Las medidas arancelarias, cambiarias e impositivas anunciadas por el gobierno traerán más desventajas al sector privado cubano.
Este producto periodístico forma parte de la cobertura especial Nuevos actores económicos y desarrollo local en Cuba (2023-2025). #DesarrolloLocalParaCrecer |
La Habana, 28 feb.- Aunque autoridades y parte de la ciudadanía aprecian las medidas arancelarias, cambiarias e impositivas anunciadas en diciembre de 2023 como un freno a la inflación, representantes del sector privado cubano y especialistas consideran que tendrán un efecto contrario.
A su juicio, las disposiciones impactarán negativamente en la gestión de los nuevos actores económicos y, con ello, afectarán al eslabón final de la cadena, el consumo, por su impacto en los precios, que subirán aún más.
El economista Omar Everleny estimó que, como resultado de las medidas económicas, se incrementará la inflación en 2024 y se reducirá el poder adquisitivo de los ingresos de la población cubana.
En opinión del economista Juan Triana para la revista On Cuba, además de elevar precios y tarifas, las medidas aplicadas hasta hoy “contribuirán a elevar la inflación, la dolarización y una mayor devaluación del peso cubano, con efectos regresivos sobre los sectores con menos ingresos”.
Propuso que se debe “enriquecer el tejido empresarial fomentando y facilitando el nacimiento de miles de nuevas pymes y cooperativas. Hay que desentrampar a la empresa estatal de una vez y por todas y hacerlo con toda la premura que se demanda”.
Medidas enfocadas al sector privado
Para implementar el “programa de estabilización macroeconómica”, solo se aplican algunas disposiciones, según las últimas informaciones dadas por las autoridades. Y el alza de los precios de los combustibles se encuentra en pausa desde inicios de febrero debido a un “incidente de ciberseguridad”.
El denominado “paquete de medidas”, que tiene un calendario impreciso de implementación, comprende algunas específicas para el sector privado:
- Reducir al 50 %, para todos los actores económicos el pago de aranceles por las importaciones de materias primas y bienes intermedios, en especial los dirigidos a la producción agropecuaria y otros alimentos.
- Incrementar las tarifas arancelarias a la importación de productos como tabacos, cigarros, rones, cervezas y otros.
- Reconocer la tasa de cambio de 1 dólar estadounidense (USD) equivalente a 120 pesos cubanos (CUP) para el cálculo de los aranceles en las operaciones de importación por las formas de gestión no estatales.
- Eliminar las exenciones de impuestos a los actores económicos no estatales, de cero meses hasta un año, en ocasión de su constitución.
- Extender la aplicación del impuesto sobre las ventas a la totalidad de las operaciones que realizan las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
- Actualizar las actividades no autorizadas a realizar por los actores económicos no estatales.
- Descentralizar gradualmente el proceso de aprobación de los nuevos actores económicos por parte de los municipios.
- Crear el instituto para la atención a los actores económicos no estatales.
- Priorizar la fiscalización a negocios del sector privado que reportan pérdidas.
- Perfeccionar las normas para el registro y la determinación de las fichas de costos de las formas de gestión no estatal, para evitar la subdeclaración y la evasión fiscal.
Reflexiones sobre efectos
Acerca de la aplicación del 10 % del impuesto a la venta sobre los servicios y los productos, Bernardo Romero, de la mipyme Ingenius, explicó a IPS Cuba que se le incorpora ese gravamen a cada una de las ventas “que son parte del proceso productivo y, por transitividad básica, termina teniendo el producto final un 30 o 40 % más de precio”.
Sobre la rebaja de los aranceles para la importación, el empresario opinó: “en términos económicos, puramente pragmáticos, a todas las empresas se los subieron”.
De acuerdo con el ingeniero en Telecomunicaciones: “si tenían un arancel por el que cobraban 1 USD a 24 CUP y ahora lo cobran a 120 CUP, hay un aumento de cinco veces, un 500 % del costo del arancel”.
Y agregó: “Si son productos para producir, no para la venta, se rebaja un 50 % a un aumento de cinco veces, es decir, en vez de 500 % te aumenta “solo” un 250 %; entonces, esa disminución para productos que son para fabricación y demás no es tal”.
Otra medida muy cuestionada es el aumento del pago sobre los ingresos personales de los trabajadores del sector privado.
“Las mipymes ya tienen que pagar el 14 % de sus ingresos, entonces, si pones 20 más 14, se llega a pagar 34 % del ingreso del trabajador, además de la seguridad social y el impuesto sobre la fuerza de trabajo”, señaló Romero.
Al respecto, puntualizó: “Llega un momento que para pagarle a una persona hay que abonar un impuesto de 44 CUP por cada 100, que ya es demasiado. Se hace muy complejo seguir aumentando los salarios de los trabajadores”.
Romero percibe un efecto de otra índole. “Las medidas se anuncian y luego no se concretan lo que genera un nivel de incertidumbre y de falta de estrategia empresarial”, identificó.
Como ejemplo, se refirió a las ventas en dólares a empresas, que se expresa en la capacidad de liquidez (CL) en esa moneda. Ello debe implicar, al menos a priori, que la operación tiene solvencia financiera.
Desde diciembre, comentó, se dijo que se acabaría, pero ya casi llega marzo y el CL sigue. Las empresas siguen con dudas, pero mantienen el CL y uno no sabe si vender, no vender, si aprovecha mientras esté o frenar… hay un costo muy grande y oculto”.
Entorno difícil para el sector privado cubano
La presidenta de πlares Construcciones SRL, Yulieta Hernández, valoró como “un error” eliminar las exenciones de impuestos a los actores económicos no estatales, de cero meses hasta un año, en ocasión de su constitución. Dada a conocer en diciembre de 2022, esa medida se implementa de manera parcial hasta hoy.
La emprendedora hizo énfasis en la importancia de aumentar la oferta para disminuir la brecha en la demanda, reducir la inflación y los precios.
“Para eso se necesitan más actores económicos. Necesitamos que los casi 10 000 existentes puedan subsistir, consolidarse y crecer. Eliminar una exención fiscal es brutal para el desarrollo de un nuevo actor económico, que además surge en un entorno muy agresivo”, opinó.
Es “totalmente injusto cuando dan ocho años de exención fiscal a las empresas extranjeras. ¿Acaso es más importante un extranjero que un nacional?”, cuestionó.
Además, apuntó que las autoridades enuncian objetivos “sin especificar las acciones concretas ni los plazos”, por ejemplo: aumentar la participación de la inversión extranjera, incentivar la producción nacional sobre todo de alimentos, entre otras medidas.
Existe consenso sobre la pertinencia de descentralizar gradualmente el proceso de aprobación de los nuevos actores económicos por parte de los municipios.
Hernández consideró que “primero es preciso crear capacidades en los municipios para poder implementarlo con buenos resultados”. (2024)
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