Foto: Nohema Díaz Muñoz
La ley obliga a las entidades a preservar y entregar los desechos reutilizables, pero ¿a quién, o a quiénes, corresponde el encargo estatal de velar porque esto suceda?
Aun cuando existen los mecanismos para no “dejar cabos sueltos” en cuanto a la recogida de materiales reciclables, es un secreto a voces que estos, en cantidades considerables, siguen tomando el camino de los basureros.
Situación convertida en reto a la exigencia, advierte Waldo Amado Tarín, director de la Empresa Provincial de Recuperación de Materias Primas (EPRMP), puesto que la Ley 1288 obliga a los organismos y dependencias del Estado a recolectar los desechos, productos y materiales reutilizables que no sean aprovechados por ellos en los procesos de producción o servicios.
Pero lo legislado requiere de ejecutores; que entre emisores y receptores surja un acuerdo previo; que parta de evidencias de cuánto existe para captar; que se establecezcan los plazos en que los recursos quedarán dispuestos; incluso quién pondrá los medios para la transportación, mecanismo para el cual existe un compromiso compartido.
Sin embargo, si ese primer tanteo se efectúa acorde con lo establecido, teniendo como punto de arranque un levantamiento potencial de lo que va a aportar cada establecimiento, ¿por qué tantas entidades faltan a lo planificado y la EPRMP mantiene sus cifras cumplidas?
Al cierre del primer trimestre y, aún con unas cuantas empresas sin concertar el contrato de entrega para el año y otras sin alcanzar los volúmenes pactados, la recuperadora de materias primas sobrepasaba los dígitos en casi todos los renglones planificados (11); con los más significativos porcentajes en hierro fundido, envases de cristal, acero inoxidable, plásticos y aluminio.
Aunque, además, capta cobre, bronce, plomo, papel y cartón, envases textiles y acero; este último, producto líder, y único con las cifras medianamente comprometidas.
FALLAS, ¿DE ORIGEN?
Tal vara para medir pone en entredicho la efectividad de los mecanismos utilizados para recoger un mayor volumen, pues, de las 279 entidades que en Ciego de Ávila componen el universo de entrega, al cierre del primer trimestre todavía quedaban nueve por firmar el contrato del año, lista integrada por la Agropecuaria Ruta Invasora, TRD Caribe, Sucursal Caracol, División Tecnológica de Cimex, Prestación de Servicios al Turismo (Emprestur), Gastronomía de Ciego de Ávila, Campismo Popular, el Centro Provincial de Electromedicina y la Empresa de Farmacias y Ópticas.
Por otra parte, de las que tenían el documento en regla, lo incumplían, entre otras, los Talleres Ferroviarios de Morón, Mantenimiento Vial, Dirección Provincial de Educación, y la Alimentaria y Comercio, estas del municipio de Ciego de Ávila.
Para Waldo Amado, en estos y otros desaciertos “hay de parte y parte”: falta de exigencia de su equipo de supervisión, y dejadez de los que están, por ley, responsabilizados en no perder lo que sea recuperable.
Entre los procederes que más afectan la labor de reciclaje, señala la poca voluntad para clasificar los residuos, allí donde se originan, lo cual ha sido documentado con fotos en instalaciones turísticas de Jardines del Rey, en las cuales hacia un mismo cesto iban a parar laticas de cervezas (aluminio), botellas y pomos de vidrio, y restos de cartón.
En el extenso universo de entidades y establecimientos comprometidos con este empeño hay quienes honran sus obligaciones, otros no; sin embargo, en un activo para incentivar la tarea poco se habló con “nombres y apellidos”, porque, de lo que se trataba, se dijo, era de llamar a la conciencia y a la responsabilidad; no obstante, al analizar lo que sucedía en las instalaciones de la cayería hubo una mención para Villa Azul, entre quienes menos hacían, y para el Hotel Pullman Cayo Coco, que sí se ha tomado la cuestión en serio.
La EPRMP, en lo que va de año, ha establecido demanda ante los Tribunales por el reiterado incumplimiento de los contratos de entrega; las más recientes contra las empresas Cárnica y Comercio de Morón.
AL BORDE DE LO ILEGAL
“En las condiciones actuales tal problemática llega a convertirse en asunto de seguridad nacional”, expresa Leonardo Tracter Jordán, director de Supervisión y Control de la Unión de Empresas de Recuperación de Materias Primas, al explicar el peligro que se corre cuando los directivos asumen comportamientos irresponsables que sirven de manto a manifestaciones ilícitas.
¿Quién esconde la verdad: de “abajo” o de “arriba”?, se pudo estar preguntando Yarismey Bencomo Navarro, directora de la Unidad Empresarial de Base (UEB) del municipio de Majagua, declarada del lado de los que se quejan de cuando Materias Primas va a los establecimientos a concertar los planes de entrega y, en ocasiones, solo recibe una información parcial sobre el potencial (subvaloran el contrato).
“Hoy te dan a conocer una cifra y mañana reciben de su organismo central la orientación de dar bajas masivas (a equipos y partes), y están vendiendo grandes volúmenes de forma directa a la Empresa Provincial”, revela Yarismey.
“Lo real —avizora Tracter Jordán—, es que el país está más necesitado de ahorrar sus escasos recursos y, además, no declarar y dejar deteriorar viejas maquinarias y medios de acero resulta criminal, cuando es todavía numerosa la cifra de coterráneos urgidos de cabillas para reparar sus casas de los daños provocados por los fenómenos meteorológicos.”
Vital es definir la frontera entre lo legal y lo ilícito, aunque hay evidencias que inducen la desconfianza. En la provincia, del monto de lo reciclado al cierre del primer trimestre, el 63 por ciento fue captado por las Casas de Compra, y solo el 37 por ciento llegaba a través de la gestión de la Empresa de Recuperación de Materias Primas.
Proporción cuestionable, reflexionó Elier Quesada Cárdenas, funcionario del Comité Provincial del Partido: “Un indicativo de que el sector estatal no está haciendo lo que tiene que hacer, además de que se trata de un problema de responsabilidad y conciencia”, si bien la citada proporción cambió al finalizar junio, cuando la EPRMP había asumido ya el 41 por ciento del volumen gestionado.
No es esta una problemática exclusiva del territorio avileño. Es grande y diverso el horizonte de procedencia de los materiales a captar; la dirección del país ha ampliado sus dispositivos de prevención, al prohibir la compra de productos nuevos o en buen estado, ya sean, entre otros, tarugos de bronce, cobre y aluminio, laminados, tubos de regadío, cables telefónicos de cobre y piezas de repuesto; así como rejillas del alcantarillado, tapas de hidrantes, artículos provenientes de cementerios e iglesias, chatarra extraída del desmantelamiento de aviones, barcos y equipos ferroviarios, perfiles y crucetas de torres eléctricas, o señales de tránsito. Incluso, para más precisión, tiene fijados los pasos a seguir para los elementos que resulten extraños.
Es evidente a quiénes les corresponde cumplir y hacer cumplir lo establecido; sistema que, por negligencia o no, al dejar sus brechas en el control, propicia el paso al delincuente. La provincia, en lo que va de 2018, reporta la sustracción de 100 vigas metálicas guardadas en un almacén en Morón; y el año anterior, junto a las afectaciones del ciclón Irma, la pérdida de tres transformadores eléctricos.
Todo lo relacionado con el reciclaje está escrito, y mensualmente se efectúan las correspondientes conciliaciones entre la Empresa Recuperadora y las entidades generadoras de desechos, además de las reuniones de los consejos de la Administración para chequear los resultados; no obstante, algo sigue faltando, los basureros no mienten.
Se resienten la economía y el ambiente, azuzados, también, por el actuar de aquellos “buzos” que, en su constante gestión por recuperarlo todo, revuelven los microvertederos en busca de algún material que otros, por ley, debieron reciclar.
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