Continuidad y ruptura

Por Fidel Vascós González, Segunda Cita 

SÁBADO, 18 DE MAYO DE 2019 

Son dos términos ligados indisolublemente entre sí de la dialéctica materialista. El uno no existe sin el otro. En el desarrollo de los procesos sociales, la continuidad garantiza el legado positivo de lo viejo que se mantiene en lo nuevo y la ruptura transforma lo que debe ser cambiado de lo viejo para dar paso a lo nuevo. En la transición cubana de hoy, ha hecho bien nuestro Presidente Miguel Diaz-Canel Bermúdez en subrayar la continuidad de la política revolucionaria que llevará a cabo en su mandato. Con esta declaración asegura que, por mucho que cambien las circunstancias, se mantendrán inalterables los principios de nuestro socialismo mantenidos por la dirección histórica de la Revolución, encabezada por Fidel y Raúl, en cuanto a la defensa intransigente de la independencia y soberanía nacionales, la justicia social, la solidaridad internacional, el antiimperialismo y la lucha por la paz, entre otros. Ello no niega la necesidad de romper determinados aspectos de lo viejo que ya no se ajustan al momento histórico que estamos viviendo, y sustituirlos por lo nuevo. 

No pocos temas se incluyen entre todo lo que debe ser cambiado. En esta ocasión me referiré al contenido y forma del sistema de planificación y gestión de la economía en las empresas estatales. Pero antes de entrar en materia, debo destacar una advertencia inicial. La organización de las entidades económicas no define si una sociedad es socialista o capitalista. Referirse solo a la economía para decidir la clasificación de un régimen social es, en cuanto al socialismo, una consideración reduccionista. El socialismo es mucho mas que eso. En su concepción debe valorarse, entre otras consideraciones, la intencionalidad humanista presente en sus políticas, la adecuada correlación entre lo individual y lo colectivo, la solidaridad internacional, la justicia social imperante, la participación activa del pueblo en los asuntos económicos, sociales y políticos, la seguridad ciudadana, el estricto cumplimiento de la ley, la lucha por la paz y la protección del medio ambiente. El socialismo se caracteriza mas por la distribución que por la producción. Por todo ello, es perfectamente posible promover la marcha hacia una sociedad socialista utilizando elementos de la organización económica que aplica el capitalismo. 

Aclarado esto, pasemos a la propuesta que intento formular. 

Cuando existía la URSS y Cuba era miembro del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), era correcto que el gobierno y los ministerios ejercieran un control administrativo casi absoluto sobre las empresas estatales, las cuales prácticamente no tenían autonomía alguna. El plan central les determinaba los proveedores, los clientes y los precios a los que podían comprar y vender. En realidad, quienes decidían en la gestión empresarial eran los funcionarios estatales de los organismos balancistas de cientos de los más importantes bienes materiales que circulaban en el país. Entre los organismos balancistas se destacaban la Junta Central de Planificación (JUCEPLAN), el Comité Estatal de Abastecimiento Técnico Material (CEATM) y el Ministerio del Comercio Interior (MINCIN). 

El balance de los bienes consistía en establecer un equilibrio entre la fuente y el destino de cada producto en cuestión. Del lado de la fuente se incluía la producción, la importación y la reducción de sus inventarios en el país; mientras que del lado del destino se precisaba le exportación, el consumo y el aumento de inventarios. El organismo balancista elaboraba el balance nacional del producto que tenía asignado y lo desagregaba por cada ministerio y órganos locales del Poder Popular. Estos, a su vez, desagregaban el balance a cada empresa bajo su administración. 

El método funcionaba muy bien en las condiciones de Cuba cuando era miembro del CAME. Recordemos que en aquella época, el 85% del comercio exterior de la Isla se hacía con la Unión Soviética y los demás países socialistas. El monto y los precios de los bienes que se intercambiaban se fijaban para un quinquenio y se desagregaban por años. Lo mismo ocurría con las inversiones que se contrataban y su financiamiento. Este método de trabajo daba a Cuba una estabilidad económica muy ventajosa, lo que le permitió alcanzar logros de importancia para el país. 

En el período 1981 – 1985, cuando ya estaba madurando la aplicación de esta metodología de planificación, la economía creció a un ritmo promedio anual de 7,3%, muy por encima del 5% previsto. La industria aumentó a una tasa del 8,8%, las inversiones fueron 34,2% mayores que en el quinquenio anterior; la productividad del trabajo se incrementó a un ritmo anual del 5,2%. En el Informe Central al III Congreso del PCC, su Primer Secretario Fidel Castro Ruz expresó textualmente: “El año 1985 fue, sin duda, el de mayor ahorro y eficiencia y el de mejores resultados económicos de la Revolución…”. 

En el mencionado Informe Central también se criticaron deficiencias y fallas habidas en el período y se formularon indicaciones concretas para superarlas, lo que se comenzó a realizar en el quinquenio 1986 – 1990. Pero las graves contradicciones internas ya existentes en la URSS y el campo socialista se agudizaron, lo que unido también a la influencia de negativos factores externos, condujo a la caída del Muro de Berlín en noviembre de 1989 y a la desintegración de la Unión Soviética en diciembre de 1991. El sistema de planificación y gestión económicas que se venía aplicando en nuestro país entró en crisis, comenzando entonces el Período Especial en Tiempos de Paz. 

En la actualmente proclamada reforma de la empresa estatal, hay que tener en cuenta que ya no existe el campo socialista como lo conocimos y Cuba vive inmersa en un mundo globalizado con una mayoría de países capitalistas donde predominan las tendencias neoliberales. A consecuencia de ello, el sistema de planificación y gestión económicas aplicado en Cuba cuando existía la URSS ya no se corresponde con el momento actual y obstaculiza el aumento de la producción, de las exportaciones y de la sustitución de importaciones, así como de la eficiencia empresarial. El estilo y método de dirección de nuestra empresa estatal tienen que ser cambiados. 

Los ministerios no deberían seguir administrando las empresas estatales como lo hacen hoy, sino asumir otro tipo de funciones más estratégicas. La empresa debe tener plena autonomía en su gestión de manera que ella misma identifique sus clientes y suministradores, estableciendo con ellos contratos donde se estipulen, entre otras condiciones, los precios de los productos y servicios. También debería mantener autonomía en sus decisiones financieras y exportar e importar bienes y servicios directamente sin someterse al monopolio estatal del comercio exterior. En este último aspecto, la función del Estado consistiría en regular y controlar las relaciones económicas externas, pero no administrar la gestión empresarial de este sector. 

En general, el Estado asumiría otro tipo de funciones más estratégicas en la dirección global de la economía y en el desarrollo científico y tecnológico del país. Algunos pocos productos se mantendrían en los balances centralizados del Estado, principalmente los energéticos. También el Estado mantendría control directo de las grandes inversiones. 

En el intento para lograr las buenas maneras de actuación en las empresas, nos hemos acostumbrado a utilizar casi exclusivamente la motivación política y moral entre los trabajadores. La práctica indica que ello no es suficiente. Ahora se hace necesario que el colectivo laboral también se sienta comprometido materialmente en los resultados de la gestión de la empresa y asuma una mayor participación en su dirección ejecutiva. 

Lo que propongo es que las empresas estatales elaboren y aprueben ellas mismas su plan de negocios y no dependan de cifras directivas decididas centralmente “desde arriba”. El Estado puede tener prioridad como cliente de las empresas, pero por vía de los precios a los que compra y el cumplimiento de los contratos con las empresas, y no por decisiones administrativas solamente. En el perfeccionamiento de nuestra empresa estatal, habría que tener como referencia las experiencias exitosas de empresas públicas y privadas de otros países. 

Cuando el colectivo laboral de la empresa estatal cubana esté más comprometido en la gestión económica de su corporación, participe directamente en los éxitos de la empresa y los vean reflejados en sus bolsillos, así como sufran también en sus bolsillos los problemas que aquejan a la empresa, tengo el criterio de que velarían con mas ahínco y actuarían con mas rigor para elevar la eficiencia económica y por impedir los robos y otros males a los que hoy nos enfrentamos. En estas nuevas condiciones, habría que desarrollar la legislación que norma la actuación de las empresas, incluyendo, entre otras, la promulgación de una Ley de Bancarrota, también extendida al sector no estatal. 

Dentro de mi sugerencia se incluye que la denominada “empresa estatal socialista de propiedad de todo el pueblo” debería dar paso a la “empresa pública de propiedad por acciones” donde el Estado podría tener el 100 por ciento o una parte de ellas en combinación con accionistas, que pudieran ser personas naturales o jurídicas, estatales o no estatales, tanto nacionales como extranjeras. Desde luego que esta transición de la actual empresa estatal a empresa pública lleva tiempo, debe realizarse en forma paulatina y con el consenso de los trabajadores involucrados. 

Parece también conveniente tomar como referente el método de dirección de las cooperativas, tanto pequeñas y medianas, como grandes. En este caso, un ejemplo a investigar es la cooperativa Mondragón, con sede en el País Vasco. En esta cooperativa laboran más de cien mil trabajadores, 82 mil de ellos son socios cooperativistas y dos mil se dedican exclusivamente a Investigación y Desarrollo (I + D). En los centros de enseñanza incluidos en su estructura organizativa se preparan once mil alumnos, de ellos, cuatro mil estudian en la universidad de la cooperativa. Los ingresos anuales de la entidad se elevan a doce mil millones de Euros, de los que la mitad se captan en sus filiales en el extranjero, una de ellas en Cuba. En las cooperativas, la Asamblea General es el órgano máximo de dirección, que aprueba el plan en todas sus partes, incluyendo su comercio exterior; el monto de los ingresos del personal; elige al Presidente de la cooperativa y a otros cargos de responsabilidad, entre otras funciones. 

En las nuevas condiciones que propongo para las empresas estatales, se necesitaría elevar la eficiencia de los sistemas del Estado en sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial, con vistas a lograr una mayor ampliación y profundidad en sus tareas de regulación y control de las actividades económicas y sociales. A su vez, se requeriría perfeccionar la labor política e ideológica del Partido, sobre todo en cuanto a la educación moral de todo el pueblo, en especial de los trabajadores, de manera que la aplicación de la estimulación material directa no se contraponga a su conciencia y actitud revolucionarias y se reafirme la función social de las entidades económicas. 

La Habana, 15 de mayo de 2019