Publicado: Sábado 26 diciembre 2020 | 10:24:00 pm.
Muy disgustados para cerrar el 2020 escriben los campesinos Martha Lores Ortiz y Conrado Cobas Matos, quienes denuncian que la Cooperativa de Crédito y Servicios (CCS) José Martí, del municipio guantanamero de Imías, a la cual están asociados, les debe a ellos y a otros productores más de 170 000 pesos. Y todo sigue igual.
Precisan que en la asamblea de afiliados de la CCS se tomaron dos acuerdos relacionados con una auditoría fiscal y un proceso judicial a la junta directiva saliente, que tiene una deuda de más de 400 000 pesos. Eso fue hace más de dos meses y nada se ha cumplido. Y la tasa de interés a los créditos bancarios otorgados a los productores sigue aumentando.
Refieren que ellos sí cumplieron con lo pactado en el contrato con la CCS, y esta lo infringe impunemente. Y lo más preocupante, señalan, es que ante sus notificaciones con la Delegación de la Agricultura, la ANAP, el Gobierno y el Partido Municipal, entre otros, responden que «ellos no pueden meterse en eso».
Cuentan que, ya obstinados por el incumplimiento, decidieron contratar a un abogado, y les fue imposible, pues, si bien de acuerdo con el contrato que firmaron con la CCS, supuestamente podrían demandar a la entidad, el Decreto Ley 635, acuerdo 3, refiere que el campesino no puede demandar a la propia fuerza productiva de la cual es asociado.
«¿Qué debemos hacer, a quién recurrir cuando no nos sentimos respaldados por nadie?», señalan. Y este redactor, ante este y otros casos similares revelados en esta sección, acerca de incumplimientos internos de pagos de cooperativas a sus asociados, pregunta hasta dónde la necesaria autonomía de esa forma productiva no estatal puede ser manejada a sus anchas e impunemente por las juntas directivas, en detrimento del campesino.
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