Del surco a la mesa: ¿qué impacto han tenido las 63 medidas para estimular la producción agropecuaria? (+ Video)

 El tema de los precios y la variedad de productos en tarima sigue siendo un asunto que preocupa a nuestra población

Autor: Yaditza del Sol González | internet@granma.cu

Autor: Maby Martínez Rodríguez | internet@granma.cu

21 de junio de 2022 19:06:44

La puesta en marcha de las 63 medidas permitieron al productor participar del proceso de comercialización. Foto: José M. Correa

En abril de 2021 el Gobierno cubano aprobó 63 medidas con el objetivo de incrementar la producción de alimentos y satisfacer demandas no cubiertas de productos agrícolas. De ello ha pasado más de un año y sí, hay que reconocer que muchas de esas transformaciones «movieron la tierra» y abrieron nuevas posibilidades de cara a quien produce y está de sol a sol en el surco. Pero, ¿qué ha cambiado?, ¿realmente han aumentado los abastecimientos en plazas y mercados?, ¿cómo lo percibe nuestro pueblo cuando está frente a la balanza del puesto del agro?

Estas preguntas no pueden faltar, sobre todo si tenemos en cuenta que cualquier medida relacionada con la alimentación en nuestro país no será realmente efectiva hasta que se perciba en la «mesa»; especialmente si en su puesta en práctica atentan también los altos precios que provoca la inflación, y que la población enfrenta a diario cuando tiene que pagar  90 pesos por una libra de frijol, u 80 por un aguacate.

La mala contratación con la base productiva, impagos y precios no estimulantes para comprarles las cosechas a los campesinos y cooperativas, son dificultades que todavía persisten y que se reflejan en la variedad de hortalizas y viandas que la población puede encontrar en una placita de venta gestionada de forma privada, en comparación con un mercado estatal.

No obstante, la tablilla de precios aquí también marca la diferencia, y lo que puede costarte 30 pesos menos en un Mercado agropecuario estatal (MAE), se duplica en lo que te ofrece el carretillero del barrio, en el ya conocido tono de «lo tomas o lo dejas».

Si no es en los mercados «particulares» no encuentras la malanga, pero el tema es que de 50 pesos la libra no baja, y lo mismo pasa con el tomate, y «así no hay salario que aguante», comenta Rafael Solís, vecino del capitalino municipio del Cerro.

Se trata de una realidad imposible de soslayar, que «pesa al bolsillo», aun cuando también es cierto que la puesta en marcha de las nuevas medidas ha favorecido el protagonismo del productor no solo labrando la tierra, sino también en toda la cadena, hasta llegar a la tarima.

Como parte de esa política, las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, así como otros productores, pueden recontratar, acudir a la comercialización para que no se pierda nada de su cosecha o, incluso, gestionar la logística y arrendar un mercado para llevar sus productos.

Un ejemplo de ello es la cooperativa de créditos y servicios (CCS) Radiel Rodríguez, del municipio de Gibara, Holguín. Según dijo a Granma su presidente, Luis Manuel Velázquez Fernández, con la aplicación de las 63 medidas se han destrabado algunas cuestiones que entorpecían el buen funcionamiento de la cooperativa.

Entre otras cosas, se nos ha dado la posibilidad de arrendar un mercado de acopio y surtirlo, a partir de lo que cosechan los campesinos. Esto nos permite venderle a la población un producto fresco y de buena calidad, señala.

Aun cuando todavía son altos los costos productivos, además de la trasportación y cuestiones asociadas al riego y el consumo de electricidad –reconoce–, esa vianda u hortaliza que las personas nos compran directamente, les sale más económica que si tuvieran que pagarle a otro intermediario en la cadena.

Otra alternativa es que los mercados sean atendidos directamente por una cooperativa, como es el caso del que se encuentra en Belascoaín y San José, en el municipio capitalino de Centro Habana.

Aquí, según la opinión de varios consumidores, se provee regularmente de productos agrícolas, aunque no siempre con la variedad deseada. Lo que casi siempre hay es plátano vianda y fruta, y a veces entra chopo, guayaba, y hasta maíz cuando es temporada; pero no es algo frecuente, se lamenta José Manuel Herrera, vecino de la zona.

Expresa, por otra parte, que también es necesario velar que, tanto en mercados estatales como «particulares», no vendan productos –que según ellos son de primera calidad– cuando a la vista de todos están casi para botar. «¿Y quién controla que se haga esto correctamente?», inquiere.

NUEVAS MEDIDAS, ¿VIEJOS PROBLEMAS?

La puesta en marcha de las 63 medidas abrieron una serie de puertas al productor, entre ellas, participar del proceso de comercialización, lo que, a su vez, ha influido en que existan en tarima variedad de productos, nuevos puntos de venta y nuevos actores económicos, destaca a nuestro diario Yisel González Marrero, directora nacional de Comercialización del Ministerio de la Agricultura (Minag).

Consideró, además, que se han dado otras posibilidades, como eliminar las cuentas por pagar de los productores, o el hecho de que no se pierdan productos porque haya dificultades financieras.

No obstante, no todo es color de rosa, y aunque se han dado pasos significativos en pos de dinamizar la producción agropecuaria, «la situación de los precios –tal como reconoce la directiva– es la principal insatisfacción de cara a la población».

En parte, esto se debe al proceso inflacionario que vive el país, pero también hay que seguir insistiendo en que sean las empresas estatales las que interactúen directamente en la comercialización y los productores en un punto de venta. «Debemos trabajar en este aspecto para que los precios sean más accesibles», asevera.

Otra visión del asunto nos ofrece Modesto Rodríguez, presidente de la CCS Antonio Maceo, de la Empresa Agropecuaria Horquita, del municipio Abreus, en Cienfuegos. Los campesinos y productores tenemos la misión de trabajar para contribuir a bajar los precios y, a través de los mercados rentados, debemos ser los primeros en enfocarnos en esto, afirma.

«Es nuestra responsabilidad que la población vea la diferencia de que, en un momento y en un lugar determinado, existen precios relativamente bajos, en comparación con otros establecimientos». Agregó que también se hace necesario revisar las fichas de costo para producir un cultivo y saber cuánto es el valor de las ventas en su comercialización, con un pequeño margen de ganancias.

Sembrando más y buscando categorías de cultivos con mayor rendimiento y que aseguren la alimentación del pueblo, es posible avanzar, reconoce.

Por ejemplo, en estos momentos nuestra cooperativa está utilizando diferentes tipos de semillas, buscando nuevas variedades como el caso de plátano FHIA-04, que puede tener rendimientos por encima de las 40 toneladas por hectárea, a diferencia de otros, ilustra.

Esta ccs también dispone de 461 hectáreas de cultivos varios, y en cien de ellas se siembra yuca, tanto para el abastecimiento territorial como para nutrir la novedosa industria que existe en la propia cooperativa, y que se encarga de procesar este cultivo y convertirlo en harina de yuca.

Experiencias como la de esta ccs demuestran que es posible buscar alternativas, fomentar las minindustrias y brindarle a la población ofertas con valor agregado, aun cuando del otro lado de la balanza también abunda la inmovilidad y el no saber aprovechar las oportunidades que se han abierto, ya sea por oportunismo o temor a los cambios.

Recientemente, el ministro de la Agricultura, Ydael Jesús Pérez Brito, explicaba que a partir de las nuevas medidas se amplió, por ejemplo, el alcance de los créditos, y hasta inicios de mayo se habían aprobado alrededor de 18 280, y entregado más de 5 000 millones de pesos: el 63 % a empresas, el 21 % a cooperativas y el 14 % a productores individuales.

En Cuba hay buenas productoras y productores, y ciencia acumulada, señalaba. «Esta es una de las fortalezas que tenemos, así como una gran cantidad de tierras por explotar; asuntos en los que es necesario trabajar para lograr el fortalecimiento de la empresa como rector de los encadenamientos entre productores».

Y es que si bien el sentido de las nuevas disposiciones ha estado encaminado a que producir la tierra sea parte del proyecto de vida del pueblo, todavía pesan viejos problemas como la insuficiente fuerza laboral para dedicarse a las tareas del campo; y lo oportuno de aplicar fórmulas diferentes, o más encadenadas, que permitan acortar los tiempos para las acciones de importación y exportación.

Otro de los reclamos que refieren los productores, son las demoras en los cumplimientos de los plazos para las entregas de tierra; la necesidad de mayores niveles de inversión en el sector; y el acceso a una variedad, tanto de suministros como equipos, que actualmente solo se comercializan en MLC.

En este escenario, tampoco puede obviarse que la autonomía de los municipios para concertar precios es un estímulo a la producción, mientras contribuye a no elevar en exceso los costos.

No obstante, también es responsabilidad de las autoridades locales enfrentar los precios especulativos y abusivos, pues si bien quedó atrás la política de topar precios, ello no va en detrimento de su facultad para establecer precios minoristas que tomen en cuenta las necesidades y realidades territoriales.

Apostar por la solución de estas problemáticas, resulta tan importante como velar por la correcta aplicación de las 63 medidas, pues aun cuando el llamado siempre será a producir más –ya que es la única respuesta efectiva para aumentar la oferta y bajar los precios–, la balanza de acciones debe equilibrarse mejor entre lo que necesita el productor para sacarle más provecho a la tierra y, por otra parte, lo que puede costear el bolsillo de la mayoría de los cubanos.