Países tan diversos como India o Islandia, cuentan con importantes plataformas de participación ciudadana. Cada vez existen más iniciativas sociales capaces de crear leyes, cambiarlas, o ponerlas en el punto de mira
Madrid 18 JUN 2019 - 06:29 CEST
Parece que últimamente la tecnología nos genera más incertidumbre que optimismo en nuestro concepto del futuro; pero no podemos olvidar que también nos aporta valiosísimas herramientas con las que podríamos mejorar nuestra sociedad y participación en democracia. Beth Noveck, directora de tecnología durante la administración de Obama, dirige actualmente el Governance Lab (Govlab), un centro de investigación cuyo objetivo es promover el diseño de instituciones de gobiernos más abiertos y efectivos utilizando datos, tecnología y crowdsourcing. “No sabemos qué va a suceder realmente como resultado de estas nuevas tecnologías, como la automatización, la robótica, el big data o la inteligencia colectiva… Esto nos hace sentir muy intranquilos", explicó durante el evento Tecnología y Sociedad, organizado por EL PAÍS RETINA. "La realidad es que nuestras instituciones públicas y privadas no están afrontando estos retos comunes. No es que no nos fiemos del gobierno, es que el gobierno no merece nuestra confianza”.
Noveck se preguntó cómo pensamos encontrar las soluciones y propuso "hacer algo mejor que votar, como pensar en cómo podemos reparar nuestras instituciones”. La directora del Governance Lab ilustró con varios ejemplos algunas soluciones que ya se están poniendo en práctica. Algunos de estos modelos pueden encontrarse en el paper The open policymaking playbook, publicado en la propia web del organismo que dirige. Aquí van seis de los múltiples ejemplos que fueron mencionados durante la charla de Noveck para formar un retrato global de cómo se están organizando países tan diferentes como India, Islandia y Taiwán.
India: Mygov
Por primera vez en la historia de este país, ciudadanos de toda la India pueden unirse y compartir sus opiniones, ideas o sugerencias en áreas relacionadas con política, programas y proyectos. La plataforma que lo lleva a cabo se llama Mygov, una web en la que los ciudadanos pueden publicar sus propias propuestas y someterlas a votación.
El compromiso del gobierno es poner en práctica las mejor valoradas, convirtiendo así esa participación en soluciones reales. MyGov pretende capacitar a los ciudadanos para que trabajen de la mano del Gobierno. La plataforma consta de varios grupos focales donde los ciudadanos pueden realizar tareas (tanto en línea como en el terreno) y compartir sus conocimientos a través de diversas discusiones, encuestas, charlas y blogs relacionados con el grupo en particular.
Islandia: Better Reykjavik
En Islandia, en la ciudad de Reykjavik, la mitad de la población se ha registrado en Better Reykjavik y el 20% son usuarios activos. Noveck explicaba el porqué de su éxito: “Cada final de mes, el alcalde dice: voy a coger las mejores ideas, las soluciones a los problemas, y con ellas voy a proponer públicamente su implementación como normativa, como ley. Y así garantiza el compromiso, convertido en participación hacia soluciones reales.”
El programa se ejecuta utilizando el software Your Priorities creado por Active Citizens. El sitio web es una plataforma sencilla donde los ciudadanos publican ideas de temas relevantes. Pueden calificar las ideas de otros y debatir entre sí. Para evitar las "guerras de fuego" y promover argumentos razonados, existe la sección de "pros y contras", alentando a los participantes a ordenar y organizar sus propios comentarios. El resultado es una lista de soluciones con los mejores argumentos.
Cada mes, las cinco ideas mejor valoradas son estudiadas por el comité de gobierno. Cientos de ideas ciudadanas ya han sido implementadas, y ahora, Active Citizens está explorando la integración de algoritmos de aprendizaje automático con recomendaciones personalizadas de propuestas para mejorar la participación. La plataforma de código abierto Your Priorities ya ha sido utilizada por un millón y medio de personas y se encuentra en proyectos de imitación en 20 países.
Brasil: Wiki Legis
“En Brasil son pioneros en desarrollar leyes de manera abierta. Comenzaron con la legislación: proporcionaron al público la capacidad de proponer borradores y escribir las leyes. Luego lo convirtieron en una plataforma llamada Wiki Legis, donde ahora cualquiera puede proponer una ley y un proyecto de ley”, explica Noveck. Ya en 2009, el Ministerio de Justicia, en colaboración con una escuela de derecho local, lanzó un sitio web interactivo donde publicaba un primer borrador de Marco Civil. Se trataba de un nuevo proyecto de ley sobre la libertad en internet. El sitio web permitió a ciudadanos y organizaciones individuales agregar aportaciones al contenido de la ley.
Se recibieron más de 800 contribuciones en forma de comentarios, correos electrónicos, alternativas de diseño y referencias. Después de otras tres fases de diseño colaborativo, el proyecto de ley fue enviado al Congreso en 2011 y ratificado por la presidenta Dilma Rousseff con el apoyo de cuatro ministerios. Dos de las herramientas que utiliza Brasil son la plataforma Wiki Legis (que permite la edición colectiva de textos legislativos) y la aplicación Mudamos (que utiliza la tecnología blockchain para recopilar firmas electrónicas en proyectos de ley y enviar sus propias propuestas).
Taiwán: vTaiwan
vTaiwan es una plataforma open source que permite a los ciudadanos dialogar sobre los problemas que detectan en su entorno, desarrollar una comprensión compartida y formular políticas en torno a problemas complejos como Uber, telemedicina, venta de alcohol en línea y otros temas difíciles. 200.000 personas han participado ya en este proceso abierto y se han formulado 26 piezas de legislación nacional de manera eficiente.
¿Cómo lo hicieron? El proceso de vTaiwan utiliza una serie de herramientas, como Pol.is, una plataforma de código abierto diseñada para mostrar áreas de consenso y división que utiliza inteligencia artificial para la obtención de información sobre la dinámica del problema, los hechos del asunto y las personas involucradas.
Reino Unido: Evidence checks
Un ejemplo de auditoría social es el que realiza el Parlamento del Reino Unido. Su sistema llamado evidence checks (verificaciones de hechos) invita a los miembros del público a analizar y comentar la información que utiliza el gobierno para crear sus políticas. Estos controles permiten a sus miembros, que incluyen académicos, profesionales y aquellos con experiencia en el tema, determinar la solidez de esa información, lo que incluye resaltar pruebas contrastables, selección de sesgos y lagunas de los hechos.
Este proceso permite que los ciudadanos y las organizaciones apoyen, cuestionen o refuten la responsabilidad del gobierno. Funcionan mejor con temas específicos. Un ejemplo de ello es lo que sucedido con el Comité de Igualdad en 2016. Para esta verificación el Comité se dirigió a organizaciones y comunidades específicas en Twitter que se sabía que tenían interés o experiencia en estas áreas. Se utilizaron hashtagsespecíficos para construir una comunidad y un debate informando sobre el tema. Para los comentarios, el proyecto de ley se dividió en secciones y cada sección recibió un pequeño número de contribuciones de calidad. Muchos de los comentarios presentados fueron incorporados a la posterior reunión ministerial y dos de las contribuciones llevaron a un cambio en la posición del gobierno sobre el tema.
España: Decide Madrid
Sí, aunque no lo creamos, Noveck finalizaba su ponencia resaltando con entusiasmo lo que también está germinando en nuestro país: “Soy muy entusiasta de lo que está sucediendo aquí en Madrid con el Observatorio de la Ciudad. Se ha creado un grupo ciudadano offline que ayuda a revisar la legislación y las políticas del gobierno, completando al grupo de procedimiento legislativo online brindado por Decide Madrid”.
En 2015, el Ayuntamiento de Madrid lanzó el portal Decide Madrid, que permite a los residentes presentar propuestas para legislar, votar e intervenir en los presupuestos participativos. Se ejecuta sobre una plataforma de código abierto llamada Consul, usada en más de 70 ciudades. El portal fue diseñado para aumentar la participación pública en la toma de decisiones democráticas, facilitando el compromiso de aquellos que no lo pueden hacer en persona. Permite a los usuarios filtrar las propuestas por categoría, popularidad y otros factores.
Más de 400,000 personas ya la han utilizado. Como ejemplo de propuestas ciudadanas que fueron sometidas a votación y finalmente aprobadas, encontramos los planteamientos Madrid 100% Sostenible y los trasbordos gratuitos desde el autobús al metro.
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