Buenos propósitos con instrumentos incorrectos generalmente terminan en despropósitos, al menos en economía.
A las relaciones mercantiles les tiene sin cuidado que le sea reconocido su carácter objetivo o no, ellas aun cuando alguien se empeñe tozudamente en lo contrario, existen, como diríamos los que aun creemos en el marxismo, incluso por encima de la conciencia humana, a pesar de que ellas son un producto meramente humano.
Tampoco resulta de su interés las consecuencias de su propia existencia, ni la manera en que son utilizadas o negadas por aquellos que han sido sus creadores. No tienen preferencia alguna por los que las endiosan al extremo de convertirla en su brújula como tampoco por quienes se empeñan por condenarlas y señalarlas como la principal de todas las causas de todos los males que padecen los humanos.
Los fenómenos que se le asocian y de alguna manera materializan su existencia –mercados, precios, competencia, “oferta y demanda”– son también fenómenos objetivos que han tenido múltiples interpretaciones, teóricas, filosóficas, económicas y políticas.
En la historia económica de los humanos, las relaciones mercantiles, fueron por muchos siglos perseguidas, tanto por los reyes, las religiones y las ideologías, luego fueron admitidas y más tarde elevadas a cuasi divinas en un ciclo casi constante de aceptación y negación.
En la historia económica de nuestro país, a partir del año 1959, todos sabemos que fueron negadas durante un tiempo, luego aceptadas en términos más bien formales y solo muy recientemente incorporadas como una necesidad del funcionamiento de nuestra economía, siempre subordinadas a la ley de la planificación.
Nuestra historia económica está plagada de hechos que así lo demuestran. Desde la “ofensiva revolucionaria” y el empeño por decretar su muerte oficial, pasando por la eliminación de los mercados libres campesinos y la generación de aquel enorme mercado negro de productos agropecuarios que aquella medida impulsó, junto con el consiguiente deterioro de la producción agrícola.
De aquellas aguas estos lodos: desde entonces hasta hoy, tenemos la expansión de un mercado informal de productos importados de forma individual, cuyo volumen de ventas anuales es imposible de calcular pero en los cuales se gastan en el extranjero centenares de millones de dólares todos los años y que por más que se ha intentado eliminar, sigue haciéndole la competencia aquel otro mercado, en este caso estatal, que también importa centenares de millones de dólares, en una especie de puja constante en la que generalmente el que más pierde es el ciudadano común.
El precio es uno de esos personajes que acompaña a las relaciones mercantiles, ya sea en especie o en su forma dineraria. Su formación obedece también a determinadas “leyes objetivas”. Los costos, todos incluidos, son uno de sus componentes principales, pero también hay otros como las variaciones de la oferta y la demanda, las características de los productos, la moda, la necesidad y la relativa escasez de un producto; ellos son también otros de sus componentes y no de menor importancia.
Todos los precios son “manipulables” pero existen “límites” a esa manipulación. Rebasarlos implica pagar costos más elevados que los que supondría dejarlos actuar a su “libre albedrío”. Esos costos casi siempre suelen ser de mediano y largo plazo.
Por eso, y porque ellos impactan tanto en la distribución y redistribución de la riqueza como en la asignación de recursos, la regulación de precios es un tema tan sensible, probablemente de los más sensibles asuntos en la economía y en la política económica.
Los mercados perfectos y la competencia perfecta, así como los precios de equilibrio ideales solo existen en los libros de texto.
Evitar un proceso inflacionario es lo que, al menos de forma explícita, más ha preocupado al gobierno cubano y con toda razón. Una espiral inflacionaria tiene efectos devastadores sobre cualquier economía pues reduce a sal y agua los ingresos presentes y por lo tanto impacta de forma negativa en los niveles de vida de la población –recordemos los inicios de los años noventa, cuando la libra de arroz llego a costa más de cincuenta pesos en los mercados no oficiales— y en la demanda agregada. La inflación genera una gran incertidumbre en el futuro.
Pero de la misma forma, la deflación (esto es el efecto contrario a la inflación) resulta también negativa pues, entre otras cosas reduce los incentivos a los productores y se paga en el mediano y largo plazo con crecientes déficit de producción y de oferta.
En nuestra agricultura hay abundantes ejemplos de las consecuencias de una mala política de precios a los productores, en la producción de caña, de café y cacao, de leche, y también están los ejemplos de cómo rectificar esas políticas mejorando esos precios incentivaron puntualmente la producción y los rendimientos. Y ojo que las vacas no saben nada sobre las relaciones mercantiles y menos sobre precios.
En estos días varios colegas han escrito sobre esta aplaudida y a la vez controvertida decisión de congelar los precios de un grupo de productos y servicios. Poco tengo que decir que añada algún valor a lo que ellos ya han planteado. Solo deseo expresar la esperanza de que sea una medida temporal en términos reales y no como aquella otra que un día introdujo la doble circulación monetaria y al menos dos tasas de cambio, que nos ha acompañado por casi treinta años y que nos ha traído una buena parte de todos estos problemas debido a su prolongación en el tiempo.
Tenemos la suerte hoy de que se ha editado parte del anuario estadístico del 2018. Busqué algunos datos en su capítulo 5 sobre las “Cuentas Nacionales” que me ayudarán a entender está situación de los precios desde la perspectiva de las cifras macro.
(*) Consumo final efectivo de los hogares: Abarca el gasto de los hogares residentes y aquella parte de los servicios gubernamentales que se prestan gratuitamente a la población, es decir, servicios comunales, educación, salud pública, cultura, deportes, entre otras.
De sus ingresos corrientes, las familias cubanas gastan el 71% en el mercado, proporción que no ha variado sustancialmente en los últimos cinco años (oscila entre 69% y 71%). En resumen, tanto si se toma en precios corrientes como en precios constantes (en este caso la proporción oscila entre 72% y 76% en el mercado), la estructura de consumo ha sido relativamente estable.
Veamos ahora la distribución de ese gasto en los diferentes mercados que existen en Cuba y que son captados por la Oficina Nacional de Estadística.
(*) Otras fuentes: Incluye los gastos que realizan los hogares asociados a los servicios de vivienda y al autoconsumo agropecuario, así como los gastos en adquirir bienes y servicios en las entidades de ventas en divisas.
Los datos indican que el grueso del gasto de las familias cubanas se realiza en el mercado estatal, a donde va a parar el 67,8% del total del gasto para el año 2018. Sin embargo, habría que tener en cuenta el hecho de que todos los gastos están contabilizados en CUP. Asumo que, a la tasa oficial de cambio, esto es un peso cubano por un dólar, pues en las aclaraciones metodológicas de este capítulo nada se dice al respecto. Aceptando lo anterior si sumamos los gastos en el mercado estatal y los del mercado llamado “otras fuentes”, entonces las familias cubanas gastan en los mercados manejados por el Estado el 76% de sus ingresos dedicados a consumir. Es cierto que también parte de los mercados agropecuarios son estatales, pero no se diferencian en el anuario.
De aquí se infiere que los precios más sensibles para las familias cubanas están constituidos por los precios de los bienes que se expenden en estos dos mercados.
Resulta importante notar la disminución de la participación del mercado estatal en el gasto de consumo de los hogares, que a precios corrientes perdió 16 puntos porcentuales, aunque en términos de precios constantes la disminución fue menor (de 77% a 69%).
No obstante, calculado a la tasa oficial de cambio el mercado estatal sigue siendo el destino fundamental del gasto en consumo de los hogares cubanos.
Debe notarse también que la participación del mercado de TCP (a precios corrientes) ha crecido significativamente desde el 10% del año 2013 hasta el 17% del 2018. Mientras que el mercado estatal ha perdido participación desde el 76% hasta el 67% para los mismos años, lo cual de alguna manera es congruente con las políticas que se fueron adoptando en estos años.
Pero también su crecimiento resulta significativo si atendemos a las limitaciones que aún tiene ese sector asociadas a la falta de un mercado mayorista y toda otra serie de restricciones que limitan su crecimiento cualitativo. Llamo la atención de que una parte de esas operaciones son en CUC, por lo que aplicarle la tasa oficial de cambio (un peso cubano igual a un dólar) afecta negativamente su magnitud.
La participación de los otros dos mercados –mercado agropecuario y “otras fuentes”–en los gastos de los hogares, ha permanecido estable.
De aplicarse tasas de cambio diferentes para el mercado denominado “otras fuentes”, entonces todo cambiaria, pues al menos una parte de esos 5 081 millones de pesos habría que multiplicarlos por 24. Suponiendo que sea la mitad (2 500 millones) entonces tendríamos un tamaño de mercado de 60 000 millones de pesos cubanos en términos corrientes, mayor que el volumen total de los gastos de consumo de los hogares cubanos.
En otras palabras, suponiendo que el 50% del mercado denominado “otras fuentes” estuviera constituido por los gastos de los hogares cubanos en lo que común y erróneamente se denomina “mercado en divisas”, las familias cubanas necesitarían más de la cantidad de pesos cubanos total que gastan hoy en todos los mercados para adquirir la oferta de este último.
Ocurre hoy que la existencia del CUC disminuye sustancialmente la demanda de pesos cubanos para transacciones. De donde quizás una medida proactiva que también pudiera evitar la inflación podría ser disminuir los precios de algunos de los productos que se ofertan en esas cadenas, destino principal de los nuevos incrementos de ingresos adoptados recientemente.
Pero puede que el supuesto del que he partido no sea exacto y que más que evitar procesos inflacionarios, el propósito de la medida sea evitar que un pequeño grupo de personas se apropie de una parte decisiva de esos más de 7 mil millones de pesos en salario. Pues sí es así, levanto las dos manos a favor del propósito, solo que los instrumentos utilizados no parecen sean los adecuados por razones que esbocé más arriba y que la historia económica se ha encargado de mostrarnos una otra vez.
Buenos propósitos con instrumentos incorrectos generalmente terminan en despropósitos, al menos en economía.
Uno de mis estudiantes, con el cual me encontré por casualidad me dijo: “¿profe, si tenemos que utilizar la ciencia para salir del subdesarrollo y solucionar nuestros problemas actuales, entonces como yo puedo explicarme desde la ciencia que he estudiado en la Facu la racionalidad de esta medida?”
Fui al Anuario Estadístico de Cuba 2018 buscando datos para una respuesta fundamentada, encontré los del capítulo 5, pero para nada son suficientes. Puede que existan otros datos que yo no conozca, seguro que es así, pero con los que tengo a mano, no logro una buena explicación del asunto.
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