Contra ilegalidades en Ciego de Ávila, sin paños tibios

Por José Alemán Mesa
ECONOMÍA
20 Noviembre 2020

Fotos: Alejandro García Sánchez

Pagar la ilegalidad no es nuevo, como tampoco lo es el compromiso del Grupo Provincial de Enfrentamiento (GPE) en el combate a las constantes contravenciones a precios topados de alimentos y productos industriales en Ciego de Ávila. Aunque frente a un carretón o tarima no lo aprecie, el territorio mantiene vigentes sus disposiciones de agosto de 2019.

Crece el reclamo de las personas por pasar entonces de la advertencia oficial a la sanción, con la ley en una mano y el talonario en la otra, pues comprobado está que conocer la existencia del ambiente ilícito, apercibir a los infractores e intentar disuadirlos de su actitud, en ocasiones, genera cierta impunidad y reincidencia.

En correspondencia, solo en la mañana de este jueves, calle arriba y calle abajo, el GPE realizó 41 visitas a entidades estatales y a trabajadores por cuenta propia, para fiscalizar el cumplimiento de los precios y las medidas higiénico-sanitarias, en las cuales se aplicaron ocho multas por un valor de 7 275.00 pesos.

Evaristo González Camacho, al frente de la Dirección Integral de Supervisión Provincial (DIS), informó que también se efectuaron cuatro decomisos, que consistieron en 241 libras de yuca, 86 de calabaza, 100 paquetes de café y 39 cajas de puré de tomate.

“En el punto de venta de la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) José Antonio Echeverría, con dirección en calle Máximo Gómez, entre José Antonio Echeverría y calle Uno, en el municipio cabecera, se comprobó que ofertaban el tubo de jamón y de chorizo a 70.00 pesos, sin aparecer en el listado de precios de la unidad.

“Además de citar al presidente de la CCS para la DIS provincial, se le aplicó una multa de 100.00 pesos a la dependiente por no tener el nasobuco bien puesto en el momento de la inspección.”

En la vía pública, no obstante los correctivos, todavía no son pocos los trabajadores de la forma de gestión no estatal y los que, por su cuenta y sus cuentas, insisten en transgredir los gravámenes instituidos. Carretones “artillados” franquean tanto las principales arterias como sitios periféricos de la ciudad.

Un paquete de galletas saladas ¡60 pesos!, cuando la persona no posee ni documentos ni fábrica

Se localizó a un ciudadano que, por vender frutabomba sin los permisos y violar los costos reconocidos para el producto, tiene que saldar una multa de 2 000.00 pesos.

Continuó el recorrido y, ante un grupo de inspectores de la DIS, otro duplicó la valía del pote de ají cachucha y la yuca, infracciones por las que costeará 2 000.00 pesos.

Hace poco, delante de este periodista, alguien reprodujo la respuesta de un carretillero a una anciana: “si no le cuadra, cómase el dinero”. La abuela, comentó la persona que observó, sacó su nailon del fondo de la jaba, apartó el carné de identidad, la chequera, las recetas por comprar y, dentro del tarjetón del medicamento, bien prensado, el billete de 100.00 pesos.

Dicha forma de contestación es, aunque con otras señales, la de incontables re-vendedores. Por eso, es necesario entender que la denuncia no acaba con solo quitarle 1 000.00 pesos a aquel cuentapropista (reincidente) que expende el bocadito de chorizo a 7.00 pesos, el de jamón a 10.00 y el de jamón con chorizo a 15.00.

Las cuantías, que en varios casos se cuchichean a escondidas, se elevan sobre la base de una gradual demanda —de casi todo—, la escasez de ofertas, pasando por los trastornos del confinamiento, ante los que no han faltado los oportunistas, con suficiente “carretera” trascurrida y paños tibios al no ser sancionados con la fuerza requerida.

En lo que crecen los intentos por frenar la tendencia a timar al cliente (con cuentas mal sacadas, según el trinomio precio-peso-calidad), los particulares justifican el alza del monto a pagar por sus mercancías con que sus proveedores han encarecido las ofertas y el Estado tampoco les asegura las materias primas; aunque los carretilleros deben adquirir su mercancía en la red minorista (puntos de venta, placitas, organopónicos), otra innegable realidad.

Por último, en reiterados momentos, se inspecciona el desempeño de un carretonero, por citar un ejemplo, y los clientes se molestan por interrumpir o como espectadores pasivos califican de “pobrecitos” a quienes, minutos antes, denunciaban por sus disímiles trampas.

De ahí que ir contra ilegalidades en Ciego de Ávila sea una batalla fuerte, que implica participación popular, para así acabar con esa red que sustenta la reventa y trae consigo el acaparamiento y el desvío de productos contratados de antemano por Acopio e incluidos en su balance de distribución.