Economía
Foto: Nohema Díaz Muñoz
En lo que va de 2019, Ciego de Ávila ha sancionado 48 casos de robo de combustible
Iba a ser “pan comido”. El año estaba por terminar y nadie notaría que faltaban 600 litros de diésel en la contabilidad. Tarjeta en mano extrajeron de la bomba esa cantidad, no de un tirón, porque habría sido sospechoso, sino de a poco. En los últimos tres días de 2018, dos trabajadores de la Unidad Empresarial de Base de la Empresa de Transportación y Servicios a la Mecanización Cañera (Tranzmec), en el municipio de Baraguá, quisieron hacer borrón y cuenta nueva.
El energético de la entidad, en contubernio con un chofer de la base de transporte, sustrajeron 600 litros de diésel y lo repartieron a la mitad, aprovechando el ir y venir de camiones de carga en plena zafra azucarera. Una acción de control interno, en los primeros meses de 2019, sacó a la luz el faltante.
Hasta ese momento, ambos implicados eran personas de buena conducta y actitud ante el trabajo. Pero cuando la dirección de la UEB confrontó al energético, principal responsable de los combustibles, este no pudo dar explicaciones convincentes. El trabajo de la Policía Técnica Investigativa (PTI) puso de manifiesto su autoría y la del chofer.
Por el delito de malversación, explicó Karel Roberto Alonso Rodríguez, fiscal jefe del Departamento de Procesos Penales en la Fiscalía Provincial, ambos acusados fueron sancionados con privación de libertad, en un juicio ejemplarizante, en el que participaron trabajadores y directivos de la UEB de Tranzmec.
Al chofer se le impuso una sanción de tres años y seis meses de privación de libertad, en tanto al energético el Tribunal lo sentenció con una condena de cinco años. A los dos se les aplicó la circunstancia agravante descrita en el artículo 53, inciso O, del Código Penal: “cometer el hecho contra personas o bienes relacionados con actividades priorizadas para el desarrollo económico y social del país”.
El combustible sustraído no pudo ser recuperado y el daño económico se calculó en 4 965.00 CUP, monto que deberá ser resarcido por los sancionados.
No es un caso aislado
Al cierre de junio, en Ciego de Ávila se radicaron 48 hechos de robo de combustible, afectación económica de más de 35 400. 00 CUP, de acuerdo con las fuentes consultadas en la Fiscalía Provincial. De los 7 740 litros de diésel sustraídos, apenas se recuperaron 2 963.
Un total de 58 acusados han sido instruidos por delitos como la apropiación indebida (14 casos), la receptación (nueve) y la actividad económica ilícita (ocho). De ellos, 11 han sido sancionados por los tribunales competentes y el resto está aún en la etapa investigativa del proceso o recibieron tratamiento administrativo. A la mayoría de los acusados se les impuso penas de privación de libertad y trabajo correccional, con y sin internamiento.
Explica el fiscal Karel Roberto Alonso que solo dos de estos casos fueron detectados a partir de acciones de control de las propias entidades. La abrumadora mayoría es el resultado del trabajo de la PTI, lo que pone en evidencia la eficacia del control interno y la responsabilidad de las direcciones estatales en el deber de preservar el patrimonio público. Al menos en cuatro de las entidades afectadas, la Fiscalía emitió resoluciones de causas y condiciones contra las vulnerabilidades que propiciaron la comisión de los delitos, además de planes de medidas de estricto cumplimiento.
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Esto sucede luego de que, en septiembre de 2018, el Consejo de Ministros aprobara 12 medidas para el enfrentamiento al robo de combustibles, de obligatorio cumplimiento por todos los actores económicos del país. En abril último, fuentes de la Sucursal CIMEX avileña confirmaron que, como promedio, apenas se expendían aquí 0.89 litro de diésel diario por cada vehículo privado.
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En el recién concluido período de sesiones del Parlamento cubano, la Comisión de Industria, Construcciones y Energía evaluó políticas y programas gubernamentales relacionados con el aprovechamiento de los portadores energéticos y concluyó que el robo de los combustibles continúa siendo uno de los principales problemas de la economía nacional.
Aun cuando la reducción de las asignaciones estatales, en lo que va de año, ha significado un ligero incremento en las ventas diarias en los servicentros del país, los parlamentarios demostraron, mediante su labor de fiscalización, que persisten las condiciones para la malversación y que se incumplen las disposiciones vigentes, y, en muchos casos, falta exigencia de los administrativos y conocimiento de los especialistas energéticos.
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