El primer bache de la reforma sanitaria de Obama

No hay ningún problema con el sistema de salud que no pueda arreglar un Congreso dispuesto a hablar

Un hospital en Texas, uno de los estados afectados por los problemas en el sistema asegurador de EE UU. BRANDON WADE REUTERS

PAUL KRUGMAN
20 AGO 2016 - 00:00 CEST

Han transcurrido más de dos años y medio desde que la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible, también llamada Obamacare, entrase plenamente en vigor. Desde entonces, la mayoría de las noticias relacionadas con la reforma sanitaria han sido buenas, contrariamente a las sombrías predicciones de los agoreros de derechas. Pero esta semana han llegado noticias que sí son malas de verdad: Aetna, el gigante asegurador, ha anunciado que se retirará de muchos de los "intercambios", los mercados especiales de seguros creados por la Ley.

Esto no significa que la reforma vaya a fracasar. Pero sí están surgiendo algunos problemas reales. Se trata de problemas que sería relativamente fácil resolver si tuviésemos un sistema político normal, uno en el que los partidos puedan ponerse de acuerdo para hacer que funcione la Administración. Pero no se resolverán si elegimos a un presidente incapaz (aunque este recurriría a gente fantástica, los mejores, la mejor gente, créanme. O no). Y será difícil resolverlos incluso con una presidenta experta y competente, si se topa con la oposición devastadora de un Congreso hostil.

Esto es lo que ha pasado hasta ahora: desde que Obamacare entró plenamente en vigor en enero de 2014, han ocurrido dos cosas. Primera, el porcentaje de estadounidenses sin seguro sanitario ha caído en picado. Segunda, el aumento de los costes sanitarios se ha ralentizado considerablemente, de modo que está costándoles a los consumidores y a los contribuyentes menos de lo esperado.

Por otra parte, las cosas malas que se suponía iban a suceder no han sucedido. La reforma sanitaria no ha disparado el déficit presupuestario ni ha destruido puestos de trabajo en el sector privado. De hecho, el empleo ha crecido más deprisa desde que Obamacare entró en vigor que en cualquier otro momento desde la década de 1990. También hay cada vez más datos que indican que la Ley ha mejorado considerablemente la salud y la seguridad financiera de millones de estadounidenses, probablemente decenas de millones.

¿Cuál es el problema, entonces?

Pues bien, Obamacare es un sistema que depende de las aseguradoras privadas para ofrecer gran parte de su cobertura sanitaria ampliada (no toda, ya que una sanidad pública ampliada también representa una parte importante del sistema). Y muchas de estas aseguradoras privadas se encuentran ahora con que pierden dinero, porque resulta que los estadounidenses que antes no tenían seguro y ahora se han registrado en el sistema están más enfermos y necesitados de cuidados costosos de lo que pensábamos.

Algunas aseguradoras responden subiendo las primas, que al principio se encontraban muy por debajo de lo que esperaban los creadores de la Ley. Y otras aseguradoras sencillamente se salen del sistema.

En el caso de Aetna, hay motivos para pensar que influye también otro factor: el afán de venganza de la aseguradora, después de que las autoridades antimonopolio rechazasen una propuesta de fusión. Ese es un asunto importante, pero no crucial para la reforma sanitaria en general.

¿Y hasta qué punto es grave el problema?

Una gran parte del nuevo sistema funciona bastante bien (no solo la ampliación de la sanidad pública, sino también los intercambios basados en seguros privados, en estados grandes que intentan que la Ley funcione, como California). La mala noticia afecta sobre todo a estados poco poblados y/o con gobiernos hostiles a la reforma, donde la salida de las aseguradoras podría dejar a los mercados sin suficiente competencia. No sucedería en todo el país, pero sería un revés importante.

Sin embargo, sería bastante fácil arreglar el sistema. Parece claro que las subvenciones por la adquisición de un seguro, y en algunos casos las que reciben las propias aseguradoras, deberían ser algo mayores. Esta es una propuesta económicamente viable dado que hasta la fecha el programa ha costado menos de lo presupuestado, y fácilmente justificable ahora que sabemos lo mucho que algunos de nuestros conciudadanos necesitan la cobertura sanitaria. También habría que esforzarse más para conseguir que los estadounidenses sanos adquieran un seguro, como exige la ley, y no esperen a ponerse enfermos para hacerlo. Estas medidas contribuirían en gran medida a reencauzar el programa.

Y, aparte de todo eso, ¿qué hay de la sanidad pública?

La idea de permitir que el Gobierno ofreciese un plan sanitario directamente a las familias se descartó en 2010 porque las aseguradoras privadas no querían enfrentarse a esa competencia. Pero si a estas aseguradoras no les interesa en realidad ofrecer sus seguros, ¿por qué no dejar que intervenga el Gobierno (como de hecho propone Hillary Clinton)?

El obstáculo, por supuesto, es el Congreso: si los republicanos controlan una de las cámaras, es muy probable que hagan lo que mejor se les da: tratar de sabotear a una presidenta demócrata negándose a cooperar. A menos que un vuelco electoral permita a los demócratas hacerse con la Cámara de Representantes, o al menos contar con un respaldo popular mayoritario, las soluciones evidentes para la reforma sanitaria quedarán descartadas.

Dicho eso, todavía puede haber margen de acción en el plano ejecutivo. Y hay quien propone que los estados ofrezcan su propia cobertura sanitaria pública; si esta opción tuviese éxito, poco a poco podría convertirse en la norma.

Sea como sea, es importante ser conscientes de que, por lo que hemos visto hasta ahora, Obamacare no tiene ningún defecto que no pueda arreglarse fácilmente con un poco de cooperación entre ambos partidos. Lo único que dificulta esa cooperación es la capacidad de bloqueo de los políticos que quieren que la reforma fracase.

Paul Krugman es premio Nobel de Economía.

© The New York Times Company, 2016.

Traducción de News Clips.