Los resultados de la fiscalización y el control al cumplimiento de la resolución 54 del MINCIN, referida a la Protección al Consumidor en el cumplimiento de la canasta familiar, la circulación mercantil minorista y los programas priorizados por el gobierno, fueron debatidos este lunes en el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura de la ANPP.
La Comisión de Atención a los Servicios en la discusión del informe de la resolución 54, sobre el trabajo realizado por los diputados en 15 provincias, 44 municipios y 361 instalaciones, contó con la presencia del presidente de los Consejos de Estado y de Ministros Miguel Díaz-Canel, el vicepresidente del Consejo de Ministros, Ulises Rosales del Toro, la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, la Vicepresidenta del Consejo de Estado y Contralora General de la República, Gladys Bejerano, la miembro del Buró Político y del Secretariado del Comité Central del PCC, Mercedes López Acea, entre otros dirigentes del ministerio de Justicia y las Comunicaciones, respectivamente.
El mandatario y también diputado cubano en su intervención, respecto a los problemas de maltrato a los consumidores insistió que, aunque los problemas son de todos hay que definir “claramente los responsables a cada nivel, porque la mayoría de los problemas relacionados con la protección al consumidor se dan a nivel municipal”.
“Por lo tanto – continuó-, aunque el Ministerio tiene que trabajar en estos problemas, la responsabilidad primera es de los sistemas de control municipales y provinciales”.
Díaz-Canel también habló de que, sin sistemas de control y servicios de calidad, no es posible hablar de una verdadera protección al consumidor. “Como mejor se defienden estos asuntos es teniendo sistemas de gestión de calidad en todos los lugares, desde la pequeña unidad hasta la más grande”.
“Sino corremos el riesgo de que se convierta en consigna, y no daremos al pueblo el servicio que realmente merece”, analizó el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros.
Por su parte, la Ministra destacó que en concordancia con los debates y el informe de fiscalización mostrados, “el MINCIN tiene como prioridades la preparación y capacitación a cuadros y directivos, la elaboración de un sistema general de medidas, la adquisición de más básculas –hemos estado trayendo nuevas, aunque aún no es suficiente-, así como seguir trabajando en los sistemas POS de comercio electrónico”.
De acuerdo con la ponencia, conducida por la diputada y presidenta de la Comisión, María del Carmen Concepción, se evidenciaron algunas dificultades.
Se comprobaron que varios consejos de dirección del sistema de comercio minorista en todas las provincias, no pudieron presentar evidencias de los análisis del contenido de la norma jurídica Resolución 54 y su instrumentación. “En Mayabeque (entidades de CIMEX y Tiendas Caribe) y en Holguín, no conocían el contenido de la misma”, refleja el estudio.
Resulta tendencia, afirma la Presidenta, en todos los territorios visitados, violaciones en el peso de los productos, déficit de balanzas, desactualización de su calibración y su obsolescencia.
“Es significativa la opinión de una parte de la población con la que conversamos, que el cliente no tiene medios para comprobar el peso de los productos, quedando a merced de lo que le ´dicen´ los comerciantes.
En una intervención de la diputada Yaimara Díaz, de La Habana, ésta también hizo referencia a esta problemática y aseguró que se ha avanzado en la existencia de más medios de medición, sin embargo, hay evidentes problemas con el uso de estos equipos.
“A veces no hay conocimiento – dijo-, otras, el equipo está en unidades diferentes a aquella en las que se vende”.
Por otra parte, Concepción informó que “son deficitarios los envases para la comercialización de productos en la mayoría de los que se ofertan a granel y faltan bolsas de nylon en los comercios, en tanto se comercializan de forma ilegal. La población de la montaña en Granma expresó que mientras el país hace esfuerzos para envasar una parte de las mercancías, por indebida manipulación ésta se deteriora”.
De acuerdo con este punto, la diputada por Buey Arriba, Granma, expresó que en la protección al consumidor “existen muchos responsables, desde las unidades mayoristas en cuanto al empaquetamiento de los productos que cuando llegan a nuestras bodegas, por la pésima manipulación, llegan muy deteriorados. Por tanto, en las mayoristas debe existir alta capacitación en la norma de almacenaje Y distribución”.
Se conoció de la existencia de revendedores en el entorno de las unidades, muchos de los cuales venden a altos precios productos que no están disponibles en la red estatal, con incidencia en todos los territorios.
Entre otras de las dificultades detectadas, según el control, en parte de las entidades visitadas no existía moneda fraccionaria para devolver al cliente una vez realizado el pago en efectivo con mayor incidencia en las provincias La Habana, Matanzas, Mayabeque y Pinar del Río, “aunque en mayor o menor medida está presente en el resto de las provincias”, aclara el informe.
Sobre el uso del POS, tema al cual Cubadebate ha dedicado varios artículos, se evidenció que el servicio en varias tiendas de CIMEX y Tiendas Caribe, en específico en La Habana, Holguín y Pinar del Río, es lento o inexistente, algo que provoca malestar en los usuarios.
Calificado como alarmante en el informe de los diputados es el hecho que unidades visitadas no garantizan los documentos primarios a entregar al consumidor cuando se solicitan y que no tienen implementado la entrega del comprobante de pago a los consumidores, identificado en La Habana y Holguín.
Otro resultado comprobado fue el bajo nivel de elaboración de productos en la gastronomía popular, en contraposición al elevado nivel de variedades que se ofertan en entidades no estatales.
Al respecto, algunos diputados plantearon que, sin hacer crítica al sector no estatal, cómo es posible que entidades económicas estatales con precios más asequibles y con mayores facilidades para la producción, solo tengan, por poner un ejemplo, tres ofertas de pollo y en una gastronomía no estatal existen hasta 12; “y cuando se indaga se conoce que todo ese personal de la forma privada, está formado en nuestras escuelas de comercio y gastronomía”.
Por otro lado, “es práctica casi generalizada que el mismo que comercializa alimentos es el que cobra y se pudo apreciar en todas las provincias, en mayor o menor grado, sobre todo en gastronomía tradicional”, resaltó la ponencia.
En varias entidades de Granma, La Habana, Matanzas, Ciego de Ávila y Holguín falta cultura del detalle y mala imagen, evidenciando problemas organizativos y de dirección.
Coincidiendo con que la Protección al Consumidor es un viejo problema, incluso analizado en otras ocasiones en anteriores legislaturas, la Ministra de Comercio Interior aseguró que aprobar la Resolución 54 es muestra de una voluntad ministerial de enfrentar el problema “y si bien en los últimos meses ciertamente hay un trabajo más directo sobre las causas que generan, las dificultades tienen que ser revertidas en un plazo breve y de manera definitiva”.
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