La elevada producción de tomate colapsó los sistemas de comercialización en Sancti Spíritus y encendió alarmas de su mismo color a punto de iniciar la nueva política comercial derivada de la Tarea Ordenamiento
ELSA RAMOS, Escambray
(Ilustración: Osval)
Aunque la presencia ya es menos, corre mayo y aún el tomate acompaña, para bien, las comidas espirituanas. No es usual, según coinciden quienes lo siembran y quienes lo comercializan.
Antes desbordó campos y mercados. Inundaron las redes, medios de prensa y hasta mi messenger se embarró de videos, fotos y gritos de campesinos de Algaba, en Trinidad, cuando cajas amenazaban con podrirse, algo similar a lo ocurrido en Banao, Zaza del Medio, Cabaiguán… La avalancha colapsó los sistemas de comercialización y encendió alarmas de su mismo color a punto de iniciar la nueva política comercial derivada de la Tarea Ordenamiento.
¿Qué pasó con el renglón estrella de las ensaladas? Según el delegado provincial de la Agricultura, Juan José González Nazco: “Las lluvias de la tormenta tropical Eta, en noviembre, acabaron los semilleros, pero se resembraron. El clima favoreció y aun sin entregarse paquete tecnológico, ni nada, hubo una superproducción y se corrió el tiempo de cosecha”. Según datos del organismo, la producción total superó las 20 000 toneladas, que pueden ser más, pues con tantas formas productivas no todo se controla.
Mas, analicemos la cifra fría. Con la industria solo se conveniaron 2 560 toneladas, de acuerdo con los estimados agrícolas a la hora de los pactos. Pero como el grueso se produjo en marzo y abril, la avalancha obligó a buscar alternativas para minimizar las pérdidas. “Abrimos la comercialización. Recontratamos con la industria y enviamos a la UEB Conservas otras 3 760 toneladas y cerca de 500 a las fábricas de Majagua y Florencia, en Ciego de Ávila”, aclara el delegado. Mientras aquí el tomate se “atoró”, otras provincias demandaron y se enviaron 181 toneladas a Santiago de Cuba, Las Tunas, Camagüey, Villa Clara, Cienfuegos, Matanzas y La Habana.
Otra de las variantes internas fue destinar por primera vez tomate de ensalada a la industria, pues cumplía los parámetros de calidad. “Se aplicó con productores líderes de Cabaiguán y Taguasco —expone Clemente Hernández Rojas, director general de Acopio en la provincia—, se compró al precio de la industria: 261 pesos el quintal, inferior a los 520 de Acopio, una tarifa fijada a fines de año para estimular las entregas, luego de una inicial más baja. Pero como dijeron algunos campesinos: si no hay tanta ganancia, al menos no pierdes; además, los costos fueron menos”. Pero sobrevinieron algunas discordias. Algunos no aceptaron esos términos y exigieron el precio máximo, aun cuando se les acopió mucho más de lo contratado.
También afectó la no disponibilidad de combustible. En zonas como Algaba, hubo demora en el cargue, tal como reconoce Acopio, aunque ello no provocó afectaciones en la calidad del cultivo. “En una superproducción como esta se pueden presentar situaciones, pero de manera general fue una buena campaña”, añade Hernández Rojas.
No en todos los municipios se hizo lo que en La Sierpe, al decir de Geisel Gómez Alonso, delegado de la Agricultura allí. “Como los niveles de tomate y ají pimiento que entraban a Acopio eran superiores a los que se podían vender en la red minorista, la comisión de contratación, presidida por el Gobierno, en coordinación con los productores, disminuyó el precio de compra a 3 pesos y se varió el de venta a la población de 7 a 4 y cuando bajó el pico se volvió a poner el precio anterior”.
Tampoco en muchos mercados se movió la tarifa de 7 pesos la libra cuando bajó la calidad, pese a lo establecido de rebajar un 15 por ciento al descender a segunda y un 20 si es fuera de norma. No todos los productores hicieron lo que algunos de Banao: salir a vender por su cuenta, aunque un poco más barato, previa concertación con las autoridades agrícolas.
Algunas trabazones se formaron al existir diferentes cotizaciones. “En el contrato no se fija el precio, pero se aclara que se hace en el momento en que esté la producción, en dependencia de la existencia, por las variaciones que ocurren en el campo por cuestiones climatológicas que encarecen los costos. Además, es facultad de los Consejos de la Administración Municipales aprobar los precios hasta con carácter semanal de aquellos renglones no centralizados, lo que tiene es que publicarlos”, refiere el director de Acopio.
Algo es real. Entre la industria y Acopio, que en tres meses recogió 1 492 toneladas (más de 300 de las contratadas), se concentra apenas el 35 por ciento de la producción total informada. El resto, obviamente, se vendió y se comió por diferentes vías, una parte debió quedarse en el campo o murió en el trasiego. La industria, aunque sobrecumplió y mejoró su precio de compra inicial a los productores de 261 a 297 por la entrada en vigor de la Resolución No. 84 del 2021 a partir del 13 de abril (pagará retroactivo), no pudo asimilar más al moler a menos de la mitad de su capacidad que es de 8 000 toneladas, porque el desfase productivo retrasó en más de 20 días la arrancada.
Lo cierto es que el tomate, como otros renglones, se maduró cuando se “cocinaba” en el país una nueva política comercial. ¿Hasta dónde pueden traspolarse sus experiencias, buenas y malas? Varios de los nudos intentan zafarse con el Decreto No. 35 del Consejo de Ministros, publicado en la Gaceta Oficial y que comienzará a regir el 3 de junio para regular el proceso de comercialización mayorista y minorista de los productos del agro, a la vez que busca incentivos que estimulen mayor producción.
En su letra toda la producción tiene que ser contratada y se autoriza a comercializar de forma minorista a varios actores: empresas estatales, cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, poseedores de tierra, carretilleros… También permite vender productos contratados no adquiridos por las entidades acopiadoras y comercializadoras por causas imputables a estas y dispone que los productores pueden conveniar directo con todas las formas de mercado y que los precios descentralizados se concretan por acuerdo en el comité de contratación de los Consejos Provinciales y los Consejos de la Administración Municipales, con una actualización semanal.
Mas, sucede que no todos están preparados para asumir “libertades” con límites legales y rectoría gubernamental, ni todas las estructuras o personas disponen de la logística. Mientras algunas cooperativas cuentan con camiones de primera, otras no tienen ni un tractor para trasladar sus cosechas. Y está la ubicación. Unos se encuentran más cerca de los destinos de venta y otros viven en los suburbios del campo y les costará más trabajo.
Encontrar destino no siempre es tan fácil y no es lo mismo expender malanga que calabaza. Una tesis sostiene el director de Acopio: “La comercialización minorista directa tiene sus peculiaridades: todo el mundo opta por vender, pero no todo el mundo sabe hacerlo. Muchos se creen que vender es hacer dinero a costa del pueblo. Muchos quieren mercados directos, pero otros te dicen: ‘Lo mío es producir’, unos necesitan el dinero hoy y a otros su economía le permite esperar 10 o 15 días”.
Lo cierto es que Acopio, luego de tener en papeles el “monopolio” del comercio (en Sancti Spiritus de unos 900 puntos venta o mercados, solo 128 le pertenecían), ahora, con solo 86 unidades, es uno más en el escenario competitivo. “Acopio tiene problemas —dice el delegado de la Agricultura en la provincia—, pero también lo matábamos porque cuando un productor tenía una avalancha sin tener contrato, llamaba a todos lados y escribía a todas partes, si no se le recogía, ahora si no está contratado, no está obligado a comprarlo”.
El decreto es tan explícito como flexibilizador. Solo que sus “por cuantos” no resolverán, de golpe, distorsiones y vicios de la comercialización que llevan años y mucho menos encontrará la comida que hace falta con solo chasquear sus dedos. Mas, valga su entrada en vigor para evitar atascos como los del tomate y destrabar nudos en el campo para hacerlo producir.
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