Por Rachel D. Rojas Actualizado Jul 22, 2020
LA HABANA. El día después de la Mesa Redonda en la que el presidente y el primer vice ministro del país anunciaron la estrategia de recuperación económica, y las dos primeras medidas que serían implementadas —eliminación del gravamen al dólar y ampliación del comercio minorista en monedas libremente convertibles—, Juan Valdés Paz me pareció el hombre con la más tenaz de las apreciaciones sobre nuestro entorno sociopolítico, con todo y sus retruécanos.
Al sociólogo cubano, Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas que ha dedicado su vida a investigar y enseñar, le pregunto sobre el actual proceso de reformas. Para quien ha escrito sobre la transición socialista (desde 1993), los procesos de organización agraria en Cuba, y más recientemente sobre la evolución del poder político en la revolución cubana, es un deber mirar hacia atrás, trayecto elemental si se desea comprender las coordenadas que nos han traído hasta aquí, hoy.
El propio término “reformas”, dice, “suele estar ausente en el discurso oficial y en su lugar una terminología tan vaga como ‘cambios’, ‘transformaciones’, ‘actualización del modelo’, etc. En la historia del socialismo real las escasas reformas o políticas de reformas, han respondido a crisis económicas o a cambios en las estrategias de ‘transición socialista’, tales como en la experiencia cubana. Podemos resumir esa historia diciendo que, como se ha visto, después de la Revolución vienen, o las reformas necesarias o la contrarrevolución”.
El último consejo de Ministros anunció la retoma del proceso de reformas económicos-sociales, aprobadas en dos congresos del partido comunista de Cuba, el 6to., en 2011, y el 7mo. en 2016. ¿Cuál es su opinión?
Desde las consultas públicas del 2010 y 2015, el VI y VII Congreso y sucesivas sesiones de la Asamblea Nacional, aprobaron una serie de documentos programáticos —los “Lineamientos”, la “Conceptualización”, los “Ejes de Desarrollo” hasta el año 2030— orientados a la “actualización del modelo económico”. Más tarde, entre 2018 y 2019, se elaboró y promulgó una nueva Constitución de la República de Cuba, contentiva de numerosas reformas jurídicas, políticas y sociales, así como su correspondiente Cronograma Legislativo. Estos programas constituyen hoy la base del proceso de reforma abierto bajo la Presidencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz y ahora bajo la dirección del Presidente Díaz-Canel.
El reciente acuerdo del Consejo de Ministros propone una nueva etapa de reformas, basadas en: un diagnóstico de la situación; una estrategia basada en nueve principios, un programa de medidas inmediatas para la recuperación económica pos pandemia; y en la implementación a mediano y largo plazo de los programas previos de un modelo económico que supere las restricciones internas y externas que actualmente limitan el desarrollo económico del país. Las medidas anunciadas apuntan a una recuperación inmediata de las actividades económicas; a rescatar la seguridad alimentaria; a un mejor desempeño del sector externo; y a la consecución de las divisas necesarias para al funcionamiento de la actividad económica y social. Pero estos objetivos no podrán alcanzarse ni integrarse en una estrategia de desarrollo si no se realizan las reformas programadas.
Cabe observar que la implementación de estos programas y medidas demandan no solo la voluntad política expresa de llevarlas adelante, sino la superación de toda resistencia conservadora; la necesaria integralidad y secuencialidad de sus medidas; así como una correlación de fuerzas políticas favorables a las reformas, que aminoren las tendencias conservadoras, las ideologías estatistas, los estorbos del funcionariado, etc., en favor del apoyo de la opinión pública y la movilización social.
No es la primera vez que estos principios son planteados como el camino deseado para el país. Pero hasta el momento no se había dado ningún paso concreto en esa dirección, o no de la forma integral que se requiere. Sabemos, también por experiencia, que el tema de la implementación y sus detalles, más allá de los anuncios, es fundamental. ¿Cómo valora el contexto en que se anuncian estos cambios?
Esta nueva etapa de las reformas económicas se ubica en un contexto caracterizado por los impactos mundiales de la pandemia del COVID-19; por la permanente y creciente hostilidad de Estados Unidos hacia la Isla, particularmente en todo lo referente al bloqueo y a las campañas mediáticas; así como por el escenario de estrecheces que la población tendrá que sobrellevar en los próximos meses.
Llamo la atención sobre la actitud de Estados Unidos frente el actual ciclo de reformas de la Revolución Cubana. Mientras que la administración Obama, constatando el fracaso de las políticas seguidas contra Cuba por nueve Administraciones anteriores y a lo largo de sesenta años, interpretó las políticas de reformas iniciadas desde 2008 como una oportunidad extraordinaria de subvertir el poder revolucionario instaurado en Cuba, en el mediano y largo plazo; la Administración Trump ha obrado contrariamente, desmontando las medidas de normalización de la Administración Obama e incrementando las presiones sobre la Isla, con el propósito de impedir las reformas cubanas, en la percepción de que tales reformas harían a la Revolución definitivamente viable.
Las tendencias conservadoras e imperialistas dominantes en el sistema internacional, promotoras de la globalización neoliberal en curso, se ven actualmente estorbadas por el ascenso de China y Rusia como grandes potencias; por la pérdida de hegemonía de Estados Unidos; y por la resistencia de numerosos Estados nacionales, entre otras causas. Ello ha determinado que las geopolíticas de las administraciones de Obama y de Trump se hayan visto impelidas a reforzar su control militar, político, económico y mediático sobre el hemisferio americano. La derechización de los gobiernos de la región, el sitio a Venezuela, la mayor hostilidad hacia Cuba, etc., han ubicado a la Revolución Cubana en un escenario más adverso e incierto.
Por otra parte, la pandemia de esta primera mitad del 2020 no solo ha golpeado a casi todas las sociedades del planeta, sino que ha impactado al sistema internacional en todas sus dimensiones, poniendo más obstáculos a la recuperación de unos y de otros.
En estos contextos se ha probado, una vez más, la capacidad del régimen cubano para administrar las situaciones de crisis, así como las limitaciones para superar sus consecuencias. De aquí la necesidad de llevar adelante las reformas programadas, de forma tal que hagan viable el modelo de sociedad socialista en todos los contextos.
Hace pocos días fue republicada una entrevista que usted concedió a Progreso Semanal en 2011 sobre la agricultura en Cuba. Sus palabras, casi una década después, parecían dichas ayer. En ambas ocasiones, el sistema de producción agropecuaria parece ser la clave para la reforma integral de nuestra economía. ¿Qué opina?
Se ha dicho que entre las reformas en curso estarán las referidas al sector agrario, cosa que me parece inevitable y de la mayor prioridad. Sin la recuperación integral de la agricultura no habrá desarrollo económico en el país.
La reposición de la entrevista de 2011 ha mostrado su actualidad en la medida en que los reclamos de un rediseño del modelo agrario del país siguen pendientes. A los problemas presentes entonces —la baja explotación del fondo de tierras agrícolas, la escasa recuperación de los sectores ganaderos y cañeros, la descapitalización y baja provisión de insumos, la inseguridad alimentaria, etc.— se adicionaban las deficiencias del modelo para superarlas y para alcanzar una nueva dinámica de desarrollo agropecuario, económica y ecológicamente sustentable.
En aquella entrevista hice mención de algunos aspectos a considerar en el rediseño del modelo agrario, los que podríamos resumir ahora como reformas:
1) Consolidación de la estructura de tenencia emergente, completando el proceso de recampesinación;
2) organización autónoma de todas las formas de producción, con prioridad a la producción familiar y cooperativa;
3) definición e implementación de un nuevo modelo agro y zoo técnico, de base sustentable;
4) reorganización descentralizada de los servicios de aseguramiento técnico y material a la producción;
5) reconversión de los servicios científico técnicos, acorde al nuevo modelo tecnológico, con énfasis en la producción de biopreparados;
6) reorganización de las actividades de comercialización de la producción, limitando el monopolio estatal, poniendo las actividades de acopio por el mercado y diversificando las formas de comercialización;
7) basar el nuevo modelo de dirección estatal de la agricultura en la mayor descentralización territorial posible, o “municipalización”;
8) adecuar la planificación agropecuaria a la autogestión de los productores y al peso creciente de las relaciones mercantiles y el mercado;
9) establecer una mayor ascendencia de los Gobierno y Asambleas del Poder Popular territoriales sobre las actividades agropecuarias;
10) establecer un sistema de incentivos a la producción y el trabajo, basados en estímulos positivos y negativos, es decir, en beneficios y sanciones.
1) Consolidación de la estructura de tenencia emergente, completando el proceso de recampesinación;
2) organización autónoma de todas las formas de producción, con prioridad a la producción familiar y cooperativa;
3) definición e implementación de un nuevo modelo agro y zoo técnico, de base sustentable;
4) reorganización descentralizada de los servicios de aseguramiento técnico y material a la producción;
5) reconversión de los servicios científico técnicos, acorde al nuevo modelo tecnológico, con énfasis en la producción de biopreparados;
6) reorganización de las actividades de comercialización de la producción, limitando el monopolio estatal, poniendo las actividades de acopio por el mercado y diversificando las formas de comercialización;
7) basar el nuevo modelo de dirección estatal de la agricultura en la mayor descentralización territorial posible, o “municipalización”;
8) adecuar la planificación agropecuaria a la autogestión de los productores y al peso creciente de las relaciones mercantiles y el mercado;
9) establecer una mayor ascendencia de los Gobierno y Asambleas del Poder Popular territoriales sobre las actividades agropecuarias;
10) establecer un sistema de incentivos a la producción y el trabajo, basados en estímulos positivos y negativos, es decir, en beneficios y sanciones.
El nuevo modelo agrario estará enmarcado en las definiciones e institucionalidad del proceso de reformas en curso, así como en la especificidad de sus actividades. Pero también tendrá que reunir las capacidades que le permitan superar los desafíos planteados por las afectaciones al ecosistema (suelo, agua, temperatura, meteoros, biodiversidad, etc.).
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