Después de años de análisis, el país ha propuesto una cartera de normas que, con su paulatina implementación, debe frenar la desaceleración que hoy acusan algunos indicadores del sector, así como dimanizar la actividad científica, tecnológica e innovadora. Prevé, además, que las nuevas regulaciones e incentivos económicos promuevan la labor investigativa, el logro de resultados y su comercialización, en aras de contribuir al desarrollo personal, institucional, local y social
Por JESSICA CASTRO BURUNATE y TONI PRADAS
Como un funámbulo sobre una tensada cuerda, la ciencia cubana camina hacia un futuro que tiene bien reflejado en su retina, pero a veces no puede calcular cuánto se le aleja. Con toda la dignidad que le brinda su impoluta bata, tienta sobre el fino alambre con la responsabilidad que asume al cargar sobre sus hombros buena parte de la economía nacional. Mira a un lado, y ve la actividad investigativa cambiando en el mundo; mira al otro, y los recursos para actualizar su acto de trapecio escasean. Y abajo, no hay malla de seguridad. No hay de otra: debe llegar a su destino.
Son muchos los que, desde la arena bajo la carpa, van acumulando años de inquietud con respecto a la ciencia. Potencial creador y voluntad, ni se discute. Es que ni siquiera el bloqueo la ha hecho pestañear.
Pero ya no se renueva la cantidad de doctores, necesarios para dirigir proyectos de investigación, mientras otros atractivos económicos seducen a buena parte de los sesudos: hacia allá y hacia más allende.
Como una necesidad imperiosa calificó la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), Elba Rosa Pérez Montoya, el rejuvenecimiento del sector, por ser precisamente los jóvenes la continuidad.
Hoy, los 33 programas nacionales de la ciencia se han ido direccionando hacia ejes y sectores estratégicos, aquellos que van a contribuir al Plan de Desarrollo Económico y Social que se ha propuesto el país para el año 2030. Sin embargo, buena parte de la producción de conocimientos –que crece, pero su gráfica tiende a la desaceleración– no llega a las empresas.
“Los empresarios no tienen cultura de innovación”, ha sido uno de los argumentos más socorridos, convirtiéndose, casi, en una leyenda urbana en medio de un entorno en el que la generación de patentes y la producción de literatura científica pistonea, porque –dígase todo– qué puede ganarse con ser inventor, más allá del prestigio de tener un éxito muchas veces engavetado.
Pero el doctor en Filosofía Jorge Núñez Jover, impulsor de los Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología en Cuba, desde hace tiempo eludió caer en la trampa de encontrar explicaciones pesando el asunto con una balanza de bodega. Para Núñez Jover, la reiteración de las situaciones sugiere que operan factores más estructurales.
“Las desconexiones entre ciencia, tecnología y sus usos sociales –ha dicho– tienen que ver con el tipo de política científica y tecnológica y su modelo cognitivo, basado en el empujón de la ciencia, dominantes en nuestro país. No basta con identificar los déficits de cultura de innovación de los empresarios ni aludir a la recurrente falta de financiamiento, hay que mirar hacia los modelos de políticas públicas que hemos tenido”.
Según analizó, decretar un sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) es fácil, pero construirlo realmente –es decir, fortalecer las instituciones, vincular vigorosamente los actores y desplegar el sistema regulatorio que haga todo eso posible– requiere de mucha voluntad política y de nuevos enfoques.
Como el café, acabadas de colar
La tarea es tan difícil como insoslayable, han reconocido todos los encartados: conductores de la sociedad, dirigentes de los sectores vinculados a la ciencia, investigadores y profesores universitarios, las más de 86 400 personas dedicadas a actividades de CTI…
Tras años de estudios que dilataron la presentación de un derrotero a seguir, aun cuando hasta la Asamblea Nacional del Poder Popular conminaba a su urgencia, al fin se ha aprobado un paquete de políticas, 12 en total, que incluye desde el perfeccionamiento funcional y estructural del Citma, hasta la creación de estructuras dinamizadoras de la innovación. Y mientras algunas decisiones esperan por la tintura de una firma, otras, sobre todo las de aguas más calmas, han comenzado ya a implementarse.
“La política sombrilla es la reorganización del sistema de CTI. Desde aquí se asume a la sociedad toda como parte del sistema: incluye a todos los actores que producen conocimiento (universidades, centros de investigación…) y a los que usan ese conocimiento para producir bienes y servicios para la población, la economía, la sociedad (empresas, hospitales…)”, explica a BOHEMIA el máster en Ciencias Armando Rodríguez Batista, director de CTI del Citma, dando vueltas a una taza de café.
Rodríguez Batista, quien en otras ocasiones ha recordado que constitucionalmente la ciencia es libre y es un derecho de la gente a poder hacer ciencia, añade al tema otros convocados por la nueva política: “Abre el abanico hacia otros actores como las cooperativas o los trabajadores por cuenta propia. También las interrelaciones, que incluyen una figura que ha sido menos desarrollada desde los incentivos económicos: las instituciones interfaces, que conectan ese conocimiento con los usuarios”.
Esta figura no es nueva en Cuba, pues ya existen instituciones como el Fórum de Ciencia y Técnica, la Asociación Nacional de Innovadores, o la propia Academia de Ciencias, que realizan esa conexión desde el punto de vista de conducción política.
Pero la nueva regulación abre un enfoque de desarrollo hacia las interfaces que gestionan conocimiento sobre la base de incentivos económicos, como los parques tecnológicos, las empresas de interface universidad-centro de investigación-empresa, y las fundaciones que busquen esa conexión. Por ser una novedad, una segunda política específica se refiere a los parques tecnológicos y las empresas de interface.
Una tercera, enumera el especialista, es la de desarrollo de empresas de alta tecnología. Este es un actor dentro del sistema con características muy específicas, que tiene la potencialidad de usar mucha ciencia intensiva, pero que puede completar ese ciclo de producción científica en productos y servicios para la comercialización. Un ejemplo paradigmático son las empresas de biotecnología, que han dado a Cuba no solo aporte económico, también prestigio internacional.
La cuarta política se aprobó en 2015, pero alcanzará su expresión mayor en su interacción con el resto. Se trata del reordenamiento de las entidades de CTI.
En esencia, esta invita a acercar, siempre que sea posible, la institución científica a la empresa, no solo desde el punto de vista organizacional (muchos centros de investigación pasaron de ser unidades presupuestadas a tener funcionamiento empresarial, lo que ha tenido una consecuencia en los incentivos que reciben por sus producciones). El reto ha sido, pues, evitar que ese tránsito no disminuya la producción científica.
Estas son, sin duda, cuatro políticas que conformarán de manera más directa la malla del funambulista.
En busca del potencial humano
Según los decisores de las nuevas políticas, la esencia de estas es lograr la visión estratégica de una ciencia para la sociedad, basada en la cooperación y no en la competencia, que se sustente en el potencial humano nacional, y combine el desarrollo de tecnologías propias con la transferencia para el desarrollo.
La ciencia actual, en la sociedad del conocimiento caracterizada por la innovación y el aprendizaje continuo, requiere un dinamismo de gestión económica. Pero el funcionamiento económico de las entidades presupuestadas tiene limitaciones para dinamizar eso.
Hoy una empresa puede decidir si estimula o no a un investigador por sus resultados, si reconoce una patente, si se estimula por una publicación.
Sabido es que la ciencia cubana no solo aporta al modelo económicosocial, también aporta al perfeccionamiento de la sociedad que se está construyendo.
En ese papel, las ciencias sociales y humanísticas son esenciales, y a nadie se le ocurre que estas sean empresas; por tanto, existen entidades que su funcionamiento dependerá siempre de los fondos del Estado.
“No obstante, los incentivos económicos de esos centros tienen que ser similares a los de otras áreas de la ciencia. El potencial humano es fundamental”, advierte el funcionario del Citma.
“Todo conduce, en primer lugar, a que el proyecto personal de nuestros científicos y nuestros investigadores, de los estudiantes, esté alineado con el proyecto institucional y con el proyecto nacional del modelo que queremos construir”, sentenció.
Para no irse sin quererlo
Después del período especial, el reconocimiento que recibe un investigador, un científico o un profesor es muy limitado con respecto a otros ámbitos de la economía. Parte de la migración que ha tenido el sector en los últimos años responde a cuestiones económicas: los investigadores se van sin querer irse, asegura Armando Rodríguez.
Según estadísticas que refiere el entrevistado, desde la década de 1980, en Cuba se han categorizado cerca de 13 000 investigadores. Pero en 2018, solo cerca de 7 000 permanecían trabajando como tal. Es decir, el resto está en otros sectores de la economía o migraron a otros países. Incluso, puede haberse trasladado de su centro de investigación hacia una empresa de su mismo organismo, porque cobra dos y tres veces más que si se dedica a investigar.
Primero hay que reconocer a los investigadores. No solamente por hacer ciencia, sino también por los resultados, dice el espíritu de las nuevas políticas.
Aun cuando hay que garantizar un salario digno para preservar el potencial humano, deben asociarse incentivos por el valor que se agrega en cada ámbito. Mientras más valor se agrega, mayor reconocimiento. Y un investigador que no participa en proyectos, no puede aspirar a los ingresos de otro que tenga una patente.
Y si los estudiantes van a trabajar mientras estudian, mejor que lo hagan utilizando el conocimiento que reciben en la universidad y aporten valor a esas instituciones, en vez de irse a buscar sustento en otros sectores que no se relacionan con su especialidad. De ahí que ellos también se incluyan entre los beneficiados por la nueva visión, apunta Rodríguez.
También se remunerará el aporte del conocimiento, que puede ser hasta 25 por ciento del monto del proyecto, según el acuerdo previo de las partes y si se cumplen todos los resultados previstos. Este será un bono adicional a distribuir entre la institución y los participantes.
El conocimiento se gestiona como un producto, como una mercancía, se toma referencias de cuánto vale esa tecnología en el mercado, y se negocia entre las partes.
Resulta novedoso entonces el cambio de mentalidad. “Hasta ahora se ha visto la ciencia como eso que producen los investigadores y ponen en la mano de los decisores para llevar la sociedad adelante”, refiere Rodríguez Batista. “Pero los Lineamientos del Partido dicen que la ciencia es una fuerza económica y hay que darle una valoración económica”.
Las transformaciones apuntan también a una cuarta forma de remuneración: las regalías. Estas se obtienen cuando se transfiere una innovación a una entidad que la comercializará. De los resultados de esa gestión, un por ciento lo recibirán durante cierto período los investigadores (incluidos los estudiantes), y las instituciones involucradas.
De otra parte, se rompen las barreras temporales existentes para pasar de una categoría científica (y salarial, por supuesto) a otra, que hoy, para un recién graduado, impone un tiempo de espera. Así, las nuevas normas incentivan desde lo económico que las personas transiten de una categoría a otra.
Y cuando al fin se defina e implemente la reforma salarial en el país, se eliminará la heterogeneidad que hoy existe en los salarios de los investigadores, según los organismos a los que pertenezcan. Entonces, las nuevas formas de remuneración serán las que marcarán la diferencia, así como el sistema de pago que establece cada empresa para sus trabajadores.
“El salario lo que retribuye es la competencia que tienes certificada para ocupar una plaza”, dice el directivo mientras rechaza una segunda taza de café.
“La remuneración lo que retribuye es la capacidad que tienes para hacer ciencia y participar en proyectos con una salida a la economía o la sociedad”.
CONECTANDO NUEVOS ROLES
La ciencia cubana apunta hacia la empresa
Si antes Cuba era ante los ojos del mundo un país de rumberos, hoy, primero, vienen a la mente sus médicos. Y si aún el tabaco es su más universal artículo, los productos biofarmacéuticos empiezan a hacerle sombra en muchos mercados extranjeros.
Suena disparatado, pero quien sabe si un día surja, como en las tabaquerías, un lector para entretener a los científic
os mientras “tuercen” nuevos medicamentos que salgan al mundo como puros habanos.
Al menos las dos vertientes tienen algo en común: son industrias y constituyen rubros exportables.
Sin embargo, cuando varios centros de investigación pasaron a formar parte de Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE) hace alrededor de una década, se esperaba que estos dinamizaran su relación con las empresas. Y no fue así. Este proceso no es tan sencillo, porque los directivos no aprenden a pensar como empresarios del crepúsculo al amanecer.
Por otro lado, un
organismo que está acostumbrado a trabajar solo como empresa, le es difícil
reconocer lo que le puede aportar ese centro de investigación.
En algunos lugares ese tránsito ha sido más feliz que en otros, pues depende de que el investigador admita su nuevo rol, más ligado a la producción, y que la empresa reconozca el valor de esa ciencia para ser más competitiva, para dinamizar la inventiva.
La cultura de innovación de los empresarios cubanos es esencial para comprender el nuevo resultado y la forma en que opera el mundo académico.
Según fríos datos, luego de aprobarse como política el reordenamiento del sistema de ciencia, desde 2015 comienza a ser tangible la recuperación de los recursos humanos en esos centros, gracias, en gran medida, a las ventajas salariales provenientes de la autónoma actividad productiva y comercial de las innovaciones.
Pero cuando empezó el reordenamiento, al no existir ningún instrumento jurídico vinculante o de jerarquía mayor que rigiera el proceso, muchas instituciones científicas fueron desapareciendo. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por ejemplo, extinguió un centro de investigación que tuvo. Igual pasó con otro de Finanzas y Precios.
A su vez, con la visión de que la ciencia tenía que estar en las OSDE porque se conectarían mejor con la competitividad y la innovación, se perdieron muchas capacidades de rectorar la ciencia por parte del Estado.
Por eso, esta política de reordenamiento urgía, para al menos detener el deterioro de las instituciones.
En la otra mano, si no existe una capacidad institucional de agrupar y de conducir una determinada línea de investigación, los recursos humanos se erosionan.
“La de 2015 fue una política táctica, casi de urgencia”, comentó a BOHEMIA Armando Rodríguez Batista, director de Ciencia, Tecnología e Innovación del Citma. “También se aprovechó para que los centros de investigaciones buscaran el lugar donde cumplieran su tarea de manera más natural”.
Un ejemplo claro es la creación del OSDE BioCubaFarma, y hoy sus 33 instituciones son empresas.
Sus profesionales, en tanto, son los trabajadores estatales que más altos salarios perciben en el país. (A escala social, le siguen los investigadores que laboran en Salud Pública, los del Ministerio de Educación Superior y, por último, del Citma y de otros ministerios).
BioCubaFarma ha echado en su cartera una buena cantidad de proyectos que deben dar no solo corrección a sus errores y modernización a sus procesos, sino buenos dividendos en lo comercial, que es el punto flaco del modo de producción circular en Cuba.
Ya en 2018, la industria alcanzó la introducción de 23 nuevos productos biotecnológicos y avances en el desarrollo de candidatos vacunales destinados a la salud animal y humana, entre otros logros.
Gracias a haber incrementado sus producciones, sus comercializadores pudieron salir al ruedo mundial y exportar 14 por ciento más que en 2017, mientras lograban 35 registros sanitarios en el exterior en rondas negociadoras con empresas de más de 50 países.
El año pasado, a contrapelo del diferendo histórico, por primera vez se culminó una negociación con los Estados Unidos. BioCubaFarma y el Instituto de Cáncer de Nueva York lograron crear una empresa mixta en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, un prometedor acuerdo que, gracias al entusiasmo internacional por los exitosos medicamentos cubanos contra el cáncer, debe ayudar a avivar la economía vernácula.
“Esta es una institución capaz de producir, con 300 millones de dólares, lo que le costaría al país más de mil millones para tener los medicamentos que hoy produce BioCubaFarma”, aseveró hace unos meses el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, durante el balance sobre la gestión del grupo empresarial en 2018.
El hipnotismo de la alta tecnología
El tránsito hacia el sector empresarial puede ser el camino de 65 por ciento de los centros de investigación en Cuba; separando de la ecuación las ciencias sociales y algunas instituciones de las ciencias básicas y naturales que encontrarán otras vías para su capitalización y la remuneración de sus investigadores.
Pero un nuevo paradigma asoma que debe erigirse en la vanguardia de la ciencia cubana: la empresa de alta tecnología.
Una empresa que cumple con determinados requisitos –productividad (más de 50 000 pesos anuales por trabajador), intensidad tecnológica (inversión en ciencia y tecnología), categorización de los recursos humanos, considerable exportación de sus productos- puede certificarse de alta tecnología y adquirir el derecho a ciertas atribuciones para dinamizar su innovación.
Hablamos de atractivas facilidades como son tener una política fiscal que favorezca la inversión en ciencia y tecnología, retener parte de la liquidez de las exportaciones para invertir en la investigación, no tener limitaciones de salario para estimular y retribuir a los trabajadores, poder romper las barreras de comercio exterior para dinamizar ese proceso…
De momento, ya están identificadas las primeras entidades que este año, a corto plazo, pueden ser definidas como empresas de alta tecnología: el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, el Centro de Inmunoensayo, y el Centro de Ingeniería Molecular.
Y quizás otras de este mismo sector. Según modelos que maneja el Citma, uno por ciento de las empresas de la Isla pudiera tener la capacidad de caer hipnotizadas por el estatus de alta tecnología.
Mas este segmento está bien delimitado en el mundo: aeronáutica, química fina, nanotecnología, biotecnología, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y otra de aplicaciones tecnológicas.
“En el área de las TIC hay capacidad para hacer muchas cosas en Cuba”, reconoce el máster en Ciencias del Citma. “Pero no basta con tener la mejor gente: Hay que conectarlas con el mercado”.
Nirvanas tecnológicos
Conectar. Esa función la tienen los parques tecnológicos: Captar un nuevo producto y convertirlo en empresa. Dicho de otra manera, su misión es tomar conocimientos en forma de proyectos de innovación, transformarlos en productos y luego comercializarlos.
Bastante antes, expertos de esta sociedad mercantil analizan la propuesta –que no debe encontrarse en un estado inicial–, y mientras más cerca esté la idea del mercado, más incentivada será, porque el parque asumirá un riesgo. Si a los dos años el proyecto no fructifica, se desecha; si da resultado, se benefician el creador (puede ser una empresa o un trabajador por cuenta propia), el parque y la entidad que brindó el servicio.
El también llamado parque científico o de investigación tiene entre sus servicios el proceso de incubación de empresas, que es para proyectos descentralizados.
Esta organización está diseñada para acelerar el crecimiento y asegurar el éxito de proyectos emprendedores, a través de una amplia gama de recursos y servicios empresariales. Cuéntese entre otros, la renta de espacios físicos, capitalización, acceso a una red de contactos y otros servicios básicos como telecomunicaciones, limpieza o estacionamiento.
Ya Cuba tiene casi lista su primera propuesta de parque tecnológico, justo en esos predios de dimensiones metropolitanas que posee la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) en las afueras de La Habana.
Quienes allí se asienten, podrán recibir incentivos que reducen las trabas burocráticas y financieras, así como servicios de propiedad industrial, de información, tecnológicos, de conexión con otras empresas, y otros, con el fin de lograr que su innovación esté lista para la comercialización en el menor tiempo posible.
Este producto debe derivar en una nueva empresa en incubación, que comercializaría la novedad. O simplemente puede incorporarse a la cartera de la entidad que apoyó esa innovación.
“El parque es un concepto y puede ser la solución de prácticamente todos los ámbitos de la ciencia”, no esconde su entusiasmo el experto, y adelanta que otras instituciones como la Universidad de Matanzas y los centros relacionados con la producción agropecuaria que están en San José, provincia de Mayabeque, también han propuesto constituir edenes tecnológicos.
El parque de la UCI, que por su especialidad se cataloga temático, estará enfocado en el ámbito de las TIC. Pero a nadie debe extrañarle si toca a sus puertas un proyecto de biotecnología que, a diferencia de los torcedores de tabacos, requiera estos servicios informáticos. O que para su desarrollo exija el protagonismo de las TIC, o quién sabe si el diseño de la exportación de sus servicios precisa fuertes plataformas online.
LA TIZA PARA PATENTES
¿Cómo hacer que las universidades multipliquen sus capacidades innovadoras?
En las universidades cubanas es muy difícil encontrarse un investigador, porque con esa plaza este cobra menos que como profesor, aunque siga investigando.
Pero las nuevas normas dicen que este será remunerado por participar en un proyecto científico (sin importar de qué ámbito sea), y por la eficiencia con que se ejecuta el mismo (si es de tres años y se cumple en uno y medio, el dinero no gastado se redistribuye entre todos los participantes del proyecto –incluidos los estudiantes– y la institución). Esto, quién lo duda, debe dinamizar la capacidad científica universitaria.
Por su parte, los parques tecnológicos se ubicarán dentro de las universidades porque puede aprovecharse así su potencial humano y generar beneficio mutuo.
Esa figura también pertenecerá a la universidad. Y cuando cree valor y reciba dividendos, estos irán a los ingresos de dicha institución para seguir capitalizando la ciencia y la tecnología dentro de esta.
Estarán también las empresas de interface: una estructura intermedia que podrá conectar de manera directa a la universidad, los centros de investigaciones y las empresas.
Asimismo, los estrategas de la ciencia están acariciando la posibilidad de las fundaciones: organizaciones sin fines de lucro que se encargarán de la gestión del conocimiento en un ámbito de mercado. Pero en este caso, lo que ingrese la nueva estructura no es para rentabilizar, sino para reinvertir en más ciencia.
La figura de la fundación, aún no aprobada, ya se explora con la Universidad de La Habana. Como sea, la política busca que los proyectos los posean los mejores, y que las alianzas sean entre los más preparados.
La Universidad Politécnica de La Habana (Cujae) es junto a la Central Marta Abreu de Las Villas y la de La Habana, una de las tres universidades que una vez aprobadas las normativas, incorporarán a su gestión del conocimiento una empresa de interface, para la que ya tienen su propio referente.
Por años el Centro de Estudios de Tecnologías Avanzadas (CETA) se ha desempeñado como ese eslabón intermedio entre universidad y empresa, y ha servido para la comercialización de los productos y servicios que genera la primera. Y aunque ciertamente es referencial, hasta el momento su gestión ha sido limitada.
“El dinero que genera la universidad va directo al presupuesto nacional. Una de las cosas que incorpora la política es poder quedarnos con un por ciento de las utilidades obtenidas por la empresa para invertir en nuestras investigaciones”, explica Daniel Alfonso Robaina, vicerrector de Investigaciones de la Cujae.
“Las universidades siempre deben adelantarse. Hay muchas investigaciones que no están aún entre las necesidades de la empresa y por eso no serán contratadas en corto tiempo, pero aun así ese conocimiento tiene que empezar a crearse”, detalla Alfonso.
La empresa de interface debe orientarse por las políticas de trabajo de la universidad, aunque todavía no se ha definido cómo se hará esa subordinación.
Estos centros son presupuestados y los montos destinados no alcanzan para estar actualizados respecto a las tecnologías existentes en el sector empresarial.
“Precisamente –aplaude Alfonso– este es uno de los beneficios de establecer esta relación”.
LA CIENCIA EN UN CONTÉN DEL BARRIO
Las investigaciones apuntalan el desarrollo local
Cada vez más –no es secreto para nadie–, el “núcleo duro” de la ciencia en el mundo echa mano a los estudios de las ciencias sociales (ejemplo, las demográficas) para emprender un camino investigativo, mientras muchos conocimientos adquiridos por la labor empírica se visten de largo como disciplina tecnológica.
El laboratorio, medita Armando Rodríguez Batista, director de Ciencia, Tecnología e Innovación del Citma, puede obtener una variedad de caña con valor agregado, eficiente y resistente a adversidades, pero si no se siembran las semillas a la distancia requerida que ya ha sido estudiada, no hay forma de que ese campo sea productivo.
Saber dicho dato puede exigir una investigación microlocalizada, pero hoy, cuando solo existen programas nacionales de ciencia, los fondos para la actividad se entregan de manera nominalizada a una institución, el Citma, que asigna ese financiamiento a los investigadores, según valoración de un grupo de expertos.
Remediar este mal será posible a partir de las nuevas políticas, que abrirán los programas sectoriales y territoriales.
Así, promoverán que una investigación de alcance en una rama determinada de la economía pueda recibir el financiamiento que cada ministerio debe aportar para el desarrollo de la innovación en su sector.
De igual forma, según avizora la nueva estrategia, los gobiernos van a tener un presupuesto para financiar la ciencia de su territorio, cuya entrega aprobarán los grupos de expertos de la correspondiente región. De tal suerte, se diversificará el financiamiento de la ciencia.
Aun cuando todos los centros tienen un enfoque de país y existen universidades o unidades investigativas en prácticamente toda la República, algunas prioridades científicas –por ejemplo, las de la minería en Moa– difícilmente serán acogidas por un programa nacional. Semejante fatalidad condenaría a la ciencia local a nunca tener dinero para desarrollarse si depende solo de proyectos a escala macro.
“No es necesario que haya un centro de investigación en un municipio para que se gestione conocimientos”, espeta el estratega. “La Innovación se puede hacer en cualquier lugar, aunque no haya un actor que genere directamente ese conocimiento. Lo que tiene que haber es la capacidad de atraer esa ciencia y vincularla con el desarrollo local”.
Dicho con otras palabras, se cambia la visión de oferta de la ciencia, a otra de demanda. Y alcanza mayor importancia que los gobiernos organizados tengan claras sus necesidades y potencialidades.
“La ciencia debe ser convocada como eje de ese desarrollo”, alerta Rodríguez Batista. “Y es responsable de potenciar, pero debe ser usada también como herramienta. La ciencia sola no da soluciones”.
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