Las medidas y reajustes de coherencia socioeconómica para la construcción progresiva de una economía social solidaria requieren de nuevos métodos participativos y ciudadanos.
La liberación de las fuerzas productivas es un fenómeno entramado en múltiples relaciones de manera que no puede tratarse independientemente del conjunto de los fenómenos de la vida social.
Foto: Archivo IPS Cuba
La necesidad de proceder a “liberar las fuerzas productivas” en el país es tratada de diversas formas, tanto por economistas, profesionales de las ciencias sociales y otros emprendedores no estatales –cuentapropistas (TCP) y cooperativistas–, como ha sido de reciente explicitación por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, y otros funcionarios del Partido y el Estado. Cada uno desde ángulos y matices diferentes y énfasis propios.
Así, por ejemplo, en el reclamo de algunos TCP esto se ha planteado junto a la disposición a comprometerse con un ejercicio de responsabilidad social que contribuya al desarrollo socioeconómico de sus entornos cercanos; muchos han reclamado con fuerza el levantamiento de restricciones, tales como: importaciones y exportaciones libres, mercados mayoristas, personalidad jurídica, cuantía de impuestos, inversión de cubanos (nacionales y del exterior) y limitaciones de ejercicio a diversas actividades, entre otras.
Multidimensionalidad del tema
Una primera consideración en el enfoque de la cuestión es que todo en la sociedad está vinculado, de una u otra forma. Así, la liberación de las fuerzas productivas es un fenómeno entramado en las relaciones económicas, sociales, políticas, culturales, jurídicas y otras, de manera que no puede tratarse independientemente del conjunto de los fenómenos de la vida social.
Hay que recordar que, a principios de la pasada década de los noventa, la distorsión de ingresos salariales estatales en relación con el costo de la vida –provocada por diferentes factores externos e internos– se permeó con posteriores medidas en diversos campos, desde el económico –con nuevas formas de gestión no estatal, incremento de inversión extranjera, legalización de remesas y empleo de doble moneda–, hasta la creciente flexibilización de contratación internacional en los campos de la cultura, la salud, el deporte y otros.
Todo ello incorporó al país la realidad internacional en términos de variabilidad de ingresos en diferentes segmentos de la población, situación con la que no queda otra opción que convivir, aún con la existencia de regulaciones estatales posibles.
Esto plantea, en las presentes condiciones, una problemática sobre cómo mantener nociones de equidad y oportunidades sociales, ya delineadas de manera general en los documentos programáticos recientes, incluida la nueva Constitución de la República.
En un modelo socialista es evidente la problemática de cómo transformar las formas de gestión estatal de formas autoritarias-centralizadas a formas de gestión multiactoral, a través de concertaciones participativas múltiples. Vea también Alternativas para un nuevo modelo empresarial cubano.
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Lo que sí queda claro, más allá del análisis específico de posibilidades y tendencias, es que se afirma un modelo socialista no privatizador, en una vía no capitalista. En estas circunstancias, ¿hasta dónde podría llegar la complementariedad de formas económicas y cómo transformar las formas de gestión estatal de formas autoritarias-centralizadas a formas de gestión multiactoral –incluyentes de las nuevas formas de gestión no estatal–, a través de concertaciones participativas múltiples?
Marx aclaró que, cuando se trata de relaciones de producción (y de trabajo), siempre se trata de relaciones sociales…por tanto, también políticas, económicas, jurídicas y otras que, por oposición a la economía “clásica” y al liberalismo económico, expresan relaciones contradictorias entre capital y trabajo. Entendido el capital como poder económico en el capitalismo, que adquiere un carácter hegemónico y puede metamorfosearse desde otros poderes, como el Estado.
De manera que la alusión a la “liberación de las fuerzas productivas” nos lleva, forzosamente, al carácter de las relaciones sociales de trabajo existentes, con las consiguientes formas de enajenación del trabajo (por cierto, no solo económicas).
En el entorno de una sociedad socialista de predominio estatal, como la cubana, el análisis sería muy variado respecto al de cualquier sociedad capitalista.
¿Qué ocurre en nuestro caso? Tendríamos que partir del estado actual de esas relaciones sociales de producción en las distintas formas de propiedad existentes.
Por otro lado, está la problemática planteada, sobre todo a las nuevas formas de gestión no estatal –pero que también afecta a la empresa estatal– de la reproducción ampliada.
Este es otro punto a debate sobre la “liberación de las fuerzas productivas”: el asunto es cómo y para qué.
Formas socioeconómicas existentes
Sin pretender ser exhaustivos en el tema, se podría decir que se manifiestan contradicciones y limitaciones actuales en las distintas formas de propiedad y gestión y sus relaciones recíprocas, lo que requiere un acercamiento a sus peculiaridades actuales, dado que las soluciones posibles tendrían que ser diferenciadas en cada caso.
De acuerdo con las medidas económicas de los últimos tiempos, se prevé el mantenimiento y eventual crecimiento de las formas de gestión no estatal, un incremento de empresas de subordinación local, inversión extranjera en forma de propiedad-gestión estatal-privada y aumento creciente de autonomía de la gestión empresarial estatal, lo que presenta un cuadro más promisorio que el existente con vistas al desarrollo socioeconómico del país.
Sin embargo, queda pendiente continuar avanzando en profundización y amplitud de otras medidas potenciales de carácter social y organizativo-económico en la articulación social de las empresas, hacia su interior y en el ámbito de relaciones con las comunidades y municipios.
En la última sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular fueron dadas a conocer 28 medidas iniciales que pretenden propiciar la flexibilización operacional de las empresas estatales y ampliar su desarrollo.
Foto: Jorge Luis Baños_IPS
Empresa estatal socialista: desde la multiplicidad de formas organizativas asumidas en el período revolucionario, se han planteado, más recientemente, otras alternativas en el debate profesional-público: formas de arriendo de empresa estatal a trabajadores (“quinta forma de propiedad”), modos de co-gestión y autogestión obrera, formas corporativas ramales y otras, las que no están aún en el panorama actual de posibilidades perceptibles.
En la última sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular de 2019, el ministro de economía dio a conocer una serie de 28 medidas iniciales que pretenden propiciar la flexibilización operacional de las empresas estatales, en camino hacia una Ley de Empresas y Sociedades Comerciales, con el fin de reordenar todo el sistema socioeconómico en la diversidad empresarial existente.
Sin embargo, algunos de los problemas persistentes –desde investigaciones sociales de los años ochenta al presente– siguen siendo, entre otros: la desigualdad de ingresos salariales en relación con las formas de gestión no estatal, a pesar de medidas compensatorias implementadas, como pagos por resultados, reforma salarial al sector presupuestado y otras compensaciones; la escasa autonomía empresarial en relación con otras formas de propiedad y gestión, a pesar de sus propias limitaciones actuales; la contradicción entre la propiedad estatal de las empresas y el sentido de pertenencia como propietarios sociales de los trabajadores y ciudadanos en general; la participación de los trabajadores en las decisiones y beneficios empresariales, entre varias cuestiones.
La diversidad de Cooperativas No Agropecuarias abarca varios sectores de la economía urbana, pero se mantienen aún insuficientes y restringidas
Foto: Jorge Luis Baños/ IPS
Cooperativismo: la variedad de formas cooperativas existentes en el país ha tenido diversas trayectorias, las cuales han sido estudiadas en sus aciertos y desaciertos por cientistas sociales en muchos acercamientos investigativos.
En ese grupo están las Unidades Básicas de Producción Agropecuaria (UBPC), articuladas simbióticamente con la empresa estatal; las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), con mayor cercanía a los principios cooperativos internacionales; las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS), que constituyen una suerte de productores agrícolas privados asociados en acciones de servicios, comercialización, etc.; finalmente, la diversidad de Cooperativas No Agropecuarias (CNA) que abarcan varios sectores de la economía urbana, aún insuficientes y restringidas.
Mientras las formas de cooperativas agrícolas están asociadas a la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, que incluye a campesinos privados, las cooperativas no agropecuarias –sujetas a una Ley experimental desde hace varios años– carecen aún de formas asociativas, lo que aumenta el hándicap de su gestión social en el marco territorial.
La nueva forma experimental de cooperativas no agropecuarias ha evidenciado un conjunto de dificultades (desequilibrios en la cuantía de los anticipos de directivas y miembros, falta de insumos, deficientes encadenamientos productivos y organizativos, poca autonomía de gestión, trasplante de formas directivas de la empresa estatal de la cual una parte importante procede, etc.), todo lo cual ha requerido de ajustes jurídicos –algunos apropiados y otros polémicos– y ha prolongado su carácter experimental, junto al cierre de nuevas adscripciones.
No obstante, en todas las formas cooperativas se han identificado un conjunto de limitaciones. En realidad, no ha cuajado una verdadera cultura cooperativa.
Sin embargo, como nos referiremos más abajo, los principios-valores del cooperativismo podrían ser una plataforma flexible para la fundación de un entramado empresarial de economía social solidaria, que incluya las diferentes formas de gestión y propiedad con relaciones más humanizadoras.
La ampliación del cuentapropismo abrió un mayor espacio a la satisfacción de bienes de consumo, mejores y variadas ofertas de productos y mayor beneficio de ingresos a segmentos de la población.
Foto: Jorge Luis Baños_IPS
Cuentapropismo (TCP): la ampliación del cuentapropismo abrió un mayor espacio a la satisfacción de bienes de consumo, mejores y variadas ofertas de productos, mayor beneficio de ingresos a segmentos de la población, impulso a la iniciativa creadora en ciertos casos, entre otros aspectos.
No puede reducirse la clasificación de cuentapropismo a una sola forma de gestión-propiedad homogénea. Por ejemplo:
- cuentapropistas individuales o familiares, de supervivencia o mantenimiento restringido.
- prestadores de servicios agrupados en locales arrendados. Estos funcionan casi como una cooperativa, en tanto deben cubrir de conjunto los gastos de local, mantenimiento y otros.
- importadores de bienes menores, que son distribuidos mediante venta a la población y otros actores económicos.
- micro, pequeñas y medianas empresas (MiPeyMEs) –también de una amplitud diferenciada–, con niveles de ingresos de moderados a altos, que emplean fuerza de trabajo en cierta cantidad. Las de mayor rango y bien situadas poseen elevados niveles de ingreso.
Vale la pena destacar que una cantidad de cuentapropistas (al igual que algunas CNA) realizan funciones de responsabilidad social empresarial, que apoyan a sectores o personas vulnerables de la comunidad o aportan otros beneficios a sus empleados y pobladores. Hay casos emblemáticos, conocidos en varias zonas del país.
También vale la pena destacar que, como norma, tanto el TCP como las formas cooperativas brindan a sus empleados fuentes de ingreso superior (o muy superior) a las formas empresariales estatales. No obstante, ello a veces a costa de precios elevados de sus productos y servicios o de superexplotación del trabajo, más allá de los límites legales.
Por otro lado, las formas asociativas (sindicales), ideadas oficialmente para defensa de derechos y otras opciones de justicia laboral, se limitan a una doble contradicción:
- participan titulares (dueños) y empleados en el mismo sindicato.
- este sindicato es el mismo al que pertenecen trabajadores estatales.
Luces y sombras en las relaciones de trabajo actuales
Las diversas formas socioeconómicas empresariales del país manifiestan grados diversos de limitaciones y distorsiones de relaciones de trabajo humanizadoras.
La empresa estatal parece ir avanzando, con las medidas recientes y otras en elaboración, hacia fórmulas de mayor equidad y sentido de pertenencia.
Igualmente, una idea expresada recientemente por el Ministro de Economía versa sobre la necesidad de acercar los ingresos de los trabajadores entre las diversas formas de propiedad y gestión, para evitar las fugas de fuerza de trabajo calificada del sector estatal, lo que disminuiría la actual brecha existente.
No obstante, en el campo de las relaciones de trabajo se podría avanzar hacia formas de organización social, a través de vías de participación de los trabajadores en la toma de decisiones (micro y macrosocial).
La situación es diversa y contradictoria en otras formas socioeconómicas de gestión y propiedad, pongamos por caso: disfunciones en cooperativas, empleo masivo de fuerza de trabajo asalariada, sobre-explotación del trabajo en algunas micro, pequeñas y medianas empresas –MiPeyMEs– (actualmente cuentapropistas) privadas, concepción de una distribución no equitativa de la plusvalía obtenida y de decisiones colegiadas con los trabajadores, en algunas de sus variantes.
Enajenación del trabajo, cotas de enriquecimiento vs equidad social: de manera que los desafíos actuales de nuestra sociedad, desde las concepciones económicas y socio-políticas del trabajo y la propiedad, deberían tomar en cuenta, de manera progresiva, alternativas diferenciadas para lograr que la sociedad en su conjunto avanzara hacia formas más desenajenantes del trabajo, como actividad fundamental de la vida del ciudadano libre y armónico, como ideal histórico del socialismo.
Recientemente, sobre todo, se ha hecho un gran llamado y tomado acciones sobre el tema clave de los encadenamientos productivos –y su implicación en los desarrollos locales y nacionales–, que puede ser una medida de avance.
No obstante, quedan muchos pendientes para lograr una sinergia apropiada, en lo social y en lo económico, en la intención de una economía social multivariada, solidaria y participativa.
La Feria Expoemprendimiento del proyecto CubaEmprende promueve, con la entrega de un premio, la responsabilidad social empresarial.
Foto: Jorge Luis Baños/ IPS
Teniendo en cuenta que se está produciendo, quizás tendencialmente, una mayor comprensión oficial y pública hacia los fines de las relaciones propiedad-trabajo en el socialismo en construcción en el país, por vía no capitalista, y se están avanzando medidas interesantes –aunque quedan muchas lagunas importantes a considerar–, adelantamos ciertas ideas –algunas de las cuales hemos abordado en trabajos anteriores, de manera parcial–, que pudieran contribuir a esa construcción progresiva de una economía social solidaria.
Principios de cultura solidaria cooperativa para una economía social más integrada e incluyente
Aun en los contextos actuales multiactorales y diversos, pueden operar principios no alienantes, solidarios, de cooperación social, autogestión y co-gestión de los trabajadores, que han fertilizado autores de corrientes socio-críticas y de economía solidaria.
Esta propuesta tiene un carácter integrador, solidario, que presupone un cambio político y económico sustentado en los principios-valores solidarios (enunciados inicialmente por la Alianza Cooperativa Internacional, a fines de los ochenta), tales como: autonomía, democracia en toma de decisiones, cooperación, ayuda mutua, reciprocidad, equidad en distribución de ingresos, responsabilidad participativa y cuidado del medio ambiente.
Atendiendo a esos criterios y con la perspectiva de su ampliación constructiva hacia otros sectores de la economía, cada vez más presentes en nuestro país, se podría reformular el empleo del término economía social solidaria, de manera que sus principios puedan ser aplicados en los diversos sectores y formas de propiedad y gestión de la economía, de manera diferencial y flexible.
Esta flexibilidad podría referirse, entre otras modalidades que pueden brindar especialistas en estos temas, por ejemplo, a:
- diversas escalas redistributivas de plusvalía entre los trabajadores, con margen de recuperación gradual de la inversión inicial de los dueños (en los TCP-MiPeyMEs y empresas estatales).
- ampliación de campos de inversión social a todas las formas de propiedad y gestión y a sus encadenamientos productivos.
- diferentes modalidades de participación de colectivos de trabajadores en proyecciones y decisiones de las formas de gestión no estatal y empresas estatales.
- rediseño de las funciones sindicales como contrapartida constructiva y participativa adecuadas al tipo de propiedad y gestión.
- aplicación de escalas impositivas que disminuyan la proporción a cuentapropistas menores y se fijen escalas progresivas según el tamaño y volumen de ingresos (sin dejar de estimular su crecimiento) de MiPeyMEs privadas, cooperativas o fórmulas mixtas estatales-privadas (como es habitual incluso en países desarrollados capitalistas).
- ciertos beneficios sociales y fiscales, en correspondencia con el ejercicio de responsabilidad-compromiso social empresarial en todas las formas de propiedad y gestión.
La formación-difusión de los valores socioeconómicos solidarios y las medidas posibles de su apropiación ciudadana requieren del fomento multidimensional y priorizado de una cultura de relaciones humanas de nuevo nivel, tarea desafiante que requiere de un aliento sostenido y profundo.
Las condiciones de pobreza, pero también la ambición individualista, generan miserias humanas de diferentes tipos. Ambas deberían ser contrarrestadas, evitando que la salida de la pobreza genere una conciencia social codiciosa, con un balance apropiado y concertado colectivamente de la distribución de la riqueza, de la prosperidad individual y colectiva.
De igual manera, las medidas y reajustes de coherencia socioeconómica con vistas al ideal de una economía de mayor integración social, requieren de nuevos métodos participativos, deliberativos y dialógicos multiactorales y ciudadanos, enfocados a modo de concertación, que tomen en cuenta los fines generales últimos y los intereses parciales, con opciones de receptividad y construcción conjunta de alternativas constructivas en torno a los ideales socialistas perspectivos. (2020)
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