Por Hamlet López García *
Introducción
Las tecnologías para la información y la comunicación (TIC, en lo adelante) constituyen un objeto de atención ineludible para las políticas públicas. Por su carácter transversal y habilitador, la incorporación de las TIC a los procesos económicos, sociales y políticos poseen un papel estratégico en las políticas de desarrollo, como cualquier otra infraestructura básica de una nación. El impulso dinamizador que el desarrollo de las TIC le imprime a la economía, la cultura o la participación política, goza de suficiente consenso entre académicos y políticos y existe una amplia literatura al respecto (Katz, 2015). En esa línea, los documentos rectores del proceso de actualización económica y social del país dedican varios espacios a las TIC, junto a otras esferas esenciales de la vida socioeconómica. De esta manera, además de reconocer el carácter estratégico de las TIC para el desarrollo, dan continuidad a la atención brindada por el Estado y el gobierno cubanos a la informática y la computación desde los años sesenta del pasado siglo. No obstante, es preciso señalar que, de manera general, las propuestas sobre las TIC realizadas en dichos documentos aún no logran superar varias insuficiencias en las políticas públicas para la informatización ejecutadas en Cuba hasta la fecha, a pesar de que la mayoría de estas fueron reconocidas de manera pública en el I Taller Nacional de Informatización y Ciberseguridad celebrado en 2015 (Díaz-Canel, 2015).
En el capítulo se presentan un conjunto de propuestas de políticas públicas, como un aporte al debate en marcha sobre el devenir de la nación cubana y los medios para retomar su desarrollo, en este caso desde la apropiación social de las TIC.
Los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, así como una amplia literatura en la evaluación de políticas para la Sociedad de la Información demuestran que digitalizar es más que incorporar computadoras y conectar a las redes en instituciones y empresas. Se deben considerar procesos sociales, valores culturales, arreglos institucionales, entre muchos más componentes que se resisten a juicios simples y neutrales y que median de manera decidida el impacto de las tecnologías. Por lo mismo, una valoración de las políticas para las TIC necesita aclarar cuáles son los presupuestos de partida. A este objetivo se dedicará el segundo epígrafe que le sigue a la presente introducción. El tercer epígrafe presenta una valoración general sobre la conectividad, las TIC y su apropiación social en Cuba. Esta valoración complementa la pobreza de datos públicos con los provistos tanto por reportes de prensa como por resultados de investigaciones sociales recientes. En el cuarto y último epígrafe se retoman los desafíos identificados a lo largo del texto, en conjunto con algunas de las propuestas de políticas para abordarlos. Estas propuestas se agrupan en cuatro grandes áreas: participación, infraestructura, institucionalidad y formación de competencias.
Las bases
Resulta importante partir de los documentos de políticas públicas para conocer bajo cuáles términos se definen a las TIC y su relación con el desarrollo desde de las políticas públicas cubanas. En el Plan 2030, la informatización se define dentro del eje estratégico «Infraestructura». Dentro de él, se considera a la infraestructura de las telecomunicaciones como un medio para lograr el acceso universal y un uso productivo de las TIC. Un poco más de información se puede obtener si se observa que más adelante en el mismo documento se define a las TIC como un sector estratégico, y por tanto compartiendo junto con otros sectores las capacidades para asegurar la soberanía y seguridad, el desarrollo del tejido productivo, la elevación de la eficiencia, entre otras características.
El documento «Política Integral para el Perfeccionamiento de la Informatización de la sociedad en Cuba», publicado por el Ministerio de las Comunicaciones en su sitio web y que se basa en el proyecto del Plan 2030, brinda más información acerca del lugar que se le asignan a las tecnologías digitales dentro de las políticas públicas. El documento enumera siete principios para las políticas, que para este capítulo se reúnen en cuatro grupos para un mejor análisis. El primer grupo está centrado en la seguridad y defensa, y agrupa tres principios: la defensa de la Revolución, la garantía de la ciberseguridad y el aseguramiento de la sostenibilidad y soberanía. El segundo está dedicado a la ciudadanía y enuncia el único objetivo de potenciar el acceso a las TIC. El tercer grupo está relacionado con la esfera económica, y contiene dos principios: preservar el capital humano del sector y desarrollar y modernizar todas las esferas de la sociedad, de acuerdo a las prioridades del país y las condiciones económicas. El cuarto y último grupo está integrado también por un único principio: la de integrar la investigación y el desarrollo a la producción de servicios y contenidos en el ámbito de las TIC.
Hay varios elementos que resulta importante resaltar de estos principios: su énfasis en la ciberseguridad, la relación que establece entre las condiciones económicas y las posibilidades de extender los efectos modenizadores de las TIC a otras esferas de la sociedad, y por último el más importante: el establecimiento de la centralidad del Estado en el desarrollo de las TIC.
La ciberseguridad es un elemento insoslayable en las políticas públicas cubanas hacia las TIC, que impulsa el avance condicionado a no aumentar la vulnerabilidad del país. Es la respuesta a la hostilidad de los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos desde el triunfo de la Revolución cubana en la segunda mitad del pasado siglo, y que en los últimos años ha incorporado a las tecnologías digitales como una vía adicional para intentar subvertir el orden interno de la Isla. Por consiguiente, la seguridad de las redes, la soberanía sobre las infraestructuras y la capacidad de respuesta a agresiones cibernéticas marca el desarrollo de las TIC en el país, como reflejo de un elemento internacional innegable.
En el caso de las relaciones entre la economía y las TIC, si se comparan los documentos y en especial el relacionado con la Política de Informatización con documentos similares producidos por otros países e instituciones regionales —por ejemplo véase (Cimoli, 2010)—, llama la atención la ausencia de enunciados más definidos sobre las relaciones entre las TIC y el aumento de la productividad. Es conveniente señalar que la única mención explícita que se hace en el documento del Plan 2030 a los efectos económicos de las TIC es sobre la reducción de gastos y la liberación de fuerza de trabajo esperable en sectores como la educación, la salud y los trámites en general.
Por último, es pertinente llamar la atención sobre el papel que se les asigna a los organismos centrales del Estado, en especial al Ministerio de Comunicaciones, en el proceso de informatización del país. El ministerio, además del peso fundamental en su ejecución, tiene un papel rector, que supervisa, integra y dirige en sus líneas generales el trabajo de otras dependencias del Estado relacionadas con el sector de las TIC. Al sector no estatal se le menciona una sola vez, donde se manifiesta la intención de darle la posibilidad de participar en el proceso de informatización de la sociedad.
El Estado es por tanto actor principal, cuando no único, en el proceso de informatización. Como actor principal tiene cuatro roles fundamentales: origen y conducción de las políticas de informatización, fuente y gestor de infraestructura; principal productor de contenidos y servicios; además de ente regulador. Una dificultad de esta concepción es que reproduce un modelo verticalista y centralizado en alto grado, con dificultades para diferenciar de manera estructural entre Estado y sociedad. Por lo tanto, el diseño actual no brinda mucho espacio para la participación social, al no ser como receptora pasiva de sus beneficios, lo que coincide con lo señalado por otros autores cubanos para otros sectores de la vida cubana (Guanche, 2012; Valdés Paz, 2009). Una consecuencia de este modelo es la invisibilidad de facto —por no estar dentro del ámbito estatal— de experiencias de apropiación social de la tecnología, autogestionados y autorganizados que muestran maneras de construir infraestructura, y producir contenidos y servicios con un sentido local desde la base y a bajo costo, como StreetNet (SNET, en lo adelante) (Figueredo y Domínguez, 2016) y otras comunidades de redes barriales similares surgidas a lo largo del país.
Por ello es preciso considerar que aunque se puede hablar de una política pública conducente a una mayor presencia de las tecnologías y la conectividad en la sociedad, esta se desarrolla dentro de un ordenamiento jurídico y una cultura política donde el Estado hasta el momento es el único actor visible. Aunque se habla en los documentos de informatización de la sociedad, aún en su gran parte es una informatización del Estado, de su sistema institucional y de sus relaciones con el ciudadano. Existe una voluntad para que el ciudadano y el sector no estatal accedan a las redes, pero esa voluntad de acceso no se ha complementado aún con el ordenamiento jurídico, las infraestructuras y los precios que además del acceso, favorezcan la producción de contenidos y servicios desde sus capacidades.
La conectividad, las TIC y su apropiación social
La escasez de datos públicos con respecto a la informatización es coherente con la insuficiente consideración de la participación social. Además de ser pocos, estos datos resultan inadecuados para evaluar la apropiación social de las TIC de acuerdo a las necesidades cambian- tes del país y los cambios tecnológicos a nivel global. Por ejemplo, los que tienen una relación directa con las TIC y conectividad y publicados por el Anuario Estadístico cubano hasta 2018 (Oficina Nacional de Estadísticas e Información) cubren, en lo esencial, la cantidad de líneas telefónicas, fijas y móviles, la cantidad de usuarios de internet, cantidad de computadoras, dominios bajo «.cu» y la cantidad de computadoras en red. Los datos acerca del ancho de banda total del país, o la cantidad de usuarios conectados a banda ancha y de clientes del servicio de Nauta Hogar aparecen de manera coyuntural en la prensa periódica y no permiten tener una visión de su evolución a lo largo del tiempo. No existen datos acerca de la cantidad de servidores web públicos, cuántos de estos están bajo Https o IPv6, la cantidad de usuarios conectados desde sus hogares —desde líneas conmutadas, ADSL u otras modalidades—, entre otras informaciones relevantes. En este sentido resulta ilustrativo que el único cambio a notar en las estadísticas publicadas en dicho anuario sobre las TIC desde 2000 hasta la fecha haya sido la eliminación a partir de 2010 de la información sobre la cantidad de empresas e instituciones que cuentan con un sitio web.
Aún así, los pocos datos disponibles permiten establecer una correlación entre el alza en la cantidad de usuarios conectados a internet y el incremento de los usuarios de telefonía móvil, lo que está en consonancia con tendencias mundiales y de la región.
Hay algunas consideraciones que hacer respecto a los tipos de conexiones existentes y el tipo de actividad que permiten en las redes. La primera responde al nivel de interactividad que puede alcanzarse en la red, y que sostiene la actividad del usuario de internet no solo como consumidor de información sino también como productor. La segunda corresponde a internet como espacio creativo y de innovación constante, lo que demanda cierta autonomía a los usuarios para la exploración creativa de la red.
Una de las
características distintivas de internet como medio de comunicación es su
capacidad para sostener la interactividad de los usuarios,
como fuente de creación de valor. Como
lo muestra el siguiente gráfico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la interactividad depende en su base de la velocidad de
conexión disponible.
Si se considera que la mayoría de los usuarios cubanos hasta principios de 2018 se reparten entre las dos primeras divisiones de la figura —banda estrecha y banda ancha de primera generación—, con un número indeterminado pero probablemente alto de usuarios que todavía se conectan por vía conmutada y por tanto en la banda estrecha, se puede entender que las dificultades en la generación de contenidos propios y de creación de valor depende entre otros factores de las velocidades de conexión disponibles. Otra condicionante importante es el contexto de esta conectividad.
El nivel de creatividad que requiere la producción de contenidos innovadores, tiene en su base a un usuario autónomo, que no solo domina las TIC, sino que tiene algunas libertades para su exploración activa. Las condiciones mínimas para esta autonomía constan de la propiedad individual sobre el dispositivo TIC que se usa para la conexión, de un entorno cómodo —por ejemplo, no desde un sitio público— para la interacción con las TIC, y ademas con suficiente tiempo como dedicar a la exploración , el ocio creativo o el aprendizaje de nuevas habilidades- por ejemplo conexión en el hogar a precios bajos y no desde el centro de estudio o de trabajo, donde la conexión y el tiempo dedicado a la conexión se supone cumpla con objetivos alineados a los de la institución—.
Como ya se dijo, la mayoría de las conexiones a internet corresponden a las conexiones institucionales. Datos oficiales ubican las conexiones desde las instituciones como un 60 % del total (Pérez, 2018), lo que corresponde a una política estatal de aprovechamiento máximo de los escasos recursos financieros, para priorizar aquellas conexiones con mayor impacto social. Si bien esta política cumplió sus objetivos de maximizar los recursos disponibles en términos de acceso social a internet, tuvo el costo de por una parte favorecer el consumo de con- tenidos y servicios, y por el otro de limitar la innovación. El grado de autonomía del sujeto en su uso de las tecnologías digitales tiene un impacto directo en la capacidad de aprendizaje y de innovación que son capaces de desplegar. Quizá por ello las iniciativas que no son impulsadas desde el Estado demuestran un nivel elevado de flexibilidad y de innovación en el uso de las tecnologías digitales y de la conectividad. El más notable de esas iniciativas es la ya mencionada SNET, que demostró capacidad para desplegar una infraestructura de red, también deberían contarse en este apartado las aplicaciones móviles y los sitios web que aún sin el respaldo de una conectividad extendida, ofrecen servicios como guías de transporte, servicios gastronómicos, anuncios clasificados, entre otros.
Entre las aplicaciones más conocidas y descargadas entre los usuarios cubanos pueden contarse «AlaMesa» y «Ke Hay Pa’ Hoy». «AlaMesa» es un directorio de restaurantes en Cuba. Se compone de un sitio web, un boletín electrónico y una aplicación móvil (Díaz, 2015).
Comenzó como un sitio web en 2011, pero ganó popularidad con el lanzamiento de su aplicación móvil, que cuenta con versiones para Android e iOS. Contiene información geolocalizada de un alrededor de mil servicios gastronómicos, con capacidad para filtrar los resultados de acuerdo a los precios, tipo de cocina, municipio o tipo de establecimiento (Sánchez, 2018). Por su parte, «Ke Hay Pa’ Hoy» brinda información sobre eventos culturales en La Habana, con posibilidad de actualizarse off line, mediante un fichero copiado al teléfono móvil, o mediante una conexión wifi. Ambas aplicaciones muestran la capacidad del sector no estatal de crear softwares que aportan valor al usuario, adaptadas para funcionar en un entorno de escasa conectividad y con una alta calidad en el diseño y la programación, lo que se demuestra por el hecho de que ambas pasaron los procesos de certificación de Google y se ofertan en GooglePlay.
De los desafíos a las propuestas de políticas públicas
Como se mencionó, en 2015 se desarrolló en La Habana el I Taller de Informatización y Ciberseguridad, que con la presencia de miembros del gobierno cubano —entre ellos el entonces primer vicepresidente Miguel Díaz- Canel Bermúdez—, pasó revista de manera pública a lo alcanzado hasta entonces en materia de informatización y fijó líneas de desarrollo para el futuro. Dentro de sus resultados estuvo un diagnóstico amplio de las principales dificultades las cuales aún no se han superado por completo. Los desafíos enumerados a continuación retoman algunos de los identificados en dicho taller, pero añade otros dirigidos, de manera específica, a atender las carencias con respecto a la participación social y que se han mencionado a lo largo del presente texto. Resulta conveniente aclarar por tanto que estos desafíos y las propuestas de líneas de trabajo para las políticas no intentan suplantar lo identificado en dicho taller, sino complementarlo.
Los desafíos
1.Un modelo de informatización que, por su diseño, es poco participativo tanto en su conducción como en las capacidades y posibilidades que brinda, lo que como una de sus consecuencias trae el estímulo al consumo de contenidos y servicios, de manera especial, los foráneos, por encima de su producción nacional y local.
2. Una infraestructura incipiente y fragmentada, con importante retrasos tecnológicos con respecto a la región latinoamericana y caribeña, y con altos costos de acceso y de operación, lo que desestimula su apropiación creativa y la innovación.
3. Un ordenamiento legal aún disperso y fragmentado, y, por momentos, poco transparente; con importantes retrasos entre las realidades tecnológicas y sociales y lo que se pretende regular.
4. Pérdida de innovaciones provenientes del sector no estatal y de la población, al no poderse integrar al resto de la vida socioeconómica del país; experiencias y de personal preparado que no encuentran en Cuba el espacio propicio para desarrollar sus ideas y conocimientos; y oportu- nidades de hacer políticas públicas, por ejemplo en la regulación de la participación en el espacio público digital.
5. Afianzamiento de viejas, y emergencias de nuevas, brechas internas y externas. Entre las viejas brechas externas que se afianzan están la digital y la de ancho de banda. Dentro de las nuevas brechas internas están las culturales entre aquellos que tienen los medios y las competencias para acceder a recursos educativos y de alto valor simbólico, y aquellos que no lo tienen.
En lo que sigue, se proponen varias líneas de acción desde las políticas públicas, agrupadas en tres áreas, y que atienden a estos desafíos.
Participación
1. Estudiar, fomentar e integrar las experiencias de las redes informáticas barriales dentro del programa de informatización como soluciones de bajo costo y autogestionadas de informatización a nivel local.
3. Fomentar la adopción y uso de tecnologías y estándares abiertos.
Infraestructura
1. Promover la formación de cooperativas y emprendimientos de tecnologías digitales y telecomunicaciones, con incentivos fiscales para la innovación.
2. Incrementar las ofertas de ordenadores, servidores, equipos de telecomunicaciones, móviles y otros dispositivos, además del acceso a internet, a precios diferenciados, adecuados y consistentes con respecto a los niveles de ingreso promedio de la población y la capacidad de generar valor económico de los emprendedores.
Institucionalidad
1. Unificar y simplificar el ordenamiento legal de las informáticas y las telecomunicaciones.
2. Actualizar y fortalecer el orden jurídico de la propiedad intelectual y la protección de datos —incluyendo los datos personales—.
3. Actualizar el orden jurídico para la comunicación pública que considere, estimule, proteja y regule la participación social amplia y diversa en la esfera pública digital desde medios estatales y no estatales.
También resulta importante mencionar una cuarta área, la formación de competencias, Dentro de ella vale la pena destacar como líneas de acción el fortalecimiento de la dotación tecnológica de las escuelas, con énfasis en las tecnologías de acceso abierto; y la incorporación en los currículos docentes sobre informática de todos los niveles temáticas sobre la participación digital, el comportamiento cívico en línea, la seguridad de los datos y la gestión de la privacidad.
La participación social es un elemento clave si se quiere alcanzar la transformación digital de la sociedad, y trascender la mera informatización del Estado. La transformación digital debe ser el horizonte deseable del futuro construido entre todos, donde las TIC se con- vierten en el soporte y en la oportunidad para el desarrollo y el bienestar social sostenible, inclusivo y participativo. Para ello es esencial ir más allá de la incorporación de computadoras y redes a la economía y a la política, y convertir a la sociedad en protagonista, desde su diversidad, en la creación, consumo y puesta en circulación de nuevos contenidos y servicios. Participar, en este sentido, incluye también la posibilidad de tomar parte en la evaluación de lo alcanzado, a partir de estadísticas públicas pertinentes y actualizadas. Además es esencial considerar la formación de un sujeto preparado y consciente de sus derechos y deberes; autónomo en la medida de lo posible en sus usos de la tecnología y la exploración de nuevas funcionalidades, y capaz en suma, de aportar soluciones, al mismo tiempo que dilucidar en la esfera pública, la interrelación que deberemos construir entre las TIC y el desarrollo.
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Hamlet López García
Doctor en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad de La Habana. Máster en Psicología Social y Comunitaria por la Universidad de La Habana. Investigador Auxiliar del Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello y miembro de su Consejo Científico. Desarrolla investigaciones relaciona- das con la apropiación social de las tecnologías digitales y la participación digital en la cultura. Entre sus últimos artículos publicados se encuentran «El estudio de la par- ticipación digital en la cultura. Una propuesta analítica para el escenario cubano» y «Políticas culturales y parti- cipación digital en la cultura. Las paradojas del escenario cubano».
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