Pinar del Río, 18 oct (ACN) En la finca integral Coco Solo, enclavada en el pinareño municipio de Viñales, Orestes González Rivero sortea cada día los obstáculos derivados del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto hace casi seis décadas por el gobierno de Estados Unidos a Cuba.

   A sus 54 años de edad y los últimos tres de ellos dedicados a las labores del campo, sabe del esfuerzo que implica lograr los mejores frutos de la tierra cuando la escasez de combustible y las dificultades con la llegada de fertilizantes y plaguicidas, intentan imponerse.

   Mediante prácticas agroecológicas, logramos paliar los efectos adversos de esa política, pues aramos con bueyes, empleamos productos biológicos como la gallinaza, la cachaza o el humus de lombriz para obtener rendimientos favorables, apuntó a la ACN el socio de la Cooperativa de Crédito y Servicios Manuel Fajardo.

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   Dedicada fundamentalmente a la producción tabacalera, en la finca se aprovecha cada palmo con el objetivo de diversificar los cultivos, de modo que también se aprecian plantaciones de frutales, hortalizas, viandas; además de la producción porcina, avícola, cunícola y de tilapia roja.

   Dijo que en el caso del tabaco, en la campaña anterior cosecharon 1, 8 toneladas y tuvieron un rendimiento de dos toneladas por hectárea, sin necesidad de emplear productos químicos.

   El bloqueo incide en todos los sectores de la sociedad, pues el impedimento de comercializar productos directamente con el país norteño, ya es un freno; y por supuesto, para la entrada de medicamentos e insumos vitales, apuntó.

   Siempre buscamos alternativas que nos posibiliten cumplir las entregas a los centros asistenciales del territorio y el autoconsumo- acotó-, por eso aprovechamos los canteros e intercalamos cultivos, usamos trampas de melaza para los insectos y toda planta enferma, se elimina.

   De acuerdo con el informe Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, esa política ha provocado perjuicios cuantificables a la mayor de las Antillas por más de 922 mil 630 millones de dólares.

   Ese documento precisa que los sectores más afectados han sido el de la salud, el energético y la minería, las telecomunicaciones y la informática, la agricultura, la construcción y la industria.

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