Falsas ideas y medias verdades sobre las mipymes en Cuba

Con acusaciones hacia las mipymes, o llamados a acudir a la conciencia, o normativas restrictivas de su actividad, no se lograrán los objetivos planteados cuando se aprobaron estas formas de gestión.

Por  Omar Everleny

julio 11, 2023

en Economía, Opinión

Vista de La Habana desde la terraza de La Guarida.

El desarrollo alcanzado hasta el momento con la creación, al cierre de junio 22 de 2023, de más de 8,774 mipymes, divide opiniones. Lo cierto es que para una parte de los estudiosos del tema, y para los involucrados en su desarrollo, las mipymes han contribuido a la generación de las ofertas de bienes y servicios para la población cubana.

Otros, por desconocimiento o por resentimiento —parcialmente comprensible si es entre quienes no tienen capacidad de compra para determinados productos o servicios ofertados por las mipymes—, les achacan a estas ser la causa de males que, en realidad, ellas no engendraron, como el de la alta inflación que nos afecta a todos.

Realmente, por razones diversas, es difícil definir, en este caso, dónde se encuentra “el fuego amigo” y dónde el “fuego del enemigo”.

Llama la atención cómo una gran cantidad de personas que he considerado partidarias —de una forma u otra— de la introducción del mercado, de la iniciativa privada y de la liberación de las fuerzas productivas en la isla también critican la existencia de las mipymes, privadas la mayor parte de ellas. No puedo saber si lo hacen por criticar cualquier decisión que provenga del gobierno, sea cual sea.

Repasemos a continuación cuatro de los señalamientos que, sin razón, se lanzan contra estas formas de gestión no estatal, imprescindibles para el despegue económico de Cuba.

“Las mipymes no benefician al pueblo”

Como cualquier negocio particular, un emprendimiento no se inicia con la intención de beneficiar a terceros. Se inicia cuando se perciben oportunidades para generar ingresos, que permitan recuperar la inversión realizada y dar beneficios adicionales a los creadores del negocio.

Una empresa no es una obra de caridad —aunque también sea posible hacerlas dentro de la gestión privada— ni está concebida para resolver las ingentes demandas de los menos beneficiados. No obstante, a través de productos y servicios, las empresas responden a una necesidad de la población y los consumidores, a una demanda insatisfecha. Con ello, cumplen un objetivo social.

Es la población, en mayor o menor medida y según su capacidad de adquisición, la que determina, con sus compras, si determinada mipyme cumple o no el objetivo social de satisfacer cierta demanda.

En ese acto de compraventa se está beneficiando el pueblo, en cuanto es a través de la oferta de la empresa que ha podido adquirir lo que demandaba; de lo contrario, lo buscaría en otra —estatal, cooperativa, TCP, etc.— en caso de que existieran ofertas con mejor calidad y/o menor precio.

Si las mipymes no pudiesen satisfacer necesidades de la población desaparecerían de forma espontánea, sin que el Estado interviniera limitando su actividad o extinguiéndolas.

Por otra parte, para poder brindar el producto o servicio en cuestión, las mipymes, por regla general, necesitan contratar empleados, los cuales no dejarían su empleo en una empresa estatal, o su casa, sin la garantía de un salario mejor que el que recibían en el empleo anterior.

Las mipymes no solo han creado nuevos puestos de trabajo en un momento en que las empresas estatales no están creciendo. Además, con remuneraciones superiores a la media de la sociedad, contribuyen a mejorar el nivel de vida de sus trabajadores, el consumo y los ingresos de la sociedad en su conjunto.

   

Foto: Kaloian.

Las mipymes no pueden decirle al trabajador que desean emplear que no pueden mejorar su salario, porque eso crearía inflación; o que primero la sociedad debe resolver problemas generales, macroeconómicos, para poder subirle el salario; o que tienen que soportar muchos gastos sociales y que por eso no tienen suficientes fondos para elevar los salarios; o esperar por normativas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para fijar remuneraciones con base “científica”. Tampoco están obligadas a pagar salarios iguales atendiendo a la calificación de cada trabajador.

Para funcionar, las mipymes simplemente tienen que encontrar a trabajadores dispuestos a trabajar con ellas, negociando el salario con cada uno y siempre que los ingresos del negocio les permitan pagar lo acordado.

Es cierto que, al hacerlo, consideran la media de los salarios del mercado para similar puesto de trabajo; y que a veces podrían pagar mejores salarios y no lo hacen. Pero legalmente no estarían limitados para fijar mejores retribuciones, siempre que económicamente les sea viable.

Y eso también es un gran beneficio para la sociedad en su conjunto: el aumento de la capacidad adquisitiva de los trabajadores genera mayores ventas globales, mayores impuestos y contribuciones a la seguridad social. Por tanto, no solo mejoran su vida los empleados de una mipyme determinada.

  Foto: Kaloian.

En términos de salarios, además, la propagación de las mipymes y el aumento de la contratación ayuda a cambiar la mentalidad de la empresa estatal, constreñida en este aspecto más por las normativas del MTSS que por los resultados económicos de cada empresa en particular.

Por otra parte, las mipymes pagan impuestos, que en Cuba son elevados, sobre todo en lo que respecta al 10 % de impuestos sobre ventas y al 35 % sobre utilidades. Es sumamente importante la contribución a la seguridad social. Existe el impuesto sobre ingresos personales de trabajadores y socios, la contribución territorial para el desarrollo local y el impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo. Todos estos ingresos del Estado en gran medida benefician no solo a los trabajadores y socios de las mipymes, sino al pueblo en general, contribuyendo a la redistribución de las riquezas dentro de la sociedad.

Por lo tanto, el beneficio al pueblo no puede verse como la obligación de las mipymes de vender sus productos a precios bajos, según el salario medio de la sociedad, sino en todos los otros aspectos mencionados. Lo contrario equivaldría a subsidiar productos, cuando hace tiempo se reconoce que lo que se debe intentar es subsidiar a personas necesitadas.

“Las mipymes cobran muy caro sus productos y servicios y son las culpables de la alta inflación en el país”

Salvo para algunos productos priorizados, para los que el Estado puede limitar los precios de venta de las mipymes, por regla general los precios de los productos y servicios de las mipymes se fijan por la ley de la oferta y la demanda.

Es cierto que muchas veces esos precios están elevados, no solo cuando se le compara con el salario promedio de la población, sino en contraste con los precios de similares productos en mercados foráneos.

No obstante, estos precios responden a múltiples circunstancias y no solo a la realidad innegable de que un negocio siempre procurará obtener el máximo posible de utilidades, si el mercado y el contexto se lo permiten.

Antes de adentrarnos en las realidades, siempre es saludable preguntarse si es preferible tener disponibilidad de productos, aunque sea con precios elevados, o precios bajos fijados por normativas, pero con escasez o ausencia de productos.

¿Acaso la consecuencia de lo segundo no es un mercado extraoficial, en el que el acceso a los productos se complica para muchos, y a menudo los precios terminan siendo aún más elevados, además del descontrol y los desvíos que se ocasionan?

Los elevados precios finales de los productos dependen de muchos factores que podríamos examinar con más detenimiento.

Lo primero que hay que mencionar es la escasa producción nacional y el aumento de las importaciones. Casi todos los productos comercializados hoy en Cuba son importados o producidos localmente, pero con un alto contenido de materias primas e insumos importados.

La importación, a su vez, implica sumar costos. Entre ellos están los precios que se han de pagar por productos que contienen los salarios, habitualmente más elevados, que se pagan en los países exportadores.

Luego hay que adicionar los fletes de la transportación hasta Cuba y el porcentaje que aplica la empresa intermediaria importadora estatal.

Ninguno de estos elementos está correlacionado con el salario promedio de la población cubana, sino de otros elementos que están golpeando la economía nacional, como la ausencia de un mercado cambiario en el que convertir los flujos de ingresos en CUP a monedas libremente convertibles.

En estas circunstancias existe la necesidad de acudir a un mercado extraoficial para continuar con la reinversión imprescindible para el flujo productivo y/o de comercialización.

Todo esto ocurre, además, en un ambiente en el que el tipo de cambio del CUP muestra una devaluación permanente y acelerada de la moneda nacional, y en el que una ralentización de las ventas, o la imposibilidad de encontrar respuesta inmediata para la compra de monedas extranjeras, puede convertir un negocio con una buena utilidad esperada, en uno con pérdidas reales.

Al 8 de julio de 2023, el dólar se cotizaba a 210 CUP por dólar. Esto provoca que los precios de los productos no puedan en absoluto considerar los tipos de cambio oficiales de USD/CUP 24:1, o 120:1 y, a veces, ni siquiera el que aparece en páginas privadas por Internet, habida cuenta de la relativa rapidez con que esa información queda desactualizada.

Otro elemento de importancia determinante en las dinámicas de funcionamiento de las mipymes es la desaparición casi absoluta de la banca nacional, del flujo de cobros y pagos internacionales, para la actividad de las mipymes.

En la actualidad, los bancos cubanos no están realizando pagos hacia el exterior; no ya de cuentas en CUP, tampoco de las cuentas en MLC de las mipymes. Para pagar por las importaciones, las mipymes no pueden contar con la banca nacional y necesitan recibir fondos de familiares en el exterior, o financiación externa con costos elevados, o pagar elevados costos en el mercado informal para convertir fondos locales en divisas en fondos en el exterior. Lo último, no solo es imprescindible para pagar por los productos que se estén importando, sino además para amortizar el capital y los intereses de las financiaciones externas, para compras anteriores pagadas con fondos de terceros.

Las mipymes necesitan exportar y a la vez buscar complicados y costosos mecanismos para reutilizar los fondos captados por la exportación para el pago de sus importaciones de todo tipo, porque si los fondos de exportación ingresan a Cuba, posteriormente no podrían ser utilizados para el pago de las importaciones.

La casi desaparición de la banca nacional de esos flujos de pagos internacionales no solo afecta a las mipymes, sino también a las empresas estatales importadoras y exportadoras.

Por cierto, la agilidad de las mipymes en encontrar soluciones de todo tipo ha hecho que muchas empresas estatales o mixtas se apoyen en mipymes para gestionar algunas importaciones de materias primas; o para vender sus productos finales a las mipymes, siempre y cuando estas paguen por los productos finales no a cuentas del vendedor en bancos cubanos, sino en el exterior a los proveedores de materias primas destinadas a las empresas estatales o mixtas.

Este es, en definitiva, otro beneficio social brindado por las mipymes, que pocas veces se menciona y que ha facilitado el funcionamiento de muchas empresas no privadas: la producción, pago de salarios, impuestos, etc.

Otro aspecto que hay que mencionar es la existencia de un impuesto del 10 % sobre ventas. Inicialmente estaba concebido para ventas minoristas, pero desde 2023 se amplió para ventas de todo tipo, tanto minoristas como mayoristas. Este impuesto puede llegar a encarecer, de forma desproporcionada, el precio final de una mercancía.

En muchos países existe el IVA, o impuesto sobre el valor agregado. ¿Cómo funciona? Cuando una empresa recibe una factura de su proveedor, ésta incluye el valor de un impuesto determinado sobre el producto que sea (no todos los productos se gravan de la misma manera). Esta empresa puede que procese ese producto incorporando otras materias primas, o simplemente venderlo más caro. En su factura de venta también incorporará el valor del impuesto de ventas sobre ese producto.

Al final, a la empresa le ha repercutido un impuesto, y ella a su vez ha cobrado impuestos, creándose una diferencia entre lo pagado y lo cobrado, que sería lo que la empresa pagaría al fisco. Como consecuencia, cada empresa interviniente en el proceso de transformación de un producto, solo paga al fisco el impuesto sobre el valor nuevo incorporado por ella. Es el comprador final, en el mercado minorista, el que suele estar pagando el impuesto total sobre ese producto. Para determinados productos, y según el país que sea, el IVA puede alcanzar entre el 15-20 %, aunque para muchos productos puede ser inferior.

En Cuba no existe el IVA. Aparentemente, el 10 % de impuestos sobre ventas es inferior a un IVA del 15-20 %. Sin embargo, por ejemplo, si una mipyme de La Habana vende de forma mayorista a una mipyme de otra provincia, esta última vende a otra mipyme/TCP local, para que estos vendan el producto en el mercado minorista; cada participante en la cadena de ventas tendría que pagar un 10 % sobre ventas, y en cada tramo la base imponible iría creciendo.

En este ejemplo, el comprador final (la población) estaría pagando, en el precio del producto, más de un 30 % destinado a impuestos a pagar al fisco. Podría disminuirse a algo más del 20 % cuando la cadena de intermediarios sea más corta, pero el problema no se elimina a la venta de materias primas para la producción, porque por la misma materia prima estaría pagándose impuestos varias veces, en toda la cadena de incorporación de valor. Por ello, muchos mencionan que este impuesto, en el caso de las ventas mayoristas, es regresivo, y que no ayuda a estimular la producción.

Además de las razones objetivas mencionadas, siempre existen razones subjetivas para el incremento de los precios. Si las dificultades financieras del país, reflejadas en los impagos a proveedores y en la imposibilidad de enviar transferencias hacia el exterior, incluso desde cuentas con saldos supuestamente con liquidez externa, ha traído como consecuencia la escasez de productos en las tiendas estatales en MLC, pues las mipymes no encuentran competencia en las que pudieran ser su mayor competidor (las cadenas de tiendas estatales), que cuentan con mayor cantidad de comercios, estructura de almacenes y otras infraestructuras, capacidad de compras masivas, personal calificado, etc.

Esta brusca caída en la oferta estatal es, por supuesto, un elemento importantísimo a la hora de evaluar la oferta y la demanda de un producto, con posibilidades para el comercializador de establecer precios elevados en determinados momentos. ¿Acaso es culpa de las mipymes este mal funcionamiento y estado actual de las cadenas de tiendas estatales, incluso las que comercializan en MLC?

Aunque las cadenas de tiendas estatales hayan llegado a ofertar determinados productos, el coeficiente de sobreprecio, que generalmente ha estado en 2.4, más el tipo de cambio de las divisas en el mercado informal, ha hecho que muchas veces los precios de las mipymes sean hasta inferiores a los de la tienda estatal.

Por ejemplo, si una mipyme vende una cerveza a 130 pesos, por supuesto que sería un precio elevado en relación al salario medio de la población; pero en estos momentos eso equivaldría a 0.80 USD. Sin embargo, las cervezas en las tiendas estatales en MLC tienen un precio entre 1.00 USD y USD 1.65. El mismo patrón puede observarse en muchos otros productos. ¿Quién está vendiendo más caro algunos productos a la población? ¿Las tiendas estatales o las mipymes?

Sucede que a primera vista no siempre eso se nota por las claras, porque algo que se venda a 1 USD puede seguir costando 1 USD por mucho tiempo; pero si una mipyme tiene sus ventas en CUP, se notará una inflación permanente, por la necesidad de ajustar sus precios al tipo de cambio extraoficial del USD/CUP. Al final, puede que el equivalente en USD sea el mismo, o muy similar; pero en pesos sí se podrá calcular una elevación considerable de los precios de las mipymes en un plazo corto.

Es inaudito que mucho se habla de los precios de las mipymes y muy pocas veces se debata sobre el precio en las cadenas de tiendas estatales (su formación, márgenes, justificación, etc). No es que lo primero no se haga; es que debería hacerse en ambos sectores; o más aún en el sector estatal, que pertenece a toda la población.

Es cierto que una de las principales causas de la inflación es el incremento del tipo de cambio extraoficial del USD/CUP. Y no porque exista una página en Internet que refleje la devaluación constante de la moneda nacional. Esto sucede en una espiral sin fin, en la que el que posee la divisa siempre está procurando obtener mejor contravalor en CUP, al sentir la elevada demanda hacia su activo. Pero, a su vez, porque los negocios privados, para continuar con su ciclo de reabastecimientos ininterrumpidos, o para pagar sus deudas, o cubrirse de pérdidas por ulteriores devaluaciones, están dispuestos a pagar mayor cantidad de pesos, siempre que sea a ellos, y no a la competencia, que se destinen las divisas de los que las poseen.

¿Hay que limitar por ello la actividad de las mipymes, para combatir la inflación? No sería con medidas de este tipo que se solucionaría el problema, porque las causas seguirían presentes, como se analiza en este artículo.

Si hablamos de precios de las mipymes, también habría que reconocer que algunas veces lo que han hecho es bajar (no en su valor nominal en CUP, sino en su equivalente en USD). Esto ha llegado a suceder no por normativas del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), o presiones y prohibiciones, sino por la elevada oferta de un producto u otro que ha habido en el mercado en determinados momentos.

Aquí ha funcionado la ley de la oferta y la demanda; cuando el emprendedor ha sentido la necesidad de aumentar la rotación de las ventas, y la elevada oferta de otras mipymes lo ha forzado a revisar sus precios a la baja. Demuestra que no es con normativas restrictivas como pueden alcanzarse mejores precios, sino con normativas que faciliten la actividad de todos, que estimulen el crecimiento de la oferta, y por todas las vías posibles.

“Las mipymes mayoritariamente comercializan y muy pocas producen”

Es uno de los argumentos fundamentales esgrimidos para criticar las mipymes y demandar cambios en sus actividades.

En primer lugar, un emprendimiento individual siempre se dirigirá hacia donde vea que hay expectativas de ganancias, y si estas se obtienen a corto plazo, pues con más razón. El comercio siempre ha facilitado las ganancias rápidas, por su sencillez y la elevada rotación que se puede obtener, máxime en un entorno de relativas elevadas tensiones en la oferta.

Las cadenas de tiendas en divisas se han retirado, poco a poco, del comercio de todo tipo de productos. Y no tanto como resultado de la competencia con las mipymes, sino por sus propios impagos a proveedores, situación económica del país, burocratismo y otros factores. Si mañana se decide administrativamente que las mipymes no pueden comercializar, que solo deben producir, no significaría que automáticamente fuera a mejorar la oferta de las cadenas de tiendas estatales en MLC.

Si es cierto que la actividad de las cadenas de tiendas en MLC se ve afectada por la competencia con las mipymes, eso solo demostraría qué sector resulta más eficiente, hacia dónde el mercado canaliza la asignación de los fondos disponibles, y quién realmente tiene los precios más elevados. Sería un acicate adicional para estimular la actividad comercializadora de las mipyme, más que su restricción.

Por otra parte, para desarrollar una actividad productiva se necesita de un capital inicial, que no siempre es tan pequeño como el que pudiera demandar la comercialización, ni siempre está disponible en el largo plazo. ¿Cómo se pretende que una actividad que acaba de comenzar, como quien dice, pueda emprender negocios consumidores de capitales más elevados? ¿De dónde extraerlos, a qué precios, cómo justificarlos?

Además, todas las dificultades mencionadas que afectan el comercio (sobre el mercado para comprar divisas, la conversión de divisas locales en externas, falta de funcionamiento de la banca para transferencias externas, elevados impuestos sobre ventas, etc.) golpearían la actividad productiva con mayor ímpetu.

Lo que debe ocurrir es que la actividad comercializadora empiece a sentir cierta saturación en algunos productos, mayor competencia que cada vez haga más difícil la obtención de ganancias elevadas y a corto plazo, y que la propia acumulación de capital, obtenida de la actividad comercializadora, haga que vayan canalizándose fondos hacia la actividad productiva.

Esto provocaría una búsqueda natural de la diferenciación y de la segmentación de mercados. Por supuesto, tampoco ocurrirá de forma automática, ni sucede sin fricciones de todo tipo. Es un proceso que debe estimularse con medidas que favorezcan los emprendimientos productivos, y donde la mayor competencia entre actores, y no las prohibiciones y limitaciones, faciliten que se llegue realmente a este escenario.

“Las mipymes están recibiendo gran parte de las remesas de ayudas familiares, que de otra forma irían hacia las empresas estatales”.

Es cierto que las mipymes ofrecen ventajas a las empresas “remesadoras” de ayudas familiares que las empresas estatales no pueden ofrecer. Pero eso solo demuestra dinamismo, acomodamiento del mercado hacia las mejores soluciones que abaratan costos o brindan mejores ingresos a los que canalizan esas remesas.

Supongamos lo más extremo, que se cierra la actividad de las mipymes. ¿Se canalizarían las ayudas familiares hacia el Estado, a través de sus tiendas, en la misma magnitud de años anteriores? Considero que tampoco. Porque las ayudas familiares, mayormente, son para consumir productos en MLC, o para canjearlas a CUP y adquirir bienes y servicios en la moneda nacional.

Si en las tiendas en MLC no hay suficientes productos —ya vimos que no debido a la competencia con las mipymes—, la población no vería la necesidad de depositar mayor cantidad de ayuda familiar en sus cuentas bancarias en MLC. Y para las compras en CUP, la población canjearía los MLC en el mercado extraoficial, con un mejor contravalor que mediante el tipo de cambio oficial de USD/CUP 110:1.

Por consiguiente, es posible que las divisas estén teniendo la tendencia de canalizarse más hacia el sector no estatal, pero no tanto debido a las mipymes y a otras formas de gestión no estatal (FGNE), sino debido a la propia ineficiencia y escasez de productos en las tiendas estatales.

En manos del Estado está cambiar la situación, favoreciendo el crecimiento de las ventas de las tiendas estatales en MLC; dejándolas administrar los ingresos que reciben; no extrayendo de sus cuentas bancarias mayor volumen que las utilidades del negocio; facilitando que la banca nacional pueda transferir libremente los saldos en divisas de las empresas estatales; y ofreciendo mejores precios a los productos que los que ofrecen las FGNE; es decir, rebajar los 2.4 y 3 veces sobre el precio de compra que le imponen a sus productos.

   

Establecimiento privado en Trinidad.

No serían las únicas vías para poder asegurar el éxito, pero pudieran ser medidas encaminadas a lograr disminuir la inflación y que mayor cantidad de ayuda familiar se canalice hacia el Estado. Con acusaciones hacia las mipymes, o llamados a acudir a la conciencia, o normativas restrictivas de su actividad, no se lograrán los objetivos planteados.

Pero los resultados son ya conocidos. Después de casi dos años de su implementación sobrepasan las 8 700 empresas mipymes creadas, generan un poco más de 250 000 empleos, ya han exportado unos 4.7 millones de dólares y han importado más de 164 millones de dólares. Sobre todo: ofrecen productos y servicios que adquiere la población.

En conclusión, las mipymes están jugando un papel invaluable en momentos en que la economía está muy deprimida, con poca recuperación en el corto plazo, y donde el bloqueo de Estados Unidos se mantiene.

Nunca olvidar que, en la mayoría de los países, un gran porcentaje de su economía, pertenece a este tamaño de la propiedad industrial, artesanal, de servicios, entre otros productos o servicios.