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lunes, 25 de junio de 2018

Subsidios agrícolas en Cuba: números fríos y nuevas preguntas


Por Pedro Monreal
25 de junio de 2018
El colega Silvio Gutiérrez, Director de Agroindustria del Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba, ha tenido la amabilidad de comentar, mediante una nota en su página de Facebook, el artículo que publiqué hace unos días sobre el sector privado y la agricultura cubana.
Silvio es un competente funcionario a quien conozco desde nuestra época universitaria y cuyo trabajo he seguido, tanto a través de sus presentaciones en los medios como mediante lo que ha publicado, especialmente en la Revista Cubana de Finanzas y Precios.
Los comentarios recibidos han servido para precisar varios puntos importantes respecto a los subsidios presupuestarios a las empresas estatales del agro, así como para reformular algunas preguntas -todavía sin respuestas-, y también han permitido identificar nuevas preguntas.
Fundamentalmente, Silvio ha llamado la atención acerca de que los “fríos datos estadísticos” son necesarios, pero no suficientes para poder entender la compleja realidad agrícola del país, especialmente los cambios que han ocurrido desde 2016 en las relaciones económicas y financieras en la agricultura cubana y que involucran modificaciones en la formación de precios y en el funcionamiento del presupuesto. Naturalmente, Silvio tiene razón.
Mi único comentario sobre ese punto es que, de todas maneras, deberían facilitarse más datos estadísticos públicos que los que hoy se divulgan porque hacen falta datos adicionales para poder realizar un debate de calidad. Por ejemplo: ¿Cuál es el monto exacto de las transferencias presupuestarias por concepto de “actividad empresarial” para subsidiar la exportación y la sustitución de importaciones que se destinan a producciones que se originan en el agro cubano?
Precisiones importantes y nuevas preguntas
Silvio ha aportado algunos detalles que pudieran contribuir a mejorar la discusión pública sobre un tema tan importante como es el funcionamiento del agro cubano. Esos detalles son los siguientes:
-          Las transferencias a la “actividad empresarial” estatal para subsidiar la exportación y la sustitución de importaciones no se dirigen hacia la esfera productiva sino hacia la comercialización: “Los productores de las cooperativas, las empresas o los no asociados a formas colectivas de producción gozan de precios de acopio estimulantes para su producción, no necesitan subsidios”.
-          Las causas para el otorgamiento de subsidios son diversas y fundamentalmente estos se otorgan “a las entidades comercializadoras que compran a precios superiores a los que venden a los destinados a la exportación, el turismo y las ventas normadas a la población”.
-          A partir de los cambios introducidos en 2016, los productores agrícolas “aportan ingresos al Presupuesto por más de 6 mil millones de pesos” (creo entender que anualmente).
Una aclaración que me parece importantes es que la cifra de 14 465 millones de pesos previstos como subsidios a la “actividad empresarial” para subsidiar la exportación y la sustitución de importaciones -tanto en el agro como en otros sectores- no parece relacionarse directamente con el subsidio a las ventas normadas a la población, el cual era de 3 mil 740 millones de pesos en el presupuesto de 2017 y que se contabilizaba de manera separada.
Los detalles expuestos por Silvio me llevan a rectificar el cálculo que hice anteriormente acerca del monto del subsidio por cada libra de frijol producida por el sector estatal. Había calculado unos 26,7 pesos por libra de frijol de producción estatal nacional, pero como ahora se ha aclarado que el subsidio no va al productor sino a los comercializadores estatales, entonces habría que calcular el subsidio implícito en cada libra de frijol “comercializado” por las entidades estatales. Se conoce el monto del subsidio del frijol (947,6 millones de pesos), pero no conozco el dato exacto de las toneladas de frijoles gestionadas por las empresas comercializadoras estatales en 2017. Esto queda entonces como un cálculo pendiente.
A pesar de las aclaraciones de Silvio, surgen tres nuevas preguntas para las que no se disponen, hasta donde conozco, de respuestas que estén disponibles de manera pública:
-          ¿Se concentra en las empresas y en las Unidades Empresariales de Base (UEB) del Ministerio de la Agricultura (MINAG) y de AZCUBA el subsidio por concepto de “actividad empresarial” para subsidiar la exportación y la sustitución de importaciones, o también tienen peso como receptoras de esos subsidios algunas empresas comercializadoras estatales de otros ministerios y del Poder Popular?
-          ¿Cuál es el valor de ese tipo de subsidios que reciben las entidades de Acopio subordinadas al MINAG?
-          ¿Qué parte de los más de 6 mil millones de pesos de ingresos aportados al presupuesto por los productores del agro se originan en entidades productivas estatales del agro?
Algunas hipótesis preliminares para continuar el debate
Adicionalmente, hago dos observaciones, a manera de hipótesis:
-          La principal causa de esos subsidios para la exportación y la sustitución de importaciones parece ser la distorsión que introduce la ficción económica que se materializa en forma de tasa de cambio oficial de 1 USD = 1 peso cubano (CUP).
-          Una parte de los ingresos presupuestarios originados en el agro cubano -que pudiera ser una parte grande- sería aportada por productores agropecuarios “no estatales”. Es decir, los productores “no estatales” estarían en realidad subsidiando -vía presupuesto- la brecha de ingresos que las empresas comercializadoras estatales del agro tienen debido a las distorsiones cambiarias. Estaría produciéndose una transferencia de recursos desde el sector “no estatal” hacia las empresas estatales.

Obviamente, la validez de esta última hipótesis depende de la magnitud de los aportes que hacen al presupuesto los productores agropecuarios “no estatales”, un dato que no se conoce, por el momento.
No obstante, es plausible pensar que ello pudiera estar ocurriendo porque en el sector “agricultura, ganadería y silvicultura” existen solamente 285 empresas estatales que coexisten con miles de cooperativas y de productores privados.
El punto que creo que debe retenerse en el análisis es que lo relevante es hacer la comparación de los ingresos aportados al presupuesto por los productores estatales del agro contrastándolos con los subsidios que recibe el sector estatal en el agro.
Eso permitiría calcular el monto de transferencias “netas” que tienen lugar dentro del sector estatal. El problema es que si se toma como base del análisis el monto total de los 6 mil millones (aportados por productores de todos los tipos de propiedad y de gestión) se introduciría una distorsión en el análisis porque pudiera crearse la impresión de que se trata de un rejuego de transferencias “dentro” del sector estatal, cuando lo que pudiera estar ocurriendo sería la compensación de un subsidio que es exclusivamente estatal (solamente lo reciben empresas estatales) con ingresos presupuestarios que no se originarían exclusivamente en el sector estatal.
Una cuestión adicional sobre los precios del agro: ¿adecuados y flexibles?
Silvio ha expresado que los productores del agro, con independencia de la forma de propiedad y de gestión- reciben actualmente precios de acopio estimulantes. Se sabe que el proceso que condujo al establecimiento de esos precios en 2016 incluyó un trabajo de preparación de fichas de costo y de consultas con los productores.
Como se conoce, el precio de los productos agropecuarios es un tema importante del debate económico del país y está en “el centro de mira” de la opinión pública. Es un asunto en el que influyen factores de diverso tipo y que incluye varias dimensiones.
Sin embargo, hay dos cuestiones específicas que sería importante poder discutir:
-          ¿Es adecuado el actual método de cálculo oficial de los precios “centralizados” de Acopio para productos fundamentales de la canasta (costo + utilidades) y del precio “no centralizado” de otros productos (costo + márgenes comerciales)?
-          ¿Existe la suficiente flexibilidad en los precios del agro para que las modificaciones en las condiciones del mercado se transmitan de manera efectiva hacia el productor y que estos puedan responder a esos cambios?
 Son dos preguntas importantes en el contexto de la transformación de un modelo que aspira a “reconocer, regular y lograr un adecuado funcionamiento del mercado”, como se plantea en el documento de la “Conceptualización”.
De nuevo agradezco a Silvio Gutiérrez su gentileza y su interés en contribuir al debate sobre un tema político crucial en Cuba.


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