LA HABANA. La añeja discusión sobre el papel del empleo privado y cooperativo en Cuba está llegando —por fin— a otro nivel. ¿Cuál debería ser el objetivo de su fomento esta vez? En días pasados, algunas autoridades han ofrecido pistas, con matices diversos. Las afirmaciones van desde el cuentapropismo como “modalidad de empleo”, su posicionamiento en segmentos sensibles como la alimentación, hasta una alternativa para incrementar las exportaciones.
Una primera cuestión es abandonar definitivamente los eufemismos. La actual Constitución es clara respecto al reconocimiento de la propiedad privada sobre medios de producción. Las confusiones no son gratuitas, tienen consecuencias para las políticas. El actual “cuentapropismo” incluye actividades de muy diverso tamaño, complejidad, y perspectivas de expansión.
A manera de ilustración, el fomento de segmentos muy simples, cuyo objetivo es la creación de empleo y la sobrevivencia, requiere de instrumentos que son muy diferentes a los que se necesita para lo que la literatura en América Latina reconoce como “emprendimientos dinámicos”. En Uruguay, estos últimos son identificados claramente de forma temprana, de tal manera que acceden a un acompañamiento específico. Dicho de otra manera, el ecosistema de instituciones y políticas que nutre a una pequeña empresa dinámica es muy diferente en cada caso.
Diversos estudios en la región ponen de manifiesto los efectos perversos sobre la productividad, que provienen de mantener un tejido de muchas empresas muy pequeñas que no pueden crecer. La propuesta en esta área es que el marco regulatorio reconozca estas diferencias, y estimule la creación de instituciones y políticas de apoyo que acompañen el proceso emprendedor en sus diferentes fases, de acuerdo a sus características.
Por si fuera poco, el marco actual mezcla dueños y empleados, trabajo autónomo y pequeña empresa. El trabajo autónomo cumple funciones productivas y sociales en todos los países, en proporciones diferentes. En Colombia es el 50 por ciento del empleo total, mientras que en Japón es el diez por ciento. En unos casos existe como única alternativa de empleo, en otros tiene que ver con emprendimientos personales. Sería interesante saber qué parte del “cuentapropismo” cubano es realmente eso, trabajo por cuenta propia, y cuáles serían las cifras si se añaden todas las “empresas” informales. Casi la misma confusión conceptual puede aplicarse al cooperativismo, agropecuario o urbano.
También es bien sabido que diversas cooperativas se ubican más cerca de constituir entidades paraestatales, en sus funciones y mecanismos de toma de decisiones. Ambos segmentos, privado y cooperativo, han padecido de una interpretación estrecha, arbitraria e inflexible de sus derechos de propiedad, tanto en el ámbito legal como económico. Las correcciones son necesarias, sin negar las restricciones por razones de interés social, porque las distorsiones resultantes tienen un efecto nocivo sobre los resultados económicos y sociales. Entonces, las normas jurídicas deben utilizar términos precisos, ajustados a la realidad nacional. Y que esta terminología sea asumida, en primer lugar, por la comunicación oficial como primer paso para su extensión a toda la sociedad.
Bajo la lógica anterior, el sector privado y cooperativo está llamado a desempeñar un rol que va mucho más allá de ser una simple “modalidad de empleo”, o reservorio de puestos redundantes. Las desproporciones que se observan en el ámbito productivo no son menores. La productividad laboral es muy baja, aún sin contar con datos que permitan hacer comparaciones internacionales fiables. Sus niveles, además, tienen una gran dispersión entre las distintas actividades. Bajo el supuesto de que los sectores exportadores tienen productividades comparables a sus similares en el área, en 2018 aproximadamente el cinco por ciento de los ocupados en Cuba fue responsable del 55 por ciento de las ventas externas totales. Asimismo, la Isla tiene una de las cifras más bajas de exportaciones de bienes per cápita en América Latina, con 212 dólares anuales (2018), que, aun considerando las sanciones estadounidenses, es inexplicable para un país de su tamaño.
Fuente: Organisation for Economic Co-operation and Development. Elaboración del autor.
Incluso en el escenario más optimista, pensar que muchas pequeñas empresas permitirán cerrar esa brecha no es realista. Con un recorrido menos problemático, las PYMES representan en América Latina alrededor del 5 por ciento del valor de las exportaciones, aunque en Chile llega al trece y en la Unión Europea al 33 por ciento (no son las mismas PYMES). Pero incluso en ese caso, aunque el sector no estatal no será responsable directo de las exportaciones, puede contribuir de diversas maneras al aumento de la competitividad de las empresas que venden en el exterior y al tejido económico en general. A veces proveyendo servicios accesorios que mejoran esa competencia (consultorías, transporte, empaquetamiento, diseño) o la productividad laboral (servicios al hogar y las personas, transporte, por ejemplo).
La propuesta es que se fomente la participación plena del sector en el comercio exterior, dejando de lado la recaudación como objetivo primario a corto plazo; y más importante aún, que se promueva el encadenamiento con todas las entidades productivas, independientemente de su tipología. Que los obstáculos sean sobre todo productivos, pero no institucionales o administrativos.
Otra tendencia que se ha venido consolidando es el aumento de la informalidad. Las investigaciones informan de una amplia variedad de razones y características. Pero la opinión casi unánime es que es una evolución negativa, particularmente en un país que ofrece significativas prestaciones sociales. Altas tasas de actividad económica y amplia base imposible son condiciones para la sostenibilidad de un estado de bienestar. La tasa de actividad económica en Cuba ha caído sostenidamente desde 2009. En 2018, apenas el 64 por ciento de la población en edad laboral tenía un empleo formal. Ello resulta particularmente paradójico dado que en ese lapso se introdujeron cambios apreciables en el cuentapropismo y las cooperativas urbanas. Lo que nos dice claramente que aquel enfoque fue muy restrictivo, y no dio respuesta a las necesidades del desarrollo productivo. Además, algunas investigaciones apuntan a que la evasión y subdeclaración fiscales tienen que ver con determinantes institucionales del marco regulatorio, y especialmente la percepción de que la carga tributaria es elevada. En el nuevo contexto, la adecuación del código tributario y los incentivos a la formalización de manera general, deben formar parte orgánica del marco institucional.
Otro rezago del sector no estatal se vincula con la percepción de que ocupa la escala más baja en el desarrollo económico a partir de las características de las actividades que se agrupan en el mismo. Más que una característica, ello ha sido un objetivo implícito de política. Incluso considerando que el sector privado no sea dominante, ello no debe equipararse a la naturaleza de sus actividades, o los niveles de productividad. Una de las contradicciones que ha arrastrado el sector hasta la actualidad es su casi total divorcio del perfil educativo con la fuerza de trabajo. Mientras que la proporción de profesionales en la población ocupada laboralmente llega a la quinta parte, básicamente se han excluido del cuentapropismo las actividades complejas, donde se puede obtener un mejor retorno de la inversión en formación. Las declaraciones en relación a la eliminación de la lista de categorías permitidas han tenido una aceptación casi unánime, y son un paso clave en aquel propósito. El alcance del negocio debe estar justamente determinado por las condiciones socioeconómicas y el marco regulatorio que salvaguarda ciertos equilibrios necesarios. Ello debe constituirse en un objetivo explícito de la política pública.
El sector privado y cooperativo ya es decisivo en la producción agropecuaria, pero también en el turismo. Sin embargo, en ambos se aprecia el daño que resulta de una visión restrictiva y cortoplacista. La empresa estatal, tarde o temprano, tendrá que enrumbarse hacia una profunda reestructuración. En lugar de ver al sector no estatal como una amenaza a su sobrevivencia o a la estabilidad de sus plantillas; debe ser convertido en un aliado clave para suavizar las consecuencias de aquel proceso, ofreciendo la necesaria flexibilidad a la economía para mantener la cohesión social. Un aspecto débil sigue siendo los deprimidos niveles de inversión y el deficiente acompañamiento del sistema financiero. La modernización de los bancos e instituciones similares y su adaptación a las nuevas condiciones es decisiva para el éxito.
La transformación productiva eficiente tiene que ver, esencialmente, con el trasvase de fuerza de trabajo hacia sectores dinámicos de alta productividad. Identificar esos sectores no es posible con total certeza, y la evidencia de que el Estado es el único ente capaz de hacerlo no es concluyente. En ese camino, algunas actividades actuales se extinguirán para dar paso a los nuevos motores del crecimiento. Si ese es el desafío clave que tiene Cuba, entonces debe encontrarse un papel muy diferente de lo que ha sido hasta hoy para la empresa privada y las cooperativas.
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