LA HABANA. La flexibilización del ejercicio del “cuentapropismo” es una decisión cuya lógica ha sido ampliamente discutida en el marco de la “actualización”. Sus principios ya estaban codificados en los documentos políticos centrales, pero su implementación efectiva solo fue retomada en julio de 2020 en una intervención del presidente de la República. El enfoque de “lista negativa” fue comentado brevemente por la Ministra de Trabajo y Seguridad Social en septiembre de ese mismo año. Durante estos largos meses, las preguntas por excelencia han sido ¿cuándo y exactamente cómo? No pocos han querido ver a través de la “lista” una declaración de principios de parte de las autoridades. Quizá no les falta razón. El análisis siguiente se enfoca en las implicaciones económicas de este paso y sus ramificaciones hacia la sociedad.
A partir de lo que ha trascendido públicamente, algunos aspectos merecen comentarios específicos. En primer lugar, la comparación directa entre las 127 categorías permitidas hasta ahora y el conjunto de posibilidades que ofrece un listado negativo relativamente acotado (aunque con ausencias notables) puede ser engañosa. La anterior era básicamente una colección de oficios, mayormente simples. El hecho de que el alcance del negocio esté determinado por las características del proyecto crea condiciones para la emergencia de emprendimientos más complejos, que pueden involucrar potencialmente a una amplia variedad de oficios y profesiones. Es una modificación no menor que establece un precedente positivo para otros desarrollos interesantes con las PYMES y las cooperativas.
En segundo lugar, si bien algunas actividades han quedado prohibidas en la lista provisional (aspecto sobre el que volveremos más adelante), parece sensato asumir que incluso bajo esas restricciones se amplían las oportunidades para los profesionales, siendo esta una demanda de larga data. Por otra parte. el proceso de establecimiento del negocio contiene mejoras interesantes. De acuerdo a las autoridades, la aprobación de las licencias debe hacerse “de oficio”. O sea, si el solicitante cumple los requisitos exigidos, su proyecto debe ser aprobado. Esto reviste gran importancia para reducir la discrecionalidad de los funcionarios del sector público, y ello es clave para asegurar agilidad y blindar el proceso frente a la corrupción. Por último, la propuesta de utilizar el concepto de “Ventanilla Única” es un acierto. Aunque es conveniente recordar que el salto cualitativo fundamental no radica en la entrega de los documentos en un solo lugar sino en reducir la cantidad de permisos necesarios al mínimo imprescindible, y en que la información y datos relevantes sean requeridos sin redundancia.
Sin embargo, para comprender su verdadero alcance es imprescindible colocar esta decisión en el marco más general de su significado para la reforma y el desarrollo económico de la nación. No pocos analistas han llamado la atención sobre la conexión de este paso con la ansiada posibilidad de constituir empresas privadas verdaderas de capital nacional. Las diferencias entre esto y lo que se propone para el “trabajo por cuenta propia” no son menores. El análisis a fondo de las implicaciones de la creación de las PYMES no es objeto de este trabajo, baste decir que es un nivel superior de formalización de la actividad productiva, cuyas implicaciones van desde la contratación de fuerza de trabajo, integración del tejido productivo hasta las posibilidades de movilizar capital para inversión. La decisión de ampliar el ejercicio del cuentapropismo ni es equivalente ni sustituye aquel otro paso. De hecho, lo mejor sería que el lapso entre uno y otro fuese corto. La brevedad en este caso daría cuenta de determinación para acelerar la reforma y la recuperación económica, junto a la emergencia de una verdadera concepción estratégica sobre la transformación productiva.
Un ángulo muy controvertido de la “lista” es su propia definición. La naturaleza de las actividades prohibidas es una característica esencial de la propuesta, y sí tiene implicaciones para su impacto económico. Existen dos rasgos estructurales del sistema productivo cubano que tienen que transformarse sustancialmente en los años venideros si se aspira a un aumento sostenido de la productividad y a un mejor funcionamiento de los mercados. Estas son la composición del sistema empresarial atendiendo al tamaño de las unidades, y la especialización productiva.
De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en países de mediano y alto ingreso, las empresas con hasta nueve (9) trabajadores representan 32-38 por ciento del empleo total, mientras que otro 42 por ciento trabaja en unidades que tienen entre 10 y 49 empleados. Este panorama contrasta enormemente con el contexto cubano, particularmente en el sector público, urgido de una restructuración impostergable. El nuevo marco para el cuentapropismo debe ser calibrado frente a la necesidad de facilitar ese reacomodo.
Por otro lado, la especialización en los servicios es una condición que va a continuar reforzándose, más allá de cualquier mejora en el desempeño industrial y agropecuario. Ya se completó la primera etapa de esa transición, que ha descasado en turismo, servicios sociales universales y exportación de servicios profesionales (mayormente de salud). La próxima etapa requiere el despliegue de servicios más complejos, integrados en el tejido productivo y con una proyección hacia los mercados foráneos. Para ello será necesario la incorporación de la mayor cantidad de profesionales posibles, especialmente aquellos de mayor calificación. Esto, junto a las profesiones que nutren la era digital. No hay marcha atrás, o se es digital, o no hay oportunidades de desarrollo en el siglo XXI. A diferencia de otros países que acometieron transformaciones similares, Cuba no contará con una fuerza de trabajo joven en crecimiento, sino que depende esencialmente de la especialización de sus trabajadores. La política de desarrollo productivo tiene que reconocer estos matices y diseñarse en consecuencia.
La experiencia de la última década es aplastante. A pesar de la pesada red de restricciones y prohibiciones, casi todos los ejemplos de transformación productiva innovadora surgieron en el sector privado. Y ello incluyó tanto a sectores tradicionales como a la alta tecnología y las industrias creativas. En esa lógica, demasiadas actividades que son claves para desatar la dinámica antes descrita permanecen vetadas. Una economía cuyo tejido productivo se hace más denso y variado requiere una gran cantidad de juristas y contadores, arquitectos e ingenieros, o economistas. Si un sector está dominado por el trabajo autónomo y por negocios de pequeña escala, ese es el de los servicios profesionales y técnicos. Mucho peor sería prohibir por el mero hecho de proteger intereses creados, naturalizando la falta de competencia. Una industria turística diversa y en constante cambio es una que siempre dejará mayores dividendos.
Además de la necesaria reducción de las áreas prohibidas, otros aspectos deben empezar a figurar con mayor prominencia en la agenda de transformación (que no necesariamente existe). Entre ellos estaría la definición y alcance del trabajo autónomo con regulaciones específicas; la necesidad de que las políticas hacia el sector privado distingan entre emprendimientos de subsistencia y empresas dinámicas; el diseño de una estrategia coherente hacia el sector privado que se integre plenamente a los planes de desarrollo (esto no se trata de “incorporar” el sector al plan de la economía nacional); el reconocimiento de las diferencias obvias entre empleado y dueño; la conveniencia de establecer canales formales de comunicación con este sector; el papel del sistema bancario en el acompañamiento del crecimiento de los emprendimientos; así como la aplicación de la legislación contentiva de derechos sociales y la protección del medio ambiente.
Este pliego de necesidades sobrepasa con creces las claras omisiones y ambigüedades de los documentos que brindan soporte político o incluso práctico a estos cambios. Por ello, quizá es un buen momento para considerar la necesidad de acoger un debate político y técnico más complejo y específico que el que hemos tenido hasta ahora.
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