¿«Cubanólogos» o cubanistas?

Por Profesor Carmelo Mesa Lago

Resumen: 

Se rebaten varios puntos de la crítica de Emily Morris, se identifican distorsiones y ofuscaciones (puntos cruciales que ella omite), incongruencias en su análisis entre los dos períodos que trata su artículo « How Exceptional is the Cuban Economy?», y comparaciones difusas y alternativas estrechas.

[El autor es responsable de lo que aquí se dice, pero agradece los valiosos comentarios de Jorge Pérez López, Omar Everleny Pérez Villanueva y Antonio Santamaría García].

Entre 1983 y 1985 sostuve un debate con José Luis Rodríguez, entonces miembro del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial del Consejo de Estado de Cuba. Él me presentó como director, desde la Universidad de Pittsburgh, de la «cubanología» —por primera vez este término era usado en Cuba—, integrada por los académicos cubanoamericanos que desde los Estados Unidos estudian la Isla. Mi respuesta fue publicada en Temas de la Economía Mundial (La Habana), y el artículo de Rodríguez, con mi réplica, apareció en Cuban Studies (Pittsburgh). Esa polémica enriqueció lo político y lo académico, pues permitió un intercambio público de puntos de vista diversos; involucró a un asesor del gobierno cubano, más tarde ministro de Economía y Planificación, y arquitecto de las reformas que sacaron a Cuba de la crisis de los años 90, y divulgó mi obra entre los cubanos. La discusión se amplió con artículos críticos de los economistas Claes Brundenius y Andrew Zimbalist; mi réplica, en coautoría con Jorge Pérez López, apareció en Comparative Economic Systems. Virtualmente, todas las críticas fueron refutadas y quedó claro que el término «cubanología», cargado ideológicamente, era parte de la Guerra fría; los académicos que profesionalmente trabajamos sobre Cuba adoptamos el vocablo neutral de «cubanistas» (Pérez-Stable, 1991: 239-250). Como resultado del debate, muchos de nosotros entablamos o expandimos intercambios con economistas cubanos, logramos consensos y respetamos puntos de discrepancia.

Tres décadas después, Emily Morris revive el estigmatizado término y la emprende contra los «cubanólogos» —«como se definen a sí mismos», afirma erróneamente (Morris, 2014: 5-45).[1] De forma indiscriminada y estereotipada, los tilda de «profundamente hostiles al régimen de La Habana» (4).[2]Vuelve a colocarme entre los líderes de la «cubanología», según ella asentada en la Universidad de Pittsburgh, aunque el equipo de estudios sobre Cuba de dicha universidad desapareció hace años. Se refiere a un «eje Pittsburgh-Miami» que solo existe en su imaginación, pues ha habido notables diferencias de pensamiento entre los cubanistas de las dos ciudades —al igual que dentro de Miami entre un grupo moderado de cubanistas en la Universidad Internacional de la Florida (que realiza las encuestas a cubanoamericanos, las cuales demuestran que la mayoría rechaza el embargo) y otro muy crítico en la Universidad de Miami. Además, acusa a todos los cubanistas (especialmente a los que escriben con diversos puntos de vista en Cuba in Transition), de proponentes de la «reestructuración de la economía de la Isla siguiendo patrones capitalistas», neoliberales que apoyan las reformas impuestas en América Latina por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) basados en el Consenso de Washington (5).

La versión en castellano del artículo de Morris ha sido elogiada por el editor del blog La Pupila Insomne como «lo mejor […] sobre la economía cubana en los últimos 25 años» (es obvio que ha leído muy poco):

[Este artículo] demuestra de manera aplastante las enormes debilidades de algunos enfoques sobre la economía cubana que gozan del apoyo de la maquinaria mediática académica cómodamente financiada desde Europa y los Estados Unidos, a través de publicaciones, invitaciones y eventos que incluso han llegado a realizarse en nuestro país [Cuba]. Quienes son puestos en ridículo por la autora fueron tratados entonces como portadores de la palabra divina; un «icono gigante admirado y querido, en la distancia, por muchísimos jóvenes que siguen su obra», se ha dicho del más citado de ellos. (Sánchez, 2014: 1).

Esto último parece mi «retrato» y un claro intento de difamación hacia los académicos que en los Estados Unidos estudiamos Cuba de manera profesional y equilibrada.[3]

La primera parte del artículo de Morris sobre las políticas anticrisis y posteriores bajo Fidel Castro (1990-2006), tiene veinte páginas incluyendo las notas, mientras que la relativa a las reformas de Raúl Castro (2006-2014) tiene solo siete. La autora pone excesivo énfasis en el pasado y da poco espacio a las reformas claves del presente. El análisis hasta 2006 se basa en un texto suyo publicado en 2007 (Morris, 2007) y la segunda parte actualiza aquel trabajo.[4] Su reflexión inicial es mucho más objetiva, equilibrada y documentada que la actual, hace una crítica racional, es menos apologética y no menciona la «cubanología». Luego notaremos otros cambios y contradicciones.

Concuerdo con varios puntos importantes que plantea Morris y que he analizado en muchos de mis libros y artículos: 1) la razón por la que el régimen cubano no colapsó después de la caída de la URSS y el campo socialista; 2) el éxito de las políticas en la primera mitad de los años 90 para detener la caída en picada de la economía, recuperar parcialmente el crecimiento, reducir notablemente el déficit fiscal y apuntalar la moneda; 3) la diferencia entre las políticas de Cuba para enfrentar la crisis y, en general, con las aplicadas en las «economías en transición»; 4) la necesidad de las reformas de Raúl Castro, y 5) el juicio de la autora sobre la unificación monetaria y las divisiones sociales. Aquí rebato varios puntos de la crítica de Morris, identifico distorsiones y ofuscaciones (puntos cruciales que ella omite), incongruencias en su análisis entre los dos períodos que trata en su artículo, y comparaciones difusas y alternativas estrechas.

Distorsiones y ofuscaciones

Es irónico que Morris me tache de neoliberal, cuando es frecuente que círculos de la derecha me acusen de izquierdista; mi análisis de las reformas de Raúl ha sido tachado de «benigno» o de un «optimismo poco justificado», incluso por economistas moderados. Contrario a sus insinuaciones, en mi obra siempre he dejado claro que deben ser preservados los sistemas públicos de educación, salud y pensiones, pero con cambios que los hagan más eficientes y sostenibles (Mesa-Lago, 2012: 304-6; Mesa-Lago y Pérez López, 2013: 244-96). Por otra parte, mi obra de cincuenta y cinco años sobre protección social en América Latina, Europa y Asia, se ha caracterizado por la crítica a las políticas del Banco Mundial y el FMI. Fui el primero que en libros y prestigiosas revistas internacionales (Revista Internacional de Seguridad Social,World Development, Revista de la CEPAL, Revista Internacional del Trabajo) criticó a fondo la reforma privatizadora de las pensiones por Pinochet en Chile y otras similares en la región. Mis trabajos más recientes analizan el regreso del rol del Estado en las pensiones de seguridad social en el mundo a través de las re-reformas de sistemas antes privatizados. En entrevistas publicadas en varios países, he calificado mi enfoque como neokeynesiano e institucionalista y opuesto a la mayoría de las políticas neoliberales.

Morris afirma que atribuí la crisis de1990-1993 en la Isla a «las características antimercado de la política cubana [...] como una mera extensión de su estrategia de rectificación antimercado de 1986» y que ataqué las reformas de 1994 (de hecho 1993-1996) por ser «a medias» y «medio cocinadas». Alega también que di «importancia secundaria a los factores externos» (Morris, 2014: 5, 8). Mi verdadera interpretación —analizada en los «ciclos ideológico-pragmáticos» citados en el artículo de Morris— es que la crisis fue provocada por una combinación de factores externos e internos (en ese orden). Es cierto que critiqué el Proceso de Rectificación de 1986-1990 porque provocó una recesión justo antes del colapso de la URSS, lo cual debilitó a Cuba para enfrentar la crisis; pero nunca en mis trabajos he mantenido que las reformas de 1993-1996 fuesen una continuación del ciclo idealista de la Rectificación: probé que ellas abrieron un nuevo ciclo pragmatista. Sistemáticamente, mi obra incluye la variable externa para explicar los cambios de ciclos; de modo que en la crisis de los años 90 analizo los mismos factores exógenos que Morris: el fin del comercio con el campo socialista, la ayuda y los subsidios de precios de la URSS y del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), y las leyes Torricelli y Helms-Burton que endurecieron el embargo norteamericano. Mis textos también saludan las reformas de los años 90 y les atribuyen la recuperación económica parcial; pero identifican sus limitaciones y recomiendan ampliarlas, a la par que lamentan la reversión que se hizo desde 1996 porque causó efectos adversos (Mesa-Lago, 2012: 34-41; Mesa-Lago y Pérez López, 2013: 12-7).

Ignorando la amplia literatura existente, Morris afirma que «es notable que los estudios comparativos [«entre el curso de Cuba y los de las economías de transición»] realmente son relativamente raros», lo cual «refleja una tendencia general entre los cubanólogos para centrarse exclusivamente en su isla natal» (Morris, 2014: 7). Es posible citar más de setenta comparaciones de Cuba con economías en transición, la mayoría hecha por cubanistas.[5]

Agrega Morris: «Los debates internos sobre la política económica han sido en gran medida invisibles para los observadores externos, incluyendo los cubanólogos», para los cuales no ha existido discusión en absoluto; pero «ha habido debates entre los economistas [cubanos]» (Morris, 2014: 6). En buena medida, como resultado del debate de los años 80, he mantenido relaciones fructíferas con economistas y científicos sociales cubanos, intercambiando publicaciones, enviándoles borradores de mis trabajos a ellos y comentando o reseñando los suyos, escribiendo artículos en común o en compilaciones, participando con ellos en seminarios dentro y fuera de Cuba, y publicando en dos revistas cubanas. En mis libros he analizado los diversos enfoques de las autoridades nacionales y, en los más recientes, el debate público sobre las reformas, lo que constituye el primer resumen integrado del pensamiento de los economistas y otros científicos sociales cubanos, sus posiciones de cara a las reformas y los consensos alcanzados (Mesa-Lago, 2012: 221-36, 169-81; Mesa-Lago y Pérez López, 2013: 172-81).

Según Morris, los cubanólogos consideran a Cuba «una mera dependencia de Venezuela» (Morris, 2014: 5); una seria tergiversación de lo que hemos mantenido no solo los cubanistas y otros expertos extranjeros, sino también los propios dirigentes y académicos cubanos: que Cuba tiene una fuerte dependencia de Venezuela y esto constituye un gran riesgo debido a la crisis económica venezolana. De hecho, ella después reconoce dicha dependencia: «Las ganancias de la venta de servicios profesionales a Venezuela han superado la de todas las exportaciones de bienes combinados desde 2005»; «la dependencia de un solo socio ha aumentado una vez más: en 2012, Venezuela representó no solo 45% de las exportaciones de bienes debido al petróleo refinado en Cienfuegos, sino también muchos de los servicios no turísticos de Cuba» (17-8). En su texto de 2007, Morris estimó la «enorme contribución [venezolana] a los recursos del gobierno cubano» en 750 millones de dólares (Morris, 2007: 50); mi estimado del total de la relación económica de Cuba con Venezuela ascendió a 12 900 millones de dólares (42% de lo cual fue en compra de servicios profesionales) o 21% del PIB de Cuba en 2010 (Mesa-Lago, 2012: 134-41, 152-4; Mesa-Lago y Pérez López, 2013:98-102, 114-5). Si Venezuela suspendiese esa relación, Cuba sufriría una crisis severa, aunque no tanto como la de los años 90; esto indica la importancia que tiene para La Habana el restablecimiento de relaciones económicas con los Estados Unidos.

En su artículo, Morris sugiere que el sector industrial ha seguido desarrollándose (como antes de la crisis): «la inserción de Cuba en la economía mundial ha sido liderada por un puñado de industrias»; las políticas se han centrado «en el desarrollo de nuevas industrias de exportación, lo que reduce la dependencia de las importaciones de alimentos» (Morris, 2014: 15-6) (lo primero no determina lo segundo). Detalla el proceso de desindustrialización citando una caída de 16% en la producción industrial entre 1989 y 2005 (45). Según estadísticas oficiales, el índice de producción industrial en 2013 estaba 45,4% por debajo de su nivel en 1989. Solo tres de veinticuatro líneas de la industria manufacturera lo superaban (fármacos, muebles y bebidas); el resto estaba muy por debajo: maquinaria y equipos (-99%), equipos de transporte (-96%), fertilizantes (-93%), textiles (-90%), azúcar (-79%). En minería, después de un aumento, la producción de gas y de níquel cayó 18%, y la de petróleo, 12%. La importación de alimentos cubre 70% del consumo interno y creció de 1 000 a 2 057 millones de dólares en 2005-2014; las exportaciones de bienes en 2013 todavía eran 2, 2% inferiores a las de 1989 (ONEI, 2014: cuadros 8. 3, 10. 4, 11. 1, 11. 4; Rodríguez, 2015).

Las políticas alabadas por Morris han tenido a largo plazo un efecto negativo en el crecimiento, un tema al que ella dedica apenas tres líneas: «Desde la crisis financiera global, [el crecimiento anual del PIB] ha sido más débil que lo esperado, con un promedio de menos de 3% […] peor que la media de los países “en transición” desde 2008» (Morris, 2014: 22-3). De acuerdo con cifras oficiales, el promedio anual en 2009-2014 fue 2,1% y el cumplimiento de las metas bajó de 90% en 2011 a 54% en 2014; en el último año, la tasa oficial fue de 1,3% (versus una meta de 2,2%) pero la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) lo estima en 1,1%, el quinto inferior entre 35 países de la región (ONEI, 2010-2014; CEPAL, 2014: cuadro 1).

Los efectos sociales de dichas políticas tampoco han sido beneficiosos a largo plazo. Morris presenta el «valor de cien [pesos cubanos] como un múltiplo del salario mensual promedio», calculado de manera opaca y sin discusión en el texto. Ella menciona medidas para «restaurar el valor real del salario», pero admite que «los [salarios] nominales estatales no han subido en línea con el costo de la vida» (Morris, 2014: 20, 25). La Figura 1 presenta la evolución del salario medio real (ajustado a la inflación) en el sector estatal en 1989-2013. A pesar de su aumento nominal desde 1990, el salario real en 2013 equivalía a solo 27,3% de su nivel de 1989, o sea, que su poder adquisitivo cayó 72,7%. Algunos autores truncan la figura y parten de 1993 en su punto más bajo (10% del nivel de 1989), lo que crea la ilusión de un aumento salarial real sostenido.

Incongruencias

El artículo de Morris carece de una integración y un seguimiento consistentes en temas claves entre los dos períodos históricos, así como un análisis de cómo las políticas anticrisis obligaron después a la reestructuración conducida por Raúl. Ella no evalúa sistemáticamente los costos de esas políticas, aunque incluyó una sección sobre esto en su texto citado (2007: 42-5): el muy bajo nivel de inversión doméstica, el descenso de la productividad, la desaceleración del crecimiento, la escasa atracción de capital extranjero. En ambos trabajos ella plantea que ocurrió una caída en la inversión debido a que el gobierno no renunció a su control sobre las inversiones extranjeras (por ejemplo, la ley de 1995 autorizaba al inversionista foráneo a tener 100% de la participación; pero en la práctica rara vez sobrepasó 49%), y a que rechazó muchas propuestas inversionistas (Morris, 2014: 15). Añade que «el costo de los subsidios [a empresas y precios] consumió fondos que de otro modo podrían haber sido utilizados para la inversión» (21). Por otra parte, alaba políticas sin discutir sus serias secuelas económicas (13): el impuesto sobre la renta fue rechazado (a pesar de que la estructura tributaria era muy regresiva); no se impuso «un paquete de austeridad de recorte de gastos» (con lo cual se disparó el gasto social); «el compromiso de prevenir el desempleo se mantuvo intacto» (pero esto engrosó el desempleo oculto); y los precios «de los bienes básicos se mantuvieron fijos muy por debajo de su costo, sin tener en cuenta las implicaciones fiscales» (lo que disparó el déficit fiscal). Los efectos de estas políticas obligaron a Raúl a impulsar reformas estructurales: la tributaria, que incluye el impuesto progresivo sobre la renta; el recorte de los servicios sociales (Figura 2); la eliminación del empleo estatal excedente; y una ley de inversión extranjera más laxa que la 1995, aunque aún mantiene limitaciones —algunas de las cuales se han ido desmontando por regulaciones sucesivas del gobierno.

En contraposición con la política social de las economías en transición y la terapia de choque auspiciada por el Banco Mundial y el FMI, Morris sostiene que durante la crisis de los 90, Cuba conservó el estado de bienestar y combinó la protección social con la reducción del déficit fiscal. Ella nota que actualmente los más pobres son los que dependen de las pensiones del Estado o de asistencia social, sin ayuda familiar [...] las pensiones son apenas suficientes para la subsistencia, por lo que los servicios sociales tienen que completarlos donde no hay familia o la familia es demasiado pobre. (Morris, 2014: 24)

Y reafirma que en «la fase de ajuste de Raúl», la red de protección social «permanece en su lugar» y que los «servicios públicos son sin duda mejores que antes», pues los sistemas de salud y educación siguen incólumes (25, 26). De hecho, la red mínima de protección social se ha contraído, mientras la población vulnerable se ha expandido, en parte por reformas con lógica económica pero que causan efectos sociales adversos: la reducción del gasto social; la extracción de alimentos del racionamiento para su venta a precios de mercado (tres veces superiores al precio subsidiado de las raciones); el aumento de precios en los mercados agropecuarios, en las tiendas estatales que venden en divisas (con una ganancia de 230%)y en las tarifas de servicios públicos; el incremento del desempleo «abierto» de 1,6% a 3,4% de la fuerza laboral ocupada en 2008-2013 (sigue siendo uno de los menores en la región, pero con matices que veremos más adelante); y la caída en la pensión real a la mitad de su nivel en 1989.

En 2007-2013, el gasto social se recortó de 55% a 51% del presupuesto y de 37% a 27% del PIB. Se han cerrado miles de sedes universitarias municipales, las escuelas secundarias en el campo, los comedores en los centros de trabajo y 42% de los hospitales y clínicas; los médicos de familia han mermado a la mitad por su exportación, y se ha despedido a 16% del personal sanitario (ONEI, 2006-2013; Mesa-Lago, 2014a). También se redujo el presupuesto de educación en 3,3 puntos porcentuales del PIB y el presupuesto para vivienda en 1,6 puntos, así como 72% de la matrícula universitaria. Los beneficiarios de asistencia social disminuyeron de 5,3% a 1,5% de la población total en 2006-2013 y de 2,2% a 0,3% del PIB (Figura 2). En 2011, el Congreso del Partido acordó terminar la asistencia a los beneficiarios con familiares que puedan ayudarlos. Es lógico eliminar del programa a los que no requieren asistencia social, pero la reducción hecha fue desproporcionada y de espaldas a la expansión de la población vulnerable.

Morris destaca que no creció el desempleo abierto durante la crisis y que, al contrario, aumentaron los puestos de trabajo. Las estadísticas oficiales ratifican que el desempleo abierto bajó de 7,9% en 1989 a 6,2% de la fuerza laboral en 1993, el peor año de la crisis. Pero lo que ella no dice —o ignora— es que, según estimados de la CEPAL, el desempleo «oculto» (contratación de empleo estatal innecesario para controlar el «abierto» a costa de reducir la productividad laboral y los salarios), saltó de 7, 9% a 34% en el mismo período, o sea, que en 1993 el desempleo total equivalía a 40% de la fuerza laboral (Mesa-Lago y Pérez López, 2013: 119-23). Dos economistas cubanos argumentan que la política de mantener el pleno empleo a toda costa (el desempleo abierto alcanzó un récord mundial de solo 1,6% en 2008), no cerrar empresas estatales irrentables y aumentarles los subsidios, provocó un déficit fiscal que rebasó 30% del PIB, un alza de precios en nueve veces, y la ya explicada reducción de salarios reales en 70% (Vidal Alejandro y Pérez Villanueva, 2010). Esto hizo más difíciles las políticas de Raúl para despedir el empleo estatal superfluo, que se estima oficialmente en 1,8 millones de trabajadores, 37% de la fuerza laboral.

Comparaciones difusas y alternativas estrechas

Un aspecto importante del artículo de Morris es su comparación, entre 1990 y 2010-2013, de una serie de indicadores (PIB per cápita, mortalidad infantil, esperanza de vida) en los que Cuba se coloca por encima de la mayoría de las economías en transición. Desgraciadamente, esto lo hace solo al comienzo (salvo comparaciones superficiales de políticas), y cae en el mismo defecto que ella imputa a los «cubanólogos»: concentrarse excesivamente en la Isla.

Al final de su trabajo, se pregunta si hay una alternativa a las economías en transición (privatización, liberalización, recortes del gasto social) y cuestiona: «¿por qué debemos suponer que el Estado abandonará su papel dominante en la economía o que el enfoque actual de la política deba conducir a un camino de transición hacia el capitalismo?»(2014: 26). Aparentemente, para ella hay solo dos vías: la neoliberal-capitalista dura, con el Estado en rol de subsidiario, y la de predominio del Estado (planificación central más propiedad dominante estatal) con una función subsidiaria del mercado y el sector privado. En la realidad, que se escapa a Morris, hay muchas vías intermedias entre esos dos polos extremos, como en los países escandinavos, que han logrado combinar óptimamente ambos instrumentos y generar crecimiento sostenido con equidad social. Más aún, ella coloca a todas las economías en transición en una misma categoría; otro enfoque irreal pues hay un amplio abanico entre ellas; por ejemplo, la Comunidad de Países Independientes (CIS) y el resto de los países bálticos de Europa central y del sur (CSB), que ella explica en su capítulo (2007: 56, nota 2). Igualmente, existen notables diferencias entre las economías latinoamericanas: por ejemplo, hay un mayor rol estatal en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela que en Colombia, Honduras, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú. El caso de Chile es ilustrativo: bajo Pinochet, fue el modelo de políticas neoliberales para la región; pero se ha transformado en la sucesión de cuatro gobiernos socialistas que han introducido reformas sustanciales en el sistema tributario, lo que lo ha hecho más redistributivo, así como en la salud y las pensiones en las que se ha reforzado el papel estatal,[6] y ahora se enrumba a una reforma educacional enfocada en el nivel terciario para hacerla más universal y gratuita.

Otra alternativa es la de China y Viet Nam, cuyas reformas estructurales han creado un modelo mixto («socialismo de mercado») en el que el mercado, la inversión extranjera, el sector privado interno y una planificación descentralizada tienen un papel crucial, más avanzado que en las reformas cubanas (comparando períodos similares), al tiempo que mantienen el control del Partido. En cuatro líneas de su artículo, Morris despacha esta alternativa, objeto de un profundo debate dentro y fuera de Cuba que ella pasa por alto. Primero afirma que hay características distintivas entre el camino de Cuba y los de China y Viet Nam, para luego afirmar que la estrategia cubana «tiene comparación con el sistema de China de la «doble vía» en el que se mantiene el camino «planeado», mientras que el camino del «mercado» se desarrolla a su vez» (2014: 26). Al modelo chino-vietnamita dedico una sección en mis dos libros más recientes y lo comparo con las reformas más importantes cubanas, como la agraria; en mi último ensayo, expando las comparaciones a siete de las reformas estructurales claves (Mesa-Lago, 2012: 225-8; 2014b; Mesa-Lago y Pérez López, 2013: 173-5). Sobre esto existe una creciente literatura comparativa de alto nivel escrita por cubanos residentes en la Isla, que ella igualmente ignora (Pérez Villanueva, 2012; 2014; Vidal Alejandro, 2012). Morris se contradice y no aporta nada nuevo al debate.

Termina su artículo con esta frase: «Visto sin ideas preconcebidas, el caso cubano sugiere que otra manera es posible» (2014: 27). ¿Pero cuál de los modelos cubanos es el que ella propone como ideal?: ¿el que se usó en la crisis de los 90 y continuó hasta 2006 (al que evalúa de manera apologética), o el que está forjándose desde entonces por las reformas estructurales de Raúl Castro, que intentan corregir los problemas que se acumularon por casi medio siglo de socialismo así como errores del primer modelo? Esto es fundamental porque los excesos previos generaron a largo plazo desaceleración económica y gasto social financieramente insostenible, una cuestión que tanto los cubanistas como otros estudiosos serios de Cuba plantearon décadas atrás.

Conclusión

Es difícil explicar por qué, después de treinta años, Emily Morris ha resucitado la roída «cubanología»; ella no es José Luis Rodríguez, y el productivo debate de los años 80 ahora se torna estéril y no aporta nada nuevo a la anterior polémica, por lo que se queda en las críticas infundadas que aquí refuto. La autora podría haber infundido un aire fresco si hubiese analizado de forma sistemática cómo los efectos indeseables de las políticas de los 90 y años siguientes obligaron a las reformas estructurales de Raúl. Su diatriba es contrapuesta por la positiva recepción en Cuba de mis trabajos sobre dichas reformas, varios publicados en la Isla (tres de ellos en Temas) y estudiados por economistas y científicos sociales cubanos. Mirando al futuro, lo más valioso no son alabanzas sin adecuada evaluación profunda de las reformas en proceso, sino ofrecer opiniones mesuradas, con respeto y documentación, sobre lo que funciona y lo que debe ser mejorado para el bien de la nación y de su pueblo.

Notas

[1]. Traducido al castellano en Cuba como «Cuba inesperada» (La Pupila Insomne, 2014: 1-31).

[2]. En 2013, Morris me invitó al Instituto de las Américas, Universidad de Londres, a presentar una ponencia sobre re-reformas de pensiones antes privatizadas en América Latina, así como mi libro sobre las reformas de Raúl Castro. Creía que Morris conocía bien mi filosofía y mis dos áreas de estudio, pero su artículo demuestra lo opuesto.

[3]. Entre 1978 y 1990 viajé cuatro veces a Cuba para participar en debates con académicos y funcionarios; me negaron la visa en 2003 a raíz de publicar un libro en el que comparo las economías de Cuba, Costa Rica y Chile. En 2010, después de veinte años de ausencia, me dieron visa para asistir a un seminario sobre política social auspiciado por la Iglesia católica. En 2013 y 2014, tras publicar mi libro sobre las reformas de Raúl, me negaron la visa para asistir a un evento de la Brookings Institution y la Universidad de La Habana y para un homenaje por mi obra de 55 años sobre Cuba.

[4]. Raúl recién había remplazado a Fidel y ella no pudo discutir las reformas del primero.

. Sesenta y cuatro de ellos, publicados en Cuba in Transition entre 1991 y 2014, comparan Cuba con Albania, Bulgaria, Estonia, Hungría, Latvia, Polonia, Rusia, Europa Central-Oriental, China, Viet Nam, economías en transición, etc. (75% escritos por cubanistas). Véanse también Pérez-López, 1994; Brundenius y Weekes, 2001; Radu, 2003; Ratliff, 2004; Burki y Erikson, 2004); y Pérez-Stable, 2007. [5]

[6]. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, me nombró en 2014 miembro de la Comisión presidencial que estudia una segunda re-reforma de pensiones para corregir fallas que subsisten de la primera, en la cual también participé.

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