Por su importancia, me he permitido reproducir un artículo publicado en la revista universitaria Alma Mater, del joven economista cubano Henry Colina, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana. ( Pedro Monreal)
Autor: Henry Colina
20 de abril de 2020
Revista Alma Mater
Una de las principales transformaciones realizadas durante el relanzamiento del Trabajo por Cuenta Propia (TCP) en Cuba, a partir de 2010, fue la aprobación de la contratación de fuerza de trabajo. Esta política fue efectiva en la medida que hizo crecer el empleo en el sector del trabajo privado, pero en términos absolutos no fue suficiente para hacer crecer la participación laboral en la economía cubana.
La explicación para este fenómeno se encuentra en la puesta en marcha simultánea de otra política para reducir las plantillas infladas en las entidades estatales causando una recomposición de las fuentes de empleo en la realidad cubana. Mientras se reduce la oferta de empleo en las ramas estatales, de un máximo de 83% del empleo total en 2010 a un 68% en 2018; otros actores como las cooperativas, o el llamado Trabajo por Cuenta Propia crecen en importancia. Así, se configura una matriz de empleo más heterogénea que subraya un reto regulatorio para un contexto acostumbrado al predominio del empleo en la propiedad estatal.
Otra de las aristas de la heterogeneidad mencionada se halla en la dimensión de género, en la medida que el crecimiento del empleo en otras formas de propiedad y gestión, no está asociado a una expansión equitativa entre los sexos. Esto quiere decir que, si bien se puede verificar que en la propiedad estatal hay una relativa paridad de género (sin analizar roles jerárquicos) en el resto de las formas de propiedad el comportamiento no es ese. En el TCP, por ejemplo, cerca del 35% de los ocupados son mujeres.
Gráfico 1. Ocupados (totales y porcentaje del total) por fuente de empleo en la economía cubana. 2000-2018
Fuente: Elaboración propia a partir de ONEI, años seleccionados
El gráfico 1 recoge la situación más actual que se puede esbozar a partir de los datos disponibles, y no hay razones para creer que haya cambiado drásticamente en dos años. Como tampoco han cambiado las bajas tasas de participación de los jóvenes y las mujeres en este lapso. Tal vez, a raíz de los recientes incrementos nominales del salario en el sector presupuestado, se registrará un impacto positivo en el total de la ocupación, favoreciendo la incorporación de trabajadores hacia lo estatal. Aun así, no hay motivos para pensar en una fotografía muy distinta a la que se muestra.
En el año 2019 con el objetivo de analizar la participación laboral de los estudiantes del Curso Regular Diurno de la facultad de Economía, una tesis de licenciatura entrevistó a 300 de los 503 matriculados en el CRD. Aproximadamente la mitad (50.7%) declaró estar inmerso en alguna actividad por la cual recibe algún ingreso monetario, mientras que la amplia mayoría realiza actividades relacionadas (con contrato o sin él) al TCP. Esta misma investigación señala que, uno de cada tres estudiantes que trabaja, dice tener un contrato informal o verbal, mientras que solo el 18.4% refiere poseer un contrato legal, con garantías laborales. De los que trabajan y perciben ingresos por ello, el 67.3% señala que lo hace para conseguir independencia económica o ayudar a la economía familiar. Esta es solo una de las aristas (tomando como muestra el reducido universo de una facultad de la Universidad de la Habana)[1] de las implicaciones que puede tener la enorme heterogeneidad del mercado laboral en Cuba para los ingresos de una familia, más aún en los tiempos convulsos en que se encuentra el país (y el mundo) hoy.
La crisis económica asociada a la COVID-19 tendrá varios efectos sobre el empleo en Cuba. Por una parte, los empleados (formales o informales) que dependen del intercambio con el exterior, como el turismo o las importaciones personales con objeto de comercialización, verán desaparecer sus ingresos. Al mismo tiempo, cerrarán producciones que dependen de importaciones no esenciales, que pueden verse disminuidas a partir de la contracción productiva de los principales socios comerciales cubanos, generando también una disminución de la capacidad exportadora de la Isla. Simultáneamente, a medida que se introducen medidas de aislamiento social y cuarentena, los trabajadores ya no podrán personarse en sus centros productivos, y los que no tengan posibilidades de utilizar la modalidad de teletrabajo, experimentarán una pérdida de ingresos por esa vía. En resumen, esta crisis afecta por igual a trabajadores estatales y no estatales. Sin embargo, las herramientas de protección de ingresos, que puede y debe activar el Estado para contribuir a la economía doméstica de todos los ciudadanos cubanos, no son aparentemente iguales según los tipos de propiedad.
Al respecto, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ya se ha pronunciado sobre las medidas[2] de amparo para los trabajadores cubanos, contempladas en el Código del Trabajo actual. Esta comunicación presenta un sesgo estatal muy marcado y no regula adecuadamente la protección de los trabajadores contratados en el sector no estatal (que no es solo el TCP) y los auto-empleados. Ambos tipos de empleados están en riesgo importante de perder sus ingresos sin otra protección que la de acogerse a sus ahorros, o a la asistencia social temporal, según el MTSS. Mientras tanto, los trabajadores estatales reciben, en el caso de paralización total de la actividad en la que se desempeñan, 100% de su salario el primer mes y 60% mientras dure la excepcionalidad. El Estado cubano es propietario de empresas, pero también es regulador y protector de derechos laborales. Es, por tanto, su responsabilidad la protección de todos los trabajadores en Cuba y no solo de aquellos que trabajan en la propiedad estatal, las entidades presupuestadas y todas sus distintas manifestaciones en el país.
Hay un comentario de fondo aquí al que debe hacerse mención para entender por qué se enturbia el análisis en el llamado TCP en Cuba. Resulta que lo que se llama así en nuestro país engloba un conjunto muy heterogéneo de actividades y actores. A priori se puede establecer que están, en la misma bolsa, el trabajador contratado, el empleador y el auto-empleado. La demarcación utilizada es la de contratación de fuerza de trabajo. De haber separado con anterioridad correctamente los empleadores de los empleados, un simple análisis de los estados financieros de los negocios permitiría determinar cuáles están en condiciones de, pese al cierre o disminución de su actividad, continuar pagando salarios temporalmente.
Pero eso hoy no es posible, porque no es permitida la formación de empresas de capital privado nacional en el país. No es lo mismo cargar la responsabilidad de pagar el salario de sus empleados sobre las cuentas de un individuo (en este caso el dueño el negocio) cuando deberían ser cargadas las del negocio en sí. La diferencia estriba en que una empresa paga salarios con sus fondos, que no son, necesariamente, los del dueño o dueños. Al mismo tiempo, la heterogeneidad mencionada también aplica para los empleadores. Existen negocios grandes y saludables que podrían mantener el pago de salarios (por supuesto nunca indefinidamente), como también podríamos encontrar «emprendimientos» de subsistencia donde, a pesar de la contratación de trabajadores, no es posible para el empleador enfrentar los pagos salariales ante el cese o la disminución de su actividad.
En cualquiera de los casos se hace necesario arribar a la determinación de a quién proteger. Aunque el principio general debe ser la protección de todos los que participan en el mercado de fuerza de trabajo en Cuba, hay que saber cómo protegerlos, y para eso es necesario clasificarlos. Debe pensarse cómo proteger el naciente y pujante «emprendimiento» cubano, para hacer posible que después de la crisis retorne un segmento de creación de valor determinante en el panorama actual de Cuba. Esto no es solo a través de la cesantía en el pago de impuestos, sino también a partir de transferencias o de créditos blandos, pensando en el futuro de estos negocios, específicamente en el empleo que garantizan en este instante. La realidad es que las actividades de Elaboración y Venta de Alimentos, Arrendamiento y Transporte son, históricamente, las que más licencias otorgadas agrupan y todas se verán afectadas ante el parón del turismo y la disminución del movimiento de los ciudadanos del país, con las consiguientes pérdidas de ingresos para los titulares y para todos los tipos de trabajadores que laboran allí y sus familias.
Un asunto relacionado, y tal vez más acuciante, tiene que ver con los trabajadores que se contratan en el Trabajo por Cuenta Propia en Cuba, aunque, el hecho de contratarse en un fenómeno que se llama por cuenta propia, se escriba como un oxímoron. Lamentablemente la última serie de datos disponibles para este estudio solo muestra hasta el año 2016, pero el comportamiento del número total de TCP permite considerar que el número de los trabajadores contratados ha continuado un ascenso normal, como el resto de la serie del TCP, de ahí que podamos utilizar esos datos para ayudarnos a entender la actualidad. En 2016 en Cuba solicitaron licencia como trabajadores contratados 135675 personas, o lo que es lo mismo, 1 de cada 4 licencias otorgadas. Su progresión es creciente en el tiempo y por provincias. Gráfico 2.
Gráfico 2. Licencias otorgadas para trabajadores contratados. Cuba. Años seleccionados
Fuente: Elaboración propia a partir de ONEI, años seleccionados
Este es, como se aprecia, un problema nacional que conlleva políticas a nivel de país, con el objetivo explícito de garantizar los ingresos de un segmento importante de la población cubana que puede encontrarse paralizada ante la disminución de los niveles de actividad económica. Aun así, no es posible identificar todavía una política clara de protección de ingresos laborales para estos empleados formales.
Dentro de las posibles medidas a llevar cabo para enfrentar este dilema puede estar la transferencia directa del fondo salarial de un mes, calculado sobre la base del salario medio mensual de la provincia. Se aplicaría el mismo método del 100% el primer mes y 60% los restantes. Esta es una transferencia desde el presupuesto estatal, lo que carga aún más las ya delicadas finanzas nacionales y genera condiciones para una presión inflacionaria a corto plazo, en cuanto implica garantizar prestaciones monetarias sin contrapartida productiva. El monto de la partida presupuestal, asumiendo (ambas son estimaciones mías) un salario medio nacional de 900[3] CUP para 2020 y unos 160000 trabajadores contratados, manteniendo el pago de 100% el primer mes y 60% dos meses restantes, es de unos 316.8 millones de pesos.[4] Esto la convierte en una partida importante dentro del presupuesto estatal, semejante a la que registra la Asistencia Social en 2018 (315 millones). Si se quiere subsidiar solo el primer mes, estamos hablando de 144 millones, aunque es sabido que la recuperación económica no será automática, lo que se traduce en que los empleadores pueden demorar más de un mes en retornar a la normalidad, aún más si su actividad dependía del turismo. Es necesario añadir, además, que este no sería el único cargo nuevo al presupuesto del Estado, con partidas como la Asistencia Social, la Salud y otros ejerciendo presión hacia el alza. Se podría pensar en la apropiación extraordinaria de presupuesto destinado a otras partidas y en el más probable caso de monetización de este subsidio se podría ensayar la fórmula de venta de bonos del Estado cubano a las personas naturales, para capturar efectivo excedente en manos de un sector y diluir la presión inflacionaria en los períodos de pago del bono. Luego también puede ser el caso que no todos los trabajadores contratados clasifiquen como «desempleados temporales», pues algunas actividades como las agropecuarias no deben cesar, de ahí que sea necesaria una sintonía más fina en los datos para determinar el costo total de la medida.
Otra forma de protección a ensayar en los créditos blandos para el pago de salarios destinado a los empleadores. Es decir, el empleador que detenga su actividad y que esté en condiciones de pagar salarios bajo la premisa 100% y 60% debería hacerlo, quien demuestre que no puede cumplir con ello, tendrá acceso a un crédito con tasas de interés bajas o nulas, en las instituciones bancarias cubanas. Este crédito podrá calcularse sobre el monto del salario medio provincial, con un horizonte de tres meses, prorrogable en tanto la crisis pueda extenderse. Dependiendo de cuántos empleadores decidan acogerse a los pagos y cuántos al crédito, será, por tanto, el monto de las partidas que tendrán que preparar el presupuesto por una parte y el sistema bancario cubano por otro. Este crédito no lo debe solicitar solamente el empleador, porque puede generar distorsiones y malestares entre empleador y empleado en una zona que ya es gris. El MTSS conoce cuáles negocios tienen trabajadores contratados y el número de estos, debe instruir entonces a ambos de que existe la alternativa y reglar que los empleadores tienen un plazo para declarar si hacen frente o no a los salarios. De no existir una definición por parte del empleador, el automático será el crédito para el pago del salario. Lo que no puede suceder es que el trabajador quede desprotegido.
Hasta aquí no se han mencionado a los Autoempleados (a los que llamo los verdaderos cuentapropistas, a pesar de ser heterogéneos también) ni a los trabajadores informales. Este es también el caso, en amplia mayoría, de los estudiantes empleados mencionados anteriormente en el caso de la facultad de Economía de la UH, que se denominan en la muestra, como trabajadores independientes. Para los primeros (autoempleados) puede haber opción de crédito, para los segundos (informales) parece que la alternativa será la magra asistencia social, que era según CEPAL, 217 pesos como mínimo mensual en 2018, luego del incremento en 70CUP. El caso de los trabajadores informales es particularmente precario, porque en ausencia de un contrato laboral formal pueden haber sido los primeros en ser despedidos durante la crisis y por tanto los primeros en perder ingresos. No es lo mismo, en términos conceptuales (ni reales) decir a un trabajador que se acoja a la asistencia social que protegerlo mediante la formalización de su empleo. La necesidad de dirigirlos hacia las transferencias de la asistencia social pone de relieve los límites de la interpretación de jornada laboral, contrato, relaciones laborales y la fragilidad de las relaciones de subordinación en el llamado TCP en Cuba. Al mismo tiempo llama a una reflexión sobre el rol de los sindicatos en la realidad de nuestro país y la necesidad de que existan asociaciones que velen por la protección de los trabajadores que subsisten en condiciones precarias, como las y los cuidadores, u otros que ejercen actividades no delictivas al margen de las aprobadas para el TCP. Por supuesto, también evoca a una reflexión más de fondo en torno a la consideración planteada anteriormente de qué entender por TCP en Cuba.
Es importante también resaltar que, en un momento de aislamiento social como este, los trámites necesarios deben ser dispuestos para hacer en línea o a distancia. Deben evitarse las aglomeraciones en bancos o direcciones municipales de trabajo. El subdesarrollo financiero y del sistema bancario complejiza cualquiera de las determinaciones anteriores en Cuba.
Existen, además, dinámicas de raza, género, etarias y territoriales, inequidades presentes en nuestra población y nuestro mercado laboral, reflejadas también en los trabajadores contratados, que no pueden perderse de vista en ninguno de estos escenarios para no profundizar desigualdades y poder diseñar políticas más inclusivas. De ahí que sea tan importante conocer el universo al que va dirigido la política y la heterogeneidad del mercado laboral. Sirva como ejemplo puntual (y no representativo) de esa multiplicidad el hecho, ya señalado en este comentario, de que incluso dentro de sectores que no se consideran tradicionalmente empleados (como los estudiantes universitarios del CRD) existen trabajadores con distintos grados de formalización, en relativa incertidumbre actual con respecto a sus ingresos. El esfuerzo de distribución desde la canasta normada es loable y debería multiplicarse en este momento para garantizar en medio de la crisis un acceso más igualitario a los recursos. Este era el propósito original de la libreta de abastecimiento. Aun así, dado que continúan funcionando otros mercados, debe garantizarse el ingreso de todos los trabajadores y trabajadoras, que equivale también a la posibilidad de realización del consumo de sus familias. Es por ello que corresponde a las instituciones estatales, conjugando también a las voces que participarán de una forma u otra de las medidas, el diseño de políticas para enfrentar la situación de pérdida de ingresos en los hogares, asociadas a la disminución súbita de la actividad económica de la nación.
[1] No hay investigaciones conocidas sobre la extensión de la combinación estudio-trabajo en el Curso Regular Diurno en las facultades de la Universidad de la Habana o de otras universidades del país. Pero sí hay razones para sospechar que, al menos en La Habana, el territorio donde más trabajadores contratados y Trabajadores por Cuenta Propia existe, el empleo de estudiantes universitarios ha crecido ampliamente desde 2011.
[2] http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/03/31/ministerio-de-trabajo-tratamiento-laboral-salarial-y-de-seguridad-social-por-la-covid-19
[3] Si se reduce el monto a 400CUP, entonces la medida en el primer mes cuesta unos 64 millones de pesos y para tres meses, 140.8 millones.
[4] El cálculo es sencillo salario medio mensual multiplicado por cantidad de trabajadores contratados.
( Estado como tal)
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