16 enero 2025
Como parte de la aguda crisis estructural que enfrenta desde hace años la economía cubana, se ha agudizado el carácter vulnerable de un patrón de inserción externa que muestra evidencias de marcado y «prolongado» deterioro. El actual entorno global adverso, refuerza la insostenibilidad del patrón de relacionamiento externo cubano vigente.
No obstante, sin un coherente, efectivo y decidido programa de estabilización macroeconómica y sin transformaciones estructurales profundas, no es posible modificar el perfil de inserción externa de Cuba.
Avanzar en términos de estabilización macroeconómica es una condición necesaria, pero no suficiente para revertir el deterioro económico y social acumulado e iniciar un proceso sostenido de recuperación. Generalmente cuando se habla de estabilización macroeconómica se pone el énfasis en los equilibrios internos (déficit fiscal – inflación), pero los programas de estabilización tienen que ver también, especialmente en economías pequeñas y abiertas, con la estabilización de la balanza de pagos. En el caso de la economía cubana, un objetivo fundamental de la estabilización debería ser el equilibrio de las cuentas externas.
Hay algunas medidas y decisiones de política que pudieran ser implementadas en el más breve plazo, las cuales ayudarían a modificar algunos de los «cuellos de botella» que impiden una mejoría coyuntural en la situación externa de la economía nacional. Dentro de ellos, estarían:
a) Redefinir prioridades de la política de inversiones del país, para apoyar el fomento productivo. Ello crearía condiciones para aumentar en el corto y mediano plazo las posibilidades de sustitución de importaciones (especialmente productos alimenticios); y en el mediano y largo plazo aumentar exportaciones. Ello requeriría desplazar inversiones públicas que hoy se realizan en proporción muy significativa para el sector del turismo, hacia la agricultura y la manufactura, y en especial para la infraestructura energética.
b) Flexibilizar normas y mecanismos vigentes que en la práctica constituyen un desincentivo a la exportación y la sustitución de importaciones tanto por las empresas estatales como por las formas de gestión de estatal (FGNE). Esto implicaría otorgar mayor autonomía —como parte de una reforma integral del sistema empresarial— a las empresas estatales, y reducir más los trámites burocráticos, la «permisología» y los consiguientes costos logísticos y normativos asociados a proyectos y actividades de exportación y sustitución de importaciones, tanto para el sector no estatal como por las empresas del Estado.
c) En tal sentido, sería muy útil valorar la implementación de un conjunto de medidas e instrumentos utilizados ampliamente en varios países en desarrollo no solo para «fomentar» las exportaciones, sino para «facilitar» los múltiples procesos vinculados al comercio exterior. La Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), así como la VUIEX (Ventanilla Única para la Inversión Extranjera) son instrumentos de larga data utilizados en el mundo, pero en el caso de Cuba las mismas distan mucho de las condiciones de integración, de inter-operatividad, de otorgamiento automático de licencias, certificaciones y autorizaciones, y tienen todavía limitaciones importantes a tres niveles: i) respecto a la arquitectura técnica de la ventanilla, ii) en relación a su arquitectura informática, y iii) el nivel de gobernanza de dichos mecanismos.
d) Modificación «radical» y en el corto plazo de la concepción vigente sobre política cambiaria; lo que debiera implicar la transformación de la estructura y tipo del mercado cambiario, de la tasa de cambio y del régimen cambiario. Sin esto, es muy poco probable que se estimulen las exportaciones y la sustitución eficiente de importaciones. Adicionalmente, estos cambios resultan componentes de la estabilización macroeconómica y las reformas estructurales; lo que en todo caso coadyuvaría también al necesario proceso de «desdolarización», sin el cual es muy difícil garantizar los niveles mínimos de credibilidad en la política económica nacional que resultan esenciales tanto para la estabilización como para el reimpulso económico.
e) Aprobar e instrumentar la largamente postergada normativa que permita de manera transparente el establecimiento de negocios con capital extranjero por las formas de gestión no estatal (FGNE) y al mismo tiempo someter a revisión el marco regulatorio y las políticas vigentes para la atracción del capital extranjero en el país, que todavía contienen disposiciones restrictivas y que no consideran el alto riesgo que asumen los inversionistas foráneos cuando apuestan por hacer negocios en Cuba.
f) Favorecer, a partir del establecimiento de principios y medidas flexibles y de respeto absoluto a su naturaleza eminentemente privada, los flujos de remesas a cubanos residentes en el país, sobre todo aquellas que pudieran vincularse —directa o indirectamente— al desarrollo de emprendimientos productivos. Para esto resulta necesaria la aprobación de la normativa sobre los negocios con capital extranjero de las FGNE.
g) Definir una estrategia integral para la renegociación de las obligaciones financieras con el exterior que ha acumulado Cuba en estos últimos años, cuando el país se encuentra de nuevo en situación de «default». Ello debe comprender los diferentes componentes que se incluyen dentro del concepto de «deuda con contrapartes externas», a saber: i) deudas con los acreedores oficiales (Club de París, la cual se había renegociado de manera muy favorable en el 2015, lo que incluyó la condonación del 90 % de la misma), ii) con los acreedores privados (el denominado «Club de Londres»), iii) la deuda de corto plazo con suministradores y, iv) de manera importante en el caso cubano con los inversionistas extranjeros. Por la trascendencia que tiene esto último para lograr mayores flujos de inversión extranjera directa, debería adoptarse un mecanismo financiero consensuado, sobre la base de un menú de opciones, para «honrar deudas acumuladas» con los inversionistas extranjeros. h) Por supuesto, la credibilidad necesaria para avanzar en una negociación seria y compleja con nuestros acreedores pasa necesariamente porque las autoridades nacionales muestren avances perceptibles tanto en la estabilización macroeconómica como en las reformas estructurales. Sin lo anterior —sin un horizonte creíble y consensuado de modificaciones radicales en la estructura económica nacional— se repetirá el ciclo perverso de renegociación, en el mejor de los casos con ciertos niveles de condonación y de nuevo en pocos años, se volverá a entrar en crisis de liquidez externa, e incumplimiento de los pagos pactados.
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