Revertir la lógica del secreto: transparencia ante la corrupción

 Por Jorge Rodríguez Hernández,  www.facebook.com/revistatemascuba

Periodista e investigador. Consejo Ejecutivo Provincial, ANEC. La Habana.

La corrupción es un vicio que conspira contra el desarrollo económico.

Fidel Castro Ruz

El 15 de enero de 1959, el destacado escritor y dramaturgo cubano Virgilio Piñera, en su condición de colaborador del periódico Revolución, escribió un artículo titulado «Nubes amenazadoras», motivado por el discurso pronunciado por Fidel el día 8 del propio mes en el Campamento Militar de Columbia, tras su entrada triunfal a La Habana (Castro Ruz, 1959a).

En el referido artículo, Piñera «advierte» sobre «el sálvese quien pueda», y acerca de «la idea» de cómo el robo y la corrupción han penetrado tanto en nuestra psicología tropical que sería gran tarea para el nuevo gobierno subsanar este mal, por lo que pide un hálito de confianza para esa etapa recién comenzada.

No es menos cierto que la salida de Cuba, al triunfo de la Revolución, de una inmensa mayoría corrupta contribuyó, en buena medida, a sanear la vida nacional de ese fenómeno, objeto de reiterada denuncia —incluso en los propios medios de prensa— por parte del senador Eduardo Chibás, jefe del Partido Ortodoxo, quien en su cruzada contra este mal enarboló la consigna «Vergüenza contra dinero», la cual constituyó todo un símbolo de dignidad y civismo.

Desde los años 60 hasta inicios de los 80, se produjo un retroceso apreciable de la corrupción en Cuba, y si ocurría algún hecho de cierta notoriedad era objeto de repudio por parte de la opinión pública.

El proceso de Rectificación de errores y tendencias negativas, se inició el 19 de abril de 1986, en ocasión del vigesimoquinto aniversario de la victoria de Playa Girón, a partir de un discurso de Fidel donde denunció algunos vicios y males surgidos, en los años precedentes, en la dirección de la gestión económica, en los procesos productivos y en el trabajo político e ideológico. Hasta finales de la citada década se advirtió cierto resquebrajamiento en los cuadros de los niveles medios y altos, lo cual fue potenciado por la crisis económica de los 90 (Período especial) (Castro, 1986).

No hay que olvidar que desde el 14 de junio hasta el 11 de julio de 1989 se produce el proceso relacionado con la llamada Causa 1, en la que un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el Ministerio del Interior (MININT) fueron sancionados —cuatro de ellos a la pena máxima— por narcotráfico y otros delitos vinculados con la corrupción. Aunque no relacionada con esta última, tampoco debe obviarse la denominada Causa 2, durante la cual fueron procesados y juzgados altos cargos del propio MININT y de otros organismos de la Administración Central del Estado.

Revertir la lógica del secreto: transparencia ante la corrupción.Contexto económico

¿Qué pudiera explicar el hecho de que un funcionario público y un trabajador de modestos ingresos se sientan tentados, con similar avidez, a participar en operaciones vinculadas a la economía sumergida, entre cuyos rasgos figura la corrupción?

La escasez, originada por la insuficiente base económico-material para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, constituye el telón de fondo de tal proceder. En los albores de los 60 del pasado siglo apareció la libreta de abastecimiento, como consecuencia de las restricciones impuestas por el bloqueo económico estadounidense y ante la necesidad de buscar una distribución, lo más equitativa y racional posible, de una canasta familiar de productos subsidiados por el Estado.

El referido bloqueo, decretado hace casi seis décadas, ha provocado perjuicios cuantificables por más de 922 630 000 000 de dólares, y los daños acumulados en ese período, dada la aplicación de esa política, incluso con carácter extraterritorial, ascienden a 138 843 400 000 dólares, según cálculos hechos a precios corrientes (Rodríguez Parrilla, 2019). Un obstáculo imposible de desestimar en cualquier análisis relacionado con el crecimiento y desarrollo de Cuba.

El propio déficit existente en el país favorece formas y vías de especulación y soborno entre algunos individuos, lo cual pudiera constituir una razón para esas conductas. Otra, que aún el salario no depende del aporte personal en determinadas profesiones y oficios, ni de las condiciones de empleo y los resultados finales; lo que, unido a dificultades en cuanto a la eficiencia económica, pudiera suscitar insatisfacciones y la búsqueda de otras vías de ingresos, no provenientes del trabajo. Resulta significativo cómo, al «amparo» del Estado, algunas personas en puestos de trabajo aparentemente modestos, pero altamente cotizados en la economía sumergida, terminan corrompiéndose. Incluso, ciudadanos honestos optan por una ubicación laboral donde haya «búsqueda», y renuncian al reconocimiento social que brinda una labor que, aunque exige una mayor calificación, no la ofrece. Históricamente el salario promedio en la Isla ha sido bajo. Un nivel de gratuidades, subsidios y abastecimientos mantenían la inflación controlada de cierta forma; de ahí que aquel salario pudiera tener un determinado poder adquisitivo en aquellas condiciones.

Por otra parte, como forma concreta de la redistribución de la riqueza social, no puede ni debe estar sujeto a factores extralaborales: tráfico de influencias, nepotismo, amiguismo, favoritismo, sociolismo, fraude y malversación, prácticas lo suficientemente nocivas como para generar conflictos en las relaciones interpersonales de un colectivo, tanto entre los propios trabajadores como entre el dirigente y los empleados, de lo que cuba no está exenta. Ello ha provocado profundas desviaciones, como la tendencia a obtener de la sociedad más de lo que se aporta, según consideran investigadores.

A lo anterior se suma la insuficiente asimilación del concepto de propiedad social, lo cual se manifiesta en la vida diaria del país.

Las relaciones de producción socialista, en su forma estatal, constituyen el eje a cuyo alrededor se estructura la producción social del país. Sin embargo, en el aspecto cualitativo tienen un desarrollo limitado, ante todo por la poca madurez de la comprensión de propiedad socialista en la producción, la distribución, el cambio y el consumo, según investigadores (Bohemia, 1991).

El descontrol de los recursos económico-financieros y materiales constituye un factor recurrente cuando se intenta establecer un análisis sobre las causas de la corrupción en Cuba, cuyo principal asidero está en el delito económico, conocido en otras partes del mundo como de abuso de poder económico o de negocios. Los principales comisores de este tipo de delito son, en sentido general, personas empleadas en las dependencias estatales.

Hacia el segundo lustro de los años 80 del siglo xx se produjo cierto auge del delito económico y, por ende, de la corrupción, como consecuencia de la aplicación de políticas erróneas en la conducción de la economía y la sociedad, lo cual dio lugar, en 1986, al inicio del proceso de Rectificación de errores y tendencias negativas, antes mencionado.

En la primera mitad de los 90 se reportó una espiral de este flagelo, a causa de la crisis económica, que llevó a la máxima dirección del país a decretar el Período especial «en tiempo de paz», etapa en que la venta de mercancías y servicios a la población cayó en alrededor de 35%, impacto asociado a la extinción de la URSS y al derrumbe del campo socialista de Europa oriental, hasta entonces los principales mercados proveedores de Cuba.

El giro dado por la corrupción en la Isla, desde entonces hasta la actualidad, resulta inquietante. El soborno, la compra-venta de bienes suntuarios e inmobiliarios, mediante fortunas amasadas en la sombra; el tráfico de influencias; el juego de azar, el contrabando, el lavado de dinero y el narcotráfico, constituyen algunos de los rasgos de la economía subterránea asociados a prácticas corruptas que se aprecian con mayor frecuencia en el entramado económico-social cubano.

«Mosquitos» y «larvas»

La asunción de determinados «modelos sociales», más allá de la semántica de términos como «maceta», «jinetera», «luchador», «hacer el buen pan» y otros similares, nos advierte sobre qué pudiera estar pasando en ciertas zonas del tejido social.

En determinados segmentos poblacionales se ha entronizado una «cultura de rebusque», de acuerdo a las investigaciones realizadas por el antropólogo Pablo Rodríguez (2014), quien considera que la prolongada crisis de los últimos cinco lustros (1994-2019) han generado las condiciones para que muchas de las estrategias de sobrevivencia adoptadas ante la coyuntura hayan pasado a instituirse como pautas culturales. El citado experto también opina que cualquier modelo de reajuste o enfrentamiento a la crisis que no considere este factor cultural puede conducir a falsos resultados.

Relegar el tema de la subjetividad a un segundo plano resultaría un grave error, no solo en el presente, sino hacia futuro. Ningún grupo social escapa a las problemáticas descritas relacionadas con el delito, la corrupción y las ilegalidades, porque, en Cuba, tanto daño hacen los «mosquitos» como las «larvas», ambos infestan, de una forma u otra, el tejido social, a través de acciones corruptoras de mayor o menor calado. De ahí la necesidad urgente de eliminarlos, dado el peligro que representan para la supervivencia de un proyecto de país que pretende ser próspero y sostenible en el orden individual y colectivo.

Una necesidad sentida

En julio de 2016, cuando el parlamento cubano abordó el tema de la corrupción, el periodista Pastor Batista, diputado por Las Tunas, se cuestionó «el escaso tratamiento de la prensa a los casos de corrupción» (Castro Morales, 2016). Tres años antes, en julio de 2013, el diputado Alberto Núñez Betancourt, director del periódico Trabajadores, aseveró que «es importante reconocer que en la medida que la población conozca de los resultados de auditorías profundas, tendrán confianza de que no existe impunidad y se trabaja para enfrentar los hechos de corrupción e ilegalidad» (Perera et al., 2013) y en septiembre del propio 2016, Osviel Castro Medel, comentó acerca del tema y lo hizo a partir del discurso, expresado el 7 de julio de 2013, por el presidente Raúl Castro Ruz, en la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde se refirió, por lo menos, a 45 conductas negativas, de más de 191 identificadas, generadoras de indisciplina social, ilegalidades, delito y corrupción, que tienen un costo económico y social para nada despreciable, pues en Cuba tanto daño hacen cien mil ladrones como un ministro corrupto, como dijera un alto funcionario del sistema jurídico nacional, entrevistado en los años 90 para la revista Bohemia por la colega Teresa Valdés.

Castro Medel (2016) señaló entonces que los medios de comunicación también nos hemos quedado atrás. Nos han faltado la acometida, la denuncia, el debate, las entrevistas con actores que toman decisiones desde niveles superiores. También se han quedado detrás otros involucrados que, a estas alturas, debían haber empujado y hecho más.

El referido periodista se hizo, igualmente, varias preguntas:

¿Cuándo se generará un debate nacional, sin formalismos, sobre estas cuestiones? ¿Qué ha pasado desde el 7 de julio de 2013 con los colectivos obreros y campesinos, los estudiantes, jóvenes, maestros y profesores; nuestros intelectuales y artistas, periodistas, las entidades religiosas, las autoridades, los dirigentes y funcionarios a cada nivel, mencionados en esa memorable intervención. (5)

El propio Raúl convocó a esto último hace seis años, cuando expresó que no debemos restringirnos a debatir con toda crudeza la realidad, si lo que nos motiva es el más firme propósito de rebasar el ambiente de indisciplina que se ha arraigado en nuestra sociedad y ocasiona daños morales y materiales nada despreciables. (Castro Ruz, 2013)

Lo anterior se corresponde con los Lineamientos de la política económico-social aprobados en el sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), efectuado en abril de 2011, como parte de la llamada Actualización del modelo, un proceso de reformas, inédito hasta entonces en la Isla. En dicho documento se habla de la «necesidad de exigir la responsabilidad a aquellos directivos que con decisiones, acciones u omisiones ocasionen daños y perjuicios a la economía» y de que se «hace imprescindible exigir la actuación ética de las entidades y sus jefes, así como fortalecer su sistema de control interno, para lograr los resultados esperados [ …] y el acatamiento absoluto de la legalidad».

En el discurso de clausura de la Primera Conferencia del PCC, efectuada en enero de 2012, Raúl marcó algunas pautas acerca de la trascendencia y el alcance que tendría la lucha contra la corrupción, durante el citado proceso. Alertó que «la Revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes […] dejaría de existir sin efectuarse un solo disparo por el enemigo, si su dirección llegara algún día a caer en manos de individuos corruptos». Llamó a tener presente estos conceptos, dado «el daño real y potencial que para el presente y futuro de la nación significa el fenómeno de la corrupción».

El mandatario recordó la intervención realizada por él en una de las sesiones del Parlamento, en la que se refirió a «la convicción de que la corrupción es, en la etapa actual, uno de los principales enemigos de la Revolución, mucho más perjudicial que el multimillonario programa subversivo e injerencista del gobierno de los Estados Unidos y sus aliados dentro y fuera del país». En esa ocasión, al hablar ante los diputados también expresó que «en lo adelante no permitiríamos que las acciones de enfrentamiento al delito fueran efímeras, como ciertamente nos ha sucedido en otras ocasiones». Consideró además que el país «puede ganarle la batalla a la corrupción, primero frenarla y luego liquidarla sin contemplaciones de ningún tipo […] Ya advertimos que en el marco de la ley seremos implacables con el fenómeno de la corrupción» (Castro Ruz, 2012).

También en la citada Primera Conferencia del PCC, varios delegados periodistas plantearon algunas de las falencias «que impiden a la población recibir un mayor flujo de noticias sobre nuestra cotidianidad y problemas internos», pues «la prensa no puede reflejar otra sociedad que no sea la nuestra». Sobre esto último, un colega invitado al foro partidista recordó «que ella constituye uno de los instrumentos esenciales para implementar la política del PCC, algo que, considero, no siempre se ha comprendido suficientemente». Igualmente, se dijo que «las fuentes […] no siempre permiten el acceso a la información oportuna y precisa», para que esta «sea patrimonio de la nación» (Puig Meneses y Méndez Quintero, 2012).

Por otra parte, en la Resolución acerca del cumplimiento de los Objetivos de Trabajo aprobados por la Primera Conferencia Nacional y las directrices del Primer Secretario. Proyecciones para su continuidad (PCC, 2016), se llama a elevar a planos superiores la prevención y enfrentamiento a todos los fenómenos que constituyen una amenaza potencial para la seguridad nacional, como la corrupción, las drogas, el delito, ilegalidades e indisciplinas sociales, e integrar en esta batalla a todos los actores sociales.

Resulta incuestionable que en el seno de la máxima dirección política y gubernamental del país existe y prevalece la voluntad de combatir y enfrentar la corrupción, lo cual se expresa en la realización de acciones contra ciudadanos involucrados en tales hechos; incluso se ha observado que varios de los implicados en los casos detectados ostentaban la militancia del Partido, demostrando fehacientemente su doble moral y el empleo de esta condición para agenciarse posiciones en las estructuras de dirección. (Castro Ruz, 2012)

Sin embargo, más allá de esa voluntad política, la difusión de estos casos —al menos los más graves— no siempre encuentra espacios en los medios de prensa cubanos, y suele suceder que algunos solo circulan a través de las redes sociales, correos electrónicos y memorias flash.

Otras ópticas periodísticas

A pesar de los imponderables —por causas objetivas, subjetivas o de otro carácter—, algunos órganos de prensa publican trabajos de colegas que ofrecen otras ópticas sobre la corrupción, dignas de tener en cuenta, aunque no se trate de hechos ocurridos o de alguna denuncia al respecto. A continuación, sería útil glosar un grupo de opiniones acerca del tema. Gracias a aquellos sortilegios la corrupción devino «desvío de recursos», el robo un método de «lucha», la prostitución «jineterismo» […] sin que nos preguntáramos, a veces, la causa real y profunda de cada uno de esos fenómenos y cómo eliminarlos realmente en las condiciones de nuestra sociedad. (Ronquillo Bello,2013)

Cuando la información se distorsiona, ya sea por ignorancia o incapacidad, ya por indolencia o falta de voluntad, y hasta por saña calculadora, estamos abriéndole los brazos al descontrol, la desidia y finalmente, a la carcoma del delito y la corrupción, que siempre buscan su agosto en las fisuras y vulnerabilidades de nuestra economía. (El Economista de Cuba, 2015: 1) En los días que corren, ninguna sociedad es inmune a los efectos de la corrupción. Estuvo presente en la decadencia del socialismo real. Asoma también entre nosotros. Sin alcanzar las dimensiones del mundo que nos rodea, se manifiesta de distintas maneras. Tiene que ser atajada por sus consecuencias económicas y, sobre todo, por su reflejo político en la batalla por los valores, en la credibilidad de nuestras instituciones. Su expresión más evidente se observa en la vida cotidiana con el desvío de recursos y el soborno del pequeño funcionario para acelerar trámites y eludir impuestos. También aparece a otros niveles en el pago de comisiones y por otras vías. Por ese motivo, los controles administrativos son insuficientes. Es indispensable implementar progresivamente las vías que estimulen el indispensable control social. (Pogolotti, 2016: 3) La mejor aptitud del momento, pues, reclama una actitud ética. Ya vamos reconociendo que la ética está entre lo más dañado en nuestra sociedad. Y ese es el mayor riesgo en el país donde el Che denunció que obraría contra el poder que representaba, y distorsionaba los empeños nacionales quien, valido de su posición, considerara estar por encima de las leyes y del respeto a los bienes del Estado y a las personas. En dos palabras: se corrompería. ( Sexto, 2012: 5)

Lo primero que no debe ser un jefe es corrupto, y tener bien claro que corrupción no es solo robar, ya sea dinero o productos, lo es también dar prebendas a determinados trabajadores. Pero también es corrupto el jefe que se hace de una oficina lujosa, o se compra equipos de cómputo o de transporte por encima de sus necesidades. Y ese es un caso que se ve con bastante frecuencia. Si un jefe es corrupto, el caso no tiene solución, hay que quitarlo y, muchas veces, llevarlo a los tribunales. (Ramón Hernández, 2012: 11) Entonces, ¿cómo se explica que, existiendo tantos controles, todavía se manifiestan con frecuencia hechos de delitos, corrupción, desvíos de recursos e incumplimiento de los presupuestos? ¿Acaso todo lo que estamos haciendo hasta el momento es solo mero formalismo?, ¿o es que todavía no sabemos hacerlo? Qué trabajo nos cuesta entender qué es cambiar de mentalidad. (Llorente López, 2013:10) 

La prolongada crisis de los últimos cinco lustros (1994-2019) ha generado las condiciones para que muchas de las estrategias de sobrevivencia adoptadas ante la coyuntura hayan pasado a instituirse como pautas culturales. Cualquier modelo de reajuste o enfrentamiento a la crisis que no considere este factor cultural puede conducir a falsos resultados.

Como se infiere, los periodistas cubanos tienen una clara visión acerca del fenómeno de la corrupción en el entramado socioeconómico de la Isla y sus devastadores efectos. No pocos de esos profesionales han puesto sobre el tapete aspectos medulares de la vida nacional, lacerados, de una forma u otra, por este flagelo, y los cuales merecen ser expuestos sin ambages, para ser debatidos, sin el más mínimo prejuicio.

Tal como se aprecia, importantes columnistas de medios de prensa del país han puesto el punto sobre las íes, en ocasiones a contrapelo de criterios de funcionarios públicos, quienes consideran que determinada opinión resulta nociva para la patria, sin reparar en que la información periodística contribuye a fortalecer la salud social, así como favorece la necesaria transparencia que debe acompañar la gestión de las instituciones públicas, pues, además, los ciudadanos necesitan hacerse de criterios sólidos sobre un asunto tan medular como es la corrupción, lo que no es factible si existen vacíos informativos en este campo. No pocos periodistas han abogado, de forma reiterada, por la imperiosa necesidad de que los medios sean parte activa de los mecanismos de control popular del país, y constituyan un estimable contrapeso frente a los errores y tendencias negativas que lastran el cumplimiento de la política trazada por el PCC y afectan los intereses de los ciudadanos. De nada ayudaría imaginarse un país distante de la Cuba de aquí y de ahora. También los periodistas han adelantado criterios en ese sentido, pues hay que ver las problemáticas en su integralidad, lo cual a veces no es factible, porque a un importante número de decisores de políticas les cuesta trabajo ver los procesos en su dinámica más abarcadora. Si la cruzada contra la corrupción no involucra a una buena parte de los ciudadanos, y estos no encuentran en los medios de difusión una vía efectiva para expresar sus criterios al respecto, todo esfuerzo en ese sentido resultaría baldío y estaría lleno de no pocas incertidumbres.

Una problemática global

La corrupción no es un problema exclusivo de Cuba. Es un asunto global, cuyos múltiples efectos convulsionan a sociedades enteras en un número considerable de países. Tan así es que el Papa Francisco, en su primer mensaje para la Cuadragésimoséptima Jornada Mundial de Paz, celebrada el primero de enero de 2014, dijo que «la corrupción y el crimen organizado se oponen a la fraternidad».

Una entidad denominada Transparency International, establece una puntuación, que indica el grado de corrupción anual en el sector público, según la percepción de empresarios y analistas de un país. El rango establecido está entre 100 —ausencia de corrupción— y 0 —muy corrupto.

De acuerdo con este indicador, en 2015 Cuba ocupaba el lugar 56 entre 167 países evaluados, con 47 puntos, según el índice estimado.

Como se ha expresado, «en los albores del siglo xxi, la corrupción, junto al crimen organizado, el terrorismo y el lavado de dinero, figura entre los grandes temas que más preocupan a los hombres y mujeres dignos de nuestro planeta» (Romero Pérez et al., 2005: 30). Algunos datos pudieran ilustrar esa globalidad:

•       La corrupción internacional genera y mueve 2,1 millones de millones de dólares, 4% del producto interno bruto (PIB) mundial.

•       Cálculos del Banco Mundial (BM) indican que los sobornos llegan a cien mil millones de dólares anuales, lo cual equivale a tres veces el valor de la economía de México, la segunda más grande de América Latina después de Brasil (Barredo Medina, 2018).

•       La corrupción cuesta cada año a la Unión Europea 120 000  millones de euros.

•       Se estima que el coste de la corrupción para cada ciudadano español es de 2 000 euros al año.

•       Durante los primeros nueve meses del año 2015, más de 8 800 funcionarios fueron procesados por corrupción en Rusia.

•       Entre enero y agosto de 2015 los procuradores de China investigaron más de 22 600 casos por presunta corrupción, en los cuales se vieron implicadas más de 30 900 personas.

•       Según estudio del BM, la corrupción puede reducir la tasa de crecimiento de un país entre 0,5 y 1 puntos porcentuales por año.

•       De acuerdo con investigaciones del Fondo Monetario Internacional, la inversión en los países corruptos es casi 5% menor que en los países relativamente exentos de corrupción.

•       Agencias especializadas en valores estiman que existe una probabilidad de entre 50% y 100% de que

los inversionistas pierdan todos sus negocios en un plazo de cinco años en países con diversos grados de corrupción, lo cual implica que la inversión a largo plazo —la más beneficiosa para un país— resulte peligrosa e improbable.

•       Alrededor de 97% del total de condenas por prácticas corruptas dictadas por tribunales federales de los Estados Unidos corresponde a pequeñas empresas de menos de cincuenta empleados, según informes presentados en conferencias internacionales.

•       De acuerdo con Transparency International, alrededor de treinta mil millones de dólares de ayuda destinada a África —cantidad similar al doble del PIB combinado de Ghana, Kenya y Uganda—, fue a parar a cuentas en bancos extranjeros.

•       Según estimaciones del propio BM, la corrupción en un país de Asia fue causa de la pérdida de 48 000 millones de dólares en los últimos veinte años, cifra que supera la totalidad de su deuda externa de 40 600 millones de dólares.

•       En México, las empresas gastaron en 2016 alrededor de 16 000 millones de pesos —cerca de noventa millones de dólares— en actos de corrupción que involucra a autoridades (García Heredia, 2017).

•       Una encuesta hecha por Eurobarómetro arrojó que 76% de los europeos considera la corrupción como una práctica generalizada entre los veintiocho miembros de la Unión Europea (Orbe, 2014: 4).

•       En febrero de 2017, el director general de la institución Centrum Católica, Fernando D´Alessio, informó que Perú se vio perjudicado en los últimos cinco años en alrededor de cinco mil millones de dólares por casos de corrupción, y aquellos investigados por la Justicia aumentaron 60% en los últimos tres años. Los más relevantes están vinculados a empresas brasileñas como Odebrecht, asociada a varias tramas de corrupción en otras naciones latinoamericanas y del mundo (Rodríguez, 2017: 50).

La corrupción en Cuba: algunas afectaciones económicas

En las sesiones del Parlamento cubano, efectuadas en el mes de julio de 2016, se conoció lo siguiente (Rodríguez Guerrero et al., 2016):

•       Existen ilegalidades en tres sectores: salud, deporte y servicios comunales, según informe presentado por la Contraloría General de la República. Solo en La Habana, los dos últimos gastan alrededor de 678 000 pesos diariamente, y el de Salud Pública eroga más de dos millones de pesos al día. No se está logrando revertir la situación existente con la comisión de estos hechos.

•       Se identificaron 898 hechos de corrupción, relacionados, fundamentalmente, con la contratación, el control de los efectivos, los inventarios y el uso del combustible, temas en los que no se logra avanzar. Esa cifra significa un hecho por cada 12 400 habitantes, aproximadamente; 64 por cada provincia y más de cinco por cada municipio del país.

•       No se han detenido las manifestaciones de indisciplinas e ilegalidades, lo cual se convierte en premisas para la corrupción.

•       Por otra parte, en la décima Comprobación Nacional al Control Interno, realizada en 2015, en tan solo cuatro provincias —Matanzas, Camagüey, Pinar del Río y La Habana— se detectaron afectaciones económicas superiores a los 436 millones de pesos (CUP) y más de 55 millones de pesos convertibles (CUC). Las afectaciones en CUP superan en 176 millones la cifra destinada a las inversiones en la capital, durante 2016, y en más de 136 millones el dinero destinado al otorgamiento de subsidios en Villa Clara, para la compra de materiales de construcción, con vista a mejorar la infraestructura habitacional.

•       En solo cinco hechos delictivos ocurridos entre 2014 y 2015 y publicados por la prensa nacional, participaron 108 personas, con una afectación económica ascendente a más de 111 038 000 CUP y una cifra superior a 30 900 CUC. La cifra en CUP es mayor a cada uno de los presupuestos anuales de 2015, de ocho municipios habaneros: Regla, Guanabacoa, San Miguel del Padrón, Cerro, Marianao, La Habana Vieja, Centro Habana, y Cotorro.

A pesar de lo dicho hasta aquí se aprecian errores en el campo de la información pública acerca de la corrupción en lo concerniente a los medios de prensa; hay indiscutibles vacíos y fragmentación en el abordaje de esta vital problemática, lo cual impone a los periodistas, especializados o no en el tema, una verdadera labor de ingeniera informativa, para cumplir con sus agendas individuales y colectivas.

Resultados del análisis estadístico

En este punto, es oportuno un acercamiento a los resultados del análisis estadístico que, sobre el tema de la corrupción, realicé en 132 artículos de los periódicos nacionales Granma, Juventud Rebelde, Trabajadores, y el provincial Tribuna de La Habana —posteriores al discurso pronunciado por Raúl Castro, el 7 de julio de 2013 y hasta 2015—, y hacer una comparación con otros 100 que abordaron el asunto en esos órganos de prensa, durante los años 2003 y 2004.

Se mencionó la palabra corrupción en todos los artículos de ambos períodos, y la exhortación o llamado a combatirla estuvo presente en 47% y 60% de los publicados en 2003 y 2004, y de 2013 a 2015, respectivamente. La conceptualización del término no apareció en ninguno; y el abordaje del asunto solo en 18% del primer período y 65% del segundo; en estos casos solamente desde el discurso oficial.

El género periodístico más utilizado fue la información, con 73% (2003-2004) y 65% (2013-2015); y, en menor medida, el comentario, con 13% (20032004) y 29% (2013-2015); seguido de la entrevista, 12% (2003-2004) y 3% (2013-2015). En los casos del artículo y el reportaje, resultan muy poco significativas las cifras computadas en ambos períodos.

Donde se apreció una mayor presencia del tema fue en los trabajos periodísticos sobre congresos, reuniones y asambleas de las organizaciones de masas y sindicales. Tanto en 2003-2004 como en 2013-2015, las cifras oscilaron entre 12% y 18%. En menor medida lo hicieron los relativos a las sesiones parlamentarias a nivel nacional y provincial (5%), así como a congresos, plenos y asambleas del PCC, en los cuales el tratamiento del tema fluctuó entre 2% y 9% en ambos períodos.

Entre 2013 y 2015 se aprecia un mayor reflejo del tema en acciones emprendidas por la Contraloría General de la República, cuyo surgimiento se produjo en los albores de la Actualización del modelo económico-social cubano. En el referido trienio, 14% de los trabajos analizados estuvieron vinculados a ese órgano fiscalizador.

Principales consideraciones

En todas las publicaciones estudiadas prevalece la exhortación a combatir la corrupción, pero la conceptualización del término no estuvo en ninguna de las ediciones y textos analizados, a pesar de constituir un elemento muy importante para orientar a la opinión pública en cuanto a su participación mayoritaria y consciente en las acciones dirigidas a enfrentar el fenómeno.

Persiste la tendencia a no difundir hechos concretos y, cuando se hace, se realiza de forma muy general. Se menciona la corrupción, las ilegalidades y el delito, de forma genérica, y en ocasiones a ciertas tipicidades delictivas, como malversación, cohecho, tráfico de influencias, soborno y actividades económicas ilícitas, así como otras ilegalidades asociadas a la contratación económica. Dentro de los delitos contra la economía nacional suele mencionarse, fundamentalmente, la especulación y el acaparamiento, la cara visible de la economía sumergida.

Es este un asunto que precisa del periodismo de opinión, para profundizar y promover el imprescindible e inaplazable debate público al respecto; de la investigación periodística, para hurgar en las causas y efectos del flagelo; y de un periodismo de tesis y de análisis, comparativo, para advertir avances y retrocesos.

Modificar la situación descrita

El acceso a la información constituye un elemento clave para la formación de una opinión pública crítica y organizada. De ahí que resulte imprescindible que, acerca del tema, los medios la brinden de forma sistemática y efectiva.

Es preciso liberar ágilmente la poca cantidad de material sensible de que se dispone en este campo.

Para propiciar un real sistema de participación ciudadana, mediante el control popular, a corto, mediano y largo plazos, urge diseñar e implementar también una campaña nacional de comunicación estratégica en el marco de la transparencia y gobernabilidad, y en cuya ejecución tomarán parte todos los medios de prensa, en sus diferentes soportes.

Impedir la contaminación de todo un sistema

La corrupción no es solo inherente a los países con un elevado porcentaje de propiedad estatal —como es el caso de Cuba, sobre todo hasta las reformas en curso—, pues también está presente en otros modelos de gestión económica. En ocasiones, se establece una simbiosis entre ellos y, en la práctica, se hace en extremo difícil deslindar hasta dónde el fenómeno corresponde al sector público, privado, mixto, cooperativo, etcétera.

Algunos expertos (Katz, 2016) consideran que la corrupción no es un tema menor, ni se ubica naturalmente en el campo de la derecha, y opinan que es un legítimo reclamo popular la transparencia y probidad en el manejo de los fondos públicos; exigencia que la izquierda debe asumir con propuestas de control social efectivo de la administración estatal y penalización de los malversadores.

Especialistas, de diferentes profesiones, que han abordado el tema de la corrupción, de una forma u otra, consideran que es preciso revertir «la lógica del secreto, para convertir lo público en público» (Kaplan, 2013: 2). De ahí lo imprescindible que resulta someter a los funcionarios al escrutinio público y a una valoración permanente de su ejemplaridad. El reclamo popular exige actuar en espacios políticos con tolerancia cero hacia los corruptos.

En el abordaje de los temas de la agenda pública —la corrupción no es una excepción— se desconoce con frecuencia que la información es salud social y transparencia. Para orientarse en la vida y hacerse de criterios sólidos, los ciudadanos necesitan no solo la información periodística, sino también la de las instituciones estatales, cuya razón de existir es el individuo.

Ocurre también que «no pocos males que hoy arrastra nuestra sociedad permanecen por distorsión de las funciones de contrapeso y equilibrio de los medios, que ocurrió junto a la de otras estructuras de confrontación democrática del país» (Juventud Rebelde, 2014). Sin embargo, algunos actores decisivos dentro del complejo entramado socioeconómico y político cubano suelen no reparar en cuán efectivo es el papel de la prensa cuando sus espacios sirven para defender la causa de todos y con su alerta, advierte, señala […] Su mayor equívoco es permanecer callada, como si por su lado pasaran las distorsiones y los problemas sin saber que pasan. (Sexto, 2011).

Los medios de prensa constituyen un mediador entre las demandas de la población y quienes gestionan recursos materiales, monetarios y financieros, independientemente de la forma de propiedad en que se desempeñen estos últimos. 

La información y divulgación sistemática sobre los resultados de las investigaciones de las quejas y denuncias formuladas por la población relacionadas [con la corrupción], influye positivamente en la conciencia de la ciudadanía. La no información o divulgación oportuna de dichos resultados puede dar lugar a que proliferen rumores que afectan la credibilidad de los ciudadanos sobre las instituciones y los dirigentes cuestionados. (Romero Pérez et al., 2005: 39)

Tal como opinara un grupo de investigadores (Salazar Martínez et al., 2015) al abordar las políticas nacionales de comunicación en el nuevo modelo cubano:

El periodista inquisitivo debe examinar las acciones de quienes tienen el poder y exponer todos los abusos e incompetencias. Su derecho a investigar la mala administración y la corrupción burocráticas tiene una importancia particular porque es una de las pocas formas en que puede asegurarse que la ineficiencia y la deshonestidad no contaminen todo un sistema.

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 Publicado en la revista Temas No 100-101