DE ACUERDO CON BENAVIDES Y +

Por Jorge Gómez Barata

Recientes declaraciones de altos funcionarios cubanos a cargo de las inversiones extranjeras acerca de la posibilidad de que emigrados cubanos puedan invertir en el país han movido las tintas. Al respecto Joaquín Benavides, ex ministro del trabajo, ha publicado un artículo que, en cuestión de horas ha sido comentado por media docena de destacados economistas cubanos.

El intercambio me ha hecho recordar que, en la Primera Conferencia Nación y Emigración en 1994, en la que, por razones de trabajo, estuve presente, el asunto fue presentado por los emigrados de un modo más global. La pregunta era entonces: ¿Pueden los emigrados cubanos participar en los procesos económicos nacionales?

La interrogante tenía “filo, contrafilo y punta”, entonces cuando no existía el sector privado y los cubanos en la Isla participaban en los procesos económicos como obreros, empleados o funcionarios, no en calidad de actores individuales, el fondo del debate era si los emigrados cubanos que, oficialmente seguían siendo ciudadanos cubanos y poseían pasaporte expedido por el estado cubano, “eran o no cubanos de segunda”

Al respecto hubo un interesante lance al indagarse si los emigrados podían participar además los procesos políticos, sociales y culturales y por ejemplo formar parte de organizaciones como la UNEAC, la UPEC, a lo cual Abel Prieto, que estaba presente, dio respuestas atinadas, de matriz aperturista y con la cuales pues, desde sus cargos en el estado y la UNEAC fue consecuente. La guinda del pastel fueron las reflexiones acerca de si los residentes en el extranjero en algún momento podrían votar en las elecciones.

Sobre el último asunto tomó la palabra Eusebio Leal (†), un prohombre que no necesita presentación, dijo más o menos (estoy acudiendo a la memoria) “Sueño con ver el día en que los cubanos residentes en el extranjero hagan fila para votar en los consulados cubanos…” Los aplausos no premiaron solo la belleza de las palabras sino sus esencias permeadas de un profundo humanismo y de un acendrado patriotismo.

Horas después tomó la palabra Ricardo Alarcón, que tampoco necesita presentación quien explicó que, en aquel momento, no era posible dar a los emigrados derecho al voto debido a que los procesos electorales se organizaban territorialmente, es decir los cubanos postulaban candidatos y elegían a delegados en las circunscripciones de los barrios en los cuales residían.

Un emigrado, colocó una “Pica en Flandes” al razonar: En la mañana Eusebio nos dio el derecho al voto y en la tarde Alarcón nos lo quitó… ¿Qué hacer y qué creer? Eusebio volvió usar de la palabra. “Ni Alarcón ni yo damos ni quitamos derechos… es la vida que fluye…” y desde su butaca, al lado de la mía Nicolás Ríos levantó la voz para declarar: “La verdad es mezcla…”

En cuanto al tema económico ocurrió algo análogo: A la pregunta de si los cubanos podían no invertir en Cuba, Carlos Lage dio una respuesta salomónica, que por cierto todavía esta esencialmente vigente. El entonces vicepresidente dijo: “Si, pueden hacerlo, siempre y cuando cumplan los requisitos de todos los demás inversionistas extranjeros que deben aportar capital, tecnología y mercado…” De ese modo cerró el juego, porque los emigrados hablaban de pequeños negocios y de empresas familiares, no de mega inversiones.

Yo que tuve responsabilidades en la promoción de aquellos debates buscaba otra cosa, la política. La idea era que alguno emigrados radicados en los Estados Unidos recibirá autorización legal* para invertir en Cuba y fundar un negocio, de modo que, al violar las leyes del bloqueo, podía ser procesado lo cual haría posible, por primera vez que una corte americana se examinara la legalidad del bloqueo.

En cualquier caso, Estados Unidos, defensor de la libre empresa y la propiedad privada seria colocado ante la paradoja de impedirle a sus ciudadanos que ejercieran tal derecho. Todavía me seduce la idea de confrontar a los Estados Unidos con los Estados Unidos.

.......................................................................................................................................

Dos anécdotas. Eddy Levy, lamentablemente invidente, propuso lo siguiente: “Permítanme regresar legalmente a Cuba, permítanme comprar una casa en Cuba donde fijaré mi residencia y comunicaré al organismo norteamericano competente que me remita mi pensión como jubilado y deshabilitado a esa dirección…”

Ese organismo, explicaba Eddy aludirá que no podía ser por el embargo, ante lo cual él acudiría a una corte americana. No creo ―dijo― que haya un juez en Estados Unidos que prohíba a un ciego americano vivir y recibir su pensión por deshabilitado donde le dé la gana…” Obviamente el plan no pudo realizarse.

Desde otra orilla, aunque sin mala fe, un emigrado realizó una profesión de fe: “Soy ciudadano americano y es lo que quiero ser , por tanto, esta discusión no me concierne. No obstante, parafraseando a Voltaire: Sin estar de acuerdo con mis coterráneos emigrados, haría todo por defender lo que creen que son sus derechos…”

A los argumentos de Joaquín Benavides con los cuales concuerdo añado que en sus esencias más profundas el asunto de las relaciones con la emigración trasciende con mucho, con muchísimo diría, las cuestiones económicas, de por sí sumamente complejas, y no son competencia de un ministerio, sino de la máxima dirección del país, especialmente del Partido que debe pronunciarse integralmente sobre tales asuntos, de la Asamblea Nacional a quien corresponde legislar y del Presidente de la República quien debe conducir un proceso que concierne al estado y a la nación en su conjunto.

Dos notas

1. Debido a que la Conferencia, de cierto modo era continuidad de los diálogos con la Comunidad Cubana en el Exterior de 1978, los organizadores utilizaban es término “diálogo” para referirse al evento. En cierta ocasión, Fidel sugirió: “No digan diálogo porque esa palabra sugiere “partes” y aquí no hay partes”. Todos entendieron que se trataba de un encuentro entre cubanos. La idea de que los cubanos radicados en ultramar sean considerados extranjeros es inaceptable. Tratarlos como “inversionistas extranjeros” no es resuelve el asunto, sino que lo enreda.

2. Por razones conocidas, antes de la existencia del estado de derecho en Cuba existía cierta discrecionalidad en la aplicación de la ley y podía considerarse “legal” una acción “autorizada administrativamente”. Sin embargo, los emigrados radicados en Estados Unidos insistían en que lo legal es lo que está amparado por leyes y no simplemente aquello que está autorizado.