Acerca de la inflación en Cuba

Por Pedro Monreal, El Estado como tal

Un incremento salarial para mitigar a corto plazo el empobrecimiento derivado de la inflación en Cuba requiere considerar: a) la “compresión” salarial provocada por el “ordenamiento”, b) enfoque de la inflación como conflicto, y c) la gestión presupuestaria.

Atenuar la inflación, no en toda su magnitud ni para eliminarla, debería ser una urgencia de política económica en la que se utilizasen mecanismos diversos con posibilidad de ser efectivos en el corto plazo a condición de que no entorpezca las soluciones a más largo plazo.

Es legítimo considerar el incremento salarial como mecanismo mitigador del efecto de la inflación en el bienestar. No es inevitable que mayores salarios se traduzcan en liquidez adicional que genere una espiral de salarios-precios. Tal efecto necesitaría ciertas condiciones.

Cualquier política antinflacionaria requiere producir una respuesta de oferta para que sea efectiva, pero eso toma tiempo. Paliar la inflación a corto plazo necesita acciones del lado de la demanda, con un tiempo de respuesta más breve.

En general, en Cuba las empresas forman hoy precios mayores considerando principalmente los aumentos de precios mayoristas de insumos, electricidad, combustible, agua, y una utilidad preestablecida, pero el aumento de salarios no es significativo.

En tiempos recientes, la única excepción de incrementos del salario medio superiores al índice de precios al consumidor (IPC) fue el período 2019-2021, notablemente en 2021 con la aplicación del “ordenamiento”, pero en 2022 el IPC creció 4 veces más que el salario medio.

Cuando los salarios se quedan por detrás de un incremento general de precios, como en 2022, la parte que teóricamente debería ir al trabajador para ajustar sus ingresos a los nuevos precios no desaparece por un agujero, sino que va como el pago de “algo” hacia otros actores.

La inflación es un fenómeno complejo que no puede ser explicado solamente como un problema monetario. Existen enfoques que consideran el conflicto -entendido como discrepancias de precios relativos- como una causa de la inflación.

La inflación como conflicto considera que, aún en ausencia de desbalance de oferta demanda, normalmente existen conflictos entre actores que pugnan por modificar precios según sus intereses y que la incompatibilidad de metas y precios relativos causa inflación.

Acomodar un incremento de salarios como paliativo temporal no necesariamente tiene que igualar el crecimiento del índice de precios al consumidor, y el ingreso adicional pudiera ser derivado de una redistribución mediante mayores impuestos empresariales.

Si los ingresos por mayores impuestos se dedican a la reducción neta del déficit fiscal, no modificaría la demanda global. La última cifra disponible (2021) de “remuneración de trabajadores” es de 156 mil millones CUP. Un aumento de 10% equivaldría a 15,6 mil millones CUP.

Poniendo en perspectiva el costo de 15,6 millones CUP por aumento de 10% de la “remuneración de trabajadores”, este equivaldría a 15% de los ingresos tributarios de 2023. Igualmente es mucho más costoso el subsidio de 52 mil millones CUP al sector empresarial.

El corolario para la política antinflacionaria es que un incremento salarial es legítimo y posible, y requeriría una distribución desde los ingresos empresariales hacia los salarios mediante mayores impuestos destinados a reducir el déficit y mantener la demanda global.