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El VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, celebrado en abril de 2016, refrendó la continuidad de los cambios anunciados cinco años antes, aunque se reconoció que solo un 22% de los lineamientos acordados entonces había sido cumplido. Además, estos se corresponden esencialmente con los aspectos de más fácil solución. La tarea más ardua comienza ahora y dos elementos de gran calibre gravitan sobre el futuro cercano.
Por una parte, el presidente Raúl Castro dejará la presidencia a un sucesor en febrero de 2018, terminando efectivamente con 59 años de gobiernos amparados en el peso del carisma y la historia en el ejercicio de la política. Para el nuevo gobierno, la tarea de continuar estas transformaciones se antoja compleja. En segundo lugar, la economía ha entrado en 2016 en otra fase recesiva, una vez más originada esencialmente en las dificultades del mayor socio comercial de Cuba, en este caso Venezuela.
El cónclave aprobó en primera instancia dos nuevos documentos para reemplazar los Lineamiento de primera generación, que se deben convertir en la guía de las reformas en los años venideros. Es por esto que revisten gran importancia, en tanto presuponen una mayor elaboración y alcance de las transformaciones, con un horizonte estratégico, y que por primera vez se arriesgan a dibujar las características fundamentales de la nueva sociedad.
Los dos documentos principales han sido concebidos como un cuerpo único, que intentan mantener cierta coherencia conceptual. La versión revisada de los Lineamientos se convierte ahora en un elemento transicional, que establece pautas a corto plazo. La Conceptualización es el documento teórico y político central, que describe el contorno general del futuro modelo cubano. A continuación se resaltan algunos de los mayores hitos de este documento.
El Documento establece que el propósito último es la construcción del socialismo en las condiciones de Cuba, lo que lo distancia diametralmente de la experiencia de Europa del Este y la extinta Unión Soviética, pero lo acerca a los procesos en China y Vietnam.
El diagnóstico de la situación de partida supera lo planteado en la primera versión de los Lineamientos, tanto por el lenguaje como por las debilidades o problemas a que hace referencia. Entre estos se incluye la insuficiente disponibilidad de divisas, atraso tecnológico, retraso de la base productiva, infraestructura e inversiones, y daños medioambientales. Además, se reconocen varias dificultades sociales como la creciente desigualdad, el éxodo interno y externo de trabajadores calificados, la existencia de corrupción, delitos, y otras formas de marginalidad social, y el envejecimiento y estancamiento de la población. Al mismo tiempo era esperable que se sobrestimaran las fortalezas del país. Existen quizá dos asuntos que debieron recibir una mayor atención en esta parte: la creciente heterogeneización de la sociedad, y el deterioro en la calidad de los servicios sociales.
Es destacable el reconocimiento explícito de que la sostenibilidad del modelo cubano depende directamente del logro de cuotas superiores de desarrollo, y este a su vez se vincula estrechamente con el crecimiento económico. El hecho de vincular la perdurabilidad del modelo con el progreso, y no necesariamente con el completamiento del tránsito hacia el socialismo, marca una ruptura con el discurso anterior y probablemente abre la puerta hacia decisiones pragmáticas que acepten las reglas de juego del mundo actual.
La forma de propiedad fundamental será la socialista de todo el pueblo, sobre los medios fundamentales de producción, en un escenario de coexistencia de múltiples formas. Se abre la posibilidad de que los medios fundamentales puedan ser compartidos o gestionados por otras formas reconocidas. Además, se declara que la propiedad colectiva comporta deberes y derechos, entre los que se encuentra la participación directa en la administración de estos bienes, y más aún, en la toma de decisiones sobre su uso y gestión.
También se incluye una ampliación del concepto de propiedad mixta, que incluye la posibilidad de que empresas estatales se asocien con entidades naturales o jurídicas, tanto nacionales como extranjeras. En relación a la propiedad privada se supera todo lo anterior que se había recogido sobre este asunto. Por primera vez en el período revolucionario, se establece claramente que existe un espacio y una función social a cumplir por la propiedad privada en el modelo cubano. Esto no es poco. Asimismo, se aclara que las regulaciones deben conducir a que los productores de todas las formas de propiedad reciban condiciones similares de funcionamiento y acceso a los mercados. No obstante, habrá que esperar a la implementación para saber cómo se interpretó el término “similares”, que no se traduce exactamente como “en igualdad de condiciones”.
A tono con los cambios en la estructura de propiedad, se consagra que la intervención del Estado descansará en la combinación de instrumentos directos e indirectos de política económica. Incluso se propone que “El Estado se concentra en las funciones que le son propias, como planificar, regular, conducir y controlar el proceso de desarrollo económico y social…” lo cual lo asemeja notablemente a los estándares asumidos por los Estados modernos. En lugar de fijar precios centralmente se plantea que se establecerán políticas para su determinación, transfiriendo el establecimiento de los mismos al sistema empresarial, excepto en ciertos casos de alta sensibilidad.
En el ámbito social no se ponderó adecuadamente el impacto de elementos externos. Convendría reconocer que a estas alturas, el ideal de prosperidad de los ciudadanos no solo tiene que ver con aspiraciones y circunstancias domésticas. Estos estándares se hallan crecientemente influenciados por patrones de consumo y estilos de vida provenientes del exterior, mayormente capitalista. Es un fenómeno que no es exclusivo de Cuba. Aquí adquiere características propias debido a la condición de país occidental, subdesarrollado y latinoamericano; la cercanía a Estados Unidos, y la existencia de una amplia comunidad cubana en ese país. Aquí también se ubicarían Internet y los medios masivos de comunicación.
Asimismo, se aspira a garantizar estabilidad económica y social, sin inseguridades sobre el futuro familiar o personal. Esta es una propuesta excesivamente idealista. El aumento de la incertidumbre debido a diversos procesos convergentes es una característica de la sociedad contemporánea, que se relaciona con el cambio técnico, la creciente movilidad del capital, el trabajo y las personas, junto a su interactividad.
En general, el avance es innegable, pero persisten tensiones e incluso contradicciones en la propuesta, cuya solución será una de las claves del éxito. La propia aceptación del modelo de economía mixta se combinó con una deliberada estratificación de las diferentes formas de propiedad. El resultado es un esquema en el que se ubicaría la propiedad socialista de todo el pueblo (estatal) como la forma principal, seguida por la cooperativa, a la que se le brindará una atención especial en tanto tipo colectivo de gestión, y finalmente la propiedad privada, como opción subsidiaria de las demás. Sin embargo, el alcance y las funciones previstas para esta última, deja entrever que en todo caso, la inversión extranjera desempeñará un rol protagónico, mientras que el capital privado nacional enfrentará las mayores limitaciones. Esto puede ser contraproducente en el largo plazo.
La superioridad de unas formas sobre otras aparece como una mera aspiración que responde a consideraciones extraeconómicas. La superación de las relaciones capitalistas no se logra por decreto. La estratificación propuesta puede conducir a una asignación ineficiente de los factores productivos, lo que retardará enormemente el crecimiento económico, objetivo declarado como esencial para la sostenibilidad del modelo. No debería primar un criterio administrativo en la determinación de las áreas donde operan el sector privado y las reglas de mercado.
Otro asunto controvertido es el rol del mercado, especialmente porque se sigue presentando como alternativa a la planificación central. Esta se anuncia como la forma de dirección principal, aunque no se esbozan los profundos cambios a los que está abocada la concepción tradicional dominante hasta hoy. Se llega a afirmar que se elegirán las áreas en las que se aceptarán las relaciones de mercado. La contradicción es evidente en tanto el mercado es una relación social objetiva, que no depende del reconocimiento consciente de ningún ente político o de otro tipo.
El establecimiento de límites a la concentración de la propiedad y la riqueza es otra cuestión de gran alcance, teniendo en cuenta la interpretación de este principio desde la adopción de los Lineamientos en 2011. Esto se ha equiparado con la imposición de restricciones al surgimiento y desarrollo del sector privado. Es difícil comprender como se puede establecer el crecimiento como objetivo central y a la vez penalizar sistemáticamente a las empresas más eficientes y creativas, esto es, a las que crecen y amplían su dotación de factores productivos, incluyendo fuerza de trabajo. Al tratar de igualar hacia abajo a las mejores entidades, se les retrotrae al escenario donde se ubica la zona de confianza de los peores productores.
La apropiación social de la mayor parte de la riqueza, que debería ser el objetivo de justicia social posible en las actuales condiciones puede tener lugar en un contexto donde la gestión y propiedad estatal no sean mayoritarias. Pero requiere que las entidades públicas sean bien gestionadas y que se premie socialmente los mejores desempeños.
Resulta alentador el reconocimiento de la necesidad de una relación más funcional con la economía mundial. Se llega a declarar que se promoverá la integración económica con otros países, especialmente de la región latinoamericana. No obstante, avanzar por este camino plantea una dificultad sustantiva. Los procesos de este tipo que tienen lugar en el mundo contemporáneo tienden a proponer una integración profunda entre las economías participantes. Los acuerdos que se negocian, desde hace bastante tiempo desbordan el ámbito puramente comercial, para incorporar las inversiones, propiedad intelectual, competencia, compras públicas, entre otras muchas. La presencia de estos aspectos da por descontado que las instituciones fundamentales de una economía de mercado son funcionales en las economías participantes. Este no es el caso de Cuba. El dilema se plantea de esta forma: se aceptan estas reglas de juego, asumiendo que el beneficio a largo plazo es clave, y se introducen gradualmente las transformaciones necesarias, o el país queda al margen de estos procesos.
La consagración práctica de esta propuesta debería hallarse en el Plan Nacional de Desarrollo 2030, que será analizado en un trabajo posterior. La Conceptualización es una propuesta perfectible, de gran relevancia, que debe ser discutida con profundidad y seriedad. Las nuevas generaciones deben ser parte activa de este proceso, en tanto ellas construirán, y sobre todo heredarán, la nueva Cuba. En esa lógica, ellas deberían tener un interés, y por qué no, un peso desmedido en estas discusiones. ¿Existen los mecanismos políticos y sociales que hagan posible esta retroalimentación? Más importante aún, ¿estamos haciendo todo lo posible para crearlos?
(*) Ricardo Torres, Doctor en Ciencias Económicas y profesor de la facultad de Economía de la Universidad de La Habana.
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