Por Pedro Monreal
27 de marzo de 2018
La información divulgada hoy sobre las decisiones adoptadas en el V
Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) respecto a varios temas
relacionados con la actualización del modelo económico y social cubano crea una
oportunidad para llamar muy brevemente la atención acerca de algunas cuestiones
puntuales.
-
¿Es la unificación de las tasas de
cambio un proceso que principalmente consiste en un ordenamiento monetario?
-
¿Es justificada la atención tan
notoria que continúa prestándosele al trabajo por cuenta propia (TCP)?
-
¿Ha sido desplazada la reforma
empresarial hacia un plano secundario?
Sobre el primer punto ya he comentado en textos anteriores. Me limito a
reiterar que tratar de avanzar hacia una unificación cambiaria que
inevitablemente implicaría devaluar la actual tasa de cambio oficial sin haber
previamente sentado las bases mínimas para que esa poderosa “señal” económica
pueda funcionar en el sistema económico, traería más problemas que ventajas.
¿De qué serviría modificar uno de los precios relativos más importantes
de la economía -la tasa de cambio- si no existe un tejido económico capaz de
procesar adecuadamente esa señal?
¿De que valdría que los mangos cubanos se hicieran muy competitivos después
de una devaluación si no van a poder ser exportados por falta de envases?
¿Por qué preocuparse tanto por el posible incremento futuro de los precios
de los alimentos como consecuencia de una devaluación, si primero no se
resuelve la incapacidad que existe hoy para poner a producir el 56% de la
tierra agrícola que no se cultiva, lo cual pudiera ser un factor crucial en una
reducción de los precios de los alimentos y en la sustitución de importaciones?
Esto lleva a la segunda y a la tercera preguntas formuladas al
principio de esta nota.
El “arreglo” del trabajo por
cuenta propia: ¿un problema de capacitación?
La demorada revisión de las políticas relativas al trabajo por cuenta
propia (TCP), que finalmente parece estar a punto de materializarse, se ha
inclinado hacia dos planos que, sin llegar a afirmar que son insignificantes,
son muy discutibles en cuanto a su posible efectividad para producir el cambio
de comportamiento que se espera de los “actores” del TCP, en el sentido de su
alineamiento con el modelo económico y social que oficialmente se anhela.
De una parte, parecería existir un énfasis legalista- institucional al
que cabría hacerle la crítica habitual que se les hace a los enfoques
institucionalistas sobre el desarrollo. Considerar que una serie de “normas
jurídicas de mayor rango” (y las de rango menor) van a modificar, por sí solas
o mayormente, el comportamiento económico y social -en el sentido deseado- de
los casi 600 mil poseedores de licencias de TCP es un supuesto problemático.
Para empezar, el término de “instituciones” puede ser entendido de
diversas maneras. Muchos economistas cubanos lo utilizamos, de manera laxa, en
el sentido de “reglas del juego” -a lo Douglas C. North- pero considero que se
trata más de una manera de comunicar que de apego a la teoría del
institucionalismo económico. Eso es lo que creo.
En cualquier caso, el problema radica en que las instituciones y el
marco jurídico que las acompaña, por ejemplo, las “reglas del juego” para el
TCP, no son entidades compactas con una racionalidad económica que las haga
previsibles. Bastaría “mirar dentro” de esas instituciones para intuir la
madeja de factores de distinto tipo -incluyendo los culturales- que determinan
los intereses y comportamientos dentro de las “instituciones”.
En términos más simples: es muy distinto “meter en cintura” a
determinados “actores” económicos y sociales a lograr que el comportamiento de
estos sea funcional al proceso de desarrollo.
Por otra parte, parece existir un segundo supuesto igualmente
problemático: asumir las disfuncionalidades actuales del TCP y de los
funcionarios que deben controlarlo como un problema de falta de capacitación
(parece entenderse que de tipo jurídica).
De nuevo, no se trata de minimizar el papel positivo de la
capacitación, pero apostar en grande a la capacitación en el marco de una
reforma económica es arriesgado. La razón es doble: una reforma es
esencialmente acerca de modificaciones que no pueden ser planificadas de
antemano, según una trayectoria predeterminada. Es precisamente lo que acaba de
decirse en el V Pleno del Comité Central del PCC.
Adicionalmente, el desarrollo no es un proceso lineal en el sentido de
que determinados “ïnsumos”, como la capacitación, no se manifiestan
necesariamente como mejores “salidas” o “resultados” superiores. Intervienen
otros factores que muchas veces no son considerados como “insumos”. Las variables
de “entrada” pueden modificarse como resultado del propio funcionamiento del
sistema, en direcciones no predecibles. En la jerga de los economistas, el desarrollo
es un proceso con un alto componente de “endogeneidad”.
Prestarle demasiada atención a una “variable” como la capacitación,
esperando determinados resultados de ella, pudiera conducir a descuidar otros
cambios que son necesarios para que la capacitación pudiera tener un efecto
sostenible.
Pudiera ser que permitir al acceso del TCP a los mercados mayoristas
que ya existen (no hace falta crear esos mercados, es un problema de permitir
el acceso a ellos) tuviese un efecto más inmediato y significativo en lograr el
alineamiento deseable del TCP al modelo al que se aspira, en comparación con
los planes de capacitación.
Obviamente no puedo demostrarlo, como tampoco crea que pudiera demostrar
alguien, de manera anticipada, que la capacitación va a resolver el problema.
La diferencia es que el acceso a esos mercados mayorista pudiera ser una acción
inmediata y a un costo relativamente bajo. Sin embargo, tratar de capacitar más
de 600 mil personas lleva más tiempo y seguramente no es algo barato.
El tejido empresarial cubano
debería recibir mayor prioridad
Las discusiones recientes acerca del trabajo
por cuenta propia (TCP) pudieran desviar la atención sobre cuestiones más
importantes que siguen sin atenderse adecuadamente. El papel del TCP en el
proceso de cambios actuales no puede ser minimizado, pero tampoco tiene sentido
desgastarse mucho en una discusión cíclica -que ya se ha convertido en una
discusión circular- sobre el asunto. A fin de cuentas, la economía cubana no va
a desarrollarse sobre la base del TCP.
Ese no es el plano donde deberían producirse las discusiones sobre dos
puntos cruciales de la transformación del modelo: la acrecentada función del
mercado en la regulación de la economía nacional, y el papel de la empresa
privada nacional.
Hago una acotación importante: esas son discusiones que deben
producirse integradas a la reforma de la empresa estatal. Si se separan estas
discusiones, como mayormente viene sucediendo hasta ahora, se pierde de vista
la coherencia del proceso de reforma.
Aquí no acudimos a la teoría. Es algo muy concreto. En el minuto en que
la reforma empresarial se reduzca a ser a una visión de perfeccionamiento de la
empresa estatal y se ignore totalmente la empresa privada nacional, se habría
perdido de entrada la “batalla” por el tejido empresarial nacional. Habrá
mangos, pero no envases, y salinas, pero no habrá sal.
Cuando se habla de avanzar hacia una planificación socialista
descentralizada, a lo que se hace referencia -esencialmente- es a dos cosas: la
función reguladora del mercado y el mayor peso económico de las empresas
privadas y cooperativas.
En primer lugar, se supone que el Estado cubano transfiera al mercado
una parte importante de las funciones de la regulación económica que hoy
ejerce: decisiones sobre inversiones, producción consumo, precios, etc. Podrá
adornarse como se quiera esa cuestión, pero ese es el nudo del reto de la descentralización.
En los momentos iniciales de la reforma, se refiere principalmente al
funcionamiento del mercado entre las empresas estatales y entre estas y otras
entidades.
Tendría que ver más con la modificación de las practicas actuales de
formación de precios que con simples reducciones del número de indicadores
directivos. Implicaría más un proceso de regulación de la competencia, que el
fútil rejuego institucional que ha acabado por desdibujar legalmente lo que
siempre fueron empresas con tal de mantener estructuras administrativas verticales
donde no funciona el mercado.
En segundo lugar, la planificación socialista descentralizada
significaría crear condiciones para que junto a las empresas estatales
coexistan las empresas privadas nacionales, las empresas extranjeras, y también
a otros agentes económicos como las cooperativas y el TCP. No se trata de
“nivelar el terreno de juego” mediante un mercado idealizado, pues la empresa
estatal tiene funciones muy particulares. Se trata de poner “reglas” que
permita que cada tipo (y sub-tipos) de empresas pueda funcionar bien en el
terreno (distinto) que le corresponda.
Tendría que ver, en el plazo inmediato, más con crear las condiciones
para acabar de establecer la empresa privada nacional (definida oficialmente en
el documento de la “Conceptualización” desde hace ya casi dos años), que en
seguirle dedicando un tiempo excesivo al TCP.
Pasaría también por avanzar desde un enfoque de regulaciones
fragmentadas (por ejemplo, el Decreto-Ley No. 334 y los Decretos Nos. 334, 335
y 336, de diciembre de 2017) hacia una Ley de Empresas general, aplicable a todos
los tipos de empresas y no solamente a las estatales. El documento de la
Conceptualización es claro respecto a la complementariedad de los tipos de
empresas.
Resumiendo,
Las decisiones anunciadas hoy son importantes y se encaminan en una
dirección promisoria. Reflejan un análisis crítico oportuno y parten de
considerar la complejidad del proceso de transformaciones.
Aunque la información divulgada hasta ahora es todavía limitada,
parecen existir algunos supuestos problemáticos que pudiera ser conveniente
examinar con mayor detenimiento.
El tema de la reforma empresarial parece ser un buen punto de entrada
para hacer una discusión que integre diversos componentes que pudieran
representar acciones de política económica en el corto plazo, en particular, lo
relativo a una Ley de Empresas, aplicable a las empresas de cualquier tipo de
propiedad.
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