debe ir ahora más a la conciliación, a ver cómo se determinó el precio de un producto o el costo de un servicio que influyen en esa ficha”.
Tales revisiones, no obstante, han incidido en rebajas que podrían desubicar a más de un cliente si decimos que Comercio y Gastronomía han impreso ya su sexta versión, que los precios del Sistema de Atención a la Familia (SAF) se han movido cuatro veces y que la Pesca va por igual cantidad, por solo mencionar algunos.
En ese contexto la pregunta a Yainet es inviolable: ¿Por qué ahora sí han podido rebajarlos? ¿Qué cuenta sacan hoy que no sacaron antes o dentro de las empresas?
No, es que estamos fijando precios sin aplicar el índice de conversión. La indicación es esa. Y el resultado es que están descendiendo.
A esa aseveración Victor Limia le añade una coletilla necesaria: “los precios minoristas se forman sumándole al costo el 10 por ciento del impuesto de las ventas, más el 10 por ciento del margen comercial. Así se formaban antes y así lo estamos haciendo otra vez”.
Pero la Resolución 324 sigue vigente (y prevé índices más elevados luego del primer semestre del año) y aplicándola, incluso, a algunos productos del agro experimentaban costos muy por encima de su precio de venta máximo. ¿Qué pasará si felizmente para los clientes los precios de venta baja y, por tanto al bajar lo que se paga en el surco el guajiro reduce sus ganancias o pierde? ¿Cuánto le costará al país “subvencionar” esa diferencia?.
En el documento aparecen señalados algunos productos cuyas cuentas a la Agricultura, simplemente, no le dan
A pesar de que en la Mesa Redonda del pasado miércoles, Marino Murillo, jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, dijo que “todas las resoluciones del MFP, en términos de precios, se escribieron con un concepto que se llama precios máximos, dicho de otra forma, hasta”… una revisión minuciosa de la citada Resolución 324 no sugiere que el “hasta” era aplicable a los índices de conversión.
Siguiendo lo escrito, literalmente, se estiraron no pocos precios que podrían irse encogiendo, en lo adelante, aunque muchas entidades no tengan todavía muy claro el orden, y consideren que podrían encarecerse los precios actuales, si los mayoristas no descienden, primero.
Sin obviar esas preocupaciones, el especialista de Finanzas y Precios lanza otra que complejiza, todavía más, cualquier intento de orden. “¿Y con quiénes estamos aplicando esta política?”
Su respuesta es una alarma que podría estar encendiendo otros sectores avileños, y no solo el del Comercio y la Gastronomía, donde hoy solo cuentan con solo 5 especialistas de precios, de los 13 que necesitan.
“Se dice que la Tarea Ordenamiento lleva 10 años preparándose, pero la gente que debe aplicarla hoy no está en sus puestos o son insuficientes o no tienen todo el conocimiento”, confiesa.
“Para colmo”, y como si no bastaran las ya mencionadas complejidades del ordenamiento, Yainet Vidal demuestra cómo el incremento salarial ha sacado a flote los problemas de la Pesca. “Hoy mantienen precios altos, el kilogramo de patao 96. 00 pesos, digamos, y cuando analizas sus interioridades te das cuenta de que por haberse subido mucho el salario, ahora ese salario representa el 85 porciento de sus costos.”
Alejandro García Sánchez
Con el caso de EPIVILA no pocas preguntas (aplicables a otros) emergen: ¿Abaratar precios equivaldría a pagar menos a sus trabajadores o a exprimir el otro 15 porciento? ¿Cómo beneficiar al que compra, sin perjudicar, al mismo tiempo, al que vende?¿En qué orden debieran moverse los precios: estiramos y vamos encogiendo hasta donde a la empresa le sea posible, o nos quedamos por debajo y vamos subiendo hasta dónde la población pueda pagarlos? ¿Qué costo podría tener el vaivén y cuándo encontraremos el equilibrio?
A poco más de un mes de iniciada la Tarea Ordenamiento, nos viene quedando plantearnos la complejidad, porque es escasísimo el tiempo para arribar a conclusiones y digerir las matemáticas, por ejemplo, de la Empresa Agroindustrial Ceballos. Ningún avileño las hubiera presagiado.
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