Foto: Roberto Ruiz.
24 octubre, 2016
Por: Dr.C Juan Triana Cordoví, OnCuba
En la economía las reglas del juego son decisivas. Hacer que se cumplan es parte de un ejercicio imprescindible si se desea que algo funcione bien. También si se desea trasmitir determinadas señales o propiciar que florezcan determinadas actitudes o que otras desaparezcan. Las reglas del juego deben trasmitir mensajes claros para todos.
El ordenamiento del “escenario” puede asumir diferentes formas y maneras de manifestarse; están aquellas normas que se inculcan desde la cuna y son parte de convenciones sociales no escritas y aquellas otras que requieren de un sistema legal mucho más complejo y cuerpos especiales para hacerlas cumplir.
Para que las reglas del juego puedan funcionar, no obstante, necesitan responder a determinado contexto, que les impida perder su esencia misma y convertirse de “reglas de juego” en piezas dignas de un museo de cera.
Recuerdo por allá por los años 80, cuando según algunos el transporte funcionaba bien, que existía la regla de montar por delante, al igual que hoy. Sin embargo, muchas personas incumplían la orden, por la sencilla razón de que el transporte, al menos el que yo tenía que tomar, siempre llegaba a la parada repleto de personas y con gente colgada en las puertas… igual de parecido a lo que ocurre ahora.
Por obra y gracia del automatismo, aquella regla nos convertía a todos en transgresores, cuando en realidad era la regla misma la que transgredía el más escaso y raro de los sentidos: el sentido común.
Para el proceso de transformaciones que estamos viviendo en Cuba hoy, las reglas son decisivas y constituyen una parte esencial de lo que se conoce como “economía institucional”[1].
Nuestra economía y nuestra sociedad experimenta un proceso de diversificación de agentes socio-económicos nunca antes visto en los últimos 56 años. Es un proceso además, aceptado y promovido desde la propia conducción de la Revolución, consciente de su necesidad.
Ese proceso que diversifica los actores, diversifica también los intereses (incluso los puede hacer contradictorios en determinados momentos) y hace que la elaboración de las reglas del juego sea mucho más difícil que años anteriores, cuando el único actor, o mejor dicho el actor determinante y casi único, era el sector estatal de la economía.
De hecho, hay una apuesta explícita de que la diversificación conducirá a la destrucción del sistema que hoy tenemos. Esa apuesta, de algunos adentro que hacen todo lo posible por resistir y malograr el proceso y de otros afuera, que intentan provocar que rebase los límites de lo manejable, pretende utilizar la diversificación de la formas socio-económicas para fomentar la división del país. Es una historia vieja que se renueva cada cierto tiempo.
Guste o no, la transformación requiere de nuevas reglas. Algunas se han ido construyendo, otras están por construirse. La necesidad de esas nuevas instituciones y de su coherencia con la situación que vivimos, se hace evidente.
Si el sector estatal socialista continuará como el decisivo para nuestra economía, entonces necesita nuevas reglas que le permitan cumplir esa misión.
Hoy el escenario mantiene atadas las manos al sector más importante de nuestra economía. La ansiada “autonomía” de la empresa estatal socialista parece estar en el horizonte, entendido el horizonte como una línea imaginaria que se aleja de nosotros en la medida en que nos acercamos a ella.
La cultura de “esperar señas”, de “consultar arriba”, no ha podido ser desarraigada. Definitivamente, las nuevas reglas no han sido suficientes para cumplir ese cometido y por ende, no han ayudado a mejorar sustancialmente los niveles de productividad y eficiencia que permitirían a la empresa estatal cubana insertarse de mejor forma en el comercio mundial.
Esa economía, la estatal, emplea 3,5 millones de trabajadores, el 70% de todos los trabajadores del país. Está presente en todos los ámbitos de la vida social, domina todos los sectores, no sólo los estratégicos y es la responsable de por lo menos el 80% del PIB. Si la economía, como afirmara el Presidente del país, es nuestra “asignatura pendiente”, entonces debemos cambiar las reglas del juego para que ese sector, el decisivo, pueda contribuir de mejor manera a aprobar una asignatura que hemos estado suspendiendo durante más de 40 años.
La reforma de la empresa estatal socialista es un componente fundamental en el proceso de actualización del modelo económico / Foto: Roberto Ruiz.
Si la inversión extranjera debe ser un elemento importante en nuestro desarrollo, porque con recursos propios no logramos rebasar una tasa de inversión que apenas alcanza el 10% del PIB y nos condena a crecimientos bajos (no han rebasado el 3% en los último cinco años), entonces nuestras reglas deben estimular aún más el interés de los inversionistas extranjeros por invertir en Cuba.
La ley 118, de 2014, fue un paso de avance, sin embargo sus resultados después de dos años de aplicación, parecen aún estar lejos del propósito de alcanzar unos 2500 millones de dólares en inversión extranjera directa por año, necesarios para lograr tasas de crecimiento que rebasen el 5% anual y que lo hagan sostenible en el tiempo.
No basta con ofrecer seguridad ciudadana y una fuerza de trabajo de alta instrucción, aunque contratamos trabajadores hindúes supuestamente más calificados que los nuestros y les pagamos 1 500 euros por mes. Otros países de la región (Costa Rica, Uruguay) ofrecen ventajas parecidas, y tienen flujos de inversión mayores porque además sus “reglas del juego” son mucho más fáciles de entender por el inversionista extranjero.
Hay que lograr que nuestros procedimientos para crear una empresa acerquen nuestros tiempos a los estándares de aquellos países que son nuestra competencia, al menos en la región. ¿Cómo dejar atrás los prejuicios arcaicos sobre la inversión extranjera si no cambiamos las reglas del juego?
Si deseamos que los municipios y territorios del país sean protagonistas del desarrollo y no meros eslabones encadenados a decisiones que recortan y fraccionan sus territorios, entonces las autoridades locales deben tener más responsabilidad y mas capacidad de decisión.
Algo se ha hecho. Por ejemplo hoy, las autoridades locales pueden disponer de fondos para el desarrollo local, pero no es suficiente. ¿Un caso concreto? Miremos a la inversión extranjera: en la Cartera de Oportunidades de Inversión aparecen siempre visiones sectoriales, pero jamás hemos visto una propuesta desde los territorios. Al menos yo nunca he visto una Cartera de Oportunidades de Inversión de una provincia, y de hecho, en el proceso de toma de decisiones para aprobar una inversión extranjera en cualquiera de sus modalidades y montos, las autoridades locales no tienen ninguna participación. ¿Debemos o no cambiar esa regla?.
Si hemos decidido que las formas de propiedad no estatales son también necesarias en este proceso de construir una sociedad socialista, próspera y sostenible, entonces debemos pensar las reglas y adecuarlas a las condiciones del país. Hoy en el ambiente laboral el sector del trabajo por cuenta propia es el que más presión recibe, tanto en el orden político como en el económico.
En lo político porque que la administración norteamericana ha insistido en “utilizarlo” como impulsor del cambio de régimen, y aquí, dentro de Cuba, algunas personas, a veces en esa función de perseguidor de nacimientos con algún tipo poder o formalmente sin él, también lo han identificado de la misma forma, y actúan en consecuencia. Desoyen de esa manera al primer secretario del Partido Comunista, quien ha dicho:
“Las cooperativas, el trabajo por cuenta propia y la mediana, pequeña y microempresa privada no son por su esencia antisocialistas ni contrarrevolucionarias y la enorme mayoría de quienes allí laboran son revolucionarios y patriotas que defienden los principios y se benefician de las conquistas de esta Revolución.”
Es cierto que deben ser fiscalizadas, pero la fiscalización debe estar a tono con la realidad del país, con el hecho de que ninguno de esos nuevos negocios trabaja en pesos cubanos, ni sus costos, ni sus ingresos ni los salarios que pagan se ejecutan a la tasa de 1 peso igual a un dólar (empleada en el sector estatal) sino a aquella otra en que solo con 25 pesos se logra tener un CUC.
Los negocios del “cuentapropismo” son por lo general entidades que compran de manera mayorista en un mercado de precios minoristas con altos márgenes para las empresas recaudadoras (estatales), negocios que no pueden comprar en los almacenes estatales, a precios de almacén, que no pueden importar ni a través de las compañías importadoras estatales y que no tienen cuenta bancaria a nombre del “negocio”.
Son agentes económicos que viven aun dentro de la incertidumbre de no ser “personas jurídicas”. Que subsisten en el limbo de las interpretaciones personales de las reglas, y cuentan con escaso poder para llevar adelante cualquier reclamación. Si hemos reconocido teórica y políticamente su necesidad, entonces ¿debemos o no cambiar las reglas de juego?
Asociar de forma automática la ineficiencia y la baja productividad al carácter estatal de la empresa, la corrupción a la inversión extranjera y el mercado negro al cuentapropismo, es la forma más simplista de buscar soluciones a problemas que existían antes de que comenzáramos este proceso de transformaciones.
Es confundir las causas con las consecuencias e intentar detener/frenar/retardar la necesaria actualización de nuestra economía. Es construir enemigos en lugar de aliados. Es dividir en vez de unir.
Las instituciones son el producto más genuino del “homo sapiens”. El fisco, la religión, las partidos políticos, las leyes, todas son instituciones, todas son producto de la invención humana. Ocurre, sin embargo, que después de creadas se convierten, muchas veces, en convenciones inamovibles, en ataduras que por desactualizadas o descontextualizadas, producen un resultado contrario al objetivo por y para el que fueron creadas.
En los primeros cinco años de aplicación de los Lineamientos más de 130 nuevas políticas fueron emitidas. Se derogaron o eliminaron centenares de decretos- leyes, decretos y otras regulaciones. El esfuerzo institucional fue relevante, pero aún queda mucho por hacer.
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[1] Economía Institucional: “El término es utilizado como el marco institucional de la actividad económica que abarca el conjunto de organizaciones administrativas del país, así como las leyes, regulaciones económicas y contratos. También contempla aspectos tales como el sistema de valores que dicta el comportamiento de la diversidad de actores frente a las normas —jurídicas, políticas y económicas— y a la vez influye sobre ellas. En síntesis, son las llamadas “reglas del juego” que rigen en los ámbitos a través de los cuales interactúan dichos actores en la producción, la distribución, el cambio y el consumo”. Tomado de la Conceptualización del modelo económico y social, pag.30
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