LA HABANA. Las recientes medidas anunciadas para el “trabajo por cuenta propia” constituyen otro gesto positivo hacia el sector. Son nueve medidas cuyo denominador común es la flexibilización de varias restricciones que entorpecen el crecimiento del sector. Resulta llamativo que se hayan presentado como parte del “perfeccionamiento” de esa forma de gestión, cuando los inicios de aquel se asociaron claramente a mayores restricciones.
Cada una de las medidas presentadas antes del referéndum del 24 de febrero, carece de la norma jurídica correspondiente. Por lo que la evaluación de su alcance puede ser un tanto apresurada. No obstante, habría que reconocer el esfuerzo comunicativo realizado para discutir su contenido, con lo cual no debe haber sorpresas una vez entren en vigor.
La inclusión de cinco nuevas actividades y la ampliación del alcance de otras refuerzan este sector como opción de empleo. En esta ocasión, todos los cambios propuestos en el alcance de varias actividades amplían y flexibilizan sus condiciones de operación. Sin embargo, se mantiene el enfoque hacia la descripción detallada y estrecha de las categorías aprobadas. La transformación pendiente en este esquema es una lista reducida de categorías que no se pueden realizar de forma privada, lo que facilitaría la labor administrativa y constituiría un estímulo sin precedentes al desarrollo de las fuerzas productivas. Asimismo, autorizar la contratación de hasta dos empleados al gestor inmobiliario solo viene a confirmar la práctica más común en el ejercicio de la actividad. Es casi seguro que ejemplos de ese tipo abundan en el “cuentapropismo”, lo que estimula innecesariamente la actividad informal.
Otro grupo de medidas apuesta por fortalecer a los municipios como nivel fundamental en la toma de decisiones respecto a las actividades que se ejercen en ese territorio. Ello es coherente con la declaración de intenciones de la nueva Constitución y también reduce el flujo vertical tan pernicioso que afecta a todos los procesos administrativos. Cada vez que se avance en esa dirección se estrecha el vínculo de la ciudadanía con el gobierno local, pero empiezan a cobrar importancia las competencias de las autoridades correspondientes, en tanto se les traspasa poder de decisión sobre aspectos que afectan directamente la economía de la región y la vida de las personas. Es una dinámica política notable en el caso cubano, que parece se reforzará en los meses u años siguientes.
Sin prejuicio de lo discutido anteriormente, desde el punto de vista del impacto económico esperado, los cambios de mayor alcance son el referido a la posibilidad de firmar contratos para la venta de bienes y servicios con cualquier entidad radicada en el territorio nacional, la posibilidad de que las empresas estatales vendan los excedentes y sobrecumplimientos a este segmento, y la eliminación del requisito (opcional) de contratación para los familiares del primero y segundo nivel de consanguinidad y primero de afinidad.
Las dos primeras en particular son las provisiones más avanzadas en relación al trabajo por cuenta propia que se han previsto desde que este apareció en el panorama económico en 1993. La práctica confirmará su alcance verdadero, a partir de que su potencial pleno dependerá de las preferencias de los directivos de las diversas entidades, aunque parece haber una tendencia a concebir las relaciones con el sector no estatal como una característica del modelo cubano.
Ambas constituyen transformaciones de gran alcance que pueden hacer una contribución sustantiva a la eficiencia económica general y, en especial, a la integración interna de la economía. Esta última es uno de los problemas estructurales más graves que padece la economía cubana, descrito en los estudios correspondientes desde, por lo menos, mediados del siglo pasado.
Durante mucho tiempo el enfoque predominante abordó el problema desde la naturaleza de los sectores más importantes de la economía. Es decir, el hecho de que los encadenamientos productivos sean débiles responde a que las actividades más dinámicas son incapaces de arrastrar a otros sectores. Lo cierto es que el problema tiene más que ver con una lista interminable de restricciones y prohibiciones que inhiben las relaciones horizontales entre entidades de diversa denominación, lo que ha provocado que el mercado doméstico cubano esté completamente fragmentado. Ello estimula numerosos sinsentidos en el sector, como que coexistan capacidades ociosas en ciertos sectores con excesiva dependencia importadora en otros (dejando de lado otros móviles bien conocidos).
Si este cambio se acompaña en lo inmediato de alternativas para el aprovisionamiento mayorista de esos negocios y la normalización del esquema monetario-cambiario, se estarían creando las condiciones para nivelar gradualmente las reglas de juego en el sector productivo, una condición necesaria para estimular la eficiencia y el aprovechamiento de las capacidades domésticas.
El poder de estas medidas no debe ser subestimado. Pero el contexto en el que tienen lugar es todavía más interesante. Hace solo ocho meses estábamos discutiendo un grupo de medidas altamente restrictivas, con efectos realmente perversos para el cuentapropismo, por lo que no deja de ser sorprendente el giro que ha experimentado el enfoque del gobierno hacia el sector. En diciembre se dejaron sin efecto muchas de aquellas resoluciones, ciertamente las más dañinas, exceptuando el “experimento” con el transporte en la capital, que no hizo más que deteriorar aún más la prestación de un servicio clave, que ya operaba en precarias condiciones. Y ahora llegan estas nuevas decisiones.
Esto no hace sino resaltar el desafío que tiene por delante el gobierno cubano. Si bien los cambios más recientes son bienvenidos, se han perdido casi dos años desde agosto de 2017 (cuando tuvo lugar la suspensión del otorgamiento de numerosas licencias) en una discusión sin sentido sobre los méritos y alcance del cuentapropismo que a estas alturas ya deberíamos haber zanjado. Aquellas se adoptaron a contrapelo de lo que aconsejaba el sentido común, y no era un secreto que el enfoque resultaba altamente impopular. Lamentablemente el cuentapropismo y las cooperativas no agropecuarias se convirtieron en los chivos expiatorios de todo lo que no había resultado bien con la “actualización”. O quizá una cortina de humo para desviar la atención de problemas mayores.
Pocos dudarían que las propuestas que se hicieron en 2011 tuvieran el potencial para transformar positivamente el panorama económico del país. Pero no se debería cometer el error de subestimar la gravedad y la naturaleza de los problemas que arrastra nuestra economía. Cinco años de aplicación parcial e intermitente de un programa ya limitado de transformaciones no iban a permitir superar esas debilidades. Justo cuando se necesitaba hacer más, se retrocedió. Dicen que las crisis originan sus propias soluciones. El contexto actual es propicio para que Cuba mire otra vez hacia dentro, y encuentre ahí las verdaderas soluciones para sus problemas. Aunque se ha dicho varias veces no es ocioso recordarlo: el desarrollo es un proceso esencialmente endógeno.
La nueva Constitución contiene provisiones muy potentes en el ámbito económico, ahora que se aparcó el debate sobre su aprobación, conviene aprovecharlas plenamente.
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