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"Peor que los peligros del error son los peligros del silencio." ""Creo que mientras más critica exista dentro del socialismo,eso es lo mejor" Fidel Castro Ruz

viernes, 22 de diciembre de 2017

Debatiendo sobre la economía cubana: el olvido de la reflexión en la crítica política

Por Pedro Monreal

22 diciembre de 2017

He leído con atención el texto titulado “Una reflexión sobre los olvidos políticos de la crítica económica que se nos hace”, que ha publicado el profesor MsC. Rubén Darío Mora Fernández, el 14 de diciembre de 2017. https://cubaeconomista.blogspot.fr/2017/12/vuna-reflexion-sobre-los-olvidos.html. En su primer párrafo se anuncia una crítica directa a los “olvidos políticos” de la propuesta de Programa de Estabilidad Económica que presenté hace unas semanas.

La conjeturada implicación práctica de ese imputado “olvido político” fue planteada claramente por el comentarista: mi propuesta está formulada en términos que no permite revelar “nuestra realidad”. Concentrémonos, entonces, en esos dos puntos que el profesor ha escogido para articular su visión crítica sobre la propuesta del programa: la dimensión política y la realidad nacional.

Rehén de los eufemismos políticos

La reflexión crítica que se ha hecho considera que las definiciones normativas (lo que debería ser) contenidas en el documento de la “conceptualización” explican la “no existencia de la categoría en Cuba de la empresa privada nacional”; pero con esto hay, al menos, dos problemas. En primer lugar, plantea una perspectiva superficial respecto a las causas por las que existen -o no existen- instituciones en un marco político determinado. En segundo lugar, lo que no existe -hasta el momento- es la forma jurídica de la empresa privada nacional, pero en tanto categoría que refleja un hecho de la realidad, es difícil argumentar que no existe empresa privada nacional.

No me queda claro lo que –en el plano de las ciencias sociales- el comentarista entiende por “categoría”, pero la empresa privada nacional sí existe como parte de la realidad de Cuba. Es precisamente respecto a ese hecho que el Informe Central del VII Congreso del PCC pidió “llamar a las cosas por su nombre y no refugiarnos en ilógicos eufemismos para esconder la realidad”.

Pudiera ser que el comentarista tuviese una idea diferente, pues plantea “la no existencia de la categoría en Cuba de la empresa privada nacional y, sí el reconocimiento como micro, pequeña y mediana empresa privada, como actores complementarios en dicho sistema”. Asume que se trata de dos cosas distintas, pero en realidad está utilizando un eufemismo ilógico que trata de esconder una realidad: una empresa pequeña (o micro, o mediana) privada es una empresa privada. Lo que define que una entidad sea privada, o no lo sea, no es una cuestión de escala.

El problema que se observa en Cuba respecto a la empresa privada radica en el componente jurídico de la realidad. De la misma manera en que no existe la categoría jurídica de “empresa privada nacional”, tampoco existen categorías jurídicas por separado, ni para el conjunto, de la “micro, pequeña y mediana empresa privada”. Pudiera haber documentos políticos normativos que las mencionen, pero todavía no cuentan con respaldo jurídico concreto. Este es un punto que sirve para ilustrar que los documentos normativos no son los que explican las categorías de las instituciones que existen en la realidad.

Han transcurrido más de 18 meses desde que un documento clave (el Informe Central) de la reunión mas importante del partido político que se autodefine como la fuerza dirigente de la nación, indicó la conveniencia de dotar de personalidad jurídica a esas entidades y de establecer un marco regulatorio adecuado para ellas. Sin embargo, eso no ha ocurrido.

La explicación no la va a encontrar el comentarista en lo que está escrito en los documentos, sino en los procesos políticos reales del país. No tengo información suficiente para explicar el impasse de esos 18 meses, pero la noción de que ello pudiera estar relacionado con el ejercicio del poder político -en una dirección no favorable a la legalización de la empresa privada-, no parece ser implausible.

Idealizando la realidad nacional

El comentarista apunta tres importantes aspectos de la realidad respecto a los que considera que el “Programa de Estabilidad Económica” está equivocado:

Empleo. Apoyado en una brumosa reflexión acerca de por qué una empresa privada micro, pequeña o mediana no es una empresa privada, el comentarista dice que “por eso no se entiende que la supuesta pérdida de empleo en el sector estatal ha estado dirigida por la política de la ampliación del sector no estatal”.

No solamente no entiende el comentarista lo que se plantea en el Programa respecto al empleo nacional en general, sino que refleja desconocimiento acerca de cómo interpretar las estadísticas oficiales de empleo del país. Decir, a estas alturas del debate, que existe una “supuesta” pérdida de empleo en el sector estatal, es el tipo de cosas que nunca sería tomado como una muestra de seriedad en una discusión entre analistas.

Pero hay una contradicción adicional. Por una parte, el comentarista afirma que la reducción del empleo estatal es “supuesta”, pero, sin embargo, parece admitir que ha ocurrido, al decir que habría sido algo “dirigido” por el gobierno para ampliar el sector no estatal. Es la primera vez que escucho esa visión auto-exterminadora del sector estatal cubano. No parece estar familiarizado el comentarista con la abundante literatura académica producida en Cuba que explica ese proceso como el resultado de una imperiosa necesidad, y no de una opción consciente para desarrollar el sector no estatal.

Eslabonamientos productivos. Este es, probablemente, el componente de la reflexión del comentarista en el que la idealización de la realidad económica del país alcanza un momento verdaderamente estelar. Se afirma que el Trabajo por Cuenta Propia (TCP) “está proyectado prospectivamente a los encadenamientos necesarios con el sector estatal, cooperativo y mixto, para el acercamiento progresivo a la satisfacción de necesidades que demandan las comunidades, desde producciones que no realiza el Estado”.

Parecería que el comentarista tiene a mano los datos que le permiten entender cómo funcionaría “prospectivamente” -en la práctica- esos ensoñados encadenamientos necesarios y el acercamiento progresivo de la satisfacción de las necesidades, a pesar de que lo que se tiene como base material para esa idílica “proyección prospectiva” son categorías laborales como las de “forrador de botones”, “pelador de frutas naturales”, “animador de fiestas, payasos y magos”; “cochero”; “criador-vendedor de animales afectivos”; “peluquero de animales domésticos”; “productor-recolector”; “vendedor de hierbas para alimento medicinal o de hierbas medicinales”; “reparador de colchones”; o “servicio de coche infantil tirado por animales”.

Nunca me he topado con un solo análisis que permita establecer ese tipo de “proyección prospectiva” como algo factible. Si el comentarista ha tenido acceso a ese tipo de análisis sería apropiado que lo compartiese.

Sobre el tema he publicado recientemente una nota. Ver: “La economía cubana hacia 2018: temas para legislar”, 18 de diciembre de 2017. (https://cubaposible.com/economia-cubana-2018/).

Bienestar. El comentarista presenta, igualmente, una bucólica visión del Trabajo por Cuenta Propia (TCP). De hecho, parece ver las cosas de tal manera que de pronto entran dudas respecto a la propia conveniencia de reformar la empresa estatal como mecanismo para sustentar la prosperidad de los trabajadores cubanos.

Criticando lo que he expresado acerca de que “en que la mayoría de los casos los TXCP lo que han hecho es sobrevivir”, riposta el comentarista que “todo lo contrario, la mayor parte vive mejor que antes, en cuanto a ingresos, aunque una parte de ellos esté situada en los espacios de movilidad descendente de fuerza de trabajo”. Esto parecería ser un aporte interesante acerca de cómo construir una nación próspera.

Se reconoce que “una parte” no funciona bien, pero eso parece considerarse como un dato secundario. El argumento central de la crítica que hace el comentarista –en este punto sobre el bienestar- es que “una parte de los más de 500 mil TXCP están en procesos de reproducción simple, lo que no significa por debajo del nivel de pobreza, si estimamos este en ingresos inferiores al “cambio 1x1” que usted critica”. Algo así como: ¡Viva la reproducción simple!
Aquí también hay tela por donde cortar. Resulta que parecería ser que “criticar” la tasa de cambio 1 peso cubano = 1 USD expresaría –en mi caso- una valoración incorrecta sobre la que debería ser la cotización de la moneda nacional frente a las divisas. Hasta ahora no había encontrado a alguien defendiendo, ni siquiera tenuemente, la actual cotización cambiaria de 1 X 1.

Una nota adicional sobre sobrevivencia, desigualdad y pobreza

Aunque no está muy claramente formulado, parecería que el comentarista posee acceso a información que no se ha hecho pública respecto al nivel de los ingresos de los TCP, y también parece utilizar un indicador del nivel de pobreza que humildemente le pido que comparta con quienes tratamos de analizar la pobreza en la sociedad cubana y no disponemos de esa información.

El tema de la “sobrevivencia” en Cuba es mucho más complicado de lo que proyectan las reflexiones del comentarista. En Cuba “sobreviven” millones de personas, tanto en el sector estatal, como en el sector no estatal. Simultáneamente, hay personas con un nivel de bienestar muy superior a la media en el sector no estatal, y también en el estatal (no olvidemos la corrupción y el desvío de recursos en el sector estatal que sistemáticamente denuncia la Contraloría General de la República). 

Si se agregan al análisis las remesas y los ingresos “extra” por diferentes vías (legales y no legales), habría que llegar a la conclusión de que el tema de la “sobrevivencia” expresa una abigarrada realidad para la que los analistas no cuentan con toda la información necesaria. A pesar de eso, los científicos sociales cubanos han hecho durante años un loable esfuerzo de investigación y se han obtenido resultados importantes. Por citar solamente cuatro libros esenciales para entender el tema, recomendaría la lectura de las siguientes obras: Políticas de atención a la pobreza y la desigualdad. Examinando el rol del Estado en la experiencia cubana (Dra. Mayra Espina); Algunas claves para pensar la pobreza en Cuba desde la mirada de jóvenes investigadores (compilado por la Dra. Maria del Carmen Zabala, con prólogo del Dr. Juan Valdés Paz, premio Nacional de Ciencias Sociales); Los marginales de las Alturas del Mirador (Dr. Pablo Rodríguez Ruiz); y Guajiros del siglo XXI (Dra. Ana Vera Estrada). 

El razonamiento del comentarista refleja un énfasis excesivo en el aspecto relativo de la prosperidad, el cual es un aspecto válido, pero insuficiente para abordar el tema. Si bien es cierto que es común encontrar en el TCP ingresos mayores relativos en relación con el sector estatal, ello no debe hacernos olvidar que una parte significativa de la situación consiste en que en ambos casos (TCP y sector estatal) se trataría de situaciones de “sobrevivencia”, aunque unos sobrellevarían el proceso relativamente mejor que otros.

Adicionalmente, un análisis de bienestar, específicamente en relación con la “sobrevivencia”, necesitaría incluir otros aspectos que rebasan la cuestión del ingreso, y que no funcionan bien en el TCP, como es el caso del alto riesgo que acompaña las actividades del TCP debido a diversos factores, incluida la inestabilidad y la falta de predictibilidad de las regulaciones.

El punto de partida indispensable para el análisis de la “sobrevivencia” sería poder contar con una medición de ingresos por grupos sociales, calificación, género, y ubicación geográfica; así como poder disponer de indicadores del costo de la canasta básica. Como se sabe, no se publican estadísticas oficiales sobre esos aspectos y, por ello, hay que utilizar estimados basados en casos de estudio, un tipo de estimado que no es muy abundante.

En ese sentido, recomendaría revisar con detenimiento una de las investigaciones más interesantes que se han hecho en Cuba, desde una perspectiva de género, y que revela la complejidad de las relaciones entre diversas fuentes de ingreso y los niveles de pobreza a nivel de unidades familiares del país. Se trata de un estudio de caso y, por tanto, sus conclusiones no son generalizables; pero es el tipo de investigación social rigurosa que permite entender la complejidad del tema del bienestar en Cuba, y que se aleja de la impugnable idealización que el comentarista proyecta respecto a quienes viven “mejor que antes” en Cuba. Se trata de un estudio que he citado con frecuencia: “Remesas y pobreza desde una perspectiva de género. El caso del Consejo Popular de Santa Fe”, de la Dra. Blanca Munster Infante. Puede accederse al estudio completo aquí. (http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20131004012852/Informe.pdf)

Recalco que debe considerarse que se “sobrevive” en una gran parte de la sociedad cubana, en la que se incluye parte del TCP y del sector estatal. Una diferencia relativa de ingresos en favor del TCP representa una “sobrevivencia” más llevadera, pero no significa que se haya superado la “sobrevivencia”.

Las falsedades inevitables

Tratar de esclarecer falsedades parece haberse convertido en una parte habitual de mi respuesta a las críticas que se hacen sobre lo que escribo. Como se repiten esas falsedades, a pesar de haberlas aclarado, no tiene sentido dedicarle mucho más tiempo a eso, pero a veces ofrece una oportunidad para destacar algunos puntos. El comentarista desliza dos falsedades en sus reflexiones.
En primer lugar, no es cierto que las dos entidades que se presentan en la propuesta -la Comisión Económica para la Estabilidad (CEE) y a la Corporación para la Transformación de Activos Estatales (CTAE)- no tengan funciones ejecutivas. La CTAE sí las tiene.

En segundo lugar, no es cierto que esas entidades asuman, en la práctica, atribuciones ministeriales. La CEE es una entidad consultiva provisional, de manera que nada tiene que ver con una función ministerial. Por otra parte, la CTAE tendría una función ejecutiva que no es ministerial. Se establecería, precisamente, para reducir el riesgo de que los intereses ramales pudieran afectar la coherencia de un proceso de gestión de activos estatales que debería operar a un nivel superior de la estructura estatal. Ese tipo de institución existe en otros países y parece haber funcionado razonablemente bien. Me refiero a China y a Vietnam.

Hasta aquí no veo problemas. Pudiera tratarse de falsedades no intencionadas, quizás resultantes de una lectura superficial del Programa o de insuficiente información sobre el tema. El asunto parece ser diferente cuando el comentarista caricaturiza la fase de saneamiento de las empresas estatales transfigurándola en un proceso de “privatización”. Considero que la propuesta explica con suficiente claridad el proceso que se sugiere y que es posible entender que no se reduciría a ser un proceso de “privatización”.

En cualquier caso, quizás debería considerar el comentarista que el Estado cubano ya posee experiencia transfiriendo activos al sector privado, solo que no se trata del sector privado nacional. Recomiendo al comentarista que lea con detenimiento esa parte del Programa. Pudiera haber en su comentario una intención de “etiquetado ideológico”, pero no dispongo de elementos para saber las motivaciones, de manera que simplemente le sugiero que lea con mayor cuidado.

Sugerencias finales

Me complace que el comentarista aborde el asunto desde la perspectiva de la Economía Política. En ese sentido, haría cuatro modestas sugerencias:

-          En primer lugar, que trate de no circunscribir su trabajo al uso de la teoría general y de los materiales normativos. Ambas cosas son necesarias, pero insuficientes para hacer análisis económico (y social, y político). Debería aprovechar los análisis basados en datos de la realidad que hacen los economistas, sociólogos, antropólogos, psicólogos, y politólogos del país; y que no se aprecian reflejados como sustrato de los comentarios que se han hecho. Esos especialistas poseen un conocimiento y una práctica distinta a la del comentarista, que pudiera complementarla. Eso pudiera facilitarle el trabajo al comentarista.  

-          En segundo lugar, creo que sería provechoso para la actividad del profesor que se libere de la carga retórica de un tipo de Economía Política que cada vez se practica menos. Debería tratar de ser no ser rehén de eufemismos y de “lugares comunes” que encartonan la comunicación y que limitan la exploración de la realidad. Por ejemplo, eso de que se “confunde mecanismos con leyes”. El tema de las “leyes” en el campo de las ciencias sociales ha ocupado un espacio en los debates contemporáneos sobre la filosofía de la ciencia y en los estudios sobre la complejidad (por ejemplo: Gareau, Kincaid, Rosenberg, Feynman, o McIntyre). Me limito a señalar aquí que se trata de un asunto polémico, entre otras cosas, porque se encuentra bajo disputa la propia noción de que pudieran existir “leyes” en el terreno de las ciencias sociales.

-          En tercer lugar, le convendría al comentarista cambiar el enfoque limitado con el que está tratando de responderse la pregunta: ¿cómo gestionar integralmente la principal fuente productiva del país -sus trabajadores- ante la incapacidad de la empresa estatal para hacerlo? Las reflexiones del comentarista indican un entendimiento del asunto como un problema de fallas de conocimiento que deben ser resueltas mediante entrenamiento y capacitación. Le sugiero al profesor que priorice el análisis de los intereses y de las estructuras socio- económicas concretas (no abstractas) en las que funcionen las empresas estatales en Cuba. A fin de cuentas, la Economía Política es acerca de eso. No importa la cantidad y calidad del conocimiento que se trasmita a dirigentes y trabajadores, si se continúa la práctica social en las empresas de no pagarle al trabajador lo que debe pagársele, por citar un caso. Aquí hay un tema “puro y duro” de intereses.

-          Finalmente, el comentarista pudiera considerar la posibilidad de incorporar, de manera penetrante, el análisis político a su trabajo. No me refiero a “mencionar” temas políticos, ni a tomar la política como “marco de referencia” general del análisis económico, sino a practicar eso a lo que se le llama “la inmersión del analista en las dimensiones políticas concretas del desarrollo”: fuentes del poder, formas del poder, competencia de agendas, intentos por tomar el control de los recursos y de apropiarse de los resultados económicos, conflictos, negociaciones, coaliciones, etc. Esas cosas ocurren en Cuba. La armonía es cosa de la música y de la poesía, no de la economía ni de la política. Hacer análisis político en el marco del estudio de los problemas económicos no es hacer “referencias” a la política, sino entender los detalles de la política e identificar sus posibles causalidades respecto a lo económico.
Obviamente, no me refiero en este punto a una deficiencia particular del comentarista, sino que simplemente le sugiero la posibilidad de que trate de familiarizarse con un proceso más amplio dentro de la Economía Política actual –incluyendo la marxista, pero que no se limita a esta- que, reconociendo el papel de los intereses, incentivos e instituciones en la manera en la que los actores se comportan y generan procesos y prácticas que afectan o benefician el desarrollo, se propone que la Economía Política le conceda un lugar central a lo que se considera que es “propio” de la Economía Política: el análisis de temas políticos como el poder, la “agencia” de los actores, y las coaliciones.

Me refiero a los debates en el campo de lo que se conoce como “Pensando y Trabajando Políticamente” (Thinking and Working Politically, TWP) y “Haciendo un Desarrollo Diferente” (Doing Development Different, DDD), en el que han participado especialistas como Adrian Leftwich, David Hudson, Matt Andrews, Leni Wild, Marta Foresti, Salimah Samji, Claire Mcloughlin, Jaime Faustino o David Booth, entre otros.

La visión sobre el reto de la Economía Política en Cuba no puede limitarse a las cuestiones relativas al socialismo, sino que debe incluir –de manera central- el tema del desarrollo, entendido este de modo preciso y no simplemente de manera general, declarativa o normativa.

Implicaría incorporar al análisis económico concreto cosas como la existencia de “resistencia burocrática”, “mentalidades arcaicas”, y conceptos “obsoletos”, todos ellos temas ciento por ciento políticos. ¿Puede haber alguna duda acerca de que el estudio riguroso de la “resistencia burocrática” en Cuba pudiera tener mayor poder explicativo respecto al proceso de lento crecimiento económico del país que muchos otros factores que suelen mencionarse?

Me percato que esto debe resultar perturbador para quienes asumen que la función de un especialista de Economía Política es la de transmitir doctrinas y no la de tratar de “desempacar” el papel de la política en el desarrollo, pero renunciar a hacer eso casi siempre resulta en una idealización de la realidad que dificulta su transformación.

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