10 enero 2025
Un problema insuficientemente abordado por la política económica en Cuba es la segmentación del sistema de precios. Por sistema de precios se entiende no solo el precio final de los bienes y servicios, sino también de los factores de producción, en otras palabras, el salario, el tipo de interés, el precio de las materias primas y el tipo de cambio.
En una economía sin distorsiones este sistema funciona de forma integrada y unificada. En Cuba, sin embargo, los precios están segmentados entre actores privados y estatales. La Tabla 1, proporciona evidencia sugestiva al respecto.
Nota: Esta comparación tiene un valor meramente metodológico e ilustrativo. Los valores no son representativos de toda la población; se obtuvieron a partir de entrevistas con empresarios privados realizadas entre abril y mayo de 2024.
En ella no solo se observan brechas significativas entre los diferentes precios; sino, además, sugiere que los precios estatales están retrasados respecto a los privados (léase, son significativamente inferiores). El retraso de los precios estatales es la expresión de problemas subyacentes, en otras palabras, es la consecuencia ─no la causa─ de fallas a nivel productivo. En concreto, de restricciones institucionales diferenciadas (o reglas de funcionamiento) entre la actividad estatal y privada. Por ejemplo, a diferencia de una empresa privada, una empresa estatal opera con falta de autonomía de decisión, prohibición de participación libre en mercados de factores (por ejemplo, combustibles o materias primas importadas), regulación de precios claves (tipo de cambio) y formación administrativa de precios de venta. Estas diferencias evitan que los precios estatales y privados se unifiquen de manera espontánea.
La no unificación genera problemas sobre el sector estatal. Por ejemplo, que la oferta y la demanda no se encuentren al nivel de los precios regulados, es la base de muchos problemas del «sector real»: problemas de producción, de escasez de insumos productivos, de rentabilidad empresarial, de capacidades ociosas, y de restricciones financieras. Siendo más específico, las empresas estatales no encuentran recursos suficientes a los precios fijados de forma administrativa: no encuentran suficientes dólares a un tipo de cambio de 24 CUP por USD; no encuentran suficientes trabajadores dispuestos a trabajar a 5000 CUP mensuales; no encuentran suficiente financiamiento a 5%-8% de interés, ni suficientes materias primas a los precios regulados. Además, el atraso del sistema de precios es fuente de desequilibrios fiscales y cambiarios. Reduce los ingresos presupuestarios, presiona al alza el gasto público (vía subsidios empresariales) y juega a favor del atraso del tipo de cambio real de la economía, que es un elemento clave de la competitividad de las exportaciones.
Por lo tanto, operar sobre el atraso del sistema de precios es una condición necesaria para avanzar sobre los múltiples problemas de oferta de la economía. En teoría, la solución a la segmentación es simple, unificar los marcos institucionales entre empresas estatales y privadas para permitir que los precios estatales converjan a los del mercado. Sin embargo, la solución no es tan simple debido a los ajustes de equilibrio general que provoca la «actualización». Unificar los precios sin tomar precauciones afectaría no solo a los consumidores, quienes verían sus ingresos reales deteriorarse muy rápidamente, sino además, a otras industrias vía insumos intermedios. Ello generaría excesivos costos de ajustes que podrían hacer no-administrable el cambio de estado.
Una forma efectiva de llevar adelante este proceso es a través de lo que se conoce como precios duales, un instrumento que se ideó en China en los anales de su proceso de reformas, y que luego se aplicó también por Vietnam.
La idea es mantener fijas las cantidades producidas de forma administrativa a precios regulados, y liberar el resto de las capacidades de la empresa a precios de mercado. Con la producción pactada de forma administrativa se haría frente a una parte de la demanda de consumidores y de las industrias (la misma parte que se cubría antes de utilizar este instrumento). El Estado apoyaría con insumos asignados (materias primas, dólares para importación, combustibles y energía) a precios administrativos. Mientras tanto, con la parte liberalizada, las empresas podrían comprar insumos sin restricciones a precios de mercado, en particular dólares, subir los salarios, pagar deudas, entre otros.
Ahora, esta idea no funciona si no se levantan las múltiples restricciones institucionales sobre la empresa estatal que son la causa verdadera del problema. Es decir, no funciona si no se les otorga mayor autonomía de decisión, si no se les permite participar en mercados de divisas e insumos, o si se mantienen operando con precios regulados (en el canal del mercado).
Sobre cómo otorgar mayor autonomía a la empresa, la mejor forma de alcanzar este objetivo es mediante el desarrollo de gobiernos corporativos, a través de los cuales el Estado ejercerá su función de «representante del dueño», otorgándole a la dirección de la empresa autonomía de decisión. Es importante también institucionalizar el mercado cambiario paralelo (como se hizo en los noventa con CADECA, pero, esta vez, permitiendo a las empresas estatales y a las PYMEs entrar). De la misma forma que las empresas deben comprar insumos en un mercado liberado, deben acceder a divisas internacionales. La no institucionalización del mercado cambiario informal evita, por defecto, que las empresas estatales puedan comprar dólares a precios liberados, incluso cuando sus ingresos son suficientes. Transitar hacia un esquema descentralizado de divisas a un precio de mercado unificado es un objetivo muy importante; sin embargo, no se podrá alcanzar de la noche a la mañana, menos en las condiciones actuales. Por lo que requerirá de la conformación de un mecanismo híbrido (dual) de asignación de divisas que opere transitoriamente hacia la unificación.
Por último, los hacedores de política deberán moverse sobre una delicada línea donde se promueva la alineación de precios (como mecanismo de creación de incentivos y de estímulos productivos reales), y a la vez, se minimicen los efectos distributivos y de equilibrio general que inevitablemente derivarán del proceso de alineación. Aunque este último es la base de profundas ganancias de productividad y competitividad (sobre todo externa), las contradicciones que lo acompañan deben ser atendidas a partir de políticas redistributivas y compensatorias basadas en mecanismos ortodoxos y heterodoxos que operen bajo el principio de «hacer todo lo que funcione». Por último, es muy importante entender que la integración del mercado no significa que todas las empresas resultarán ganadoras. Hay empresas que desaparecerán. Esto no solo constituye un resultado esperado; sino, además, deseado. Es central entender que las empresas que desaparezcan no deberían estar operando hoy; representan una carga para el conjunto de la sociedad. Si logran hacerlo en las condiciones actuales es por la existencia de reglas distorsionantes que les garantizan subsidios que paga de forma explícita o implícita todo contribuyente cubano.
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