LAS OSDE Y LAS FUNCIONES DE LOS MINISTERIOS RAMALES

 Por Joaquín Benavides Rodríguez *  

Hace unos meses, cuando escribí un artículo sobre las Empresas Estatales, al final me comprometí a completarlo con mis opiniones sobre las OSDE y las funciones de los Ministerios ramales. En este de hoy incluyo además las funciones que considero fundamentales que deben ser ejercidas por los principales Organismos Globales. En el segundo quinquenio de la década de los 80s, tuve que cumplir responsabilidades con respecto a las estructuras y funcionamiento del Estado Socialista. Es por eso que me atrevo a opinar sobre este importante tema. Allá va.

 Las OSDE deberían ser sometidas a un proceso ordenado de extinción. Se han convertido en una especie de engendro burocrático, que obstaculizan el desarrollo eficiente de las empresas. No son una Corporación, sino un intermediario. Y como tal se convierten en una traba para el desarrollo creciente de la empresa estatal.

 Las principales empresas estatales, las que determinan en el desarrollo estratégico de la economía cubana, deberían ser convertidas en empresas públicas, no subordinadas a ningún ministerio ramal, sino adscritas a una entidad que se subordine directamente, mediante una Ley, al Presidente de la Republica. Las empresas públicas adscritas a esa entidad, deben representar no menos del 50% de los activos empresariales estatales.

 Tales empresas, que a modo de ejemplo cito algunas, serian,  La Unión eléctrica, CUPET, ETECSA, AZCUBA, TABACUBA, BIOCUBAFARMA, las empresas del Níquel y la Metalurgia, las empresas de Cemento, la Unión de Ferrocarriles, los Puertos, las empresas de Fertilizantes, las grandes empresas de ganadería vacuna de raza, y otras que definan que los principales activos estratégicos del País, aquellos que garantizan la resistencia en cualquier circunstancia y que a su vez definan las líneas principales del desarrollo a largo plazo.

 La propia decisión de convertirlas en empresas públicas, obligaría a sanear la contabilidad de cada una de ellas y como primer resultado, el País sabría con cuantos activos cuenta efectivamente, lo que sería esencial para proyectarle su desarrollo sobre bases reales. Una entidad auditora independiente, debería certificar los Estados financieros anuales de esas empresas, por encargo de la entidad a la que están adscritas, subordinada al Presidente.

 A partir de que cada empresa pública sea inscrita como tal en el registro que a esos efectos cree el Ministerio de Justicia, preparan sus proyectos de desarrollo a mediano y largo plazo, los que presentan a la entidad a la que se subordinan, que se encarga de prepararla para su presentación para la aprobación del Presidente de la República. Ese documento firmado por el Presidente, autorizaría a la empresa pública a que, ajustándose a las leyes vigentes, ejecute todas las actividades necesarias para llevarlos a cabo.

 Una vez aprobado su programa de desarrollo, el Presidente o Director General Designado de la Empresa Pública se podría dedicar a llevarlo a cabo y trabajar sin interferencias burocráticas. Podría designar a su equipo de dirección bajo su entera responsabilidad. No tendrían limitaciones para gestionar créditos y financiamientos con  los bancos nacionales y extranjeros; para importar de cualquier mercado que le sea posible y para pagar las compras de insumos y aun de inversiones que le hayan sido aprobados en su programa. O sea, él y su equipo de dirección responderían por la ejecución de su programa.

 El Órgano de Planificación tendría que tener la responsabilidad de  Regular el Mercado en que actúan los diferentes actores y Planificar a largo plazo el desarrollo económico y social. No tendría facultades legales para intervenir directamente en las empresas estatales, cooperativas o privadas.

 El Banco Central tendría como facultad principal, además de actuar como ente regulatorio superior del sistema bancario, sería el rector y decisor estatal de la  Política Monetaria, cambiaria y Organizador  y regulador estatal del crédito.

 El Ministerio de Finanzas tendría como actividad principal la de  regir la Política Fiscal. Conservaría funciones de regulación y fijación de los Precios Mayoristas de interés estatal, que contribuyan a garantizar la política social del Estado.

 Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, tendría como función principal ejercer la Alta Supervisión de las facultades concedidas a las empresas estatales, cooperativas y privadas de llevar a cabo actividades de importación y exportación, así como el control y tramitación estatal de aprobación de las Inversiones Extranjeras, según lo que establecen las Leyes correspondientes. Representar al País internacionalmente ante los Organismos internacionales de Comercio, Desarrollo e Inversiones.

 Organismos Ramales de la Administración del Estado. Deberían ser sometidos a una profunda reorganización y ajuste estricto de facultades que conlleven a una disminución importante de personal, lo que permitiría que muchos de los mejores y más calificados cuadros y especialistas puedan ser contratados por las empresas públicas. Se les deben eliminar todas las funciones que les permitan interferir en  la actividad empresarial estatal, cooperativa o privada. El Gobierno, e incluso el Consejo de Estado, podrían aprobar una norma mediante la cual se limitara la Plantilla de los Organismos ramales de la Administración del Estado a un máximo de 150 trabajadores. Puedo afirmar que siempre fue suficiente, más ahora que no tienen que atender funciones empresariales. Se deberían dedicar fundamentalmente a la proyección a largo plazo de sus ramas y al desarrollo científico técnico y a la innovación con un sentido estratégico para su introducción en la economía nacional. Sus relaciones principales deberían ser con las Universidades e Instituciones Científicas. Y por supuesto constituir la Alta Asesoría del Gobierno.

 19/06/2022

*Joaquín Benavides Rodríguez.   Ocupó el cargo de Jefe del Departamento económico del Comité Central (1977- 1980). El de Ministro- Presidente del Comité Estatal de Trabajo y Seguridad Social de Cuba (1980-1986). Fue Ministro de Gobierno y Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Dirección de la Economía (1986-1991). Entre 1991 y 2003 ocupó el cargo de Viceministro de Economía del Ministerio de Transporte.