Dr. Jose Luis Rodriguez
29/04/2014
Desde finales de 1993 y durante los primeros meses de 1994, Cuba enfrentó los momentos más difíciles de la crisis económica que se dio en llamar Período Especial. A las más terribles carencias materiales, que reflejaban la caída de casi el 35% del PIB en solo tres años, se sumaba la incertidumbre ante el porvenir y la difícil perspectiva de una solución frente al presagio del desastre que pregonaban muchos dentro y fuera del país, si este no renunciaba a la utopía socialista.
Esa evolución había comenzado con la caída del socialismo en Europa y la desaparición de la URSS en 1991. La economía cubana había venido enfrentando la crisis que inevitablemente se desató, replegándose forzosamente con el objetivo de resistir su impacto al menor costo social posible, y sin ceder frente a la oleada de neoliberalismo que se extendía por todo el mundo entonces, presentándose como un “camino” para salir adelante.
La coyuntura alcanzó su punto álgido en el verano de 1993, cuando resultó inaplazable un giro en los acontecimientos ante la gravedad de la situación. Por esa época, un fenómeno meteorológico bautizado como la Tormenta del siglo se abatió sobre el país causando pérdidas por más de mil millones de dólares, y la zafra sufrió los efectos de las anomalías climáticas, dejando de ingresar otros 400 millones.
Se impuso entonces la búsqueda urgente de nuevas fuentes de ingresos en divisas, lo que llevaría a que se adoptara un régimen de dualidad monetaria mediante el Decreto Ley No. 140, de agosto de 1993.
A partir de esta decisión se autorizó la circulación interna de siete divisas con las que -junto al peso cubano- podría operar el grupo de empresas de la economía estatal capaz de generarlas, al tiempo que también lo harían los inversionistas extranjeros interesados en asociarse al Estado cubano en empresas conjuntas.
Simultáneamente, se autorizó la recepción de remesas por el segmento de la población que podía recibirlas, las cuales permitirían incrementar su consumo mediante la compra de mercancías en tiendas de recaudación de divisas especialmente diseñadas para ello, con el establecimiento del equivalente de un impuesto sobre las ventas en sus precios, de lo cual se beneficiaría la sociedad mediante su redistribución a través del presupuesto estatal.
Junto a esta medida de singular importancia se adoptaron otras igualmente trascendentes, pero cuyo efecto se percibiría a más largo plazo, y que modificarían la estructura de la propiedad agraria, priorizando el sector cooperativo agropecuario, en tanto se expandía nuevamente el pequeño sector privado mediante el trabajo por cuenta propia ante la contracción del empleo estatal.
Sin embargo, ninguna de estas decisiones lograba frenar el impacto de la presión inflacionaria que se manifestaba en el exceso de liquidez en manos de la población frente a la contracción inevitable de la oferta estatal de bienes y servicios.
De tal modo, durante los primeros meses de 1994 esa liquidez alcanzó un volumen equivalente al 66% del PIB y el déficit del presupuesto de 1993 llegó al 33% de ese indicador. Esta creciente expansión monetaria provocaba ya un desinterés laboral acelerado ante la pérdida del papel estimulador de los salarios, y paralelamente se apreciaba una desmonetización acentuada con la aparición del trueque y la pérdida de las funciones del dinero.
Resultaba urgente frenar en seco estas peligrosas tendencias y, al mismo tiempo, crear las condiciones que permitieran iniciar una gradual recuperación económica del país.
Para dar solución a este problema, y tras un largo proceso de discusión masiva que involucró a gran parte de la población y se conoció como “parlamentos obreros”, se convocó un período de sesiones extraordinario de la Asamblea Nacional los días 1 y 2 de mayo de 1994.
En un paso completamente inédito en la economía cubana de entonces, se trataba de introducir medidas para el reequilibrio de las finanzas internas a través de decisiones encaminadas a eliminar las crecientes presiones inflacionarias.
Por un lado, se elevaron los precios y tarifas de una serie de productos y servicios mayormente no esenciales (sería el caso de los cigarros y las bebidas alcohólicas) mediante el consenso mayoritario de la sociedad, y se introduciría una nueva ley fiscal en agosto de ese año para incrementar los ingresos presupuestarios.
Por otro, se conectaría la circulación de moneda convertible y pesos cubanos para las personas naturales mediante la creación de CADECA en octubre de 1995, lo cual contribuiría al drenaje del exceso de liquidez en pesos mediante el acceso a la moneda convertible, que permitiría las compras en las tiendas de recaudación de divisas.
A todo lo anterior se unió la reducción de los subsidios por pérdidas a las empresas estatales, asumiendo su paralización, al tiempo que se establecía un seguro contra el desempleo. Simultáneamente, las empresas capaces de sustituir importaciones debían hacerlo con costos inferiores a las mismas, lo que las enfrentaba a la necesidad de acceder a niveles de competitividad internacional para abastecer el mercado interno que operaba en divisas.
Fue el conjunto de estas cruciales decisiones, implementadas en el segundo semestre de 1994, lo que posibilitó iniciar la gradual recuperación de la economía cubana. Ese año, el PIB creció un modesto 0,7%, la liquidez en manos de la población bajó al 48,8% del PIB, el déficit presupuestario cayó al 7%, el de cuenta corriente se situó en -1,3%, y la cotización de la divisa en la economía informal disminuyó rápidamente a 60 pesos por dólar.
Muchas de las experiencias derivadas de ese proceso mantienen su validez veinte años después, especialmente en lo referido al positivo impacto en la eficiencia de la descentralización de las decisiones en las empresas estatales, el incremento puntual del ingreso de los trabajadores como vía para el crecimiento de la productividad en sectores claves y el favorable impacto de la apertura a la inversión extranjera.
Se trata de lecciones que no debemos olvidar.
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