Libro " La Gran Brecha" Nobel de Economía Joseph Stiglitz. Parte XI

Por Joseph Stiglizt

FALACIAS DE LA LÓGICA DE ROMNEY^[23*]

El áspero ataque de Mitt Romney contra el 47 por ciento de estadounidenses que supuestamente no pagan impuestos y dependen del Estado ha desencadenado con toda razón una tormenta. Insinúa que cantidades ingentes de personas —los partidarios de Barack Obama— son unos aprovechados.

La ironía del asunto reside en que son las personas como Romney quienes están gorroneando: los impuestos que él paga (como porcentaje de sus ingresos declarados) son muy inferiores a los que pagan personas con ingresos muy inferiores. Y a diferencia de lo que a alguna de esa gente le gustaría creer, nadie triunfa exclusivamente por sus propios medios. Aun cuando no hayan heredado la riqueza que poseen, el éxito en los negocios exige el imperio de la ley, una mano de obra cualificada e infraestructuras públicas, todo lo cual lo proporciona el Estado.

Hasta «innovadores» como Google han alcanzado sus logros apoyándose en el trabajo de otros. Antes de que Google pudiera crear el motor de búsqueda más popular de Internet, alguien tuvo que crear Internet, y fue el sector público quien lo hizo.

DISIPANDO MITOS

Pero las falacias de la lógica de Romney tienen repercusiones más profundas.

En primer lugar, entre nóminas, ventas, tasas e impuestos sobre la propiedad, incluso quienes no pagan el impuesto sobre la renta pagan otros muchos impuestos. Gran parte de quienes reciben «prestaciones» las han pagado a través de sus contribuciones a la Seguridad Social y a Medicare. No son unos aprovechados. El sector público ha desempeñado una mejor labor a la hora de ofrecer estas prestaciones que el sector privado: este dejó a la mayoría de las personas de la tercera edad desprovistas de apoyo, el mercado de anualidades prácticamente no existía, y los ancianos no podían obtener cobertura médica.

Incluso hoy, el sector privado no ofrece la clase de seguridad que ofrece la Seguridad Social, incluida la protección contra la volatilidad del mercado y la inflación. Y los costes de las transacciones de la Administración de la Seguridad Social son notablemente inferiores a las del sector privado, cosa que no es de extrañar, dado que su objetivo es maximizar dichos costes. Los costes de transacción son sus beneficios.

En segundo lugar, gran parte de los que reciben prestaciones son nuestros jóvenes: proporcionarles educación y sanidad (aun cuando ellos o sus padres no paguen impuestos) es invertir en nuestro futuro. Estados Unidos es el país con menos igualdad de oportunidades de cualquiera de los países avanzados sobre los que existen datos. Las perspectivas de futuro de un niño estadounidense dependen más de los ingresos y el nivel educativo de sus padres que en esos otros países. Pese a que el sueño americano se haya convertido en un mito, no tiene por qué ser así. Los niños no deberían depender de la riqueza de sus padres para recibir la enseñanza o la atención sanitaria que necesitan para cumplir con sus expectativas.

En tercer lugar, un sistema de protección social eficiente constituye una parte importante de cualquier sociedad moderna, y es necesario para que los individuos puedan correr riesgos. Una vez más, el mercado no proporciona una cobertura adecuada, por ejemplo, para el desempleo o la discapacidad. Por eso tiene que intervenir el Estado. Los que obtienen esas prestaciones suelen pagarlas directa o indirectamente mediante contribuciones realizadas por ellos (en su nombre o en el de su empresa) a esos fondos de seguros. Es más, ofrecer protección social contra esos riesgos también podría allanar el camino a una sociedad más productiva. Los individuos pueden asumir más actividades de alto rendimiento y de alto riesgo si saben que hay una red de seguridad que les protege si las cosas no salen bien. Es una de las razones por las que algunas economías con mejor protección social han estado creciendo mucho más rápidamente que Estados Unidos, incluso durante la reciente recesión.

FRACASO ESTATAL

En cuarto lugar, muchos de los que viven en situación de precariedad —que se han vuelto tan dependientes del Estado— lo hacen en parte porque el Estado les ha fallado de un modo u otro. No les ha proporcionado las capacitaciones que los hicieran productivos para que pudieran ganarse la vida adecuadamente. No ha impedido que los bancos se aprovecharan de ellos mediante préstamos depredadores y prácticas abusivas con las tarjetas de crédito, ni que las universidades privadas se aprovecharan de sus aspiraciones a ascender en la escala social a través de la enseñanza.

En última instancia somos una comunidad, y todas las comunidades ayudan a sus miembros menos afortunados. Si nuestro sistema económico genera tanta gente sin empleo y que depende del Estado para alimentarse, el Estado tiene que intervenir. Nuestro sistema económico no ha funcionado como debía: no ha creado empleos para todos los que quieren trabajar. La mayoría de los empleos que se han creado no ofrecen un salario del que se pueda vivir.

Es cierto que nuestra sociedad está dividida. Ahora bien, no se divide, como insinúa Romney, entre los que viven de gorra y los demás, a despecho de que algunos de los que pagan impuestos no paguen la parte que les corresponde, y se aprovechen de quienes sí lo hacen: está dividida entre quienes consideran a Estados Unidos como una comunidad y reconocen que la única forma de disfrutar de una prosperidad prolongada es a través de la prosperidad compartida, y aquellos que no.

QUINTA PARTE

CONSECUENCIAS DE LA DESIGUALDAD

La tesis central de mi libro  El precio de la desigualdad  es que la desigualdad debilita la economía, socava la democracia y divide a la sociedad. La serie de artículos The Great Divide, publicada en The New York Times, se explayó sobre varios aspectos. Los artículos reimpresos aquí apenas pueden abordar la superficie de algunos de esos temas. Algunos de los artículos incluidos en el preludio (y la presentación de esa sección) tratan sobre la forma en que la desigualdad mina el rendimiento económico, reduce la demanda y aumenta la inestabilidad. En un ensayo de la última parte («La desigualdad está retrasando la recuperación») expongo cómo la creciente desigualdad de nuestro país explicaba en parte la recuperación extraordinariamente lenta que ha seguido a la crisis de 2008, crisis que la propia desigualdad contribuyó a crear.

Antes he descrito el elevado nivel de desigualdad de oportunidades que hay en Estados Unidos. Un amplio sector de estadounidenses —los que no han tenido la suerte de tener unos padres acaudalados— tiene escasas posibilidades de convertir en realidad sus expectativas. Por supuesto, eso es un desastre para esos individuos, pero también es malo para la economía. No estamos sacando partido plenamente de nuestro recurso más importante: nuestra gente.

Puesto que un Gobierno del 1 por ciento, para el 1 por ciento y por el 1 por ciento trabaja para enriquecer al 1 por ciento, a través del «bienestar empresarial» y los beneficios fiscales, hay menos recursos disponibles para invertir en infraestructuras, enseñanza y tecnología, inversiones que hacen falta para que la economía siga boyante y creciendo.

Ahora bien, el verdadero precio de la desigualdad lo pagan nuestra democracia y nuestra sociedad. Como he explicado en ensayos anteriores («Igualdad de oportunidades, nuestro mito nacional» y «Justicia para algunos»), los valores fundamentales representados por el país —la igualdad de oportunidades, el acceso igualitario a la justicia, la sensación de que el sistema es justo— se han visto deteriorados. Los lazos de sacrificios compartidos que mantienen unido a un país en tiempo de guerra se ven socavados cuando los ricos obtienen una rebaja fiscal a la vez que tenemos unas fuerzas armadas «voluntarias» compuestas desproporcionadamente por individuos pobres cuyas perspectivas de empleo alternativas parecen desalentadoras; y luego, cuando en lugar de recompensarlos, como hicimos con quienes sirvieron en las fuerzas armadas durante la Segunda Guerra Mundial con la Ley de Derechos de los Soldados, los obligamos a regresar una y otra vez al campo de batalla, hasta el extremo de que casi la mitad de quienes regresaron estaban afectados por una o más discapacidades. Para empeorar las cosas todavía más, posteriormente infradotamos (o, para ser precisos, lo hizo la administración de Bush) los hospitales de veteranos a los que acuden.^[41]

A medida que va disminuyendo la sensación de juego limpio, nuestra sociedad comienza a desmoronarse de muchas formas. Como he indicado en «Un sistema fiscal en contra del 99 por ciento», un sistema impositivo como el nuestro, basado en gran medida en la conformidad voluntaria, sólo puede funcionar si se cree que el sistema es justo, pero ahora resulta evidente para todos que el nuestro no lo es, y que quienes están en la cima de la pirámide social reciben un trato mucho mejor que los que están en el sector intermedio. Así también, como señalamos antes, nuestra democracia se basaba en el sencillo principio de «una persona, un voto», pero lo que ha sucedido significa que se lo puede describir mejor como un sistema de «un dólar, un voto».

Los dos artículos reimpresos aquí abordan dos de las consecuencias de la desigualdad a las que no se ha prestado atención suficiente. El primero se centra en lo que está pasando en nuestros barrios marginales, donde viven tantos de los pobres del país. La bancarrota de Detroit es emblemática. Al igual que tantas familias estadounidenses, se vio perjudicada por seguir los consejos de un sector financiero abusivo, que compró arriesgados derivados financieros, que Warren Buffett definió como armas financieras de destrucción masiva. Y en el caso de Detroit estallaron. Al igual que en tantos otros casos, cuando surgieron problemas, el sector financiero exigió ser resarcido primero, poniendo el bienestar de los ciudadanos de a pie, incluidos los trabajadores con contratos que les prometían prestaciones de jubilación, en segundo plano.

El otro artículo de esta sección, «En nadie confiamos», trata sobre una víctima ulterior de la creciente desigualdad de Estados Unidos: la pérdida de confianza, sin la que ninguna sociedad puede funcionar. Aunque los economistas no suelen utilizar palabras como «confianza», sin ella nuestra economía sencillamente no puede funcionar. Explico por qué esto es así, cómo la desigualdad ha deteriorado algo tan precioso, y cómo, una vez deteriorada, puede resultar difícil restablecerla.

LA LECCIÓN EQUIVOCADA DE LA BANCARROTA DE DETROIT^[24*]

Cuando yo era niño, en Gary, Indiana, casi una cuarta parte de los trabajadores estadounidenses estaban empleados en la industria. En aquella época había muchos empleos que pagaban lo suficiente para que un solo padre de familia, con un solo trabajo, pudiera hacer realidad el sueño americano para una familia de cuatro miembros. Podía ganarse la vida con el sudor de su frente, enviar a sus hijos a la universidad e incluso verlos convertirse en profesionales liberales.

Ciudades como Detroit y Gary prosperaron gracias a esa industria, no sólo por la riqueza que generaba, sino también estableciendo comunidades fuertes, bases tributarias prósperas y buenas infraestructuras. A partir de la sólida base de las excelentes escuelas públicas de Gary, influenciadas por las ideas del reformador progresista John Dewey, asistí al Amherst College y luego al MIT para estudiar el posgrado.

En la actualidad, menos del 8 por ciento de los trabajadores estadounidenses están empleados en la industria, y muchas de las ciudades del Cinturón Oxidado son fantasmagóricas. Las perturbadoras realidades de Detroit son ahora poco menos que un cliché: esta primavera el 40 por ciento de las farolas no funcionaba, decenas de miles de edificios están abandonados, las escuelas han cerrado y sólo durante la última década la población se ha reducido en un 25 por ciento. El índice de delitos violentos del año pasado fue el más elevado de cualquier gran ciudad. En 1950, cuando la población de Detroit era de 1,85 millones de personas, en la ciudad había 296 000 empleos industriales; en 2011, con una población de poco más de 700 000 personas, había menos de 27 000.

Son tantos los elementos que encierra el dramático acontecimiento que supuso la caída de Detroit —la mayor bancarrota municipal en la historia de Estados Unidos— que vale la pena hacer una pausa para ver lo que indica sobre nuestra cambiante economía y lo que augura de cara a nuestro futuro.

A estas alturas, los fracasos políticos nacionales y locales son de dominio público: poca inversión en infraestructuras y servicios públicos, aislamiento geográfico que ha marginado a las comunidades pobres y afroamericanas del Cinturón Oxidado, miseria intergeneracional que ha obstaculizado la igualdad de oportunidades y favorecimiento de los intereses de los ricos (por ejemplo, los de los ejecutivos de las grandes empresas y de las empresas de servicios financieros) en detrimento de los de los trabajadores.

De una parte, uno podría encogerse de hombros: todos los días mueren empresas y nacen otras nuevas. Eso forma parte de la dinámica del capitalismo. Y lo mismo vale para las ciudades. Puede que Detroit y ciudades como ella simplemente estén mal ubicadas para proporcionar los bienes y servicios que exigen los Estados Unidos del siglo XXI.

Ahora bien, ese diagnóstico sería erróneo, y es muy importante darse cuenta de que la muerte de Detroit no ha sido una simple consecuencia inevitable del mercado.

Para empezar, se trata de una descripción incompleta. Los problemas más graves de Detroit se ciñen a los límites de la ciudad. En otras partes del área metropolitana existe una abundante actividad económica. En suburbios como Bloomfield Hills, Michigan, los ingresos medios por hogar superan los 125 000 dólares. Ann Arbor, sede de la Universidad de Michigan, uno de los centros de investigación y producción de conocimientos más destacados del mundo, está a cuarenta y cinco minutos de Detroit en coche.

Las tribulaciones de Detroit surgen en parte de uno de los aspectos distintivos de la economía y la sociedad divididas de Estados Unidos. Como han señalado los sociólogos Sean F. Reardon y Kendra Bischoff, nuestro país se está volviendo muchísimo más segregado económicamente, lo cual puede ser más pernicioso aún que la segregación racial. Detroit es el ejemplo por excelencia del aislamiento de las élites acaudaladas (y en su mayor parte, blancas) en enclaves residenciales. Existe una lógica tras el cierre de escotillas: de ese modo los ricos se aseguran de no tener que sufragar ninguna parte de los bienes y servicios públicos locales de sus vecinos menos afortunados, y de que sus hijos no tengan que mezclarse con los vástagos de los estratos socioeconómicos inferiores.

La tendencia a la desigualdad autoperpetuada resulta especialmente visible en la enseñanza, una escala hacia la movilidad social ascendente cada vez más estrecha. Las escuelas de los distritos más pobres empeoran, los padres con medios se mudan a distritos más pudientes, y la división entre los que tienen y los que no tienen —no sólo en esta generación, sino también en la siguiente— se hacen todavía mayores.

La segregación residencial en función de criterios económicos también intensifica la desigualdad entre los adultos. De algún modo, los pobres tienen que arreglárselas para trasladarse desde sus barrios a empleos a tiempo parcial, mal remunerados y cada vez más escasos, en lugares de trabajo lejanos. Cuando se combina esta dispersión urbana con unos sistemas de transporte público inadecuados, el resultado es el paradigma de la transformación de las comunidades de clase trabajadora en guetos despoblados.

Sumados a los problemas que surgirían inevitablemente de unas aglomeraciones urbanas tan mal diseñadas, está el hecho de que el área metropolitana de Detroit está dividida en jurisdicciones políticas separadas. Así, los pobres no sólo están aislados geográficamente, sino aislados en guetos políticos también. El resultado son unas zonas marginales separadas y más pobres con escasez de recursos, y cuya situación se ha agravado aún más porque los centros industriales que proporcionaban el núcleo de las bases tributarias han cerrado.

La decisión de solicitar la protección por bancarrota municipal del capítulo 9^[25*] la tomó Kevyn D. Orr, el administrador de urgencia no electo designado por el gobernador republicano Rick Snyder para gestionar la economía de la ciudad. El alcalde titular, el demócrata Dave Bing, ha decidido no presentarse a la reelección, cosa que a nadie le extrañará, ya que tanto él como otros responsables locales han quedado marginados mientras el futuro de la ciudad —y las deudas acumuladas que se deben a sus acreedores— se decide en los tribunales.

Historiadores como Thomas J. Sugrue han demostrado que la desintegración de Detroit es anterior a los conflictos sobre programas de bienestar social y relaciones raciales (incluidos los disturbios de 1967), y se remonta a las décadas de la posguerra, a la época en que se plantaron las semillas de la desindustrialización, la discriminación racial y el aislamiento geográfico. Hemos cosechado lo que sembramos.

Cuando se carece de unidad política regional, no hay ninguna estructura de conjunto que pueda mejorar las infraestructuras y los servicios públicos entre los barrios marginales y los suburbios adinerados. De modo que los pobres recurren a los medios de los que disponen, lo que resulta insuficiente. Inevitablemente, los coches se averían y los autobuses llegan tarde, lo que hace que parezca que los trabajadores son «poco fidedignos». Ahora bien, lo que en realidad es poco fidedigno es el perverso diseño de la ciudad. No es de extrañar que Estados Unidos se esté convirtiendo en el país industrial avanzado con menos igualdad de oportunidades.

Las mismas prioridades tendenciosas que han eviscerado a Detroit a nivel local se reproducen en el vacío existente a escala política nacional. En todos los países, en todas las sociedades, hay regiones e industrias en auge y otras que están en decadencia. Durante algún tiempo, Silicon Valley fue la estrella en alza de Estados Unidos, del mismo modo que hace cien años lo fueron los estados de la franja superior del Medio Oeste. A raíz del cambio tecnológico y la globalización, sin embargo, la ventaja relativa del Medio Oeste como centro industrial global ha decaído por razones demasiado bien conocidas como para que las enumeremos aquí. No obstante, a menudo los mercados no cumplen demasiado bien con las tareas de rejuvenecimiento.

En lugar de lidiar resueltamente con este cambiante panorama económico, el Estado pasó décadas corriendo un tupido velo sobre unas deficiencias cada vez mayores y permitiendo que el sector financiero se desbocara y creara un «crecimiento» basado en burbujas. No dejamos que el mercado simplemente siguiera su curso. Optamos activamente por los beneficios a corto plazo y la ineficiencia a gran escala.

Puede que haya algo inevitable en los cambios estructurales que han hecho que la industria estadounidense se haya vuelto menos central para nuestra economía, pero el derroche, el dolor y la desesperación humana generados en las ciudades que acompañaron a ese cambio no tienen nada de inevitable. Existen alternativas políticas que pueden suavizar esa transición de formas que conserven la riqueza y fomenten la igualdad. Pittsburgh, que está a sólo cuatro horas de Detroit, también tuvo que lidiar con el éxodo de la población blanca. No obstante, cambió su dependencia económica del acero y el carbón con mayor rapidez a un modelo de desarrollo que pone el acento en la enseñanza, la atención sanitaria y los servicios jurídicos y financieros. Manchester, el centro de la industria textil británica durante más de un siglo, se transformó en un centro de enseñanza, cultura y música. Estados Unidos tiene un programa de renovación urbana, pero apunta más a la restauración de los edificios y la gentrificación que al mantenimiento y restablecimiento de las comunidades, y aun en esto languidece. A los trabajadores estadounidenses se les vendieron políticas de comercio «libre» con la promesa de que quienes triunfaran podrían compensar a los perdedores. Todavía están esperando.

Por supuesto, la Gran Recesión y las políticas que la crearon, al igual que tantas otras, han agravado mucho esta situación. Los bancos hipotecarios avanzaron sobre grandes áreas de algunas de nuestras ciudades y descubrieron en ellas buenos objetivos para sus préstamos depredadores y discriminatorios. En cuanto estalló la burbuja, esas ciudades fueron abandonadas por todos menos por los cobradores de deudas y los ejecutores hipotecarios. En lugar de salvar nuestras comunidades, nuestros políticos se centraron más en salvar a los banqueros, a sus accionistas y a sus poseedores de bonos.

Puede que la situación sea desalentadora, pero no todo está perdido para Detroit y otras ciudades que se enfrentan a problemas semejantes. La cuestión a la que ahora se enfrenta Detroit es cómo gestionar la bancarrota.

No obstante, también en este caso deberíamos recelar de la influencia de la «sabiduría» de los intereses de los sectores adinerados. En años recientes, nuestros «magos» financieros de los bancos privados —cuya habilidad fundamental se supone que es la gestión de riesgos— vendieron a Detroit algunos productos financieros tóxicos (derivados) que han agravado sus apuros económicos en cientos de millones de dólares.

En el caso de una bancarrota convencional, los derivados habrían recibido prioridad como acreedores antes que los trabajadores municipales actuales y los jubilados. Por suerte, las normas que rigen el capítulo 9 del Código de Bancarrota ponen mayor énfasis en el bienestar público. Cuando una empresa pública cae en la bancarrota, siempre existe cierta ambigüedad en lo relativo a los activos y a sus responsabilidades. Sus obligaciones incluyen un «contrato social» tácito que abarca también servicios sociales para sus pensionistas. Su capacidad de aumentar sus ingresos está limitada: unos impuestos más elevados pueden precipitar la espiral que conduce a la muerte y expulsar a más negocios y propietarios de viviendas.

Los bancos, cosa nada sorprendente, querrían que las prioridades fueran otras. Con casi trescientos millones de dólares en derivados pendientes en juego, es posible que se confabulen para ser los primeros en recibir compensaciones. Las disposiciones del capítulo 9 del Código de Bancarrota ofrecen la posibilidad de poner a los bancos donde tendrían que estar: en el último puesto de la fila. Bastante malo fue ya que estos opacos instrumentos financieros se emplearan para confundir y engañar a los inversores. Recompensar la conducta de los bancos equivaldría a echar sal sobre esas heridas. La prioridad en los procedimientos por bancarrota tiene que ser no sólo sacar a Detroit de los números rojos, sino el restablecimiento de su vitalidad como ciudad. El principio fundamental del capítulo 11 de nuestro Código de Bancarrota (centrado en las grandes empresas) es que la bancarrota ha de suponer un borrón y cuenta nueva: que así sea es decisivo para el mantenimiento del empleo y de la economía. Ahora bien, cuando son las ciudades las que entran en bancarrota, es todavía más importante conservar nuestras comunidades.

Los bancos y los poseedores de bonos dirán que el pago de pensiones para los trabajadores urbanos es una carga excesiva, y que debería limitarse o cancelarse para reducir las pérdidas de los bancos. Ahora bien, la elevada prioridad que suele otorgarse a los trabajadores durante las bancarrotas municipales está plenamente justificada. Al fin y al cabo, han cumplido sus servicios dando por hecho que iban a ser remunerados, y las pensiones no son otra cosa que «compensaciones diferidas». A diferencia de los inversores, los trabajadores no se dedican al complejo negocio de la evaluación de riesgos. Y también, a diferencia de los inversores, no pueden diversificar sus carteras para gestionar los riesgos. Por lo tanto, debería ser inadmisible decirles a los trabajadores: «Lo sentimos, no os vamos a pagar por el trabajo que ya habéis realizado». Y más teniendo en cuenta que sus pensiones, a diferencia de las de los directivos de las grandes empresas, están lejos de ser generosas. La mayoría de los empleados municipales jubilados que cobran pensiones reciben unos 1600 dólares mensuales.

Eso significa que gran parte de la carga de la bancarrota tendría que recaer sobre aquellos que prestaron dinero a Detroit, y sobre aquellos que aseguraron a los prestamistas. Así es como debería ser. Ellos obtuvieron un rendimiento que refleja su evaluación subjetiva del riesgo que afrontaban. Por supuesto, les gustaría obtener un rendimiento elevado y eludir de algún modo el riesgo. Pero los mercados no funcionan así, ni deberían hacerlo.

Asegurarse de que la bancarrota prosiga de un modo que sea bueno para Detroit exigirá vigilancia, y no supone más que el primer paso hacia la recuperación. A más largo plazo, tendremos que cambiar nuestra forma de administrar las áreas urbanas. Tenemos que ofrecer mejores transportes públicos, un sistema de enseñanza que fomente un mínimo de igualdad de oportunidades y un sistema de «gobernanza» metropolitano que trabaje no sólo para el 1 por ciento, y ni siquiera para el 20 por ciento dotado de mayores ingresos, sino para todos los ciudadanos.

Y a nivel nacional necesitamos políticas —inversión en la enseñanza, formación e infraestructuras— que suavicen la transición de Estados Unidos hacia el alejamiento de la dependencia de la industria en materia de empleo. De lo contrario, las bancarrotas pos-Gran Recesión —como las de Jefferson County (Alabama), Vallejo (California), Central Falls (Rhode Island) y ahora Detroit— se convertirán en algo más común de la cuenta.

La bancarrota de Detroit es un aviso de lo dividida que ha llegado a estar nuestra sociedad y de lo mucho que habrá que hacer para cerrar las heridas. Y también es una importante advertencia para quienes viven en las ciudades en auge de hoy: podría pasaros a vosotros.

EN NADIE CONFIAMOS^[26*]

En el Estados Unidos de hoy se nos induce a veces a sentir que preocuparse por la confianza es de ingenuos. Las canciones populares aconsejan en contra, los programas de televisión nos narran historias que nos muestran su futilidad e incesantes informes sobre escándalos financieros nos recuerdan que seríamos unos necios si confiáramos en nuestros banqueros.

Puede que esto último sea cierto, pero eso no significa que debamos dejar de esforzarnos para que en nuestra sociedad y nuestra economía haya un poco más de confianza. La confianza es lo que hace posibles los contratos, los planes y las transacciones cotidianas; posibilita el proceso democrático, desde el voto hasta la formulación de leyes, y es necesaria para la estabilidad social. Es fundamental para nuestras vidas. Es la confianza, más que el dinero, la que rige el mundo.

No medimos la confianza en nuestra contabilidad de los ingresos nacionales, pero las inversiones en confianza no son menos importantes que las inversiones en capital humano o maquinaria.

Por desgracia, sin embargo, la confianza se está convirtiendo en una víctima más de la asombrosa desigualdad de nuestro país: a medida que se ahonda el abismo entre los estadounidenses, los vínculos que mantienen unida nuestra sociedad se debilitan. Igualmente, a medida que cada vez más gente pierde fe en un sistema que parece estar inexorablemente en su contra y el 1 por ciento asciende a cumbres aún más elevadas, este elemento fundamental de nuestras instituciones y nuestra forma de vida se deteriora.

La infravaloración de la confianza tiene sus raíces en nuestras tradiciones económicas más populares. Adam Smith sostuvo enérgicamente que haríamos mejor en confiar en la defensa de nuestros propios intereses que en las buenas intenciones de quienes abogan por el interés general. Si todo el mundo cuidase exclusivamente de sí mismo, alcanzaríamos un equilibrio que no sólo sería cómodo sino también productivo, y en el que la economía sería plenamente eficiente. Esta idea resulta atractiva para aquellos a los que la moral no les dice nada: el egoísmo como colmo de la abnegación. (En otra de sus obras, La teoría de los sentimientos morales, Smith adoptó un punto de vista mucho más equilibrado, pese a que la mayoría de sus seguidores contemporáneos no hayan seguido su ejemplo).

No obstante, los acontecimientos —y la investigación económica— de los últimos treinta años han demostrado que no sólo no podemos guiarnos por el interés propio, sino también que ninguna economía —ni siquiera una economía moderna y basada en el mercado como la estadounidense— puede funcionar sin un mínimo de confianza, y que el egoísmo absoluto erosiona inevitablemente la confianza.

No hay más que ver el caso de la banca, el sector que engendró la crisis que tan cara nos ha costado.

Ese sector particular se había basado durante largo tiempo en la confianza. Uno deposita su dinero en un banco, con la confianza de que cuando quiera sacarlo en el futuro estará ahí. Eso no quiere decir que los banqueros nunca tratasen de engañar a alguno de sus clientes. No obstante, la inmensa mayoría de sus negocios se llevaba a cabo sobre los supuestos de la obligación mutua, unos niveles suficientes de transparencia y el sentido de la responsabilidad. En el mejor de los casos, los bancos eran sólidas instituciones comunitarias que hacían préstamos razonables a pequeños negocios prometedores y futuros propietarios de viviendas.

Durante los años inmediatamente anteriores a la crisis, sin embargo, nuestros banqueros tradicionales cambiaron drásticamente, y diversificaron agresivamente sus actividades hacia otros ámbitos, incluidos los tradicionalmente asociados a la banca de inversiones. La confianza se echó por la borda. Los prestamistas comerciales vendieron hipotecas a familias que no se las podían permitir ofreciéndoles falsas garantías. Podían consolarse con la idea de que, por mucho que explotasen a sus clientes y por muchos riesgos que corrieran, nuevos productos «de seguros» —los derivados y otras artimañas— protegerían a sus bancos de las consecuencias. Si alguno de ellos pensaba en las implicaciones sociales de sus actividades —se tratara de los préstamos predatorios, de las prácticas abusivas con tarjetas de crédito o de la manipulación de los mercados— podían consolarse pensando que, según la máxima de Adam Smith, el abultamiento cada vez mayor de sus cuentas bancarias suponía un forzoso fomento del bienestar social.

Por supuesto, ahora sabemos que todo eso era un espejismo. Las cosas no les fueron bien a nuestra economía ni a nuestra sociedad. Mientras millones de personas perdían sus hogares durante y después de la crisis, la riqueza media se redujo en casi un 40 por ciento en tres años. De no haber sido por los megarrescates Bush-Obama, a los bancos también les habría ido mal.

La avalancha de destrucción de la confianza fue imparable. Uno de los motivos de que el estallido de la burbuja en 2007 condujera a una crisis tan enorme fue que ningún banco podía fiarse de los demás. Cada banco era consciente de los chanchullos en los que andaba metido —la eliminación de los pasivos de sus balances, los préstamos depredadores y temerarios—, y por tanto sabía que no podía fiarse de ningún otro. Los préstamos interbancarios quedaron congelados y el sistema financiero llegó a estar al borde del colapso, del que se salvó sólo gracias a la resuelta acción de la sociedad, de cuya confianza se había abusado más que de la de nadie.

Se conocían episodios anteriores en los que el sector financiero había dado indicios de lo débil que era. El más notable fue el crac de 1929, que suscitó nuevas leyes para poner coto a los peores abusos, desde el fraude a la manipulación de los mercados. Confiamos en que los reguladores aplicasen la ley y confiamos en que los bancos la obedecieran: el Estado no podía estar en todas partes, pero al menos se podía mantener a raya a los bancos por el temor a las consecuencias de su mala conducta.

Décadas después, sin embargo, los banqueros utilizaron su influencia política para aniquilar las normas y colocar en puestos de responsabilidad a reguladores que no creían en ellas. Los funcionarios y los académicos aseguraron a los legisladores y a la sociedad que los bancos eran capaces de autorregularse.

No obstante, todo resultó ser un fraude. Habíamos creado un sistema que alentaba la falta de visión de futuro y la asunción de riesgos excesivos. De hecho, habíamos entrado en una época en la que se trataban con displicencia los valores morales y la confianza misma se desestimaba. La industria bancaria es sólo un ejemplo del amplio plan soterrado de algunos políticos y teóricos de la derecha para socavar el papel de la confianza en nuestra economía. Este movimiento promueve políticas basadas en el punto de vista de que no se debe depender de la confianza como motivación de ninguna clase de comportamiento en contexto alguno. Según este plan, lo único que importa son los incentivos.

Así, para inducir a trabajar duro a los directivos hay que ofrecerles opciones de compra de acciones. A mí esto me desconcierta: si una compañía le paga a alguien diez millones de dólares por dirigir una empresa, esa persona debería darlo todo para garantizar su éxito. No debería de hacerlo solo porque se le prometan grandes tajadas de cualquier aumento en el valor en bolsa de la empresa, incluso si el aumento no es más que el fruto de una burbuja creada por los bajos tipos de interés de la Reserva Federal.

Igualmente, a los profesores hay que ofrecerles incentivos salariales para inducirlos a esforzarse. Sin embargo, los maestros ya trabajan duro por salarios reducidos porque están comprometidos con mejorar las vidas de sus alumnos. ¿De verdad cree alguien que pagarles cincuenta dólares más, o incluso quinientos, como incentivo salarial, los inducirá a trabajar más? Lo que tendríamos que hacer es aumentar de forma general los salarios de los profesores porque reconocemos el valor de su contribución y confiamos en su profesionalidad. Según los partidarios de una cultura basada en los incentivos, sin embargo, eso equivaldría a dar algo a cambio de nada.

En la práctica, la estrecha fijación de miras de la derecha con los incentivos ha demostrado ser incompatible con el pensamiento a largo plazo y tan rebosante de ocasiones para la codicia que forzosamente tenía que fomentar la desconfianza, tanto en el seno de la sociedad como dentro de las empresas. Los directores de bancos y los ejecutivos de las empresas buscan dispositivos de contabilidad creativa para que sus empresas pinten bien a corto plazo, aun cuando sus perspectivas a largo plazo se encuentren en entredicho.

Por supuesto, los incentivos son un aspecto importante del comportamiento humano. Sin embargo, el movimiento a favor de los incentivos los ha convertido en una especie de religión, ciega ante todos los demás factores —vínculos sociales, impulsos morales, compasión— que influyen en nuestra conducta.

No se trata sólo de que sea una imagen fría de la naturaleza humana. También es poco plausible. Es sencillamente imposible remunerar la confianza cada vez que hace falta. Sin confianza, la vida sería absurdamente prohibitiva, la información de calidad sería prácticamente imposible de obtener, el fraude estaría aún más difundido de lo que está y los costes de las transacciones y los litigios se dispararían. Nuestra sociedad estaría tan congelada como lo estuvieron los bancos cuando su época de desvergüenza tocó a su fin y estalló la crisis en 2007.

Continuará