Katia Siberia ECONOMÍA
Una deuda de más de 100 millones de pesos que llegó a cosechar la Empresa Provincial de Acopio en Ciego de Ávila, comenzó a germinar en otras provincias. Y ahora ella ha tenido que endeudarse con el Banco para mover algunas fichas y parece que, felizmente, “se trancó el dominó”
Del modo en que estaban las cosas, los guajiros parecían prestamistas y fiadores. Le permitían a Acopio engrosar los millones de una deuda al seguirle vendiendo, precisamente, a quien no les pagaba. Se ponían la soga al cuello, aunque desde el surco aplicaran una lógica irrefutable: “mejor que se lo lleven y paguen luego, a que se nos pudra y perdamos más”.
La dependencia casi absoluta en los contratos rubricaba, de paso, una política que volvía más débil al guajiro y más impune al intermediario, porque en el mercado a nadie le “fiaban” las viandas. El dinero sí emprendía el camino de retorno, solo que no llegaba al surco.
Pero, del modo en que están las cosas ahora, “si no pagas lo que compras, no te sigo vendiendo más y me respalda la nueva política de comercialización”, dice Yeisel Vega González, director general de la Empresa Provincial de Acopio, y si un guajiro de La Cuba lo lee, lo primero que pensará es que anda predicando una política a la que tampoco su entidad le ha rendido honores.
Acopio, intermediario al fin, está en el medio. Mercados Habana —la empresa que ha cambiado de nombre, de estructura y de “todo lo que deba ser cambiado” y aun así sigue invariable en sus deudas— le debía, al cierre de enero, más de 24 millones de pesos. Tal suma era, ¡vaya “casualidad”!, la misma que Acopio le debía a su principal proveedor, la Empresa Agropecuaria La Cuba.
Entonces Carlos Blanco Sánchez, al frente de los platanales más enjundiosos del país, quiso aplicar también lo establecido en el Decreto 35 De la Comercialización de Productos Agropecuarios, donde se aclara de antemano que “las entidades acopiadoras y comercializadoras solo pueden realizar compras en función de sus capacidades logísticas y financieras”; y luego es aún más tácito en otro de sus artículos: “los productos contratados que no se adquieran por las entidades acopiadoras y comercializadoras por causas imputables a estas, se pueden vender por las cooperativas o productores y las empresas estatales productoras de alimentos, según sea el caso, a otras formas de comercialización existentes en el país”.
Yeisel confiesa que las conversaciones fueron complejas y, tras dos horas, llegaron al acuerdo de ir saldando montos, a cambio de que La Cuba siguiera vendiéndole sus productos. En febrero, por ejemplo, de los más de siete millones de pesos que Acopio desembolsó en la provincia para disminuir su deuda, alrededor de la mitad fueron a parar a cuentas de La Cuba. Sin embargo, con la Agroindustrial Ceballos las conversaciones acabarían en otros términos.
“Hace dos o tres meses nos trancaron, ya no nos venden nada”, afirma Yeisel, antes de ponerle cifras al débito. Más de nueve millones llegaron a deberle a Ceballos, a pesar de que han ido reduciendo el monto.
No obstante, las relaciones comerciales entre uno y otro van camino a los tribunales. La Agroindustrial Ceballos los ha demandado, cumpliendo también lo establecido.
Todos, en igualdad de derechos…, pero no de condiciones, han comenzado a tirar de la soga y parece que, felizmente, no acabará ahorcando a los más débiles (los del surco), que era lo que solía pasar. Y lo que sucede cuando a una política de comercialización que entró en vigor en mayo de 2021 le siguen diciendo “nueva política”, o peor: ni siquiera se nombra, por ignorada.
Eso tiene un costo. Altísimo. La Empresa Provincial de Acopio cerraba enero con más de 130 millones de pesos por cobrar y los efectos se traducían en unos 107 millones por pagar. Las cuentas vencidas venían inflándose desde octubre, sobre todo.
Tejemaneje de billetes
Si Ángela Arias Reynoso, especialista de Finanzas en la Empresa Provincial de Acopio, dice “que ha sido el año más crítico”, hay que aclarar que lleva en ese puesto dos décadas. Su comparación da la medida de lo retorcidas que siguen las relaciones contractuales, cuando se suponía que con tantas medidas, acuerdos, llamados y alertas, las deudas en el campo, que hace casi un año se extendían por 55 municipios de la Isla, no fueran la plaga que sigue amenazando cultivos.
La “buena noticia” es que las amenazas que gravitan hoy sobre el suelo avileño se han extendido a La Habana, Santiago de Cuba, Matanzas, Cienfuegos, Holguín, Camagüey, Las Tunas, Guantánamo…
“Empezamos a demandar también en los tribunales y a presionar, pues media Cuba nos debe”, lamenta Ángela, sin reparar en el hándicap avileño: al ser una provincia muy productora con destinos y encargos hacia otros territorios, lo provechoso para unos se ha vuelto un problema para (nos)otros. Las viandas se van y el dinero no regresa.
“A La Habana y a Santiago de Cuba les aprobaron un crédito, por ejemplo, y han ido pagando algo, mientras que a Las Tunas y a Camagüey, que juntos nos deben más de 20 millones, no les fue aprobado por la difícil situación que atraviesan, ¿y entonces?”, se pregunta ella, consciente de que “el Tribunal puede, en efecto, dar Con lugar la causa, pero ¿quién dará el dinero?”.
• Lo de Las Tunas con Ciego de Ávila no es de ahora. Pinche aquí
• Y lo del acopio camagüeyano, pasa de crítico. Lea Empresas con pérdidas: las cuentas que nunca dieron
A la pregunta retórica de Ángela, Yeisel responde con su estrategia de “migrar ventas mayoristas del sector estatal al sector privado. Tenemos que hacerlo; si no les pago a los guajiros, no me siguen vendiendo y es comprensible”, justifica.
Ese es el futuro. El pasado y el presente es haberse endeudado ya con el Banco para ir pagando una deuda que contrajeron por culpa de quienes, a su vez, están hoy pidiendo otros créditos para saldar la de ellos con Acopio. Es un “trabalenguas” que destraba el problema a pequeña escala. Un efecto dominó que empuja, felizmente, en sentido contrario: de abajo hacia arriba.
Y está costando. “Solicitamos un crédito al Banco. Primero uno de 50 millones. Luego otro de 60, y ya para acceder a otra línea de financiamiento nos exigen ir saldando esos dos y volúmenes de contrataciones para establecer garantías”, comenta el directivo.
A pesar de que Ismel Sánchez Abreu, gestor de negocios bancarios de la Sucursal 5541, del Banco de Crédito y Comercio, asegura que la Agricultura está insertada en un programa priorizado donde se aplican los intereses mínimos, el servicio cuesta. En este caso, un 4,5 por ciento del monto solicitado. Ese es el precio (unos cinco millones en intereses).
Para colmo, la situación se agudiza al Yeisel sacar otra cuenta. “Acopio vende en un mes más de 20 millones de pesos, el Banco no ha actualizado sus montos y un crédito nos dura tres meses. Si no nos pagan rápido, nos seguimos endeudando y se complejiza el pago en el surco”.
Encima, la Empresa de Acopio arrastra una pérdida de 28 millones, de 2021, asociada a los altos salarios, que la obligan a un proceso de disponibilidad laboral y al incumplimiento de las ventas, en casi un 20 por ciento. Paradójicamente, de haber cumplido ese indicador, quizás hubiesen contraído más deudas.
¿Perdiendo ganan?
Parece ser esa otra de las tantas incongruencias de un largo y viejo problema que se tuerce, se destraba, se corta, se empata… Y, aunque ahora la soga del impago aprieta, tal vez los del surco no sean los más asfixiados. Al menos, a corto plazo. Porque con los impagos nunca se sabe por dónde ni cuándo reventarán.
No hay comentarios:
Publicar un comentario