En este artículo: Cuba, Economía, Gobierno, Gobierno cubano, Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), Precios Justos, Sector no estatal, Transporte, Villa Clara
19 agosto 2019
A partir de la entrada en vigor de los precios topados a un grupo de productos y servicios de marcada demanda popular, ha mermado considerablemente el flujo de porteadores por cuenta propia en la ciudad de Santa Clara. Foto: Vanguardia.
Muy cerca de una de las piqueras de Santa Clara un chofer tiene un auto de alquiler inmóvil hace más de una semana. A pocos metros de allí, un carretillero solo oferta guayabas y unas viandas de tercera categoría. Más allá, una cafetería habitualmente surtida apenas tiene dulces y un refresco de melón que sabe a poco.
Esa es la realidad que vive la urbe desde que el Consejo de la Administración decidió topar los precios para un grupo de productos y servicios básicos. En una muestra de lo que sucede en otros territorios del país luego de medidas similares, varios transportistas, carretilleros, vendedores o dueños de paladares, pararon sus negocios en señal de protesta. Es un suceso que deja no pocas lecturas interesantes.
¿Qué razones existen para que una pequeña minoría defienda los altos precios habitualmente criticados por casi todos? ¿Por qué anteponer el desorden y el desacato a una decisión que responde al reclamo de la gran mayoría de la sociedad? ¿El irrespeto y la insubordinación es la mejor manera de ensanchar un proyecto de nación?
Responder esas y otras cuestiones similares resulta imprescindible para entender el actual escenario. La existencia de dos formas opuestas de pensar la sociedad —una basada en el progreso y el impulso colectivo y otra amparada en la defensa exclusiva del bienestar personal— delinean una ruta con no pocos escollos a franquear para llegar a la meta verdadera.
En Villa Clara, por ejemplo, una de las más recientes decisiones para enfrentar el asunto está en evaluar la situación de los transportistas privados que aun no se presentan al trabajo. Luego del análisis de cada caso, la solución podría radicar desde el retiro del Comprobante de la Licencia de Operación de Transporte hasta la suspensión temporal de ese documento para quienes reporten sus vehículos en reparación.
Lejos de amenazas o algún ultimátum, se trata de hacer cumplir una legislación hecha tanto para organizar el desarrollo del sector como para proteger a la población de abusos y de la subida injustificada de las tarifas. Además, si los dueños de los equipos incumplen sus compromisos y deciden no trabajar, entonces no hay razón para mantenerles el documento.
Para ello, la Resolución 174 del Ministerio del Transporte estipula los requisitos y las obligaciones que adquiere una persona natural o jurídica cuando obtiene una Licencia de Operación de Transporte y su Comprobante.
Asimismo, las recientes Resoluciones 301 y 302 del Ministerio de Finanzas y Precios dejan claro la prohibición de aumentar —tanto para las empresas estatales como para el sector privado— los precios o las tasas de margen comercial a partir de las últimas medidas tomadas por el Gobierno cubano para potenciar la economía.
Pero junto al ordenamiento legal, a la sostenibilidad en el tiempo de las medidas y la efectividad de las instituciones encargadas de velar por ellas, debe llegar también la creación de nuevas ofertas capaces de estimular la demanda.
Mientras tanto, sostener el éxito del tope de precios implica también fortalecer el papel de la población y garantizar que sus denuncias encuentren una respuesta. Si las personas no se convierten en los verdaderos protagonistas del control, es muy difícil conseguir los resultados esperados.
Ante el incremento del sueldo en el sector presupuestado, las nuevas disposiciones tienen un impacto positivo en el propósito de mejorar la capacidad de compra del salario. Pero en el nuevo contexto ese indicador solo se concretará con el aporte de todos. Sin egoísmos, sin oportunismos, sin dobles rostros.
Así, ¿qué argumentos tiene el vendedor de productos agropecuarios para esconder la mercancía lejos de la tarima y comercializarla a un precio mayor? ¿Cómo defender al taxista que divide la ruta y cobra el doble por el mismo recorrido? ¿Cuál comprensión pueden exigir los vendedores que especulan con los precios de productos básicos en las cercanías de hospitales, funerarias o terminales?
Según dicen varios trabajadores del sector no estatal, el tope de precios llegó sin considerar los gastos de sus negocios, un criterio diferente al que sostienen las autoridades territoriales. No obstante, entre esos reclamos uno de los más sorprendentes es el de los transportistas, opuestos a la lógica obligación de adquirir el combustible en los servicentros del país.
El rechazo a esa medida pone en primer plano una de las verdaderas cuestiones fundamentales: la apuesta por la ilegalidad no puede ser el principal sostén de un negocio en cualquier sociedad. Separar los reclamos justos de las exigencias carentes de lógica es otro de los puntos imprescindibles en estos tiempos.
Entre tantas prioridades, ordenar el país significa mejorar los salarios, perfeccionar las condiciones para el desarrollo del cuentapropismo, conseguir más sólidas y orgánicas relaciones entre el sector empresarial, el cooperativo y el privado. Y junto a ello, también implica eliminar esquemas basados en el acaparamiento, el mercado negro y la corrupción. No comprender eso es sostener una visión parcializada del asunto.
Como tantas veces ha reiterado y defendido la más alta dirección del país, el sector privado forma parte activa del proceso de actualización del modelo económico cubano. Sus aportes resultan vitales para construir un país mejor, próspero y eficiente. Pero esa creación colectiva también trae desafíos y responsabilidades comunes.
Es esencial comprender que el tope de precios no anula el funcionamiento del sector privado bajo la ley de oferta y demanda. Así como tampoco borra el lógico margen de ganancias que debe tener cualquier negocio para ser rentable.
Sin embargo, sí crea una línea divisoria entre los ingresos justos y los obtenidos a partir de lucrar con la necesidad de los demás. Las cuotas máximas establecidas benefician tanto al transportista que compra alimentos, como al campesino necesitado de moverse en la ciudad.
En ese sentido, la comunicación entre las partes, el control sistemático y eficiente no solo de los inspectores sino también de la población, así como al arreglo de cada nueva forma de gestión a los intereses de la sociedad, son otros elementos fundamentales para defender el justo e innegable valor de un sector llamado a dinamizar para bien la economía cubana. Pensar lo contrario es perder un tiempo que pertenece al futuro.
No hay comentarios:
Publicar un comentario