El Gobierno cubano, desde la asunción del
Presidente
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se ha movido en una lógica, con cierto
pragmatismo, en la implementación de la política económica, y lo ha realizado,
a pesar de no tenerlas todas consigo. Baste recapitular la cronología de
sucesos y acontecimientos diversos acaecidos en ese periodo gubernamental, para
arribar a esas conclusiones.
La pandemia de la COVID-19 ha obligado a las
máximas autoridades cubanas, a hacer un replanteo de los objetivos para el
corto, mediano y largo plazos en términos económicos, sin apartarse de la
lógica y pragmatismo inicial, aunque esto último no se reconozca de manera
expresa. El confinamiento y las restricciones impuestas por la letal enfermedad
postergó planes y programas económicos en el orden colectivo e individual, todo
ello en un entorno hostil provocado por bloqueo norteamericano.
Pero el inmovilismo nunca ha sido lo más
aconsejable en estas circunstancias, y mucho peor resulta el paternalismo. Ante
un río crecido, con aguas encrespadas y turbulentas, las decisiones sabias y
arrojadas suelen ser las más aconsejables. Siete meses de duro batallar contra
la COVID-19, erosionaron aún más las de por sí menguadas finanzas internas.
En tales circunstancias, se hacía imposible
seguir subsidiando por más tiempo la irresponsabilidad de algunos ciudadanos y
acomodando el necesario protagonismo de la mayoría disciplinada, para mantener
a raya la pandemia, con medidas sanitarias restrictivas, las cuales además de
tener un alto costo económico, complejizan todavía más el entramado social y
tensan el ambiente político por las propias dificultades económicas que afronta
el país.
Ante esta realidad, someramente descrita, el
Gobierno optó por la responsabilidad compartida con los ciudadanos, para
mantener contenida la COVID-19 en las actuales circunstancias, donde aún no se
dispone de una vacuna al respecto. A partir de ahora, toca a uno y otros solventar los gastos generados
por la pandemia en todos los órdenes, lo cual requiere, como es obvio, de una
reactivación económica, y esta última corre a cargo de todos y cada uno de los
actores y modelos de gestión económicos, tal como lo refrenda la Constitución
de la República.
La
naranja o pastel- para ilustrar un poco el asunto- se partió a la mitad, sin
que las partes, obviamente, se desentiendan de su responsabilidad, menos aún en
una sociedad como la nuestra.
Si se saca y no se ingresa
La ministra de Finanzas y Precios Meisis
Bolaños Weiss informó que ese organismo de la Administración Central del Estado
destinó mil millones de pesos para enfrentar la pandemia, lo cual equivale a un
per cápita por habitante de unos 892 mil 800 pesos, aunque no todos enfermemos
por el virus SARS-CoV-2 o requerimos de algún servicio como parte de los esfuerzos
del Gobierno cubano, para minimizar, en lo posible, lo efectos negativos de la
pandemia.
Por su parte, La Habana gastó en seis meses y
medio de pandemia 125 millones de pesos, según declaró en la Mesa Redonda
televisiva Jorge Luis Villa, coordinador de la actividad económica del gobierno
provincial, e informó que la capital dejó de ingresar en ese periodo mil 400
millones de pesos, equivalentes al 14% del presupuesto.
Para reducir el déficit generado por la
pandemia, la caja contadora debe sonar, obviamente.
Como La Habana no hay dos
El centro económico, social y financiero del
país requiere reactivarse con suma urgencia, al igual que el resto de los
territorios del país, y las cifras así lo confirman, pues como La Habana no hay
dos.
n Acumula , de forma conjunta, el 50 % de la circulación mercantil y de la venta del comercio minorista.
n Cuenta con 260 cooperativas NO agropecuarias de las más de 430 existentes en el país.
n Posee más de 192 mil 500 trabajadores por cuenta propia.
n En su geografía operan 593 empresas de las más de mil 770 existentes en Cuba. En Santiago de Cuba lo hacen alrededor de 113, y 107 en Holguín.
n Aporta el 42% de la producción industrial del país.
n Constituye el segundo destino turístico con más alojamiento: más de 12 mil 110 habitaciones en unas 64 instalaciones.
n Agrupa el 56% del volumen de las inversiones que se ejecutan en Cuba.
Si bien habrá que observar con lupa la evolución
de la COVID-19 en la llamada nueva normalidad, la cual cuenta con un código de
actuación, también habrá que hacerlo con
relación a los réditos de la responsabilidad compartida entre Gobierno,
ciudadano y familia, así como a la
decisiva conjugación de esta última con la reactivación económica.
Los incentivos son ahora mucho más importantes que nunca, como parte de la implementación de la agenda económico-social acordada. El costo-beneficio ha de ser también parte de esta estrategia gubernamental.
No hay comentarios:
Publicar un comentario