Prosperidad y sostenibilidad: necesidad de encontrar (descubrir) la empresa estatal
Por ILEANA DÍAZ HERNANDEZ
Introducción
Cuba necesita de un enfoque estratégico mucho más que cualquier otra nación, por ser un país subdesarrollado, bloqueado y con un largo camino de vaivenes económicos. En los años ochenta se elaboraron planes quinquenales e incluso uno de larga data hasta el año 2000 como parte de la coordinación entre países en los marcos del Consejo de Ayuda Mutua Económica. Sin embargo, disímiles razones, que no es propósito de este capítulo analizar, no permitieron alcanzar los objetivos propuestos y la estructura económica de Cuba ha continuado sin cambios sustantivos.
La crisis de los noventa provocó inmensos problemas, pero también impulsó transformaciones en la dirección económica del país que le permitieron crecer, y a partir de ese momento comenzar un lento, pero sin pausa, movimiento hacia la recentralización de la economía —quizás de las más potentes hasta el momento— que, unido a un excesivo gasto social, condujo al país a una crítica situación económica.
Raúl Castro asume la presidencia del país el 24 de febrero de 2008 —de modo interino desde año y medio antes— y en 2010 comienza el proceso de actualización del modelo económico y social. Después de transitar di- versas etapas en el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, en 2016, se aprueban dos documentos trascendentes, la Conceptualización y el Plan 2030.
Al analizar ambos documentos pareciera que la Conceptualización es la estrategia ya que define los objetivos estratégicos —visión de país—, los principios y las principales transformaciones requeridas, mientras el Plan 2030 es el medio para alcanzarlo. El Plan 2030 define seis ejes estratégicos que vienen a ser los puntos claves transversales a cualquier sector. Se declara que tienen un carácter sistémico, pero esa sinergia no se ve refleja- da ni en los objetivos generales, ni específicos de los ejes —que son bastante ambiguos— y mucho menos en la elección de los once sectores estratégicos, expresión de falta de claridad en el enfoque estratégico para el país.
Una ausencia importante son los actores productivos, elemento esencial para el logro de la sostenibilidad y prosperidad que enarbola la visión de país. Sin dudas, los equilibrios macroeconómicos son indispensables, ellos incentivan al sector empresarial, pero los niveles de eficiencia, eficacia y la productividad, que tanto se necesitan, dependerán también de la forma en que se estructure, gestione, interrelacione y sea real depositario de la propiedad —cualquiera que esta sea— todo el sistema empresarial.
La Unesco en su Informe sobre la ciencia hacia el 2030, precisa al sector empresarial, de conjunto con crecimiento inclusivo y la sostenibilidad medioambiental, como los tres elementos centrales de los planes de los años 2020 y 2030 de los diferentes países; sin embrago, Cuba no incluye como un eje estratégico al sistema empresarial, el cual ha sufrido todo tipo de reestructuraciones y justo se encuentra abocados a una nueva.
El objetivo del presente capítulo es realizar propuestas que contribuyan a la transformación del sistema empresarial estatal. La presente introducción nos conduce a un breve diagnóstico de la empresa estatal, que será el objeto de estudio del capítulo, donde se enfatizará en los aspectos que la autora considera centrales de la situación actual de tales organizaciones. Más adelante, se penetra en el segmento de las propuestas, la cual se inicia con los aspectos generales a ser modificados para crear las condiciones propicias a las empresas estatales. Continúa con la presentación de los cambios que se deberían realizar en las empresas en correspondencia con cada uno de los ejes del Plan 2030.
Diagnóstico del sistema empresarial
Antes de presentar un esbozo de la situación actual de la empresa estatal, se impone esclarecer qué se entiende por ese tipo de organización según la Conceptualización (Partido Comunista de Cuba, 2017). Los rasgos planteados son: Entidades empresariales propiedad de todo el pueblo. El Estado actúa en beneficio del propietario que sería el pueblo; personas jurídicas con deberes y derechos; encargadas para la producción de bienes y servicios de carácter mercantil y obtener utilidades y cumplir responsabilidades sociales; cubre sus gastos con los ingresos; desempeña un papel activo en la elaboración, ejecución y control de los planes y presupuestos; y dotadas de autonomía para la administración o gestión empresarial.
También se señala que el Estado: regula los destinos de las utilidades y está facultado para autorizar la retención de parte de las mismas por las empresas; y norma sus relaciones con las empresas y las atiende. Además, no interfiere en la necesaria autonomía en la gestión de las entidades y adopta las decisiones principales y estratégicas que le competen como titular y evalúa y controla integralmente los resultados.
De la concepción de empresa expuesta dos aspectos problemáticos a destacar: la propiedad y la autonomía.
Si el pueblo es el propietario, en qué momento y de qué forma cumple su rol. ¿Mediante la Asamblea Nacional del Poder Popular?, solo el 50 % de sus integrantes es propuesto por el pueblo en las circunscripciones, según la Ley Electoral de 1992.1 Tampoco se ha delimitado de forma clara la función del Estado como dueño, ni qué entidad actúa como tal — ¿designado, juntas de gobierno?—. Las juntas de gobierno no la integran trabajadores, ni siquiera el sindicato.
El Estado es quien «adopta las decisiones principales y estratégicas que le competen como titular y evalúa y controla integralmente los resultados» (Partido Comunista de Cuba, 2017, pág. 7), ¿de qué entidad?, ¿de las empresas o del país? pareciera que de las empresas ya que es la sección dedicada a ellas en la Conceptualización, y se corresponde con el artículo 66, del Decreto-Ley 281: «La empresa que aplica el Sistema de Dirección y Gestión tiene gestión económica, financiera, organizativa, técnica, productiva, comercial, laboral y contractual, con autonomía controlada en cumplimiento de lo establecido por el gobierno y el Estado» (Consejo de Ministros, 2013, pág. 226). ¿Debe ser el Estado como dueño quien defina la estrategia y decisiones «principales» —nada acotadas— de las empresas? ¿qué le queda a la empresa?, pareciera que solo administrar lo que otros disponen.
Los datos oficiales que se publican sobre las empresas son muy pobres, por lo que se intentará ofrecer una panorámica que nos aproxime a la situación de las empresas estatales y se tomará como referencia la entrevista concedida por Yovana Vega Matos2 (Izquierdo, 2018).
1. Las empresas se han convertido en entes intermedios entre las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE) y las Unidades Empresariales de Base (UEB). Las OSDE son alrededor de ochenta3 y agrupan más del 80 % del total de empresas, el 45 % poseen más de veinte empresas subordinadas y seis de las OSDE cuentan con más de cincuenta entidades subordinadas. Por ejemplo, el Grupo Empresarial de la Industria Alimenticia tiene subordinado noventa y cuatro empresas y estas alrededor de 2800 UEB. El Ministerio de la Agricultura (Minag) «atiende» y posee el mayor número de OSDE — un total de diez— y de unidades presupuestadas —llegan a 158— que cualquier otro ministerio. Entre el Minag y las administraciones del Poder Popular concentran el 40 % de las empresas del país, es decir, en áreas de baja productividad.4
2. La cantidad de empresas se ha reducido en un 50 % desde el año 2000, y según la entrevista a Vega Matos, «en el período de 2011 hasta el año 2017 hubo una reducción de 400 entidades y muchas fueron extinguidas y fusionadas porque tenían pérdidas». Las empresas con pérdidas pasaron de 403 en 2010 a 43 en el 2018; las mismas se han extinguido, fusionado o pasado a UEB. ¿Extinción o quiebra?, y más adelante dice: «[había empresas] que no se justificaban como empresas por sus dimensiones y niveles de operaciones. Presentaban procesos de dirección económica y de controles suma- mente mayores a la generación de riquezas. En su mayoría estas fueron las que se convirtieron en UEB». Pareciera ilógico que empresas con pérdida se fusionen —se transfiere la enfermedad— y otras, cuyos procesos eran mayores en grado sumo a la generación de riquezas se con- viertan en UEB, que es donde se crea la riqueza, ¿no es un contrasentido?
3. Según la entrevista, las empresas muestran magníficos indicadores —aunque no homogéneos para todos los sectores—; sin embargo, el PIB muestra en los últimos tres años que ha crecido a niveles bajos y más del 45 % del mismo es aportado por la industria manufacturera —sin incluir el azúcar—, el comercio y la salud pública —a precios de mercado—. Las dos primeras actividades en los tres últimos años —hasta 2017— han decrecido y poseen el 37 % del total de empresas, esto no significa que todas ellas sean ineficientes, pero, sin dudas, una buena parte de ellas debe serlo.
4. Un hecho que evidencia problemas en las empresas es el financiamiento que otorga el presupuesto a las producciones que sustituyen importaciones o que se exportan, en alrededor del 15 % del total de gastos del presupuesto. Para 2019 se ha planteado que: «se reducen 1606 millones de pesos con respecto a las demandas solicitadas por la actividad empresarial, con el objetivo de disminuir los altos importes que en los últimos años se le han asignado, esto debe compulsar a mayor racionalidad y eficiencia en el uso de los recursos, y así disminuir los gastos presupuestarios» (Figueredo y otros, 2018).
5. Es significativo que los ingresos provenientes de las utilidades solo representan el 21 % del total de ingresos del presupuesto. De ellos, el impuesto sobre utilidades ha crecido desde 2012 hasta 2016, con un ligero decrecimiento en 2017. Sin embargo, el aporte de las empresas estatales —el 50 % de las utilidades después de impuestos—, decrece cada año —con excepción de 2017—; ¿qué significa esto?, ¿decrecen las utilidades en las empresas, hay menos empresas con suficientes utilidades?
Sin embargo, es contradictorio respecto a la preocupación mostrada por la entonces ministra de Finanzas y Precios con la obtención de utilidades por las empresas sin contra valor material, es decir, por incremento de precios (Pedraza, 2018). Tales precios en muchas ocasiones son el fruto de la condición de monopolio de la empresa estatal —¿un efecto de la «superconcentración» empresarial?—, que le permite establecer altos precios por acuerdo en las ventas que excedan el encargo estatal. Por otra parte el mecanismo de formación de precios —que debe cubrir todos los costos y gastos—, unido a la utilización del indicador de valor agregado bruto para el pago de salario, puede condicionar utilidades excesivas. La solución propuesta por la ministra de Finanzas y Precios a los sobrecumplimientos de las utilidades por encima del 20 % es un aporte adicional al presupuesto. Es decir, se ataca el efecto, no la causa, provocada por el propio mecanismo económico que afecta el funcionamiento del mercado.
Razones para que las empresas no mejoren su desempeño hay muchas, se puede enfatizar en el bloqueo, la difícil situación de las finanzas externas, fenómenos meteorológicos, entre otras; sin embargo, también habría que señalar la sobrevalorada tasa de cambio que desincentiva la economía, centralización del mecanismo económico, un sistema de dirección basado en el control mediante el plan, es decir el plan como medio de control y no de dirección, así como otras regulaciones que dificultan que las empresas puedan ser creativas, emprendedoras, innovadoras y, por tanto, que desaten las fuerzas productivas.
Solo a modo de ejemplo se analiza —ver, al final del capítulo, la tabla 1— lo que dispone el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) sobre El Procedimiento para las relaciones financieras entre las empresas estatales, sociedades mercantiles y OSDE con el Estado —según la Resolución 138/2017—.
El contenido de la resolución muestra con nitidez dos aspectos importantes: la intervención en la gestión de las empresas y el control que se ejerce sobre ellas e incluso sobre las propias autoridades facultadas.
Según planteó la Contralora General de la República, el control es como una pirámide que comienza con el control interno en la base y apuntaba más adelante:
«Luego están en otro nivel los organismos de la Administración Central del Estado (OACE), que tienen funciones rectoras de control. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es el rector en Cuba de la política salarial y de trabajo; el Ministerio de Economía y Planificación es el estado mayor de la economía y la planificación en nuestro país. Estos y los demás organismos proponen políticas, y una vez que se aprueban son los encargados de aplicarlas y controlarlas. No solo en sus ministerios, sino en todo el sistema... Digamos entonces que estos órganos, organismos e instituciones del Estado ejercen un control externo…Y por último la Contraloría» (Rodríguez, 2012). La empresa es la base sobre la cual recae toda la pirámide de control ¿es posible operar con tantos controles?
Propuestas para mejorar la gestión de las empresas estatales
No es posible realizar propuestas sobre las empresas estatales, si no se modifican aspectos esenciales que condicionan el actuar de las mismas. Se toman los ejes estratégicos del Plan 2030 (Partido Comunista de Cuba, 2017) como guía para exponer, de modo muy sintético, algunos cambios necesarios.
Eje: «Gobierno socialista, eficaz, eficiente y de integración social»
Es indispensable definir, de manera clara, las reglas de juego del Estado como regulador de la economía y como representante del dueño y las relaciones con el dueño y con las empresas.
De igual manera, es menester precisar qué entidad será quien asuma las responsabilidades del dueño por el Estado. En tal sentido un estudio de la Corporación Andina de Fomento sobre diferentes enfoques de subordinación muestra que las empresas públicas o estatales en el mundo están subordinadas al Estado bajo la forma de tres modelos: descentralizado, dual y centraliza- do, siendo este último el que se adopta en su mayoría —Polonia, China, Vietnam, Bélgica, Francia, entre otros (Corporación Andina de Fomento, 2010)—. En opinión de esta autora, el modelo centralizado sería el más apropiado y subordinado al Consejo de Estado, pero rindiendo cuentas a la Asamblea Nacional del Poder Popular, que se supone es el máximo representante del Estado elegido por el pueblo.
Reducir el aparato burocrático de la administración pública: OACE, Poder Popular, Organizaciones de masa y el propio Partido, de modo de reducir gastos del presupuesto y reorganizar los procesos para que sean más ágiles y eficientes, que unido al desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones permita un gobierno más abierto y participativo, rapidez y eficacia en la solución de los problemas de la población y de los negocios.
El establecimiento de una ley de empresa y de quiebra es indispensable. De igual forma un sistema de dirección de la economía basado en un plan flexible —quizás pensar en la forma utilizada en los años noventa ajustada a la actualidad— y descentralizado —incluido el comercio exterior—. El sistema debe cumplir sus funciones de planificación, organización, mando y control, no solo este último.
Eje: «Transformación productiva e inserción internacional»
Definir los sectores estratégicos,5 ya que considerar estratégicos a once sectores, por demás clasificados por su oferta y no por la necesidad a satisfacer, demuestra que no existe un propósito estratégico claro y preciso. Hacia estos sectores es que deben dirigirse las grandes inversiones, la cartera de negocios para inversión extranjera —propuesta por el gobierno— y las necesidades materializadas en el encargo estatal.
Las políticas de desarrollo productivo deben partir de modificar la tasa de cambio e incentivar los negocios intensivos en conocimiento, así como los encadenamientos entre las diversas formas de propiedad.
Eje: «Potencial humano, ciencia, tecnología e innovación»
La eliminación de las categorías ocupacionales a nivel nacional que prefijan los niveles de salarios, pues la supuesta igualdad se convierte en igualitarismo y desigualdad.
Políticas de incentivos a la innovación de las empresas. El Estado debe dedicar recursos a las ciencias básicas estratégicas y la correspondiente educación superior que apoyen las innovaciones en los sectores estratégicos. Estructurar el marco de financiamiento para innovación, mediante diversas fuentes y agencias. Se puede tener en cuenta diversos instrumentos de interacción de actores (Botella y Suárez, 2012).
Eje: «Desarrollo humano, equidad y justicia social»
Indispensable que los sindicatos se convierta en la real contrapartida de las administraciones y defiendan los derechos de los trabajadores. Implica una necesaria la evaluación de las políticas públicas, que ante todo deben ser públicas y que no son solo las normas jurídicas que la amparan y legitiman. Esta evaluación debe ser ex ante y ex post.
Las propuestas de cambios para la empresa estatal estará referida a cuatro aspectos: gobernanza corporativa, inversiones y productividad, innovación y mercado y relaciones sociales. Ellas se aproximan a los ejes del Plan 2030 siguientes: gobierno eficaz, transformaciones productivas, potencial humano, ciencia, técnica e innovación y equidad y justicia social.
Gobernanza corporativa
Lo primero es reestructurar los grupos empresariales como ya se ha comprendido por las autoridades, el dilema es cómo se realizará este nuevo proceso. Este es casuístico, para nada homogéneo o igual para todos, y se debe tener presente el portafolio de competencias que dominan las organizaciones subordinadas a cada grupo, de modo de decidir si la estructura se conduce por compatibilidad tecnológica o de mercado. Las empresas deben poseer solo aquello que aporta al valor para el cliente o la sociedad, el resto de las actividades traspasarlo a entidades de cualquier tipo de propiedad. De igual forma, en este proceso debe precisarse qué organizaciones quedan subordinadas a nivel nacional y cuáles a nivel territorial, muy relacionado con el alcance de sus producciones o servicios, tipos de encadenamientos, entre otros aspectos. Uno de los objetivos a alcanzar con esta reestructuración es la reducción de los monopolios, ya que los mismos no son expresión de eficacia, ni eficiencia e innovación.
Es nuestro criterio, donde sea conveniente crear corporaciones debe analizarse qué tipo de modelo seguir, si el de grupo o de islas. En cualquiera de los dos casos las funciones de los grupos deben ser de facilitador, negociador y coordinador para generar condiciones que le permitan a las empresas crear y mantener su ventaja competitiva.
La gobernanza en sí misma se basa en la teoría de agencia, la relación contractual entre el principal —dueño— y el agente —gestor o directivo—, los intereses de ambas partes y los aspectos de riesgo, asimetría de la información y control que trae asociado (Díaz, 2016). Entonces, ¿cómo organizar las relaciones entre dueño y agente? Dueño el pueblo, la asamblea de accionistas sería la Asamblea Nacional del Poder Popular, a quien se le rinde cuentas —sobre todo de lo estratégico— por la organización centralizada a quienes se subordinan Grupos y empresas independientes.
Los consejos o juntas directivas serían las juntas de Gobiernos, pero se debe cambiar la nomenclatura y forma de elección de sus miembros. Discutirían la estrategia, las inversiones y las utilidades y sus destinos. Por último el consejo de administración o de dirección de las empresas, con total autonomía de gestión para proponer estrategias y lograr los objetivos aprobados. Deben existir contratos claros para cada agente, así como para los órganos colectivos. Los principios, formas de organización, composición de sus miembros y forma de integrarlos, así como otros aspectos deben ser parte de los estatutos específicos para cada empresa.
Inversiones y productividad
La estrategia de la empresa debe aportar a la estrategia de desarrollo del país y discutirse en las juntas de gobierno. La estrategia debe ser la brújula de la empresa y la base para la elaboración del plan, el cual solo debe tener como directivo el encargo estatal, las exportaciones y algún indicador de rendimiento. La empresa debe buscar fuentes de financiamiento nacionales o extranjeras y generar asociaciones con capital privado o estatal, nacional o extranjero, sobre la base de la legislación de empresa, de inversión extranjera y de quiebra que se establezca.
El incremento de la productividad debe estar basado en mejoras tecnológicas y de concepto de negocio, así como en la motivación de los trabajadores y en ello el salario, el estímulo y los beneficios son muy importantes.
«Si el salario es la expresión de la cantidad y calidad del trabajo aportado y tiempo real laborado, como indica el Código del Trabajo, entonces no debe ser sancionado por el cumplimiento de determinados indicadores de nivel empresarial y no específico de cada trabajador, ni limitado más que por la disponibilidad de fondos para ello» (Díaz y Echevarría, 2017, pág. 22). El estímulo a partir de las utilidades y otros beneficios deben ser decididos por las empresas.
Es indispensable crear un ambiente de competencia entre empresas estatales y entre estas y el sector no estatal, así como de cooperación y alianzas cuando sea oportuno, que no permita precios de monopolio y por tanto que la población pueda elegir en la diversidad de productos.
Innovación y mercado
El posicionamiento en el mercado interno y externo y posibles necesidades estratégicas del país, pueden ser incentivos para la innovación. Cualquier modelo de emprendimiento corporativo está relacionado con la estrategia y el mercado. Se requiere una estructura organizativa que estimule la creación de redes y alianzas con otras empresas y centros generadores de conocimiento. También se debe desarrollar una cultura del aprendizaje de modo que el conocimiento se socialice dentro de la organización y proponerse un sistema de innovación abierta que aproveche también el conocimiento externo, todo con un enfoque hacía los objetivos estratégicos u oportunidades del mercado.
Las empresas deberían replantearse sus modelos de negocios y evaluar la posibilidad de utilizar tecnología digital o un enfoque circular, lo cual reduce la necesidad de fuerza de trabajo y los residuos, respectivamente. La innovación es la base de la ventaja competitiva y la que permitiría competir en el mercado.
Relaciones sociales
Crear mecanismos de participación de los trabajadores y rendición de cuentas de los ejecutivos sobre todo en los aspectos estratégicos; es indispensable para que los trabajadores se sientan en rigor como dueños. Sobre este particular, se habla mucho, pero se especifica poco sobre las formas que se pudieran adoptar. En ocasiones la vía propuesta es asociativa o por acciones, pero sin todo el fundamento. No obstante, la autonomía si bien debe crear margen a la participación, esta «debe organizarse, sin formalidades en comités consultivo de trabajadores seleccionados de modo democrático —integrados por los de más experiencia en el sector, conocimiento técnico de especialistas retirados y en activo—» (Martín, 1998).
Reflexiones finales
El desarrollo y prosperidad del país requiere definición en el patrón de especialización que permita determinar el propósito estratégico a largo plazo y las visiones de mediano plazo, viables y específicas. Ello permitiría que la planificación fuera la expresión del desarrollo proporcional, que las políticas macro y messo se enfocaran hacia los sectores de negocio que son en realidad estratégicos, la justicia social y el mercado tuviera el espacio para la actuación de las empresas de cualquier tipo de propiedad. Un sistema de dirección económica y social en el cual la empresa sea el centro y se conjuguen todas las funciones de dirección es condición necesaria para el logro de cualquier cambio en el sistema empresarial.
Las condiciones institucionales con un enfoque de negocio y equidad, deben permitir que las empresas estatales, junto a todo tipo de entidad de cualquier forma de propiedad, puedan desempeñarse con autonomía.
Las empresas reestructuradas siguiendo principios de negocio y no administrativos, deben gestionarse mediante la definición precisa de las reglas de juego para el gobierno corporativo, dónde se legitime al pueblo como dueño.
La gestión autónoma de la empresa estatal por la eficiencia, eficacia y satisfacción de las necesidades del mercado, deben se incentivos para el incremento de la productividad y la innovación, unido a la motivación y participación de los trabajadores en las decisiones.
Las cuatro dimensiones estudiadas para las empresas estatales interactúan y se refuerzan mutuamente. El gobierno corporativo crea las bases de la dirección empresarial e impacta en las restantes dimensiones. La innovación debe incrementar la productividad y las condiciones de vida de los trabajadores. Por su parte la cohesión social apoya el gobierno e impulsa la productividad y la innovación. La productividad implica sostenibilidad, recursos para inversiones e innovación.
Tabla 1. Contenidos esenciales y comentarios acerca de la Resolución 138/2017.
Bibliografía
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Citas
1 Durante el proceso de edición de este libro, fue aprobada una nueva Ley Electoral (la no 127) que, en este aspecto, conserva la misma formulación que la de 1992 (Nota de la Edición)
2 Segunda Jefa del área de Perfeccionamiento a entidades de la Comisión de Implementación y Desarrollo.
3 Salvo que se indique lo contrario la información se extrae de Anuario Estadístico 2017. Cuentas Nacionales y Organización Institucional. Principales Entidades, octubre-diciembre 2018. Aunque respecto a la cantidad de OSDE, en la entrevista de Cubadebate a Yovana Vega Matos, plantea, 83.
4 La agricultura como actividad económica representa el 4 % del PIB, 17 % del empleo. Si se agrega el empleo de las unidades presupuestadas, aproximadamente el 25% del total de empresas del Minag no clasifican la actividad económica de agricultura, ganadería y silvicultura.
5 Al entender por sectores, los llamados sectores de negocio, de competencia e industrial, según Porter, que agrupa a los negocios que satisfacen una misma necesidad y aunque puedan pertenecer a diferentes sectores según el clasificador de actividades económicas.
* ILEANA DÍAZ HERNANDEZ
Investigadora titular del Centro de Estudios de la Economía Cubana. Doctora en Ciencias Económicas. Profesora del Instituto superior de Dirección de la Economía y del Centro de Estudios de Técnicas de Dirección de la Universidad de La Habana. Recibió una beca de investigación en la Universidad de Columbia, los Estados Unidos. Las áreas de experiencia están relacionadas con los temas empresariales e innovación.
Posee diversas publicaciones sobre las empresas estatales cubanas, la innovación empresarial y el em- prendimiento, en revistas indexadas. Coautora de tres libros premiados por la Academia de Ciencias de Cuba. Miembro del Tribunal de Grado Científico en el Doctorado en Ciencias Económicas en la especialidad de Economía Aplicada, desde 2006 hasta la actualidad. Vicepresidenta del Consejo Científico de la Universidad de La Habana desde 2007.
Continuará
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